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El Supremo pide al Tribunal de Luxemburgo que se pronuncie sobre la compatibilidad del canon hidráulico con la normativa europea

Europa Press.- La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) sobre la creación del canon para la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, al tener dudas de su compatibilidad con la normativa comunitaria.

El alto tribunal ha estudiado los recursos interpuestos por Acciona y por Unesa, la patronal de las eléctricas, contra el Real Decreto 198/2015, que desarrolla el artículo 112 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas, por el que se crea dicho canon y, ante las dudas surgidas a la hora de resolver, traslada tres preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europa.

En la primera de ellas, el Supremo expresa sus dudas sobre la finalidad medioambiental del canon hidráulico y pregunta al TJUE si es respetuoso con la aplicación del principio comunitario del quien contamina paga. Según el Supremo, dicha tasa no responde al perfil de tributo medioambiental porque «no vela por proteger los supuestos daños medioambientales», sino que su finalidad es «establecer un mecanismo de financiación del déficit de tarifa, con lo que el legislador parece ir contra los propios principios que inspiran la política europea en materia energética y ambiental». Indica también que una cantidad «insignificante», el 2% del canon recaudado, se destina a las actuaciones del organismo de cuenca, frente al 98% que será ingresado en el Tesoro Público.

Otra cuestión que el Supremo plantea al tribunal europeo es si el canon es compatible con el principio de no discriminación de los operadores contemplado en la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad. La Sala recuerda que esta tasa se exige a los generadores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias y a los productores con tecnología hidroeléctrica frente a los titulares de concesiones en cuencas intracomunitarias y a quienes utilizan otras tecnologías. Para el Supremo, se ha provocado «una situación de desigualdad» entre productores de energía en general, así como entre los titulares de las centrales hidroeléctricas en particular, que incide en la competencia dentro del mercado eléctrico.

Por último, el alto tribunal tiene la duda de si el cobro de este canon a los productores de generación hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias es una ayuda de Estado que está prohibida por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Los magistrados cuestionan si este impuesto es un «tributo asimétrico» que perjudica la competencia en el mercado eléctrico creando ayudas de Estado a favor de terceras personas. Al respecto, el  Supremo señala que, por un lado, se produce una diferenciación entre compañías de producción hidroeléctricas que se encuentran en la misma posición y, por otro, respecto a los productores de energía eléctrica proveniente de otras fuentes.

El canon hidroeléctrico fue aprobado por el Gobierno y lanzado en 2013 como parte de los nuevos impuestos a la actividad eléctrica, con los que estimaba recaudar unos 2.700 millones de euros para aplacar el déficit de tarifa del sistema eléctrico. Dicho canon sólo se aplica a las cuencas intercomunitarias y la base imponible es el valor económico de la electricidad producida, con un gravamen del 22% sobre dicha base.

El sector eléctrico reclama para las renovables una rentabilidad fija, no revisable, mientras la CNMC pide cambios en la subasta

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone modificar varios aspectos de la próxima subasta de renovables, que se celebrará finalmente el 17 de mayo, y en la que se adjudicará hasta un máximo de potencia de 3.000 megavatios (MW), con el fin de que sea más competitiva y transparente. Asimismo, varias asociaciones empresariales solicitan que la próxima subasta garantice a los adjudicatarios una rentabilidad razonable fija.

Esta inquietud responde en buena parte a la incertidumbre que viene acompañando al marco retributivo de las renovables y aparece recogida en las alegaciones al borrador de resolución con los detalles de la subasta presentadas por las asociaciones ante el Consejo Consultivo de Electricidad de la CNMC. En su informe sobre la subasta, el regulador explica que ha recibido alegaciones de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), de la asociación de empresas termosolares Protermosolar, de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa).

Las asociaciones solicitan que se modifique la propuesta de decreto y orden ministerial, de modo que «la rentabilidad razonable tenga un valor fijo no modificable a lo largo de la vida útil de las instalaciones, tanto para la existentes, a las que ya se las sometió a una revisión de la rentabilidad una vez realizadas las inversiones, como para las futuras«. Algunas alegaciones van más allá y piden que todos los parámetros de las instalaciones, que se utilizan para elaborar las ofertas de la subasta, no puedan sufrir modificaciones a lo largo de toda la vida útil de la instalación.

Otro aspecto que genera controversia en el sector es el de la neutralidad tecnológica. Sobre ellas, las alegaciones van desde la petición de cupos específicos por tecnología a la denuncia, como hace UNEF, de una falsa neutralidad tecnológica que favorece a la eólica. Las propuestas también incluyen la reducción de 6 a 3 meses en el periodo de identificación de las plantas ganadoras, con el objetivo de garantizar que solo proyectos maduros sean los adjudicatarios.

Varias alegaciones consideran que la decisión del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de subastar 2.000 MW y reservarse la posibilidad de elevar esta capacidad en 1.000 más conforme a unos criterios recogidos en un anexo confidencial «no está justificada», según las alegaciones presentadas a la CNMC. Este anexo, según algunas alegaciones, «reduce la transparencia de la subasta». De ampliarse la puja hasta 3.000 MW, consideran que deberían fijarse nuevas fechas y volúmenes de potencia adicional para su subasta.

CNMC: más competitiva y transparente

En concreto, el regulador, que ha emitido dos informes sobre las propuestas del Ministerio de Energía para la subasta, solicita que el volumen por el que las empresas de energías renovables presentarán sus ofertas «sea vinculante respecto al valor de referencia fijado por el Ministerio» para cada tipo de tecnología renovable. Según el organismo presidido por José María Marín Quemada, esta medida posibilitaría tener certidumbre sobre la presión competitiva que existe por parte de las empresas antes de la subasta.

Asimismo, recomienda que la cantidad de potencia adjudicada finalmente en la subasta no sea inferior a la potencia a subastar. Para el regulador, este supuestos podría darse si las empresas de renovables que acuden a la subasta ofertasen un volumen de potencia superior, por ejemplo, a la hora de pujar por determinados bloques de energía que son indivisibles y superaran el monto ofertado. Además, la CNMC considera que a la hora de ordenar las ofertas para adjudicar los distintos bloques subastados, en caso de indeterminación o empate, se elimine el criterio del número de horas equivalentes de funcionamiento de las distintas instalaciones de energía renovables.

Por otra parte, afirma que antes de que se celebre la subasta, la entidad administradora (OMIE) debe proponer a la Secretaría de Estado de Energía los criterios por los que la subasta podría aplazarse. Para el regulador, también se debería evitar que las empresas que resulten asignatarias deban presentar garantías (efectivo, avales y seguros de caución) por duplicado. Concretamente, señala que este supuesto afectará a las empresas que se adjudiquen alguno de los bloques subastados porque deberán presentar una serie de garantías antes de participar en la subasta (garantías de participación), y otras posteriormente, cuando se inscriban en el registro empresas de régimen retributivo específico.

En cuanto a la resolución que establece la convocatoria de la próxima subasta de renovables, la CNMC propone como principal recomendación que no se establezcan límites a los descuentos (valores máximos del porcentaje de reducción) que las empresas renovables ofrecerán en su puja con respecto al valor estándar que ofrece el Ministerio. Todo ello, con el fin de que «no se reduzca la presión competitiva en la subasta, y de no restringir la horquilla de descuentos dentro de la cual las ofertas pueden ordenarse sin necesidad de recurrir a criterios de desempate más discutibles». Finalmente, la CNMC subraya que desconoce la propuesta de anexo confidencial.

Los operadores petrolíferos ven un «impuesto encubierto» en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética

Europa Press / EFE.- El director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Álvaro Mazarrasa, considera que el Fondo Nacional de Eficiencia Energética diseñado por el Gobierno es una «mala transposición de las directivas» europeas que, a efectos prácticos, funciona como un «impuesto encubierto». «Hay bastante coincidencia en los bufetes de los afectados», indicó Mazarrasa, que recordó que la regulación sobre el Fondo de Eficiencia «es una de las más recurridas por los agentes económicos del sector», que aportan más de 200 millones de euros anuales.

«Creemos que no es la mejor forma de mentalizar a la sociedad acerca de la necesidad del ahorro y la eficiencia. Los minoristas deberían ser los sujetos obligados, pero el Ministerio optó por la vía fácil, con lo que la señal de concienciación social queda diluida», señaló, antes de recordar que el sector petrolífero debe aportar el 50% del fondo. Mazarrasa hablaba así del fondo, creado en 2014 para desarrollar medidas de mejora de la eficiencia en diversos sectores, al que tienen que hacer aportaciones las comercializadoras de gas y electricidad, operadores de productos petrolíferos y los de gases licuados del petróleo al por mayor, cuyo reparto se hace en función de las ventas de energía de los sujetos obligados.

Mazarrasa señaló que los operadores petrolíferos están muy concienciados sobre la importancia de la eficiencia energética, pues en un sector donde el 60% de los costes de transformación son energéticos y en el que, si no se es eficiente, «estás muerto». Las órdenes ministeriales en las que se fija el reparto de aportaciones al fondo, ante las que el director general de la AOP dijo sentir «indefensión», son recurridas por empresas como Repsol, Engie (GDF Suez), Gas Natural Fenosa, Fenie Energías, Nexus, Viesgo, Grupo Villar Mir, BP, Repsol, Cepsa o Disa, entre otras. En su análisis de las denuncias, el Tribunal Supremo acordó plantear una cuestión prejudicial sobre la normativa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, aseguró que las eléctricas han contribuido «de manera muy amplia» a los planes de ahorro y eficiencia, hasta el punto de que, en el periodo comprendido entre 2006 y 2017, han aportado 2.250 millones de euros. Montes se mostró partidario de avanzar en el desarrollo de iniciativas como las de empresas de servicios energéticos o programas adecuados de financiación de proyectos de este tipo.

Montes indicó que la eficiencia energética «es uno de los pilares fundamentales para la descarbonización de la economía», junto a las energías renovables, que el año pasado ya representaron el 39% de la producción de electricidad. Además, ha apostado por la electrificación de la economía en general», pero especialmente en el transporte, tanto en ferrocarril como en automóviles, para seguir avanzando en eficiencia en España.

También se anunció el lanzamiento, por parte del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, de una convocatoria de 220 millones de euros destinados a proyectos de ahorro y eficiencia energética, cuyos fondos provendrán en buena parte del Fondo de Eficiencia Energética, según el director de la división de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE, Pedro Antonio Prieto. Prieto destacó la amplia acogida de la convocatoria anterior para el desarrollo de proyectos del mismo tipo, en la que se ofrecieron estímulos por valor de 200 millones de euros y que, en la mayor parte de los casos, se encontró con solicitudes muy superiores al importe de la convocatoria.

Dentro de la nueva convocatoria, 29 millones de euros se destinarán a actuaciones de alumbrado, que se sumarán a los 65 millones comprometidos en la primera convocatoria, en la que se presentaron proyectos valorados en más de 100 millones. El IDAE calcula que la media de estos proyectos de alumbrado, mucho de ellos relacionados por municipios, ronda el millón de euros, y que el ahorro energético alcanza tasas del 65%. En lo referido a actuaciones de carácter industrial, se prevé una convocatoria adicional de 64 millones, que se sumará a los 195 millones incluidos en el anterior programa de estímulos.

Otro de los ámbitos en los que se centrará la convocatoria será el de los edificios. Si la edición anterior estaba dotada con 200 millones, para los que se recibieron solicitudes por importe de 250 millones, en esta convocatoria las ayudas serán de 125 millones. En este caso, los proyectos incluyen ayudas a fondo perdido equivalentes a entre el 20%-30% del proyecto, mientras que el resto se articula a través de financiación en condiciones ventajosas.

Por otro lado, el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, aludió a la importancia de reducir la dependencia energética y se mostró partidario de incluir una nueva fiscalidad orientada al principio de que «quien contamina paga». También reclamó una transposición urgente de las directivas europeas sobre la materia y un «papel ejemplarizante» de las administraciones públicas. «Lo más eficiente al margen del ahorro es consumir lo nuestro, que es gratuito», señaló, en alusión a las renovables. Asimismo, apuesta por el autoconsumo eléctrico, pendiente de que se regule por ley en España.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Antonio Pérez Palacio, defendió la cogeneración como tecnología caracterizada precisamente por su alta eficiencia. La cogeneración es «el calor de la industria» y ahorra un 2% de la energía del país, al tiempo que procura a nivel europeo el 10% de la electricidad y se desarrolla, en el caso español, en instalaciones que aportan el 20% del PIB. Joaquín Carrasco, presidente del Comité de Promoción del Uso del Gas (Prodigas), dependiente de la patronal gasista Sedigas, que ha recordado que sólo el 30% del territorio español está gasificado, ha señalado que los sistemas de calefacción por gas jugarán un papel importante en la mejora de la eficiencia energética.

Unesa pide «un gran pacto de Estado» que defina el camino hacia la transición energética y reducir la fiscalidad asumida

Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, ha pedido «un gran pacto de Estado» que defina el camino hacia la transición energética e insistió en pedir que la tarifa eléctrica recoja «exclusivamente» los costes del suministro eléctrico. Montes también pidió la eliminación de los impuestos a la generación, que producen «distorsiones», así como de los autonómicos de naturaleza pseudo-ambiental.

Además, el presidente de la patronal eléctrica señaló que también debe ser «muy importante» la contribución que el sector puede aportar a la elaboración de la actual normativa europea. En lo que se refiere al balance de 2016, Montes indicó que el consumo eléctrico creció en torno a un 0,6%, situándose en niveles de 2003 o 2004. No obstante, resaltó el saldo «netamente» importador por primera vez en 13 años.

Por su parte, el director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Alvaro Mazarrasa, calificó 2016 de un «buen año» para el sector, ya que la recuperación económica se reflejó en el consumo de productos petrolíferos. Así, indicó que las gasolinas repuntaron en 2016 por primera vez «en muchos años». De esta manera, el consumo se incrementó un 1,8% en 2016, con un crecimiento del 7% en los querosenos de aviación.

Mientras, el presidente-director general de Carbunión, Pedro Iglesia, calificó 2016 de un «annus horribilis» para el sector ya que, del carbón consumido en España, solo el 13% fue nacional, con un precio que cayó a mínimos históricos desde 2003. Sin embargo, Iglesia se mostró «moderadamente optimista para 2017» después de que en los últimos meses se registraran subidas del precio de importación del carbón y un repunte en la demanda.

El Tribunal Supremo admite un recurso de Unesa contra los peajes eléctricos de este año

Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) contra la orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la que se establecen los peajes eléctricos para 2017. En concreto, la patronal eléctrica presentó el recurso en la sala tercera, sección tercera del Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite el pasado 2 de marzo, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este recurso se une a los presentados también por Gas Natural Fenosa y la Unión Fotovoltaica Española (UNEF) contra esta orden ministerial que establece los peajes eléctricos de 2017. El Ministerio de Energía aprobó sendas órdenes ministeriales en las que se adoptaba la congelación de los peajes de electricidad y gas para el ejercicio 2017. Estos peajes recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. Aparte de estos peajes, los consumidores abonarán en su recibo los impuestos y el coste de la energía. Con esta decisión, se suman tres ejercicios consecutivos con los peajes de electricidad y gas congelados.

Unesa ve con «buenos ojos» a Álvaro Nadal como nuevo ministro de Energía

EFE.- El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, aseguró que ve con «buenos ojos» la composición del nuevo Gobierno y en especial al nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, del que Montes señaló que «está muy formado y será un buen ministro».

Montes explicó que «antes de hacer más valoraciones de la nueva cartera de Energía, es necesario conocer la estructura orgánica que tendrá el Ministerio y especialmente saber quién será el nuevo secretario de Estado de Energía». «Cuando se conozca la estructura del Ministerio trasladaremos nuestras peticiones como sector, que debemos pensar tranquilamente», añadió. Montes alabó la gestión del hermano del nuevo ministro, Alberto Nadal, como secretario de Estado de Energía, pero no quiso pronunciarse sobre cuál de los dos hubiera preferido como titular del Ministerio.

Industria tiene lista la metodología para revisar el margen de comercialización de la tarifa regulada

Redacción / Agencias.- La Secretaría de Estado de Energía, dependiente del Ministerio de Industria, tiene ya preparada la nueva metodología para calcular el margen de las comercializadoras que suministran electricidad a los clientes acogidos a la tarifa regulada y está «muy cerca» de enviarla al Consejo de Ministros.

Tras participar en la jornada Transición energética: pasos hacia un nuevo modelo energético, el secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, indicó que su departamento está cumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo que insta al Gobierno a fijar una metodología para determinar el margen de comercialización de la tarifa regulada. Nadal señaló que la Secretaría de Estado la tiene ya «preparada» y está «muy cerca de poderla mandar a la comisión de subsecretarios y al Consejo de Ministros».

El presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes, urgió con antelación al Gobierno a solucionar el problema del margen de las comercializadoras que suministran en el marco del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), la única tarifa regulada. «Todas las comercializadoras que suministran en PVPC están en importantes pérdidas», denunció. Nadal ha recalcado que Industria trabaja para cumplir lo establecido por el Tribunal Supremo y ha apuntado que «el presidente de Unesa no pone deberes al Gobierno». En junio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya emitió un informe con una propuesta de metodología para fijar el margen de comercialización de las suministradoras de PVPC.

Unesa señala que España ha pasado a ser importadora de energía por los impuestos aplicados al sector eléctrico

Redacción / Agencias.- España pasó en 2015 de ser una exportadora neta de energía a tener un saldo importador, un cambio en el sentido de los intercambios internacionales vía interconexiones que la patronal Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) vincula, entre otros aspectos, a la mejora de las interconexiones y a la mayor carga impositiva a la producción eléctrica en España. Unesa también prevé que este 2016 se mantenga ese saldo importador del sistema.

«Es un problema de precios; hasta hace un par de años el precio del mercado español era atractivo para ser exportador, pero ahora hay más impuestos que encarecen nuestra producción», argumentó el presidente de Unesa, Eduardo Montes, que destacó que 2015 fue un ejercicio en el que el consumo de energía creció un 1,4%, hasta los 236.651 millones de kilovatios hora (kWh), lo que supone una «buena noticia, ya que rompe con la tendencia descendente de los últimos años». Para este año, Montes vaticinó un estancamiento en la demanda, ya que «no va a haber crecimiento» y va a estar prácticamente en línea con 2015.

Precio menos competitivo por impuestos

De vuelta a las cifras del año pasado, Montes explicó que la diferencia entre el alza de la demanda y la de la producción, que creció un 0,1%, se debe a ese cambio en el flujo de los intercambios internacionales. Un cambio que vinculó a la menor competitividad del precio de la electricidad en España, encarecido tras los impuestos aplicados en el marco de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para atajar la generación de déficit de tarifa.

En este sentido, el presidente de la patronal de las principales compañías eléctricas destacó como uno de los hechos más destacados de 2015 la importancia de haber atajado la generación del déficit de tarifa eléctrica. «Se ha hecho a costa en mucha parte de las compañías y sobre todo de las de Unesa, pero hay que reconocer que se ha reconducido», afirmó Montes, quien destacó que era un problema «muy gordo y complicado» que no podía permitirse. La liquidación definitiva de 2015 hará que el ejercicio se cierre sin déficit, incluso con un ligero superávit, y tampoco se generara más déficit este año, avanzó Montes.

Este año caerá el carbón

Por otro lado, Unesa estima que la aportación del carbón a la producción eléctrica en el año 2016 se reducirá en torno a un 40% y que se incrementará alrededor del 12,5% la de las renovables. Montes explicó que los cambios en la producción se explican por razones climáticas, ya que tanto la hidráulica como la eólica aumentarán a costa básicamente del carbón. Con ello, la producción de electricidad libre de emisiones alcanzará el 70%.

De vuelta al balance de 2015, Montes ha recordado que la producción de las tecnologías convencionales supuso el 62,6% de la producción total de España y el régimen con retribución específica el 37,4% restante. 2015 fue un año poco favorable climáticamente para las renovables, la mayor aportación fue de la nuclear y del carbón, que se situaron en torno al 20%, seguidas de la eólica, con el 17%; el gas natural, con el 11%; la hidráulica, con el 9%, y la solar, con el 5%.

Las emisiones del déficit de tarifa eléctrica llegan a tipos negativos por primera vez

EFE / Europa Press.- Las emisiones del déficit tarifario, la deuda de más de 25.000 millones de euros que arrastra el sistema eléctrico español, se han financiado con tipos negativos por primera vez este año, según el informe eléctrico de 2015 de Unesa (Asociación Española de la Industria Eléctrica), que también recoge que las empresas que integran la patronal eléctrica, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo, registraron en 2015 un beneficio neto de 2.837 millones de euros, un 14% más que en el 2014.

Respecto a las emisiones, en el informe se recoge que el Euribor a tres meses, que sirve como referencia para la revisión de dos categorías de este déficit, registró valores negativos por vez primera en abril del año pasado, lo que determina que se aplique un tipo de interés negativo durante 2016 a la emisión de 2005. El déficit hasta 2005, según los datos de Unesa, sumaba en origen 6.167 millones, de los que quedaban, a cierre del año pasado, 1.418 millones pendientes de cobro.

En total, la deuda del sistema eléctrico al terminar 2015 ascendía a 25.057 millones de euros, un 7% menos que al cierre de 2014. Desde el año 2000, se generaron casi 40.000 millones de esta deuda de los que se amortizó sólo una tercera parte. El déficit se paga vía peajes eléctricos, una de las dos patas que componen el recibo de la luz de los consumidores. El año pasado, por ejemplo, se amortizaron 1.899 millones y se pagaron 998 millones de intereses. También desde el año pasado el sistema ha dejado de generar déficit.

Desde hace años, los derechos de cobro de las eléctricas se cedieron a inversores financieros a través de diversos procesos de titulización. En total, hay cuatro categorías de derechos de cobro con importes pendientes de amortización: el déficit de 2005, ex ante, 2013 y FADE que suman esos 25.000 millones pendientes. El tipo medio para todas las emisiones de esta deuda se sitúo al cierre de 2015 en el 3,853%.

2.837 millones, beneficio en 2015

Según consta en el informe de Unesa, el incremento de 348 millones de euros en el beneficio de las 5 compañías que integran la patronal eléctrica se debe al efecto contable que se deriva de la reversión de provisiones fiscales dotadas en años anteriores, con un impacto contable positivo de 220 millones de euros. La facturación en 2015 de las principales eléctricas alcanzó los 21.572 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 5% con respecto al año anterior.

Por su parte, las inversiones en activos eléctricos de las empresas eléctricas se incrementó un 1,5% en 2015, hasta los 2.318 millones de euros. La potencia eléctrica instalada en España fue de 107.841 megavatios (MW) en 2015, lo que supone un crecimiento del 0,2% frente al ejercicio anterior. Por tecnologías, destacó el incremento de potencia hidroeléctrica en 883 MW, así como el descenso de potencia térmica convencional en 748 MW.

Unesa espera que el futuro Gobierno aborde «en unas semanas» la subida del margen comercial de la tarifa regulada

Redacción / Agencias.- El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, explicó que es necesario que se forme ya un nuevo Gobierno para que se pueda abordar la revisión del margen de comercialización aplicado al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), margen que debería aumentar según una sentencia del Tribunal Supremo del año 2015. En este sentido, Montes denunció que «el estar sin Gobierno es un auténtico problema para el país» y «un tema grave» para el sector.

Al menos un «tema muy importante» como el de la retribución a la distribución sí que quedó «zanjado» a juicio de Montes, con un marco que «puede gustar más o menos», pero que es “estable”. Así, el presidente de Unesa afirmó que el margen de comercialización de las eléctricas, una vez que el Tribunal Supremo instó al Gobierno para su revisión antes del pasado mes de julio, es una de los «temas importantes» que quedan por resolver tras casi un año de Gobierno en funciones. Competencia cumplió en junio con la obligación de facilitar al Gobierno una metodología que, en teoría, el Ejecutivo debería haber aprobado ese mismo mes para cumplir con el auto del Supremo, pero aún sigue pendiente.

El margen de comercialización permanece congelado en 4 euros por kilovatio contratado al año desde 2009, un importe insuficiente según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para cubrir todos los costes asociados a ese suministro, un sentido en el que también se han expresado reiteradamente las compañías eléctricas. La nueva metodología de Competencia fija el margen de comercialización en 5,24 euros por kilovatio contratado al año, lo que supondría una subida de 5 euros al año para una familia media, una vez que se aplique. Según los últimos datos disponibles, unos 12 millones de consumidores están acogidos a la tarifa regulada, mientras que otros 13 millones están en el mercado libre.

En este sentido, Montes mostró su confianza de que este asunto del margen esté resuelto «en las próximas semanas». De hecho, aseguró que todas las empresas comercializadoras del sector que ofrecen esta tarifa «están en pérdidas» y recordó que la mitad de la cifra de negocio de las compañías eléctricas está ligada a temas regulados. “Se solicitó un incremento de este margen y hubo una sentencia favorable, pero estamos esperando a ver cuál es el margen con el que van a tener que sobrevivir estás compañías», sentenció al respecto Montes.

Por otro lado, entre los asuntos a abordar por el nuevo Ejecutivo en el sector, se refirió también al bono social, sobre el que se mostró partidario de «redefinir» a sus beneficiarios, ya que considera que existen personas que se benefician de este descuento que no lo necesitan y puso como ejemplo algunas familias numerosas con suficientes recursos para pagar la luz. A este respecto, tras recordar que las eléctricas tienen múltiples convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas para paliar los efectos de la pobreza energética, reiteró que «hay que redefinir quién tiene derecho al bono social para que el dinero esté dirigido a colectivos que de verdad lo necesitan».

Otro aspecto que según Unesa debe ser abordado por el Gobierno es el relativo a los pagos de capacidad, la retribución que reciben aquellas centrales que están en reserva y que actúan cuando las renovables no pueden aportar al sistema eléctrico, o seguir avanzando en la liberalización del mercado eléctrico. Por otra parte, Montes criticó a las conocidas como comercializadoras piratas, que no cumplen las exigencias dispuestas por el operador del sistema Red Eléctrica, ya que «hacen daño» al sector y representan un «fraude organizado». Sobre el autoconsumo, defendió que tiene «su nicho», aunque respaldó el marco aprobado por el Gobierno, ya que quien quiera utilizar la red «tiene la obligación de pagar por ello».