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Hunosa investiga los riesgos ambientales del cierre de las minas de carbón

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EFE.- Un grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo y técnicos de la hullera pública Hunosa están trabajando en el desarrollo de una metodología que permita reducir los riesgos ambientales generados por el cierre de las minas de carbón, según comunicaron. El denominado proyecto MERIDA (Management of Enviromental RIsks During and After mine clousure) tiene como objetivo minimizar el impacto durante y después del cierre de las minas subterráneas de carbón de acuerdo con el principio general que obliga a las empresas a hacerse responsables de los riesgos.

La investigación culminará con la creación de una herramienta genérica que permita identificar los riesgos a corto y medio plazo y definir las medidas técnicas y económicamente apropiadas para reducir los impactos de una mina. También se pondrá a disposición de empresas y gestores un manual de buenas prácticas para evaluar los principales riesgos ambientales ocasionados en el proceso del cierre de minas y etapas posteriores. Así, los equipos de la Universidad de Oviedo y de Hunosa chequearán riesgos potenciales en dos pozos mineros ya cerrados (Mosquitera y Pumarabule, en los concejos de Langreo y Siero) donde estudiarán la contaminación atmosférica o de aguas y la subsidencia (movimientos del terreno).

El proyecto, con una duración de 4 años, cuenta con una financiación global de 3,7 millones de euros de los que 2,2 los aporta directamente la Unión Europea para su desarrollo en los 6 países que participan en el proyecto. La Universidad de Oviedo recibirá un total de 253.000 euros mientras que Hunosa espera contar con una aportación de 139.149 euros. La participación de institución académica asturiana se centra en los aspectos relativos a la gestión de los riesgos medioambientales.

Además, interviene en el desarrollo y validación de los diversos modelos de evaluación detallados para cada tipo de impacto así como en su implantación posterior en los casos de estudio propuestos y en la previsión del rendimiento de los posibles métodos de tratamiento, su análisis según coste-beneficio y la estimación de probabilidad de fallos e incertidumbres durante todo el proceso.

Equo pide la demolición de la regasificadora del puerto de Gijón

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EFE.- Equo Asturias reclamó la demolición de la regasificadora del puerto gijonés de El Musel tras ser declarada ilegal por el Tribunal Supremo, una instalación que nació sin «ninguna utilidad» y supuso un «dispendio» de 380 millones de euros. «No hay ninguna justificación para que se mantenga en pie», aseguró el abogado de Equo, José Antonio Ballesteros, formación en la que están integrados los Verdes de Asturias, quienes iniciaron el contencioso administrativo contra la regasificadora.

Ballesteros ha subrayado que, además del derribo de la planta, Enagás debe devolver los 130 millones de euros que han supuesto, entra otras cuestiones, los gastos de mantenimiento de la infraestructura y que han repercutido en los últimos años en el «bolsillo» de los ciudadanos. El abogado ha asegurado que tanto esta empresa como el Gobierno del Principado, que piden que se inicie el proceso para la legalización de la regasificadora, están mostrando una actitud «antisocial» en contra de los intereses públicos. En su opinión, en el momento de su construcción ya se sabía que iba a ser una obra «inútil» y «se trató de justificar como uno de los proyectos megalomaníacos» del expresidente asturiano, el socialista Vicente Álvarez Areces.

Ballesteros ha explicado que la sentencia de Tribunal Supremo que declara que la planta se construyó vulnerando la ley sólo entra en el aspecto relativo a la distancia límite a la que debe situarse, mientras que hay otros muchos más obstáculos para que se mantenga en pie, al ser contraria al planeamiento urbanístico y haberse llevado a cabo «sin función». El coportavoz de Equo Asturias, Ignacio González, denunció que es «sangrante» haber cobrado «en los recibos» de los ciudadanos hasta 130 millones para la gestión del mantenimiento de la obra, que apenas generó 30 empleos.

Críticas desde Asturias y Castilla y León para el Gobierno por paralizar los fondos mineros

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EFE.- Mientras la senadora de Foro Asturias, Rosa Domínguez de Posada, considera que «el Gobierno está obligado a explicar sus medidas para incentivar el consumo del carbón nacional en las térmicas» y CCOO Asturias acusa al Ejecutivo central de “prepotencia”, desde Castilla y León la vicepresidenta y portavoz de la Junta, Rosa Valdeón, espera que «no sea verdad» y se trate de «un malentendido» lo manifestado por el Gobierno de Asturias, en el sentido de que el Ministerio de Industria ha paralizado los fondos mineros adicionales.

Al respecto, Valdeón señaló que la Junta no tiene constancia de que se vaya a paralizar esta entrega de fondos comprometidos por el Gobierno en septiembre y que se sumarían a los 250 millones pendientes de ejecutar del periodo 2013-2018. Valdeón subrayó que lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir el Plan del Carbón porque «no hay ningún impedimento» para que lo haga y es «responsable» de articular las ayudas previstas en este documento. «No hay razón objetiva que justifica no cumplir», aseveró la portavoz, quien cree que la Junta está «legitimada para seguir exigiendo que se cumpla» el Plan del Carbón ante el Gobierno central, dirigido como la Junta por el PP.

CCOO Asturias contra el Gobierno

Por su parte, el secretario general de CCOO de Asturias, Antonio Pino, aseguró que la decisión del Ministerio de Industria de paralizar los fondos mineros adicionales supone una «muestra más de la prepotencia» con la que actúa el Gobierno central. A su juicio, la paralización de los fondos mineros adicionales se convierte en una «chorizada más» del Ejecutivo estatal.Critica que el Ministerio primero «sacó» una convocatoria para el uso de esos fondos y ahora señala que «no los va a sacar a concurso». Finalmente, denunció que el Gobierno central castiga a Asturias de una «manera severa» con sus decisiones.

Foro pide apoyos al carbón

Mientras tanto, la senadora de Foro, Rosa Domínguez de Posada, apuntó que tras el voto en contra de la bonificación del céntimo verde por parte del PP, que supondría una bonificación del tipo impositivo del 0,15 euros por gigajulio de carbón nacional, «el Gobierno está obligado a explicar sus medidas para incentivar el consumo del carbón nacional en las térmicas». Por ello, Domínguez de Posada anunció que presentó una batería de preguntas al Gobierno interesándose por la posición del Ejecutivo en funciones respecto a la aplicación del céntimo verde a la venta del carbón nacional.

«Queremos saber si va a retomar la bonificación, según se presentó en el Senado por el PSOE, con los informes elaborados por la Junta de Castilla y León «, subraya. La senadora de Foro también requiere las pautas sobre «si el Gobierno va a cumplir el acuerdo del Marco de Actuación de la Minería del Carbón y de las Comarcas Mineras 2013-2018. Tendrá que informar sobre las medidas que baraja para favorecer el consumo del carbón nacional en las térmicas».

Una filial de la japonesa Toyota presenta la 24ª denuncia contra España ante el Ciadi por el cambio retributivo renovable

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Europa Press / EFE.- Eurus Energy Holdings Corporation, una sociedad participada en un 60% por el conglomerado empresarial japonés Toyota y en un 40% por la propietaria de la accidentada central nuclear de Fukushima,  Tokyo Electric Power Company (TEPCO), ha sido la encargada de presentar la vigesimocuarta denuncia contra España ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), órgano de arbitraje del Banco Mundial, por los recortes a las renovables.

Esta empresa cuenta con una potencia instalada de 552 megavatios (MW) de renovables en España, de los que 83 se encuentran en Asturias y 469 en Galicia, repartidos en una quincena de parques eólicos construidos a finales de los 90’s del siglo pasado. Esta denuncia es la primera que se inscribe en el Ciadi desde noviembre del año pasado, cuando se cursó la demanda de un grupo de bancos alemanes entre los que figuran Landesbank Baden-Württemberg, HSH Nordbank AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale y Norddeutsche Landesbank-Girozentrale.

Esta demanda de inversores alemanes fue la decimoquinta presentada a lo largo de 2015 contra España por los recortes en la retribución de las renovables. Los inversores alemanes concentran 9 de las 24 denuncias en contra de España presentadas hasta la fecha ante el Ciadi. Anteriormente, se tramitaron las denuncias presentadas por el luxemburgués Watkins Holdings, junto a otras sociedades como Repier, Northsea Spain, Parque Eólico Marmellar y Parque Eólico La Boga, y por las sociedades Hydroxana Sweden y la luxemburguesa Hydro Energy 1; la alemana SolEs Badajoz GmbH y los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav, que tiene licencia de Malta, y Schwab Holdings, de Suiza.

También el pasado verano la alemana E.ON, la firma portuguesa Cavalum y los japoneses de JGC Corporation, registraron su denuncia. Además, también han acudido al Ciadi dos firmas alemanas, KS Invest y TLS Invest, y, anteriormente, un grupo de inversores alemanes formado por Matthias Kruck, Ralf Hofmann, Frank Schumm, Joachim Kruck, Peter Flachsmann, Rolf Schumm, Karsten Reiss y Jürgen Reiss. Estos arbitrajes de origen alemán se suman a los iniciados anteriormente por inversores procedentes del mismo país, entre ellos también figuran Steag, BayWa, y un consorcio de 8 empresas en el que participa la eléctrica RWE, y otro de la propia RWE a título individual.

El Ciadi también registró la denuncia del fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, y de la firma norteamericana 9REN. Además, inició la tramitación de las demandas de las británicas InfraRed y Eiser, la árabe Masdar y las luxemburguesas Antin y RREEF, que ya cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de la luxemburguesa Renergy y la estadounidense NextEra, que se encuentran a la espera del análisis de las alegaciones.  Además, aparte de las denuncias ante el Ciadi, el accionista de referencia del Grupo Natural Electric, que tiene nacionalidad mexicana, ha anunciado su intención de denunciar internacionalmente también a España.

Se trata de empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías. Pero el acelerado desarrollo, que no contaba con límites de instalación, provocó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos. Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta sino a los sucesivos cambios regulatorios, que han afectado especialmente a las tecnologías solares  y que posteriormente se culminaron con el cambio de modelo retributivo renovable.

Tras conocerse el primero de estos litigios contra España, el ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que las firmas internacionales aspiraban a rentabilidades del 20%, lo que “no ocurre en ningún país del mundo, porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría”.  Finalmente, España cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y con dos en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity, por la Carta de la Energía.

A finales de enero se conoció el primer fallo de un tribunal arbitral acerca de los recortes a las renovables en España. En concreto, el Tribunal Arbitral de Estocolmo resolvió a favor del Reino de España y desestimó la demanda presentada por Charanne y Construction Investments por las medidas aplicadas en 2010, por Miguel Sebastián. A juicio del Tribunal Arbitral, los demandantes no podían tener la expectativa legítima de que el marco regulatorio que establecía las primas a las renovables pudiera permanecer inmutable durante toda la vida de sus plantas. Además, el Tribunal reconoce que la normativa española dejaba «abierta claramente» la posibilidad de que se modificara el sistema de retribución de la energía fotovoltaica.

El Tribunal Supremo ratifica la ilegalidad de la regasificadora de El Musel en Gijón y el Principado insiste en legalizarla

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EFE / Europa Press.- El consejero de Empleo del Principado de Asturias, Francisco Blanco, emplazó al Ministerio de Industria y a Enagás a iniciar el proceso para «legalizar» la regasificadora del puerto de El Musel, que tuvo un coste de 380 millones de euros sin que nunca se haya puesto en funcionamiento, después de que el Tribunal Supremo confirmase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declaró en 2013 que la regasificadora de El Musel se construyó vulnerando la ley.

El fallo del Supremo desestima el recurso de casación presentado por Enagás y la Administración General del Estado contra la sentencia dictada por el TSJM, que anulaba la autorización para la construcción de la regasificadora de Musel debido a que incumplía la normativa que prohibía este tipo de instalaciones a menos de 2.000 metros de zonas habitadas. El Supremo considera que resulta fundada la apreciación del TSJM de concluir que a la fecha de entrada en vigor de la Ley autonómica 11/2006, que introducía un apartado que dejaba sin aplicación la exigencia de que las instalaciones fabriles insalubres o peligrosas se alejasen 2.000 metros del núcleo más próximo de población, «el procedimiento administrativo» de la regasificadora «ya se había iniciado«.

El fallo sostiene, por tanto, que «siendo el comienzo del proyecto anterior al 1 de enero de 2007″ (concretamente de mayo de 2006), era de aplicación el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), que fijaba dicha distancia mínima. El Supremo considera que la interpretación del TSJM «se encuentra justificada en atención a la singularidad concurrente en este caso, en el que en el momento de la solicitud formal de autorización existía una regulación diferente a aquella vigente». Pero además entiende que la ley autonómica que derogó el RAMINP «no es aplicable a los proyectos cuya autorización completa la administración General del estado«. Asimismo niega que el Principado «tenga competencia para derogar normativa medioambiental aprobada por el Estado».

Equo Asturias, partido en el que están integrados los Verdes de Asturias, los que iniciaron el contencioso administrativo contra la regasificadora, «se alegra de que por fin se haga justicia y pide que todas las personas implicadas asuman sus responsabilidades». En definitiva, la decisión judicial viene a dar la razón a Los Verdes de Asturias contra las resoluciones de la Dirección General de Política Energética de 2008 y de la Subsecretaria de Industria, Turismo y Comercio de 2009 que desestima el recurso de alzada contra la anterior. La primera de las resoluciones concedió a Enagás la autorización administrativa previa para la construcción de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en el Puerto de El Musel.

Según Equo, esa regasificadora costó «más de 380 millones de euros» y aún en 2015 «se estuvieron dilapidando millones de euros» al conectarla con el gasoducto estatal, algo que, a su juicio, es «ilegal además de inútil». «Nunca ha estado en funcionamiento y no hay ninguna previsión de que así vaya a ser. Aún así, se mantuvo una ficción para no reconocer ante la ciudadanía el gravísimo error cometido», criticaron.

Asturias quiere impulsar la legalización

Por su parte, el consejero de Empleo del Principado, Francisco Blanco, recordó que la tramitación de todo el proceso fue «estatal» y que fue el Gobierno central quien decidió la construcción del equipamiento gasístico, con lo que el Principado está a la espera de hablar con el Ministerio y con Enagás «para ver cuál es su planteamiento». Según el consejero asturiano, buscar la fórmula para legalizar la instalación «parece lo más razonable» en lugar de plantearse una posible demolición de la planta dada la millonaria inversión que supuso y las expectativas de futuro que tiene.

Podemos pide responsabilidades al PSOE

Podemos exige que el ex presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, asuman sus responsabilidades políticas tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre la regasificadora. Podemos señala que la sentencia del Supremo «refleja los despropósitos y sinsentidos del gobierno socialista para con Asturias». Podemos exige que se deben asumir responsabilidades políticas por «un nuevo despropósito» y recuerda que Areces, ahora senador, era el máximo responsable político de Asturias y que Fernández ocupaba en 2004 una viceconsejería del área. La formación morada considera que la consejera Belén Fernández acumula ya “demasiados despropósitos” por lo que «la situación es lo suficientemente grave como para no seguir manteniéndola en su cargo».

Podemos critica que el PSOE sea «capaz de defender la gestión de una consejera que, con sus decisiones está perjudicando por un lado, la salud de las y los asturianos y, por otro, a las arcas públicas» «El proyecto de la regasificadora nunca había estado en los documentos de planificación de los sectores de electricidad y gas. Fue una decisión política totalmente injustificada, un pacto Areces-Zapatero, la que introdujo en la planificación la planta de Gijón, curiosamente la misma modificación que permitió la instalación de Castor, con todos los efectos, especialmente económicos, que conocemos», asevera.

Industria paraliza los fondos mineros adicionales prometidos en septiembre mientras las comarcas buscan en Europa una solución a su futuro

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EFE.- Mientras en Bruselas se está conformando un frente común desde la Asociación de Comarcas Mineras Europeas (Euracom) que apueste por una solución a la crisis del sector productivo de carbón y por la reactivación de las comarcas mineras, en España el Ministerio de Industria ha paralizado los fondos mineros adicionales comprometidos por el Gobierno y que se añadirían a los 250 millones aún pendientes de ejecutar para el periodo 2013-2018, según el consejero de Empleo del Gobierno asturiano, Francisco Blanco.

Según Blanco, esta decisión se la notificó el pasado lunes el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y constata, a su juicio, «el carácter electoralista» del anuncio del Gobierno de reabrir la tramitación de estos fondos lo que supone «una nueva tomadura de pelo» para las comarcas mineras. El consejero señaló que Nadal justificó esta decisión en el hecho de que el Gobierno se encuentra en funciones y que esta medida requeriría de trámites que tendrían que ser aprobados por el Consejo de Ministros.

Blanco, que recordó la existencia de 250 millones de euros «bloqueados» en el vigente Plan de la Minería que no fueron incluidos en los Presupuestos del Estado para 2016, ha señalado que tras el anuncio del Gobierno el Principado empezó a elaborar los proyectos y los convenios necesarios para recibir esta financiación. El Gobierno asturiano tiene en marcha varios recursos judiciales para exigir del Estado el pago de 322 millones de euros al Principado con cargo a los fondos mineros.

Mientras tanto, el comité ejecutivo de Euracom celebra su reunión en Bruselas para buscar soluciones al carbón europeo, a la que acuden delegaciones municipales del resto de países europeos miembros de esta asociación como Polonia, Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, República Checa y Eslovenia. El comité ejecutivo de Euracom intentará consensuar y materializar propuestas de actuación conjunta, buscando el máximo apoyo europeo, en el diseño de estrategias de discriminación positiva en favor del carbón comunitario.

Unas estrategias que, a juicio de Euracom, deben contemplar incentivos a su consumo basándose en estándares de producción sujetos a criterios medioambientales, laborales, sociales y de calidad en la extracción que no aportan los países de los que procede el carbón importado. También se analizará el contenido de los diferentes informes sobre la Estrategia Europea de la Seguridad Energética 2014-2019, en la que el carbón europeo está llamado a seguir jugando un papel vital y crucial en el abastecimiento energético de Europa. Por último, se prevé analizar y evaluar la posibilidad de que las comarcas mineras europeas se beneficien de inversiones productivas e infraestructuras con cargo a los fondos europeos.

Industria no renuncia a lograr un mecanismo para el carbón nacional aceptado por Bruselas mientras recibe duras críticas desde Asturias

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Redacción / Agencias.- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, aseguró que prefiere «no imaginar» lo que ocurriría si no se habilita un sistema que garantice el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas ante lo que considera la «desidia» del Gobierno, que no renuncia a lograr un mecanismo para incentivar la quema de carbón nacional en centrales eléctricas que sea aceptado por la Comisión Europea, indicó el Ministerio de Industria.

Industria asegura que el Gobierno «sigue trabajando por el sector del carbón» y que el ministro José Manuel Soria se reunió la semana pasada con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, para abordar la posibilidad de que Bruselas «acepte algún tipo de mecanismo de ayudas para garantizar la quema de carbón nacional». Industria argumenta que la caída del precio internacional del carbón está provocando «un cierre abrupto de las minas en lugar de un cierre ordenado hasta el 2018», tal y como prevé la Decisión de la Unión Europea.

El Gobierno también apela a la necesidad de poner en marcha un mecanismo sobre la base de la necesidad de garantizar la seguridad de suministro energético del país. Vestager se mostró «comprensiva con los argumentos españoles», si bien supeditó cualquier tipo de ayuda a que sea compatible con el régimen europeo, para lo cual siguen trabajando equipos técnicos de la Comisión Europea y de Industria.

El ministro argumentó que, «a pesar de los avances en la legislatura anterior», España es un país «con muy pocas interconexiones *con el resto de Europa», de modo que es «vulnerable» de cara a la seguridad de suministro y precisa fuentes autóctonas. La Comisión Europea no se opone a este tipo de ayudas, siempre y cuando se hagan dentro de la legalidad europea, indica Industria. «El compromiso comunitario es por tanto estudiar la posibilidad de una vía legal que permita a España cierta compensación a la quema del carbón nacional hasta el año 2018″, añade.

Asturias critica desidia del Gobierno

El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, aseguró que prefiere «no imaginar» lo que ocurriría si no se habilita un sistema que garantice el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas, lo que llevaría a la minería a una situación crítica por la «desidia» del Gobierno. «Debemos estar a tiempo de disponer de un sistema pese al tiempo que se ha perdido y que es achacable al Gobierno de España y, en particular, al Ministerio de Industria», apuntó Fernández después de que la Unión Europea haya cuestionado el modelo propuesto por el Ejecutivo.

El presidente asturiano denunció también que la situación del sector carbonero «no tiene que ver con el hecho de que el Gobierno esté en funciones sino con la desidia de un Gobierno que ha intentado condenar a la minería». En relación con este asunto el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, indicó que la Comisión Europea «no ha cerrado la puerta» a la puesta en marcha en España de un nuevo incentivo al consumo de carbón nacional, pero que es necesario estudiar su encaje en la normativa europea.

El Parlamento respalda al carbón

Asimismo, el Parlamento asturiano aprobó una iniciativa de Izquierda Unida que muestra su respaldo al futuro de la minería del carbón que ha salido adelante por unanimidad aunque durante el debate se ha producido un duro intercambio de acusaciones entre el PSOE, el PP y Podemos. La iniciativa plantea promover desde Asturias junto a sindicatos, partidos y ayuntamientos una posición común que permita revertir en el seno de la Unión Europea, y en colaboración con otras comunidades autónomas y con el Gobierno central, la decisión adoptada en 2010 de suprimir a partir de 2018 todas las ayudas a explotaciones deficitarias.

La Cámara asturiana se compromete con la defensa del carbón y de su explotación como recurso natural de forma sostenida y sostenible «como un derecho irrenunciable y fundamental para Asturias» y exige del Gobierno central que habilite, tal y como prevé el vigente Plan del Carbón, los mecanismos que garanticen el consumo de hulla nacional. La ausencia de dicha regulación, a cuya renovación Bruselas sigue poniendo obstáculos, favorece según el diputado de Izquierda Unida Ovidio Zapico, el uso de hulla importada con cuyo coste el carbón nacional «no puede competir».

Para el portavoz socialista, Jesús Gutiérrez, en el frente común que plantea la iniciativa aprobada «no puede estar el PP porque es meter al zorro donde usted quiera» dado que incumple sus compromisos con el sector y alberga «al igual que Podemos, gente que siente desprecio por la minería». Previamente el parlamentario de la formación morada, Héctor Piernavieja, había criticado que el plan de cierre del sector fue «firmado y sellado» por PSOE y PP en las últimas décadas en las que además «dilapidaron el dinero que debía servir para construir un tejido económico alternativo».

PP se suma al compromiso

Por su parte, la portavoz adjunta del PP, Emma Ramos, recordó que su partido fue el «único» que luchó contra el cierre de las minas en la década de los años noventa y logró que Bruselas ampliara hasta 2018 el plazo para seguir subvencionando la producción, una decisión que ha considerado «difícil» de revertir por la Unión Europea. Para el diputado de Foro, Pedro Leal, si España deja de producir hulla se «dispararía» el precio de la importada de Colombia, China o Sudáfrica mientras que Armando Fernández, de Ciudadanos, ha emplazado al Gobierno a cumplir lo pactado en el Plan del Carbón, pero abogó por «no volver la cabeza a un pasado que no volverá».

La minería del carbón genera aún en Asturias entre empleos públicos y privados más de 3.000 puestos de trabajo directos y constituye la principal actividad económica de comarcas como la suroccidental donde operan empresas amenazadas de cierre si no se recupera la garantía de suministro para producir electricidad. El vigente Plan del Carbón contemplaba que el único recurso energético fósil de que dispone España supusiera el 7,5% de la producción eléctrica en el mix energético nacional y la hulla es la segunda fuente de generación en España tras las centrales nucleares tras consumir en los últimos años una media de 21 millones de toneladas de las que 18 son importadas.

Castilla y León también reivindica

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, confía en poder convencer a la Unión Europea por la vía de la «garantía de suministro» e insistió en que la puerta de las ayudas a la minería «no está cerrada«. Tras recordar que la orden del carbón que había preparado el Ministerio de Industria también fue informada desfavorablemente por la CNMC, al considerar que se trataba de ayudas de Estado contrarias a la normativa europea, Del Olmo ha defendido el «nuevo planteamiento» del ministro José Manuel Soria a la Comisión Europea.

Asturias y Aragón piden explicaciones sobre el mecanismo de ayudas al carbón

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EFE / Europa Press.- Los gobiernos de Asturias y Aragón pedirán una reunión al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, para que explique el rechazo de la Comisión Europea a la orden ministerial de Industria para incentivar el consumo de carbón nacional para producir electricidad al considerarla ayuda de Estado. La posición de Bruselas la anunció la Junta de Castilla y León tras comunicársela el propio Ministerio, una decisión que no fue trasladada al resto de comunidades afectadas, según el consejero de Empleo e Industria del Principado de Asturias, Francisco Blanco.

Blanco declaró que al gobierno asturiano «no le vale la excusa de que lo rechaza la Unión Europea», dado que el Ejecutivo central había asumido el compromiso en el Plan del Carbón de desarrollar dicho decreto para garantizar el consumo de hulla autóctona en las centrales térmicas ya que la anterior normativa perdió su vigencia a comienzos de 2015. Según los sindicatos la falta de un mecanismo de ayuda a la quema de carbón autóctono podría suponer el «hundimiento» del sector y la progresiva desaparición de los 2.000 empleos de la minería privada que hay en España, de los que 1.000 están en el Principado.

CCOO exige explicaciones al Ministerio

Por su parte, el sindicato CCOO de Industria reclamó que se convoque con urgencia la comisión de seguimiento del plan del carbón y que el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el secretario de Estado, Alberto Nadal, «den la cara». El sindicato exigió la convocatoria de la comisión «cuanto antes» para determinar las consecuencias que tendrá en el sector la decisión de la Comisión Europea. Así, CCOO denuncia que el PP «no ha movido ni un sólo hilo» para impedir que esta orden saliese adelante y afirma que desde que llegó al Gobierno «no hace otra cosa que articular políticas contra el carbón nacional».

Rechazo a comprar acciones mineras

Por otro lado, la Junta de Castilla y León consideró «sorprendente» que los sindicatos pidan su incorporación al accionariado de las empresas mineras porque «no es la fórmula» para dar una solución a compañías que tienen «problemas de viabilidad muy serios«. A su juicio, la propuesta «fue sorprendente para la patronal y también para la Administración, tenemos que ser serios y rigurosos», advirtió Valdeón, convencida de que el Gobierno autonómico tiene que «apostar por las empresas que tengan una viabilidad».

Preguntada por si esto significaba que la Junta de Castilla y León no ve viabilidad en las empresas mineras que operan en las cuencas mineras de León y Palencia, Valdeón defendió la viabilidad del sector y el uso del carbón autóctono. En su opinión, la propuesta de los sindicatos «fue un retroceso» porque la entrada en el accionariado «no es la solución» que puede aportar la Junta de Castilla y León, que apuesta por «dinamizar y favorecer a las empresas que se quieran instalar en las cuencas mineras», lo que consideró «una forma racional de invertir» el «dinero de todos».

CCOO advierte de que el cierre de la minería del carbón «es inminente» si el Gobierno no actúa

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EFE.- La Federación de Industria de CCOO considera que el cierre del sector de la minería del carbón se producirá «en un corto espacio de tiempo» si el Gobierno sigue «mirando a otro lado en connivencia con las empresas eléctricas«. Responsables del sindicato se pronunciaron así tras la reunión que mantuvieron con el nuevo presidente de la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM) y alcalde de Laviana, el socialista Adrián Barbón, al que pidieron que los ayuntamiento defiendan el mantenimiento de la actividad minera.

Según el responsable de industrias extractivas de la Federación de Industria de CCOO, José Luis Villares, el Gobierno del PP consiguió «prácticamente finiquitar la minería del carbón» en la pasada legislatura. «Si esto no se soluciona inmediatamente el sector irá al cierre inmediato en un corto espacio de tiempo», sentenció Villares, que criticó que los responsables del Ministerio de Industria autorizaran desde 2012 una reducción del 63% en las ayudas a la producción de carbón «pese a que era ilegal».

Para el secretario general de CCOO de Industria de Asturias, Damián Manzano, desde el Gobierno «no se está haciendo ningún esfuerzo ni hay ninguna intención de defender el sector» tras 4 años de ejercicio «en funciones» con una actividad minera «que ha hecho todo lo posible por destruir». Al encuentro asistió también el responsable de Minería de CCOO en Castilla y León, José Luis García,

El presidente de ACOM ha reclamado que, tal y como vienen solicitando los sindicatos, se reúna la comisión de seguimiento del Plan del Carbón «porque un Gobierno carece de credibilidad si no cumple lo que firma». A su juicio, el Ejecutivo debe dar una solución y no limitarse «a mirar para otro lado y a echar la culpa a Europa» ante la actual situación en la que no se está quemando carbón nacional en las centrales térmicas y el que adquieren las compañías eléctricas se compra en unas condiciones «inasumibles» para las compañías mineras «que no pueden trabajar con perspectivas de encargos de una semana».

Hunosa climatizará con geotermia la Fundación Asturiana de la Energía

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EFE.- Hunosa logró el contrato de servicios energéticos de la Fundación Asturiana de la Energía (Faen) y ejecutará los trabajos necesarios para instalar un sistema de suministro de calefacción y climatización basado en la geotermia. También se encargará del mantenimiento. El contrato, denominado Servicios energéticos y obras de mejora del sistema de climatización del edificio de Faen, asciende a 110.000 euros y la previsión de consumo anual es de 96.000 kilovatios.

El proyecto prevé sustituir el actual sistema de gas por otro basado en la geotermia que aprovechará el agua caliente que mana del Pozo Barredo. Hunosa cuenta con un contrato de suministro de energía geotérmica para el hospital Álvarez Buylla y otro con la Universidad de Oviedo y alcanzó además un acuerdo con la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para ampliar dicha red a las viviendas de La Mayacina.