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Los empleados de la patronal Unesa se desplazarán en taxis eléctricos

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Servimedia / Europa Press.- La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha firmado un convenio con Visual Think Labs, en virtud de que los empleados de la patronal de las eléctricas utilizarán en sus desplazamientos la flota de taxis eléctricos de esta compañía, gestionada a través de su plataforma MoviTaxi-eco. A partir de ahora, los trabajadores de Unesa se moverán en taxis eléctricos en todos aquellos desplazamientos que tengan que hacer por motivos profesionales, y siempre que haya disponibilidad de los mismos.

El acuerdo favorecerá el incremento de implantación de vehículos eléctricos para el transporte de pasajeros, señala la asociación, que destaca que «el vehículo eléctrico constituye un elemento fundamental para el desarrollo de una movilidad sostenible en el transporte, tanto en las ciudades como en las principales vías de comunicación». «Todo ello contribuye, en definitiva, a mejorar de forma significativa la eficiencia energética, la reducción de emisiones y el respeto por el medioambiente, al igual que a lograr una menor dependencia energética del exterior y del petróleo en nuestro país», añade.

La firma del acuerdo se inscribe dentro de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y responde al compromiso de Unesa y de sus empresas asociadas con la protección del medioambiente, así como con el apoyo a la movilidad eléctrica, una tecnología de futuro cuyo desarrollo supondrá un importante beneficio para la sociedad y para la sostenibilidad. Unesa explica que su política de RSC abarca diferentes aspectos, entre los que se incluyen el cultural, educativo, formativo y laboral, siempre con el objetivo de acercar el sector eléctrico a la sociedad y contribuir a su avance.

Posteriormente, Visual Think Labs ofrece un servicio de movilidad eficiente y sostenible, comprometido con sus clientes y el medio ambiente. Esta empresa dispone de la primera plataforma nacional de taxis de bajas emisiones, conocida como MoviTaxi-eco. Visual Think Labs tiene especial interés en el aumento de la flota de taxis eléctricos en todo el país. Para fomentar una mayor difusión de la automoción eléctrica, canaliza la demanda de taxis prioritariamente hacia este tipo de vehículos.

La Audiencia Nacional admite un recurso de Iberdrola contra los porcentajes de financiación del bono social

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Europa Press.- La Audiencia Nacional admitió a trámite un recurso de Iberdrola en contra de la orden ministerial en la que se detallan los porcentajes en los que las compañías eléctricas deben financiar el bono social de la luz del ejercicio 2015. En la orden ministerial se indica que Iberdrola deberá asumir un 38,2% del coste del bono social, frente al 41,2% de Endesa y el 14,4% de Gas Natural Fenosa.

Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y E.ON España tienen recurrido ante el Tribunal Supremo el real decreto 968/2014, en el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto del bono social. Tras la reforma energética, las grandes empresas del sector deben financiar en un 99% esta ayuda, que contempla un descuento de hasta el 25% en el recibo eléctrico de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW).

El nuevo esquema carga la financiación del bono social sobre 27 empresas, que son las verticalmente integradas, si bien las 5 grandes eléctricas de Unesa deben asumir prácticamente la totalidad de la ayuda, que ronda los 200 millones de euros anuales. El bono social, creado en 2009, fue inicialmente financiado por las 5 grandes eléctricas a razón de unos 150 millones de euros al año, hasta que Iberdrola denunció este mecanismo por discriminatorio y logró que en 2012 el Tribunal Supremo le diese la razón.

Posteriormente, en noviembre de 2013, el Supremo dictó un auto en el que extendía a las 5 grandes eléctricas el derecho a que se les restituyese el dinero dedicado al bono social. Al anularse esta fórmula de financiación restringida a 5 empresas, el Gobierno cargó de forma provisional a la tarifa eléctrica en 2013 el coste del bono social, mientras definía el nuevo mecanismo de financiación, en el que nuevamente son las eléctricas las que asumen el coste, aunque ahora a través de unos criterios que, en su redacción regulatoria, eliminan los aspectos considerados discriminatorios.

El Supremo avala el canon eólico aplicado en Galicia por el impacto visual de los aerogeneradores

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Europa Press.- El Tribunal Supremo ha avalado el canon impuesto por la Xunta de Galicia en 2009 a los parques eólicos en el que se gravan mediante un tributo extrafiscal las «afecciones e impactos visuales y ambientales adversos sobre el medio natural y sobre el territorio» de este tipo de instalaciones.

En una sentencia de diciembre, el Tribunal Supremo desestima un recurso de casación presentado por la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) en contra de una sentencia previa, de 2014, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la que no se ponían objeciones al tributo. Este gravamen aparece recogido en la Ley 8/2009 y se encuentra amparado en razones medioambientales. Fue desarrollado en 2010 mediante una orden en la que se emplaza a los afectados a realizar la autoliquidación del tributo.

Al impugnar la sentencia del tribunal gallego, Unesa, que representa los intereses de Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP, denunciaba la inconstitucionalidad del canon y un «quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia». Para el Supremo, no se ha producido la incongruencia omisiva denunciada por la asociación ni «quiebra» en el cumplimiento de dos artículos de la Constitución, los 135 y 156 acerca del carácter extrafiscal de los tributos y de la finalidad medioambiental.

La Ley General Tributaria, señala el tribunal, indica que este tipo de figuras impositivas no solo pueden constituir una fuente de ingresos y una manera de allegar medios económicos a los entes públicos para satisfacer sus necesidades financieras. Los gravámenes también pueden responder a políticas sectoriales distintas de las «puramente recaudatoria» en las que haya un fin extrafiscal, como es el caso, indica el tribunal, antes de recordar que una autonomía puede imponer sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

La patronal eléctrica también denunció una duplicidad entre el canon eólico y dos impuestos ya existentes, que son el de bienes inmuebles y el de actividades económicas, al tiempo que consideraba la medida como desincentivadora para el fomento de la eólica y dudaba de que un tributo de este tipo pudiera preservar el medio ambiente, cuando es precisamente la actividad eólica la que lo hace.

En lo referido al impuesto de bienes inmuebles, el Supremo no aprecia una coincidencia de bases imponibles porque el canon eólico se calcula en función del número de aerogeneradores de los parques, «al tratarse de contaminantes de tipo visual», al margen de su valor catastral, y grava a los titulares de la explotación y no de la autorización administrativa, de modo que el sujeto pasivo no tiene por qué coincidir.

Unesa pide al próximo Gobierno que «limpie» el recibo de la luz y liberalice el sector eléctrico

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Servimedia.- El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, pidió al Gobierno que se forme tras las elecciones generales del 20 de diciembre que «limpie» el recibo eléctrico de «todo aquello que no sea suministro eléctrico» y que liberalice el sector «hasta sus últimas consecuencias«. Así lo señaló Montes en el Congreso sobre la gestión responsable en la cadena de suministro, organizado por Unesa.

Montes incidió en la «paradoja» de contar con un sistema eléctrico «eficiente» y un precio de la energía «absolutamente comparable» con la media europea, pero con una factura eléctrica «cara». Montes indicó que el coste del suministro eléctrico (generación, transporte, distribución y comercialización) supone un 45% del recibo de la luz frente a un 55% que se corresponde con componentes que «sistemáticamente los gobiernos han ido introduciendo por muchos motivos».

Sobre el nuevo sistema de facturación horaria sostuvo que es «un paso» que da la posibilidad de actuar «como si fuéramos empresas y conseguir precios menores», aunque es «complicado» porque «hay que saber continuamente cómo oscilan los precios». En todo caso, dijo ver «positiva» la medida, para la que las compañías eléctricas han realizado una inversión «multimillonaria» y están «convencidas» de que «funcionará». Por otra parte, Montes indicó que las interconexiones eléctricas son «absolutamente fundamentales» y una «prioridad para todos», ya que es «crucial» para conseguir un mercado único europeo de electricidad y ser «más competitivos ante otras regiones económicas».

El presidente de la patronal eléctrica defendió que el sector cumple las condiciones de «respeto al medio ambiente, seguridad de suministro y competitividad», y subrayó que las empresas pertenecientes a Unesa generan 182.554 empleos de forma directa, indirecta e inducida, con un 99% de contratos fijos. Además, aportan el 1,9% del PIB de España, un total de 20.303 millones de euros. Las cinco grandes compañías del sector invirtieron 63.153 millones entre 2000 y 2014, con 4.500 millones de media al año. El año pasado invirtieron 203 millones en I+D y 165 millones en medio ambiente.

Las eléctricas de Unesa recurren la resolución de la nueva facturación horaria de la luz por una cuestión de «forma»

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Redacción / Agencias.- La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha recurrido la resolución del pasado 2 de junio con la que se inició el nuevo sistema de facturación de electricidad por horas al entender que debería haber tenido un rango normativo superior. En concreto, la patronal eléctrica ha presentado el recurso, junto a otro de Iberdrola Distribución Eléctrica, ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, según consta en una disposición del Ministerio de Industria publicada en el BOE.

Fuentes del sector explicaron que la interposición del recurso por parte de Unesa se debe a «un defecto formal» y no de contenido, al considerar que la resolución de junio de la Secretaría de Estado de Energía debería de haber contado con un rango normativo superior. Las empresas coinciden con la opinión emitida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un informe previo, en el que valoraba que la norma debería presentarse como norma ministerial.

La resolución recurrida por la patronal eléctrica fijaba el 1 de julio como fecha de inicio del nuevos sistema y establecía un periodo de adaptación hasta el pasado 1 de octubre para implantar el nuevo mecanismo de facturación por horas. Los ficheros de intercambio de información entre las empresas y otros aspectos técnicos deberán aplicarse antes del 1 de enero del 2016. El presidente de Unesa, Eduardo Montes, afirmó que el impacto de la implantación de los contadores inteligentes y los softwares necesarios derivados del nuevo sistema de facturación será «neutro» cuando se amortice la «inversión enorme» realizada, de «algunos miles de millones de euros».

Conforme a la normativa, la factura eléctrica se calcula en función del consumo que se realice cada hora y del precio que marque en ese momento el mercado mayorista de electricidad, conocido como pool. El precio para cada día está disponible un día antes, a partir de las 20.15 horas, en la web de Red Eléctrica de España (REE). Aparte de un contador inteligente, para disponer de esta modalidad de factura es necesario acogerse a la tarifa regulada, conocida desde el año pasado como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y reservada para potencias inferiores a 10 kilovatios (kW). Más de 5 millones de consumidores ya pagan la electricidad al precio que cotiza cada hora.

España precisa 30.000 MW renovables más para cumplir el objetivo fijado por la Unión Europea para 2030, según Unesa

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Redacción / Agencias.- España necesita 30.000 megavatios (MW) renovables más de aquí a 2030 para alcanzar los objetivos europeos de energía y clima, acompañados de 8.000 MW más en centrales térmicas que den respaldo, además de «apoyos» para atraer inversiones, según un estudio de Boston Consulting Group y Unesa.

El estudio ve «alcanzable» que España alcance un 27% de cuota de renovables sobre energía final bruta fijado por la Unión Europea para 2030, lo que supondrá que estas fuentes generen el 53% de la electricidad, pero para ello hacen falta «profundas reformas en el mercado eléctrico» que permitan «atraer y desarrollar inversiones que no son viables solo con el mercado«. «Teniendo en cuenta que los ingresos del mercado eléctrico no cubrirían sus costes de generación, harían falta mecanismos de apoyo y nuevas fuentes de financiación», señaló en la presentación Ramón Baeza, de la consultora Boston, que señaló a los Presupuestos Generales del Estado puede albergar estos «apoyos» sin que suba más la factura eléctrica.

El camino para alcanzar ese objetivo europeo pasa, según el estudio, por dos vías: una, sumar esos 30.000 MW renovables más de potencia instalada, con 22.000 MW en eólica y 5.000 de solar, y la otra, añadir 8.000 MW más de potencia de respaldo, es decir de plantas térmicas que funcionen con combustibles fósiles. «No existe ningún exceso de capacidad instalada sobre todo si queremos mantener la seguridad y calidad de suministro que tiene que tener un país moderno y avanzado», aseguró Baeza, a pesar de reconocer que las centrales térmicas, fundamentalmente los ciclos combinados de gas natural, están funcionando al 17% de su capacidad, unas 1.500 horas al año.

Precisamente, la consultora apoya en ese bajo funcionamiento la necesidad de dar ayudas adicionales a esos 8.000 MW térmicos más que, a su juicio, se requieren para asegurar la seguridad de suministro y como respaldo para las renovables. «Actualmente, no salen las cifras para invertir en estos proyectos de futuro», han reconocido desde la consultora, un análisis en el que ha coincidido el presidente de la patronal Unesa, Eduardo Montes.

«Necesitamos más potencia y hacen falta mecanismos para que estas plantas sean sostenibles», indicó Montes, que defendió el papel de la nuclear y de los pagos por capacidad con los que se retribuye a las centrales térmicas por ese papel de respaldo a las renovables, fuentes más intermitentes. «Hacen falta pagos por capacidad al igual que hacen falta primas. Si es para conseguir objetivos de Estado deberían ir a los Presupuestos, no al recibo», incidió. En esta línea, la consultora concluye que el cumplimiento de los objetivos ambientales europeos exige unos retos «muy importantes» con unos «costes muy relevantes» para el sector eléctrico que deberá «asumir el conjunto de la sociedad«.  «Hay que repartir los costes entre todos», subrayó Baeza.

Frente a este objetivo de renovables «más factible» de cumplir para 2030, el estudio señala que en eficiencia energética se podría llegar al 25% frente al 27% fijado por la Unión Europea. Y en cuanto a emisiones, se podría llegar al 43% de reducciones en sectores sujetos al mercado de derechos de emisiones, pero en los no sujetos se quedaría en un 21% frente al 30% establecido por la Unión Europea. Montes destacó que el sector eléctrico es «uno de los mayores contribuyentes en la reducción de gases efecto invernadero», siendo esta disminución mayor que la media europea, gracias a una inversión de más de 80.000 millones de euros en 15 años, y seguirá actuando como principal «descarbonizador» en España.

Montes (Unesa) pide a los partidos políticos mantener las nucleares ya que es «absolutamente imprescindible» por ser «eficiente y limpia»

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Redacción / Agencias.- El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, ha asegurado que mantener la nuclear existente en España es «imprescindible» en el horizonte 2030. En la presentación del estudio El sector eléctrico y los objetivos de energía y clima para 2030, Montes ha pedido a todos los partidos políticos que tengan en cuenta que la energía nuclear «es un contribuyente neto fundamental» en los costes del sistema y en la lucha contra los gases efecto invernadero.

Montes subrayó que no ve en el futuro «nuevas inversiones» en nucleares, aunque sí consideró necesario que las existentes, que representan actualmente el 7% de la potencia instalada pero generan más del 20% de la electricidad consumida en el país, «se mantengan». Montes subrayó que las centrales nucleares deben «seguir vivas» ya que, a pesar de su pérdida de peso en la generación, en el 2030 podrían seguir representando en torno al 15-16% de la energía consumida en el país. El PSOE avanzó que su programa electoral incluirá el cierre de las centrales nucleares para 2028, algo que comparte Podemos.

Por otra parte, Montes pidió la existencia de un sistema de «pagos por capacidad» para los ciclos combinados, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no a la factura de la luz, que permita mantenerlos operativos para que entren en funcionamiento cuando sea necesario para el sistema. «Hacen falta mecanismos que hagan que estas plantas sean mantenibles. A día de hoy el funcionamiento de los ciclos combinados de gas no supera el 10-11%; es prácticamente imposible mantenerlos», dijo.

Por su parte, desde el Ministerio de Industria también han destacado la importancia de la energía nuclear y su repercusión en la factura de la luz, que subiría un 15% con el cierre de estas infraestructuras. El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, advirtió de que esa subida implicaría que la industria dependiente de la electricidad, como la siderurgia, el aluminio o parte del automóvil «se iría del país».

Montes asegura que la factura de luz por horas está funcionando con normalidad

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Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, ha asegurado este martes que el nuevo sistema de facturación de la luz por horas, para cuya adaptación las compañías eléctricas han tenido hasta el pasado 1 de octubre, «está funcionando normalmente» en estos primeros días. «No ha habido incidencia digna de mención», ha añadido.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras participar en el II Congreso Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en las que también ha respondido a las críticas de las asociaciones de consumidores que lamentan que las horas de facturación más baratas sean aquellas en las que es más difícil usar electrodomésticos como las lavadoras.

Montes ha asegurado que «se puede elegir la forma más cómodo o más incómoda» de consumir electricidad, pero que «de lo que no hay duda es de que más caro no va a ser». «Como mucho va a ser igual (el gasto en luz) que antes si se mantiene el mismo esquema de consumo», ha apostillado.

«El nuevo sistema da a los consumidores la posibilidad de elegir», ha dicho, para añadir que, sin embargo, para las empresas tendrán un efecto «neutro». «Para las empresas ha sido muy duro por la instalación de contadores y por los software complejos que ha habido que implantar para gestionar 24 datos diarios (uno por cada lectura horaria) por consumidor», ha recalcado.

Ahora bien, Montes ha insistido en que, una vez hecha esta inversión, que ha supuesto «varios miles de millones de euros», el efecto «debería ser neutro cuando se amortice». Por otro lado, Montes también ha afirmado que se está cumpliendo «religiosamente» con el plan de implantación de contadores diseñado hasta 2018.

Montes (Unesa) dice que la tarifa de la luz por horas permitirá ahorrar «si se usa bien»

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Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, ha asegurado que la nueva tarifa por horas de electricidad puede procurar ahorros «si se usa bien» y destacó como ventaja del nuevo mecanismo que los usuarios podrán ser «dueños de lo que consumen». «Si lo usamos bien, sí, pero hay que estar pendiente«, aseguró Montes, al ser preguntado acerca de si la nueva tarifa por horas puede ayudar a que los consumidores paguen menos.

El nuevo mecanismo «asimila» la facturación doméstica a la de los grandes consumidores, que reciben un precio distinto en función de la hora del día, señaló Montes, antes de recordar que los nuevos contadores ‘inteligentes’ tienen un coste de alquiler apenas 30 céntimos superior al actual.

El anterior sistema de revisión de tarifas mediante subastas «se basada en los precios futuros», mientras que en el nuevo se toma «el precio presente». «Todo tiene ventajas e inconvenientes. Una ventaja es que ahora el usuario puede decidir en cada momento lo que quiere hacer«, señaló.

Montes también dijo que tiene un contrato en el mercado libre de electricidad por su «forma de pensar», que le lleva a estar «totalmente a favor de la liberalización total del sector«.

Px1NME explota la calculadora y cifra en hasta 76.680 millones de euros los “pagos ilegítimos” al sector eléctrico desde 1998

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Servimedia.- La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) cifran entre 66.097 millones y 76.680 millones de euros los “pagos ilegítimos” al sector eléctrico entre el inicio de la liberalización en 1998 y 2013. Estas cifras aparecen recogidas en un estudio realizado por Pablo Cotarelo, investigador en ODG, y presentado por la coordinadora estatal de PX1NME, Cote Romero, que explicó que actualizando el valor del dinero se llegaría a 103.899 millones.

Cotarelo explicó que a través de la tarifa eléctrica se han realizado pagos que, a su juicio, «van contra los intereses de la población«. En concreto, en el apartado del componente regulado, Cotarelo indicó que debido a la «opacidad y falta de racionalidad» en el pago de déficit de tarifa, los «pagos ilegítimos» ascenderían a 13.169 millones, así como en los pagos relacionados con el carbón (2.799 millones), los costes de transición a la competencia (9.479 millones) y la nuclear (6.100 millones). Respecto a otros pagos, el mayor montante se deriva de los pagos por capacidad y garantía de potencia (15.607 millones), seguido del alquiler de contadores (3.943 millones), la interrumpibilidad (2.804 millones) y el impuesto de electricidad (1.965 millones).

De igual forma, Cotarelo se refirió a los beneficios generados por un «comportamiento totalmente irregular en el mercado diario«, que en el estudio se recoge mediante una comparativa entre los ingresos reales obtenidos por instalaciones antiguas frente a lo que habrían recibido en caso de haber seguido vigente el marco normativo anterior. Así, los ingresos recibidos por las instalaciones nucleares e hidroeléctricas son más de 70.762 millones, mientras que con el marco anterior 48.573 millones, por lo que los beneficios «extraordinarios» conseguidos por este tipo de instalaciones ascienden a 22.190 millones. En cuanto a la subasta Cesur, el sistema anterior que determinaba los precios de la luz, los «pagos ilegítimos» habrían alcanzado los 1.605 millones.

De igual forma, las grandes eléctricas españolas representadas por la patronal eléctrica Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON) habrían percibido «más de 65.000 millones en pagos ilegítimos». En este sentido, Cotarelo indicó que estas empresas «no serían sostenibles económicamente sin estas ayudas» reconocidas por el Estado y realizada por los usuarios finales. De igual forma, desde PX1NME señalaron que «no se comprende» que con un sistema actual que presenta sobrecapacidad de generación los consumidores abonen pagos por capacidad, y pagos por interrumpibilidad.

«El sistema eléctrico encubre una transferencia de renta de los consumidores a las grandes eléctricas», apuntó Cote Romero, quien advirtió de que por este motivo el recibo de la luz es «muy complejo». Romero criticó también que se subvencione al carbón y en cambio se pongan «todas las trabas del mundo» a las energías renovables, al tiempo que reprobó la deuda millonaria contraída con las eléctricas cuando tienen «beneficios milmillonarios».

El estudio incide también en la «deuda ecológica», y propone como solución para la «opacidad y generación normalizada de pagos ilegítimos» comenzar por la realización de una auditoría con la «ineludible» participación ciudadana. Además, desde PX1NME y el ODG pide la cancelación de las normas que han permitido y generan estos «pagos ilegítimos», sustituir el mercado eléctrico actual por un sistema de fijación de precios basado en la «racionalidad» y un plan de recuperación y devolución de estos pagos. Al acto de presentación acudieron representantes de asociaciones de consumidores como Facua, que exigirá a los partidos políticos para que se comprometan en sus programas a efectuar una auditoría del sistema.