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Miguel Sebastián repasa el panorama energético y propone luz gratis para los primeros kilovatios hora consumidos

El exministro socialista de Industria, Miguel Sebastián, realiza en una entrevista a Europa Press un amplio repaso al panorama energético actual: Castor, renovables, déficit de tarifa… y propone que los hogares tengan electricidad gratis hasta un número concreto de kilovatios hora y que, a partir de ese umbral, el precio vaya aumentando en función del consumo, de modo que los colectivos vulnerables con menos demanda verán rebajada su factura y el conjunto de los consumidores tendrá incentivos al ahorro.

El también exdirector de la Oficina Económica de La Moncloa plantea esta propuesta con motivo de la publicación de su libro La falsa bonanza, en la que también en materia energética compara el nuevo decreto de autoconsumo con «obligar a sacarse una licencia de taxi para llevar a los niños al colegio» y se muestra convencido de que el Estado ganará los litigios con los inversores internacionales de renovables al menos en lo referido a los recortes que él aplicó en su etapa como ministro.

La idea de Sebastián sobre el recibo eléctrico consiste en «un mínimo exento» en consumo. «Fuera término de potencia. Que haya un mínimo, habrá que ver cuánto, de electricidad gratis. Para todos. Una vez superado el mínimo exento, el porcentaje de lo que vas pagando va subiendo con tu consumo», propone. Para Sebastián, esta idea es parecida al tipo único del IRPF, que también defiende y en la que se exime de pagar por la primera parte de la renta. Si se aplica la medida al recibo eléctrico, «ya no sería necesario el bono social mientras se incentivaría el ahorro energético porque, a medida que se consuma, se pagaría más«.

Por otro lado, Sebastián asegura que, en el caso del almacén subterráneo Castor, las decisiones «sustanciales» como la ubicación no las tomó él y que la cláusula que reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado «era habitual en España y en otros países». Esta cláusula «hablaba de indemnización siempre que la planta estuviera operativa, cosa que nunca llegó a producirse, por lo que no entiendo por qué se ha aplicado«, sostiene, antes de considerar que los almacenes subterráneo son necesarios para enfriar el precio en caso de subidas. «Eso es muy bueno para el consumidor, pero malo para alguien. ¿Qué enemigos tiene Castor? Me temo que no solo los medioambientalistas», señala.

Al pronunciarse sobre los recortes a las renovables aplicados por el Gobierno a partir de 2008 para pinchar la burbuja en torno a estas tecnologías, Sebastián considera que «se tendría que haber sido más rápido y contundente», si bien duda de que legalmente fuese posible. «La forma de frenarlo habría sido con otro decreto o un real decreto ley. La pregunta es si hubiéramos podido aprobar un real decreto ley urgente. Estoy seguro de que no. Es más, seguro que no nos hubieran dejado ni los nuestros», señala. «Al principio dijeron que habíamos sido muy duros con la fotovoltaica, pero a la larga acabarán diciendo que fuimos demasiado blandos», sostiene.

Critica el decreto de autoconsumo

En lo referido al decreto de autoconsumo aprobado recientemente, el exministro de Industria se muestra «completamente» partidario de derogarlo. «Comparto el argumento de que no puede ser que todos los consumidores paguen los beneficios que van a recibir los que hagan el autoconsumo. Sin embargo, no puede ser que para tener unos paneles en casa te obliguen a tener permiso como si fueras una empresa productora. Es como si te obligan a tener una licencia de taxi para llevar a los niños al colegio», afirma.

Sebastián también califica de «buena idea» la nueva factura por horas de la luz, aunque considera que es «un poco pronto» para aplicarla porque «primero hay que hacer la sustitución de contadores». «Cuando era ministro estaba desesperado con lo lenta que iba la sustitución y propuse a mis colaboradores pasar una norma para que a partir de ahora los contadores analógicos no se cobrasen. Pero los servicios jurídicos me dijeron que no podría hacerlo», explica.

Pese a ver con buenos ojos la factura por horas, Sebastián prefiere el sistema de subastas trimestrales que él puso en marcha para fijar el precio de la luz. «Yo no me hubiera cargado las subastas porque me parecía un mecanismo mucho más transparente y predecible que el de ahora», afirma. En todo caso, Sebastián reconoce su «mosqueo» ante las subidas de precios antes de la celebración de las subastas.

«Cuando pedíamos informes sobre las subastas, nos decían que no había ningún problema, pero siempre me mosqueaba que, cuando llegaba el momento, siempre subía el precio. A nosotros nos pasó un par de veces, pero todos los informes que pedíamos nos daban negativo y decían que no pasaba nada raro», señala. Este encarecimiento, indica, se debía a la toma de posiciones por parte de agentes financiero. «Cuando se mete el sistema financiero, realmente no sale nada bueno. En la fotovoltaica se metió el sistema financiero y la convirtió en un producto financiero: llevó a la gente a endeudarse para entrar en los huertos solares«, señala.

Sobre los arbitrajes internacionales por los recortes a las renovables, Sebastián se muestra confiado en que el Estado «ganará» los correspondientes a las medidas adoptadas en su etapa como ministro. «La gran crítica es la retroactividad y lo que hicimos nosotros no es retroactivco porque la prima a las renovables no la tocamos«, sino que recortamos el número de horas, indica. «Lo hemos ganado en el Supremo y lo ganaremos en la corte internacional. Las medidas que vinieron después, ya veremos», afirma Sebastián, quien atribuye las subidas de la luz y la generación de déficit de tarifa en su etapa a la fotovoltaica y a la caída de la demanda.

«Metimos 3.000 MW de potencia instalada cuando estaban previstos 400. Eso eran 3.000 millones al año de primas, y eso fue lo que desequilibró todo. Sin eso, lo demás habría sido manejable. Es verdad que si la demanda de electricidad hubiera crecido más, ese coste se habría repartido entre más y hubiera sido menor, pero en vez de subir en tres años un 5% anual como estaba previsto, lo que es un 15%, cayó un 10%. Eso hizo que el coste para los que seguían consumiendo fuera muy alto», añade.

Cuando la defensa es un ataque

Existen dos grandes bloques en la línea de defensa en las reducciones retributivas producidas en el régimen especial con motivo de la mal denominada “reforma eléctrica”. El primero, consiste en el frente judicial, basado en el ejercicio de los principios de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. En ese frente podemos agrupar, todos los procesos que se están produciendo en las diferentes instancias judiciales, españolas y europeas, así como los arbitrajes internacionales que hay planteados por los inversores.

En Energía Diario venimos haciendo la crónica de este proceso, así como de las argumentaciones jurídicas, económicas, financieras y de inversión existentes, además del camino que nos ha llevado a ser el primer país del mundo hoy en la Corte Internacional del CIADI por este motivo (y, todo hay que decirlo, con expectativas poco halagüeñas para el Ejecutivo español incluyendo la infructuosa búsqueda de apoyos a nivel europeo en esta cuestión para evitar los varapalos judiciales). Incluso venimos señalando como será el próximo Gobierno el que tenga que lidiar con los fracasos jurídicos que ya están casi descontados en este asunto y que el proceso que llevó a la reforma, vulnera estos principios esenciales y eso detonará la reforma (incluso a nivel nacional).

Por ello, previsiblemente es una línea que se anticipa muy efectiva a la luz de las primeras resoluciones y decisiones que se vienen conociendo. Incluso la Defensora del Pueblo ha pedido que se trasladen las decisiones judiciales de los arbitrajes a los titulares de las explotaciones que no han utilizado estos mecanismos internacionales de defensa.

Por tanto, es difícil que prosperen los mecanismos de apelación a la retórica demagógica propia de las argumentaciones de comunicación política y retórica venezolana esgrimidas para justificación del Gobierno, referentes al exceso retributivo y descontrol previo a los recortes en las renovables,  a la hora de defender cuestiones claves del estado de derecho nacional e internacional para el funcionamiento de una economía y de la actividad empresarial.

La segunda línea trata de buscar una causalidad y culpabilidad al recorte del Gobierno en términos de ‘imperativo moral’. Es el esquema argumental que sostiene Jorge Fabra en el informe encargado por Anpier, y que tiene que ver con la reclamación a partir de la invocación de transferencias de rentas entre actividades y tecnologías dentro sistema eléctrico, por otra parte, una vieja reclamación ya conocida del ex presidente de Red Eléctrica de España. Así, por un lado, Fabra niega el origen del déficit tarifario y exonera de la participación en los costes de acceso de las primas en el mismo y, por otro, al servicio de esta asociación, trata de ideologizar el problema.

El relato que trata de imponer es que el gobierno es responsable de la existencia del déficit tarifario porque, en teoría, admite la existencia de unos supuestos beneficios a unas tecnologías al existir un mercado marginalista en el que todas determinan sus ingresos por el precio de casación en el mercado en el régimen general, en lugar de, por un mecanismo discrecional de reconocimiento de costes. Y, además, niega el carácter competitivo del mercado eléctrico (de un bien indiferenciado y no almacenable) por la titularidad de los activos de cada tipo de tecnología (transferibles, en todo caso), en lugar de por el funcionamiento del propio mercado y sus resultados competitivos en términos de operadores, oferentes, oferta y demanda.

Consecuentemente, la teoría es que esos supuestos beneficios calculados grosso modo de forma estimativa, si se aplican o se detraen, en forma de transferencia de rentas, pueden ser destinados a la fijación de retribuciones discrecionales adicionales para otras tecnologías y, por ello, que las primas decididas previamente (altas, bajas o incontroladas) nada tuvieron que ver con el déficit tarifario (¡!). Es decir, bajo esta teoría, Fabra trata de argumentar que los recortes del Gobierno se basaron en un modelo de atribución de culpabilidad a las primas del propio del Ejecutivo, proponiendo el suyo alternativo y hace de la defensa un ataque.

Dentro de esa línea incorporada en la estrategia de agitación de Anpier, además de su estrategia jurídica, este informe que acaba de conocerse, en el que de forma incombustible, Fabra reexpide sus posiciones para este propósito, en realidad, ideológicamente no aporta nada nuevo. Su valor ante la CNMC, por un lado, y su virtualidad para ser invocado  ante un juez en l acuestión de los recortes retributivos, por otro, son irrelevantes.

De hecho, probablemente, la resolución del problema de los productores fotovoltaicos atrapados en la burbuja, vendrá, por la defensa jurídica de sus derechos económicos. Por eso, la reclamación de normalidad económica y financiera, por la defensa de los mecanismos de mercado y de derecho en lo empresarial, la efectividad de la argumentación basada en la estabilidad jurídica y regulatoria (algo que tampoco comparte Fabra en sus postulados), como brújula de las decisiones judiciales que se anticipan, tienen más visos de realidad y de legitimidad para los afectados.

Nadal: el impacto de los arbitrajes internacionales por las renovables sería «muy pequeño» para el sistema en el «peor escenario»

Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseguró en el Senado ante la Comisión de Presupuestos que el impacto para el sistema eléctrico de la veintena de arbitrajes internacionales presentados ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) contra España por los recortes efectuados a la retribución de energías renovables sería «muy pequeño» en el «peor escenario» ya que el arbitraje afecta «exclusivamente» al inversor que arbitra contra el Estado y «a nadie más».

De esta forma, auguró que en el «peor escenario» para España el impacto para el conjunto de la estabilidad del sistema sería «muy pequeño», tras recordar que «muchos» de los arbitrajes se dirigen contra medidas del Gobierno socialista de 2010 y algunos recogen planteamientos «bastante peregrinos». En este sentido, apuntó que «ninguna empresa española podría arbitrar contra el Reino de España», y recordó que la posición de la Comisión Europea sobre este asunto es que al tratarse de empresas europeas arbitrando contra un Estado miembro «no se está utilizando adecuadamente la Carta de la Energía«.

Esto se debe, según explicó, a que existen «suficientes medios jurídicos en tribunales europeos y españoles para garantizar la seguridad jurídica de todos inversores en territorio español de origen europeo». En cualquier caso, Nadal sostuvo que la sostenibilidad del sistema eléctrico está «garantizada» para los próximos seis años «si se mantiene el marco regulatorio estable que se ha creado en esta legislatura» y que «elimina el principal problema del sector», en referencia al déficit tarifario.

La CNMC vigila a petroleras

Respecto a la admisión a trámite por la Audiencia Nacional de una querella contra las principales petroleras por si podrían haber actuado de manera concertada para alterar precios, Nadal señaló desconocer esta decisión por parte de la Justicia, aunque subrayó que «quien vigila que no existe situación oligopolística o de concertación de precios es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo regulador». «Nosotros ponemos a disposición de ella toda la información que tenemos a nuestra disposición para que analicen continuamente el mercado. En su momento hubo una petición de la Fiscalía de que le diéramos toda la información que teníamos en nuestro poder, y no sé exactamente qué es lo que ha ocurrido», añadió al respecto.

Respecto a los presupuestos del área de energía para 2016, Nadal indicó que la reducción del 12,5%, hasta 4.227 millones de euros, se debe a la reducción de los costes eléctricos, los cambios en los cánones hidráulicos, la caída del precio del petróleo y la modificación del sistema de financiación de la política de eficiencia energética. Esta política sostuvo que deberá ser la «prioridad» en la política energética para los próximos años tras conseguir atajar el déficit eléctrico en 2014, alcanzando el equilibrio, y previsiblemente conseguir «superávit» para este ejercicio, poniendo así fin a una serie de 12 ejercicios con déficits de tarifa «muy importantes».

Además, defendió que el Gobierno ha bajado la parte del recibo correspondiente a los costes regulados, con un descenso del 2% que entró en vigor en agosto, en la que tiene capacidad de actuar, ya que en lo que respecta al mercado no tiene margen. «Hemos rebajado por primera vez la parte de costes regulados, mientras que en las dos anteriores legislaturas subían y encima se iba generando déficit», añadió al respecto, subrayando que de no haberse actuado se habría producido una subida en el coste del recibo de un 40%, «que es lo que recibimos y hemos intentado evitar».

Las demandas contra España ante el CIADI por los cambios retributivos a la fotovoltaica se elevan a 20

EFE.- La sociedad SolEs Badajoz ha presentado una demanda de arbitraje contra España ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) por la normativa sobre energías renovables, según consta en la página web del organismo.
Con éste, son ya veinte los procesos abiertos por la regulación de las energías renovables en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial dedicado a resolver las controversias entre los inversores y los Estados.

A estos 19 casos se suma uno más por cuestiones inmobiliarias, lo que convierte a España en el tercer país del mundo con más procesos abiertos en el Ciadi, solo por detrás de Venezuela y Argentina.

Desde noviembre de 2013, han presentado demandas de arbitraje las sociedades RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS, JGC Corporation, y Cavalum; la eléctrica alemana E.ON; un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München; y los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav y Schwab Holdings, los últimos hasta ahora. Además, España cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y con tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment, todas ellas por violación de la Carta de la Energía.

Los demandantes son empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las primas que ofrecía la regulación española y que se vieron modificadas con posterioridad. Dichas demandas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios, iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones retributivas.

Dos nuevos fondos denuncian a España ante el Ciadi por los cambios retributivos en las energías renovables

EFE- Los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav y Schwab Holdings han presentado una demanda de arbitraje contra España ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) por la normativa sobre energías renovables, según consta en la página web del organismo. Con estas dos ultimas denuncias, España tiene ya 19 procesos abiertos por la regulación de las energías renovables en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial dedicado a resolver las controversias entre los inversores y los Estados.

A estos 19 casos se suma uno más por cuestiones inmobiliarias, lo que convierte a España en el tercer país del mundo con más procesos abiertos en el Ciadi, solo por detrás de Venezuela y Argentina.

Desde noviembre de 2013, han presentado demandas de arbitraje RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS, JGC Corporation, Cavalum y la alemana E.ON, la última hasta ahora.

Además, España cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y con tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment, todas ellas por violación de la Carta de la Energía.

Los demandantes son empresas y fondos que acudieron a España atraídos por la retribución establecida por España para  promover la inversión en producción de energía mediante tecnologías renovables (principalmente fotovoltaica), con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías.Al no contar con límites de instalación, el desarrollo de estas energías encareció el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos.

Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios, iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones de los pagos.Los fondos de inversión que interponen la denuncia han sido asesorados por el despacho de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Perreira.

La alemana E.ON demanda a España ante el Ciadi por las energías renovables

EFE.- El grupo energético alemán E.ON presentó una demanda de arbitraje contra España ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) por la normativa sobre energías renovables, según la web del organismo. España tiene ya 18 procesos abiertos por la regulación de las energías renovables en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial dedicado a resolver las controversias entre los inversores y los Estados.

A estos 18 casos se suma uno más por cuestiones inmobiliarias, lo que convierte a España en el tercer país del mundo con más procesos abiertos en el Ciadi, solo por detrás de Venezuela y Argentina. Desde 2013, presentaron demandas de arbitraje RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS, JGC Corporation y la portuguesa Cavalum, la última hasta E.ON.

Además, España cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y con tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment. Los demandantes son empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia tecnológica. Pero el acelerado desarrollo, impulsado sin límites de instalación, causó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos.

Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios, iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones de los pagos. E.ON era propietaria hasta el mes de marzo de la eléctrica Viesgo (E.ON España), que opera principalmente en Cantabria, pero la vendió a los fondos Macquarie European Infrastructure Fund 4 (MEIF4) y Wren House Infrastructure (WHI).

Soria advierte de que vigilará el mercado eléctrico tras el alza en julio que empaña la bajada de peajes

Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se mantendrá «vigilante» ante el comportamiento del mercado mayorista de electricidad, o pool, después de que las subidas de precios durante el mes de julio hayan empañado el recorte en un 4% de los peajes eléctricos aplicados desde el pasado sábado y encaminados a provocar un descenso en el 2,2% en el recibo de la luz.

«Siempre estamos vigilantes y también lo está el propio regulador del sistema», cuya función es «velar para que las reglas de competencia se cumplan y no haya ningún tipo de distorsión que pueda afectar a los precios«, afirmó el ministro al ser preguntado por las fuertes subidas en el mercado eléctrico en un momento en el que el Gobierno ha apostado por rebajar la parte regulada del recibo desde agosto.

«Lo que sí que hay este año es una realidad: las condiciones meteorológicas no están favoreciendo una mayor generación de renovables», ya que «hay poco viento y poco sol, poca eólica y solar», y esta circunstancia, junto a una demanda en verano desconocida en «varios años», provoca subidas en la parte de mercado del recibo de la luz, señaló. En todo caso, Soria presentó el recorte de los peajes como «una bajada real en uno de los componentes de la factura eléctrica». «Los beneficios de la reforma energética llegan al consumidor en términos de bajada de precios», aseguró el ministro.

Respecto a la evolución del recibo a lo largo de 2015 y de si se producirá una bajada con respecto al ejercicio anterior, consideró «prematuro» realizar un vaticinio. «Creo que cuando acabe el año habremos tenido un comportamiento similar a lo que fue 2014″, indicó Soria. En todo caso, el ministro rebajó las expectativas ante una posible nueva bajada de peajes antes de fin de año. «El colchón que hay de 250 millones de euros es el que ya se ha utilizado» y el que ha permitido aplicar la rebaja del 2,2% entre agosto y diciembre, de modo que ahora «habría que ver cómo van evolucionando los primeros meses los ingresos y costes del sistema«.

Por otro lado, el ministro quitó importancia a las críticas al nuevo sistema de tarifa por horas de electricidad, entre ellas la de que no permite conocer los precios con antelación suficiente o la de que resulta demasiado compleja e induce al consumidor a conductas como la de poner la lavadora por la noche. «Eso es lo anecdótico de la medición horaria de la facturación», afirmó, antes de destacar como «importante» la eliminación de un sistema de fijación de precios mediante subastas que provocaba un sobrecoste adicional de 300 millones de euros al año y de 1.500 millones en el periodo entre 2009 y 2013.

Además, Soria se mostró confiado ante cualquier denuncia interpuesta contra la tarifa por horas, así como acerca de los arbitrajes que se libran en el Ciadi a propósito de los recortes a las renovables. «El Gobierno no ha tomado ninguna decisión o medida que haya supuesto ninguna discriminación entre inversores nacionales y extranjeros, por lo que no ha lugar en términos de fundamento jurídico a que se planteen ese tipo de arbitrajes internacionales», dijo. «Toda la reforma energética que impulsó el Gobierno en lo referido a incentivos de energías renovables está basado en la doctrina del Tribunal Supremo, que dice que estos incentivos no pueden ser independientes de cómo evolucione el ciclo económico«, señaló Soria.

Sobre el decreto de autoconsumo, el ministro indicó que incorporarán algunas recomendaciones de la CNMC que «mejoran» el texto. «En septiembre ya irá al Consejo de Ministros», avanzó Soria. «No he visto a nadie que sea capaz de explicarme qué es el impuesto al sol. Eso no está en la ley. Lo que hay es que si alguien se instala una placa solar en su casa y sólo consume de esa instalación, no tiene que pagar absolutamente nada, pero si aparte se quiere estar enganchado a la red, en ese caso se debe pagar esa red como el resto de los consumidores, y eso es lo que hemos establecido», señaló.

Mejor llamen a un abogado del Estado

El pasado domingo el diario El País, publicaba un artículo de su equipo de investigación en el que se recogía cómo un número importante de Abogados del Estado estaban asesorando contra la Administración española en los arbitrajes que se están llevando a cabo por iniciativa de las grandes empresas y fondos de inversión internacionales por el recorte renovable. Se conoce esta información, además, después de los primeros pronunciamientos negativos para el Gobierno en los conflictos internacionales abiertos al considerarse estos tribunales de arbitraje «competentes» para juzgar la cuestión.

Inciso número uno. Los Abogados del Estado son un cuerpo muy importante y profesionalizado de la Administración española. La oposición que da acceso al cuerpo es muy compleja. Son grandes profesionales del Derecho, muy demandados y cotizados,  y su valor aumenta como consecuencia del deterioro en el que se mueve la actuación de los reguladores españoles. Existe un consenso casi generalizado: es un cuerpo de élite, muy profesional, muy bien formado y, técnicamente son los mayores expertos en Derecho Público. Son imbatibles en ese campo.

Por otra parte, en este Gobierno desempeñan un papel muy relevante, dónde la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría es quizás su epígono principal como miembro de este cuerpo. Hay comentaristas políticos que señalan la existencia de la Brigada Aranzadi por el despliegue de este correoso cuerpo de la Administración. En realidad, una de sus misiones es traducir las invectivas del cuerpo político, los ministros y secretarios de Estado, en normas, con todo lo complejo que a veces eso supone por el propio defecto de diseño.

Así, el artículo del pasado domingo podrá tener varias lecturas en este contexto. Podrá servir para que Soria se justifique de la cascada de fracasos en los arbitrajes que se avecina: «si nuestros Abogados del Estado, ésos que conocen bien nuestras cosquillas, trabajan contra nosotros, nos las están encontrando». O bien, también puede ser un mecanismo que le prepara el cuerpo al ministro para que vaya aceptando una realidad que se precipita y que quizá le llegue a Soria, antes de finalizar la legislatura. Algo completamente predecible. Preparen las sales.

De hecho, en su momento, los miembros de este cuerpo en excedencia ya estaban asesorando a empresas y fondos cuando se aprobaron las normativas que proporcionaba jugosas e increíbles retribuciones a estas tecnologías. Agentes que se mostraban incrédulos ante las costumbres de nuevo rico de nuestro país y la forma en que se articuló la promoción de ciertas tecnologías renovables, en especial, la solar fotovoltaica.

Quizá es uno de los pecados de soberbia y de lectura errónea de la realidad de las medidas instrumentadas contra el déficit tarifario. No es lo mismo enfrentarse regulatoriamente con estos operadores que a un grupo de terratenientes de cualquier comunidad autónoma de nuestro país, al margen del debido respeto que también merece la seguridad jurídica de todos los operadores.

Detrás de la contratación de los servicios de estos profesionales, están entidades financieras y empresariales, que se rodean de los mejores en defensa de sus intereses. Ahí no vale la retórica del enfrentamiento beligerante, el modelo Alexis Tsipras, retórica como la que empleó el ministro al abolir las subastas CESUR. Es una obligación para el regulador conocer un mercado y sus agentes, así como el funcionamiento de los mecanismos jurídicos, empresariales, financieros y de mercado.

Una solución más razonable, pero más compleja, hubiera sido haber trasladado a los Presupuestos estas retribuciones desorbitada y, posteriormente, negociado su reducción y aplazamiento en una moratoria renovable. Negociar, gestionar. Pero, en su lugar, el resultado ha sido un enfoque tosco, que va a traer consecuencias que pueden ir desde la resurrección del déficit tarifario por la resolución de los arbitrajes al, como mal añadido, deterioro de la seguridad jurídica de nuestro país para la inversión, los mercados y las empresas, sin que eso no signifique el reconocimiento al desmadre interesado de la retribución y concesión que se produjo y la burbuja fotovoltaica de España.

Ahora no es tiempo de excusas, de justificaciones, de coartadas o de culpabilización hacia el cuerpo de Abogados del Estado, que ha sido comparado con el canterano Morata por su participación en chafarle la semifinal de Champions al Madrid. Lo cierto es que no ha debido sentar nada bien en Industria. Pero, como el spin off de la serie Breaking Bad, Better call Saul con su abogado protagonista, el mensaje está claro con la Administración española: si tienen un problema con la regulación, mejor llamen a un Abogado del Estado.

Abengoa espera que España pueda volver a instalar renovables «en uno o dos años»

Europa Press / Servimedia.- El consejero delegado de Abengoa, Santiago Seage, espera que España pueda volver a instalar infraestructuras de energía renovable, al menos «moderadamente», «en uno o dos años», gracias a la incipiente recuperación del consumo de electricidad. Además, la compañía finalizó la construcción de su segunda estación de servicio de hidrógeno, localizada en las instalaciones de la compañía en el polígono Torrecuéllar (Sevilla).

«Es difícil prever cuándo, pero creo que sería lógico empezar a hacer cosas en renovables en un horizonte de uno o dos años, aunque sea moderadamente, ya que el crecimiento del consumo empezó hace poco», señaló Seage. De hecho, Abengoa no aprecia en la actualidad «oportunidades significativas» para invertir en España y concentra sus esfuerzos en otras regiones, especialmente en América, si bien Seage destaca que la empresa es «de aquí» y tiene «más cariño» al país, por lo que analizará cualquier «esquema, regulación o concurso» que lance el Gobierno.

«Hemos tenido una muy mala experiencia en España, un cambio regulatorio que indudablemente nos ha afectado «, aseguró el directivo en alusión a la reforma energética y a los recortes que vienen sufriendo las renovables desde 2011. Sobre los recursos presentados por Abengoa en contra de los recortes retributivos, Seage indicó que el proceso judicial es «largo» y que la «obligación» de la empresa es «defender a los accionistas, que sufrieron un impacto» por las medidas del Gobierno. «La forma fue tomar una serie de medidas o reclamaciones legales por diferentes vías. Es un proceso lento en el que no ha habido un avance reseñable. Será largo y se verá dónde acaba. Llevará años hasta que veamos una resolución», afirmó.

Sobre un eventual laudo arbitral a favor de los inversores internacionales que han recurrido los recortes a las renovables, el consejero delegado de Abengoa indicó que esta resolución «afectaría únicamente a las partes«. «Dicho esto, me imagino que en un tiempo el Gobierno de España tendría que ver todos los procesos que tiene abiertos y decidir cómo quiere gestionarlos. Pero no es un tema que nos quite el sueño. Los hemos tenido que hacer, seguiremos y veremos dónde acaba», apuntó.

Al ser preguntado por el escenario político en España y un posible cambio en el Ejecutivo, Seage asegura que Abengoa «trabaja con gobiernos de muchos países y de muchos colores, y es capaz de trabajar con todos«. «En un país como España, con instituciones fuertes y maduras en el contexto de la Unión Europea, no nos preocupa lo que vaya a ocurrir. En España ocurrirá lo que decidan las elecciones y habrá un Gobierno del color que sea o de la coalición que sea que trabajará en el marco institucional que existe en España», afirma.

«No sé si los impuestos subirán o bajarán, si habrá más o menos renovables, pero nos moveremos en un contexto en el cual a una empresa multinacional como la nuestra no nos va a preocupar para nada. De hecho, le dedicamos más tiempo a otros países en ese tipo de cosas del que le dedicamos a España, que es un país maduro, en el que todos afrontaremos lo que haya sin ninguna preocupación», concluyó Seage.

Estación de servicio de hidrógeno

Abengoa finalizó la construcción de su segunda estación de servicio de hidrógeno, localizada en las instalaciones de la compañía en el polígono Torrecuéllar (Sevilla). Esta estación de servicio, que suministrará combustible a aquellos vehículos que funcionan a partir de hidrógeno, es capaz de producir este gas en la propia estación de servicio, de una manera «limpia y sostenible». Por otra parte, su uso como combustible en vehículos no genera emisiones a la atmósfera ni otros gases contaminantes, lo que se traduce un esquema energético «limpio y sostenible» para el transporte.

La producción local de hidrógeno evita el transporte de este gas, al mismo tiempo que permite un proceso libre de emisiones de CO2. Las infraestructuras de estaciones de servicio de hidrógeno son necesarias para que los automóviles que se nutren de este tipo de combustible penetren en el mercado. En este sentido, varios fabricantes de vehículos, incluyendo Hyundai y Toyota, ya producen en serie y comercializan este tipo de vehículos.

La japonesa JGC Corporation presenta ante el Ciadi la 16ª denuncia contra España por la normativa renovable

Europa Press / EFE.- La compañía japonesa JGC Corporation presentó una nueva demanda contra España ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, la decimosexta denuncia presentada por inversores internacionales por los recortes a las renovables, la octava demanda contra el Gobierno de España en lo que va de año. Según la información remitida al Ciadi, la empresa cuenta con el asesoramiento jurídico del bufete español Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y del nipón Nagashima Ohno&Tsunematsu.

JGC Corporation es titular, junto con Abengoa, de dos plantas termosolares en Córdoba que suman una potencia instalada de 100 megavatios (MW). Según la información disponible en la página web del Ciadi, la demanda presentada esta semana confirma a España como el tercer país del mundo con más arbitrajes, solo por detrás de Venezuela y Argentina, el organismo para la resolución de conflictos entre inversores y países del Banco Mundial.

Los inversores alemanes concentran 6 de las 16 denuncias en contra de España presentadas hasta la fecha ante el Ciadi relacionadas con los recortes a las renovables. La anterior denuncia fue presentada por dos firmas alemanas, KS Invest y TLS Invest. Anteriormente, también un grupo de inversores alemanes formado por Matthias Kruck, Ralf Hofmann, Frank Schumm, Joachim Kruck, Peter Flachsmann, Rolf Schumm, Karsten Reiss y Jürgen Reiss presentó una denuncia similar. Estos dos arbitrajes de origen alemán se suman a los iniciados anteriormente por inversores procedentes del mismo país, entre ellos Steag, BayWa, RREEF y un consorcio de ocho empresas en el que participa RWE.

Recientemente, el Ciadi también registró la denuncia del fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, y de la firma norteamericana 9REN, según consta en los registros del organismo internacional. Además, el Ciadi había iniciado la tramitación de las demandas de Infrared, Masdar, Eiser y Antin, que ya cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de Renergy y Nextera, que se encuentran a la espera del análisis de las alegaciones presentadas en ambos casos a mediados de noviembre por una parte ajena a la disputa. A estos demandantes se suma el accionista de referencia del Grupo Natural Electric, que tiene nacionalidad mexicana y que cuenta con el asesoramiento de los despachos Cases & Lacambra y González-Bueno.

Además, la normativa española también cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, por parte de la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment, todas ellas por violación de la Carta de la Energía. Tras conocerse el primero de estos litigios contra España, el ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que las firmas internacionales aspiraban a rentabilidades del 20%, lo que «no ocurre en ningún país del mundo, porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría».

Se trata de empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías. Pero el acelerado desarrollo, que no contaba con límites de instalación, provocó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos. Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta sino a los sucesivos cambios regulatorios, que han afectado especialmente a las tecnologías solares  y que posteriormente se culminaron con el cambio de modelo retributivo renovable.