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Asturias denuncia que los peajes eléctricos propuestos por el Gobierno benefician a País Vasco y Navarra

Redacción / EFE.- El director general de Minería y Energía del Principado de Asturias, Isaac Pola, aseguró que la nueva orden de peajes eléctricos propuesta por el Gobierno central para 2016 «tiene efectos muy negativos» para la competitividad de la industria asturiana, especialmente para las empresas electrointensivas. Por ello, la Consejería de Empleo e Industria ya ha presentado alegaciones al documento y ha solicitado la anulación de dos de las medidas planteadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy al considerar que son lesivas y contradictorias para Asturias.

La primera propuesta que rechaza el Principado asturiano es la división en dos tramos de la estructura de los peajes de acceso para la media tensión, una medida que el Gobierno central ya introdujo para 2015. A juicio de Pola, esta división parece responder únicamente a la intención política del Gobierno central de beneficiar a la industria ubicada en País Vasco y Navarra, donde mayoritariamente existen redes de distribución de energía eléctrica de 33 kilovoltios, algo propio de estos territorios. En Asturias, salvo algunos suministros industriales a 30 kilovoltios en la red de Viesgo, la mayor parte del territorio se encuentra alimentada a tensiones de entre 20 y 24 kilovoltios.

Por lo tanto, una industria de iguales características en cuanto a actividad, equipamiento productivo y perfil de consumo eléctrico, «se beneficiaría de un precio de la energía eléctrica sustancialmente inferior por el simple hecho de situarse en una u otra parte del territorio español, en función de la tensión de la red de distribución». Isaac Pola señala que esta división artificial de peajes carece de soporte técnico y añade que no se atisba argumento alguno para su mantenimiento salvo el ya citado, de carácter político.

Pola explicó que la otra de estas propuestas es la disposición adicional tercera, denominada Autorización excepcional de aplicación de una única tarifa de acceso. Este apartado plantea que los puntos de suministro o instalaciones deban cumplir el requisito de que ninguno de sus puntos de conexión asociados disponga de capacidad suficiente para efectuar el suministro con la potencia que figure en el contrato de acceso de terceros a las redes.

Las empresas necesitan dos líneas para garantizar el suministro eléctrico al proceso productivo en caso de que una falle. Hasta ahora, ambas líneas podían garantizar el 100% del suministro disponiendo de una única tarifa de acceso. Así, con esta propuesta, sólo dispondrán de una única tarifa única de acceso las industrias con acometidas duplicadas cuya capacidad de suministro unitario no sea del 100%. El director general indica que, si la propuesta prospera, los peajes de acceso se duplicarían para una parte de la industria asturiana.

Izquierda Unida reitera su compromiso con la minería del carbón en su programa electoral

EFE.- El coordinador general de Izquierda Unida y candidato de Unidad Popular al Congreso de los Diputados, Manuel González Orviz, reiteró el compromiso de la coalición con la minería del carbón, cuyas reivindicaciones forman parte de su programa electoral. El dirigente político se pronunció así tras reunirse con el secretario general de CCOO de Industria de Asturias, Damián Manzano, y el responsable de minería, Jaime Martínez Caliero, junto a otros responsables sindicales.

«Se habla de que Izquierda Unida tiene mochila», indicó Orviz, que apuntó que su formación sí la posee, en tanto que tiene «valores» como el compromiso con el mantenimiento del empleo, que ha cifrado en 2.500 personas en el sector minero. También recordó la reivindicación que la coalición mantiene sobre otros asuntos vinculados con el carbón como la captura del CO2. Además, el coordinador general de Izquierda Unida volvió a exigir al Gobierno central la deuda contraída a su juicio con el Principado relacionada con los fondos mineros, que asciende a 300 millones de euros.

Para Orviz, es necesario que se confirme que el futuro de la minería del carbón tiene que ir más allá de 2018, y reclamó que hasta ese momento el Ejecutivo central debe de adquirir algunos compromisos, como el que asegura la quema del carbón nacional. Igualmente, Orviz abogó por que Hunosa mantenga la diversificación «sin dar la espalda» a las comarcas mineras, y sostuvo que la hullera estatal «no debe ser una empresa de servicios».

Desde CCOO Asturias, Damián Manzano lamentó que el actual Gobierno afronte la recta final de la legislatura «sin hacer su trabajo», al «no desarrollar el marco» que asegure el consumo del carbón nacional. Además, criticó la labor desarrollada por el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. Manzano expuso su «grave preocupación» porque entiende que «no se está haciendo absolutamente nada» por parte de los responsables del PP, «más allá de las declaraciones» que realizan, mientras que agradeció la «oportunidad» de participar en el programa electoral diseñado por Izquierda Unida.

Asturias critica que Industria desatienda sus reivindicaciones en materia de transporte de energía

EFE.- El director general de Energía del Principado, Isaac Pola, lamenta que el documento de planificación de redes de transporte de energía eléctrica 2015-2020, aprobado por el Consejo de Ministros, «desatienda» las prioridades presentadas por el Gobierno regional, incluida la línea Sama-Velilla. Asegura que el Ejecutivo central «vuelva a actuar de espaldas» a la comunidad autónoma después de que el plan del Ministerio de Industria, Energía y Turismo no recoja la línea Sama-Velilla e incorpore una parte del anillo central sin consulta previa.

Pola recuerda que el Gobierno asturiano, con un planteamiento «responsable, coherente y solidario», ha reiterado en varias ocasiones una serie de prioridades que considera «irrenunciables», que no han sido atendidas en el caso de la autorización y ejecución de la línea de doble circuito 400 kilovatios Sama-Velilla. La infraestructura entre la localidad asturiana y la palentina está considerada «estratégica y clave», indicó, para la interconexión con el sistema eléctrico peninsular. Además, Pola lamenta que tampoco haya sido atendida la petición sobre la finalización de la ejecución de la línea Soto-Tabiella en la subestación de Grado.

Para Pola, el documento de planificación de redes de transporte de energía eléctrica aprobado por el Gobierno central atiende con «mayor o menor grado de adaptación» las otras dos prioridades que el Principado reivindica como irrenunciables. Estas reclamaciones se centran en la ejecución de la línea de 400 kilovatios Salas-Grado y de la subestación en esta última localidad como infraestructura final del eje ASGA (Asturias-Galicia) y la conexión con el anillo central de transporte, junto a la autorización y ejecución de la compactación de líneas asociadas al desarrollo del ASGA en la subestación de Soto.

El documento también prevé el desarrollo de la línea Boimente-Pesoz para el año 2016, sin incluir la demandada Sama-Velilla, que se incluye en el anexo que contempla actuaciones necesarias y de posible ejecución a partir de 2020. De este modo, para Pola, se «contraviene de forma injustificable» la reiterada propuesta del Principado, favoreciendo la entrada de un importante contingente de generación eólica gallega en el sistema eléctrico asturiano, y planteando «posibles restricciones» a la generación propia, sin que se habilite una salida de energía hacia la meseta con capacidad ampliada.

Pola ha señalado que el plan aprobado incorpora «sorprendentemente» la parte del anillo central de 400 kilovatios comprendida entre las subestaciones de Gozón, Reboria y Sama, que hace «caso omiso» al planteamiento autonómico de posponer más allá de 2020 el desarrollo de esa infraestructura, en función de la evolución de generación y demanda en el entorno. Por último, incidió en que las prioridades irrenunciables exigidas por el Principado de Asturias son propuestas «fundamentadas, no sobredimensionadas».

El Gobierno busca convencer a la Unión Europea que los incentivos al carbón no son ayudas del Estado

EFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha afirmado hoy que el objetivo del Gobierno es convencer a la Unión Europea (UE) de que los incentivos al carbón previstos en la propuesta ministerial no son ayudas de Estado.

En declaraciones a la prensa después de inaugurar la presentación del informe Industria Conectada 4.0: la transformación digital de la industria española, Soria ha insistido en que el carbón nacional «necesita algún incentivo para que pueda ser quemado».

Ha recordado que hasta diciembre de 2014 existía un sistema de incentivos cuyo final estaba previsto en el propio decreto que fijaba las ayudas porque más allá la UE «lo consideraba ayuda de Estado».

«Se trata de disponer de una herramienta, de ahí la orden ministerial que hemos preparado, que al mismo tiempo que sea compatible con incentivar la compra y la quema de carbón nacional en la generación eléctrica, no sea considerado por parte de la UE como una ayuda de Estado», ha dicho.

El objetivo del Gobierno es «convencer a la UE de la compatibilidad de este tipo de ayudas, porque no son ayudas sin más, si no que son ayudas a inversión en estas centrales térmicas, ayudas que llaman a la desnitrificación, porque eso permite reducir las emisiones que estas centrales tienen como consecuencia de la quema del carbón», ha añadido.

Soria se ha referido al informe publicado esta semana por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que cuestiona la eficiencia económica de la propuesta de Orden presentada por el Gobierno para incentivar el uso de carbón nacional para generar electricidad y advierte de que Bruselas podría considerarlo ayudas de estado incompatibles con la normativa.

«El informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) es un informe preceptivo, pero no vinculante. Lo estamos analizando con mucho detalle», ha dicho el ministro, que ha recordado que aun no se conoce «el criterio en esta materia de la UE».

Industria estudiará que una parte de los megavatios de la subasta de interrumpibilidad se adjudiquen por más de un año

Europa Press.- Mientras los trabajadores de Alcoa reanudarán este próximo viernes sus protestas, el Ministerio de Industria está de acuerdo con que una parte de los megavatios que se adjudiquen en la subasta eléctrica sean por un plazo superior al actual año de vigencia, a fin de garantizar una estabilidad en el suministro. Así lo indicó el consejero de Industria del Gobierno asturiano, Francisco Blanco, que se reunió con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y le planteó esta posibilidad.

Según Blanco, Nadal valoró positivamente la propuesta, que consistiría en «sacar una parte de los megavatios que se subastan a un plazo más largo, a tres o cuatro años, en lugar de a un plazo anual». El porcentaje bajo estas condiciones, según el representante asturiano, podrían rondar el 50% o 60% del total de megavatios, «dejando el resto para las empresas que actualmente entran o salen en el sistema». El consejero aseguró que Nadal también considera la opción de «sacar bloques intermedios, y no solo de 5 o de 90 megavatios, para otros perfiles de empresa». Así, Blanco se mostró esperanzado de tener un nuevo marco regulatorio antes de la subasta del próximo año para «asegurar un suministro más fiable«.

Por el contrario, Blanco salió decepcionado del encuentro con la respuesta de Nadal a sus demanda de soluciones para la «dramática situación de las minas asturianas». En este sentido, reclamó que el Gobierno «cumpla sus compromisos» con los planes del carbón y la posibilidad de habilitar un mecanismo para la compra de carbón nacional por parte de las eléctricas. Pero «el Ministerio sigue empantanado en trámites administrativos y son incapaces de aprobar una norma», criticó.

Reanudan las protestas en Alcoa

Los trabajadores de la factoría de Alcoa en Coruña reanudarán este viernes sus protestas con una concentración, a las 19.00 horas, ante la Delegación del Gobierno en Galicia en contra de la puja anual de interrumpibiidad y en demanda del mantenimiento de la actividad en el centro coruñés, según el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, que precisó que estas mismas demandas se las han trasladado al consejero gallego de Economía e Industria, Francisco Conde, en una reunión en la que, según expuso, les trasladó «su apoyo» y reconoció «que el sistema hay que cambiarlo», en relación a la actual subasta eléctrica.

Respecto al futuro de la factoría coruñesa, que los trabajadores ven en peligro tras el resultado de la subasta, Conde se habría comprometido a trasladar al Ministerio y a la empresa sus demandas. Mientras, el presidente del comité de empresa confirmó que, por ahora, no han obtenido respuesta a sus demandas de petición de información por parte de la empresa. Asimismo, reiteró que están «valorando» la posibilidad de denunciar, vía judicial, la subasta eléctrica por entender que pudo haber «irregularidades» en cuanto al cumplimiento de los requisitos incluidos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las subastas del servicio de interrumpibilidad del sistema eléctrico arrancan este lunes con Alcoa en vilo

EFE.- Las subastas de interrumpibilidad, que proporcionan compensaciones económicas a las grandes empresas consumidoras de energía por estar dispuestas a desconectarse del sistema eléctrico en caso de que se lo requiera el operador del mercado Red Eléctrica de España, empezarán este lunes y concluirán previsiblemente el próximo viernes. Por su parte, el comité de empresa de Alcoa en Avilés considera que es «insuficiente» que Red Eléctrica sólo vaya a ofertar 8 paquetes de 90 MW en la subasta de interrumpibilidad.

En las subastas se ofrecerán entre 293 y 407 bloques de 5 y 90 megavatios (MW), lo que sitúa la potencia total ofertada entre 2.060 y 3.140 megavatios. El sistema de interrumpibilidad es una herramienta útil para el sistema eléctrico, ya que le permite liberar potencia en situaciones en las que la demanda de electricidad supera a la producción. Desde 2014, la interrumpibilidad se reparte mediante subastas en las que los distintos lotes se adjudican a las compañías que presentan las pujas más competitivas. Este proceso está gestionado por Red Eléctrica (REE) y supervisado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Los dos tipos de bloques de potencia ofertados por el Ministerio de Industria son de 5 megavatios (MW) y de 90 MW. Se ofrecerán entre 7 y 13 lotes de 90 MW y entre 286 y 394 bloques de 5 MW, por lo que la potencia total que se prevé ofertar oscilará entre 2.060 MW y 3.140 MW. Las pujas se llevan a cabo mediante un sistema informatizado de subastas de precio descendente, similar al de una lonja de pescado.

El precio inicial de los lotes de 5 MW ascenderá a 200.000 euros, y el de los de 90 MW será de 340.000 euros. A partir de esas cifras, la puja irá descendiendo en escalones de 1.000 euros hasta que alguna compañía se decida a comprar al precio marcado. El plazo de presentación de solicitudes finalizó el 12 de agosto, y el operador del sistema REE ya habilitó para acudir a la subasta a las empresas que cumplían los requisitos.

No obstante, la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel) alertó el jueves de que varias fábricas del sector no habían conseguido la autorización para participar en las pujas al estar inmersas en procesos administrativos no resueltos e impugnados por las mismas. La patronal del papel Aspapel avisó que este hecho «puede afectar gravemente» al futuro y la viabilidad de estas fábricas.

El año pasado, primero en el que se establecía este sistema, las subastas suscitaron un fuerte debate, ya que algunas industrias que tradicionalmente habían percibido estas retribuciones no entraron en la primera subasta, por lo que amenazaron con cerrar sus plantas. Fue el caso de Alcoa que, tras la primera fase del proceso, anunció despidos colectivos en sus factorías de Avilés y La Coruña, aunque finalmente rectificó al obtener la interrumpibilidad en una subasta extraordinaria celebrada en diciembre. Además, el Supremo admitió a trámite en febrero el recurso interpuesto por Acerinox Europa contra la orden ministerial que regula la interrumpibilidad.

Desde Alcoa temen la interrumpibilidad

El comité de empresa de Alcoa en Avilés considera «insuficiente» que Red Eléctrica sólo vaya a ofertar 8 paquetes de 90 MW en la subasta de bonificación por interrumpibilidad y temen que un resultado negativo ponga en peligro la continuidad de la planta asturiana. Los representantes sindicales indicaron que, a falta de saber con exactitud cuántos serán los pujantes en la subasta, consideran «insuficiente» el número de paquetes ofertados, ya que «se podían haber sacado hasta 13, como publicó el pasado día 4 el Boletín Oficial del Estado (BOE)», puntualizaron.

A su juicio, esta decisión «deja de manifiesto una clara falta de política industrial por parte de Industria y una clara intención de desmantelamiento del tejido industrial en España, haciendo competir a la industria electrointensiva entre sí cuando nada tienen que ver los sectores ni el impacto energético de cada una». Además, subrayaron que esta postura «deja clara la apuesta del Gobierno para favorecer a las empresas energéticas de España en detrimento de las industriales».

«Alcoa apuesta por San Ciprián»

«Exigimos a Alcoa que permita competir libremente a la planta de Avilés en la subasta de 90 MW, como un centro de trabajo, y no haga estrategia de grupo y mucho menos toleraremos que nos utilice como escuderos de los intereses de otras plantas del grupo», recalcaron. En este sentido indicaron que «con la estrategia de salvaguardar la planta de San Ciprián (Lugo), está lastrando el futuro de la de Avilés». «Seguiremos reclamando un cambio del modelo energético y una apuesta clara por la industria y el mantenimiento del empleo y haremos las movilizaciones que sean necesarias para reivindicarlo», recalcaron.

Miles de personas se manifiestan en Asturias y en León en defensa del carbón

EFE / Europa Press.- Miles de personas, 5.000 en Cangas del Narcea (Asturias) y 3-500 en León, según los sindicatos, se manifestaron este jueves bajo el lema En defensa del carbón y las comarcas mineras y por el cumplimiento del Marco de Actuación 2013-2018para defender la pervivencia del sector de la minería y reclamar «una solución» al Ministerio de Industria y mayores incentivos al uso del carbón nacional por parte de las centrales térmicas.

Entre los participantes en Asturias se encontraban representantes de formaciones políticas como el secretario de Organización de la FSA-PSOE, Jesús Gutiérrez; el coordinador autonómico de Izquierda Unida, Manuel González Orviz, o el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa. La protesta había sido convocada por los sindicatos CCOO de Industria de Asturias y SOMA-FITAG-UGT, que para este viernes programaron una nueva protesta frente a la sede del PP en Oviedo.

El secretario general de CCOO de Industria de Asturias, Damián Manzano, criticó que el Gobierno, con la mitad del año casi cumplido, todavía no haya aprobado un nuevo mecanismo para la compra de carbón nacional por parte de las eléctricas que sustituya al que dejó de estar operativo en enero. Por ello llamó a participar en la concentración ante la sede del PP de Oviedo, por el «incumplimiento» del Gobierno y «no por oportunismo» por la celebración de las elecciones. «Si alguien dice que las movilizaciones de la minería son una manipulación política les digo que éstas van a seguir tras la elecciones hasta que se cumpla lo pactado«, subrayó.

Por su parte, el secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, indicó que espera que la respuesta de la población asturiana en defensa del sector y de las cuencas mineras permita al Gobierno «recapacitar» sobre la necesidad de dar cumplimiento a lo pactado en el Plan del Carbón (2013-2018). Alperi lamentó la situación por la que atraviesa el sector de la minería, en especial en la zona occidental del Principado asturiano, que está «muy castigado».

Tras la reunión del lunes en Madrid, en la que no se lograron avances significativos y el Ministerio de Industria les comunicó que la orden ministerial comenzará a tramitarse sin incluir sus últimas reclamaciones, UGT y CCOO acordaron reunirse la próxima semana para planificar nuevas acciones de protesta contra la orden ministerial que regula las ayudas ambientales a las centrales eléctricas que utilizan carbón nacional.

«Solución inmediata» piden desde León

Alrededor de 3.500 personas tomaron la noche del jueves las calles del centro de León para exigir al Gobierno una «solución inmediata» al conflicto minero que permita la viabilidad del sector y la puesta en marcha «de forma urgente» de un mecanismo que posibilite la compra de carbón nacional por parte de las térmicas. Equipados con sus monos de trabajo y con las linternas con las que iluminan las minas, los trabajadores del carbón reclamaron «un futuro» para el sector en una marcha en la que gritaron consignas como «Y si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra» o «La próxima visita será con dinamita».

El responsable provincial de CCOO en materia de minería, Omar García, explicó que las reivindicaciones de esta marcha «son las mismas de siempre» que son «el cumplimiento del Plan del Carbón» y la puesta en marcha del decreto que permita la entrada del carbón autóctono a las térmicas para «dar estabilidad al sector«. García aseguró que el sector pensaba que las protestas realizadas durante la campaña electoral «iban a surtir efecto» y harían «recapacitar al PP», pero que como no ha sido así continuarán con las movilizaciones después del domingo.

«Esto va a ser un conflicto, si no se pone remedio, de largo recorrido y de movilizaciones contundentes y más radicales que estas», advirtió García que agregó que si de forma pacífica no les están escuchando «la desesperación puede llegar a tal punto que no sabemos ni lo que podemos llegar a hacer». «No nos oyen, no nos escuchan, no nos dan una solución», argumentó. Por esta razón, avanzó que están valorando decretar el día 28 de mayo huelga en el sector y hacer otra manifestación, además de otras medidas que «anunciarán en su momento».