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NextEra reclama 291 millones a España tras fallar a su favor el Ciadi por el recorte a las energías renovables

Europa Press.- España sufrió un nuevo revés ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, por los recortes a las renovables, con un fallo a favor de la estadounidense NextEra Energy. El fallo concluye que España «incumplió con su obligación en virtud del Tratado de la Carta de la Energía de 1994 de brindar un trato justo y equitativo al no proteger las expectativas legítimas de la compañía sobre las cuales decidieron sus inversiones».

NextEra estima que, según las reglas para fijar los daños por los que debe ser compensada, debe ser indemnizada con 291 millones de euros, más intereses antes y después del juicio, basados en la rentabilidad del bono español a 5 años. NextEra inició en 2014 el arbitraje contra España. NextEra invirtió en dos plantas termosolares en Extremadura con una capacidad de 49,9 megavatios (MW). NextEra subraya que existen motivos por los cuales España puede tratar de anular la decisión, por lo que deberá buscar «la ejecución de la decisión a través de procedimientos legales adicionales».

En total, España suma 33 demandas de arbitraje de inversiones ante el Ciadi relacionadas con las reformas energéticas de las renovables. La última de ellas fue presentada a finales de febrero por el grupo Canepa Green Energy. El Ciadi ya ha fallado hasta en 3 ocasiones anteriores a favor del demandante. En concreto, en los casos de Masdar, perteneciente al fondo soberano de Abu Dhabi Mubadala, reconociéndole una indemnización de 64 millones de euros; Eiser Infraestructure, condenando a España a pagar 128 millones de euros más intereses; y el fondo Antin, con el pago de una indemnización de 112 millones.

No obstante, en los tres casos la ejecución de los laudos no se ha llevado a cabo, ya que se encuentran recurridos por el Gobierno español en procedimiento de anulación, en el caso de Eiser, o en periodo de solicitud de rectificación, en las demandas de Masdar y Antin. Además, el Estado español ha sufrido 2 reveses más: la danesa Athena Investments comunicó que había ganado un laudo contra España ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), que le favorecía con una indemnización de 11 millones; Asimismo, el tribunal sueco también reconoció el pago de 53 millones a la firma NovEnergia por los recortes a las renovables, aunque posteriormente suspendió la ejecución del laudo.

La resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire ya que la Comisión Europea respaldó a España en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la Unión Europea era una situación contraria al Derecho de la Unión. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) falló que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la Unión Europea.

Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía. Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de 6 millones de Solarpark Management, que había denunciado ante el SCC.

Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las renovables ascienden a más de 8.000 millones de euros. Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros, casi una cuarta parte de toda la cantidad demandada a España.

La danesa European Solar Farms presenta la 32ª demanda contra España ante el Ciadi por el recorte de las renovables

Europa Press.- La sociedad danesa European Solar Farms ha presentado la trigésimo segunda denuncia contra España ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, por los recortes a las renovables. Según la información remitida al Ciadi, la sociedad, radicada en Dinamarca, cuenta con el asesoramiento jurídico del despacho de abogados King&Spalding. Por tanto, fueron 3 las demandas presentadas contra el Gobierno de España en 2018 por los recortes en la retribución de las renovables.

De estas más de 30 denuncias, el Ciadi ya falló en 3 a favor del demandante, en los casos de Masdar, perteneciente a al fondo soberano de Abu Dhabi Mubadala, reconociéndole una indemnización de 64 millones de euros; Eiser Infraestructure, condenando a pagar 128 millones de euros más intereses; y el fondo Antin, con una indemnización de 112 millones de euros. No obstante, en los 3 casos la ejecución de los laudos no se ha llevado a cabo, ya que se encuentran recurridos por el Gobierno en procedimiento de anulación, en el caso de Eiser, o de solicitud de rectificación.

Además, el Estado español ha sufrido 2 reveses más en los arbitrajes internacionales. En noviembre la danesa Athena Investments comunicó que había ganado un laudo contra España ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), que le favorecía con una indemnización de 11 millones de euros. Asimismo, el SCC también reconoció el pago de 53 millones de euros a la firma NovEnergia por los recortes a las renovables, aunque posteriormente suspendió la ejecución del laudo.

La resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire, ya que a finales del 2017 la Comisión Europea respaldó al Gobierno español en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la Unión Europea era una situación contraria al Derecho de la Unión.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) falló en marzo que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la Unión Europea. Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía.

Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado ante el SCC. Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes renovables ascienden a más de 8.000 millones de euros. Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante Uncitral, que asciende a 1.900 millones de euros.

La petrolera estadounidense ConocoPhillips todavía no ha recibido el multimillonario pago acordado con la venezolana PDVSA para zanjar sus disputas

EFE.- La petrolera estadounidense ConocoPhillips todavía está esperando el pago de 2.000 millones de dólares (1.720 millones de euros) de la petrolera estatal venezolana PDVSA que se acordó entre ambas el mes pasado para zanjar su disputa legal, según ha afirmado el consejero delegado de la empresa norteamericana, Ryan Lance.

Conoco suspendió en agosto las acciones legales que habían reducido las exportaciones de Venezuela de varias fábricas del Caribe después de llegar a un acuerdo por el cual el país latinoamericano tiene 90 días para hacer un pago inicial de 500 millones de dólares (430 millones de euros).

«Contaré el dinero cuando aparezca en el banco», ha afirmado Lance, que ha subrayado que espera que Venezuela cumpla con el acuerdo, destacando que la compañía todavía tiene otros dos laudos arbitrales pendientes con Venezuela. Pero Conoco redoblará las acciones legales si los pagos no se reciben, ha explicado el ejecutivo.

El acuerdo entre las dos compañías cerró la disputa por la nacionalización de varios activos de Conoco hace más de una década. Un tribunal internacional falló a favor de Conoco en abril y ordenó a la petrolera venezolana a pagar 2.000 millones de dólares. La empresa estadounidense comenzó a confiscar activos de PDVSA en el Caribe a principios de año para hacer cumplir su reclamación.

Las incautaciones de Conoco en Aruba, Bonaire, Curazao y San Eustaquio habían impedido que PDVSA utilizara varios terminales y operaciones de exportación. Según los términos del acuerdo, Venezuela tiene de plazo hasta finales de noviembre para pagar los primeros 500 millones de dólares. El resto tendrá que abonarlo durante los próximos cuatro años y medio.

El Ciadi condena a Egipto a pagar 1.700 millones de euros a Naturgy y ENI por la paralización de Damietta

EFE.- La Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), institución dependiente del Banco Mundial, ha condenado a la República Árabe de Egipto a pagar más de 1.700 millones de euros a Unión Fenosa Gas, compañía participada al 50% por Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, y la Italiana ENI, por la paralización dada la falta de suministro de la planta de licuefacción de Damietta. El Ciadi resuelve así la demanda presentada en 2014.

El laudo estima que no se concedió al inversor el trato justo y equitativo exigido por el Tratado bilateral España-Egipto de protección de inversiones, por lo que condena a Egipto a pagar 2.013 millones de dólares después de impuestos y antes de intereses. Naturgy confía en que este laudo arbitral permita alcanzar un acuerdo global y poner en valor su inversión en Egipto a través de un acuerdo comercial y el restablecimiento del suministro de gas a la planta. Además, considera que este laudo demuestra la efectividad en los procedimientos de resolución de conflictos internacionales como instrumento eficaz para asegurar la protección de inversiones internacionales.

La transición energética requerirá invertir 80.000 millones hasta 2030, según Ribera, que cifra los arbitrajes internacionales pendientes en 8.000 millones

EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calcula que las reclamaciones contra España ante instancias internacionales de arbitraje por los recortes en las primas a las energías renovables acometidos por el anterior Gobierno superan los 8.000 millones de euros. Asimismo, la transformación del modelo energético en España hacia la descarbonización significará inversiones de entre 70.000 y 80.000 millones de euros hasta 2030, requerirá de muchas complicidades y será una oportunidad para la creación de empleo verde, según la ministra.

En este sentido, Ribera ha detallado que «desde 2006 sabemos que hay que acometer reformas importantes en el sector del carbón», y desde el 2010-2012 la Unión Europea dotó de un marco de acompañamiento para el cierre de estas explotaciones a más tardar en 2018. La Comisión Europea espera que la contribución que haga España sea como mínimo del promedio de los objetivos de la revisión de la directiva europea sobre renovables en el llamado paquete de invierno para cumplir con el Acuerdo de París: alcanzar el 40% de reducción de emisiones de efecto invernadero, el 32% de renovables y el 32,5% de eficiencia energética.

El objetivo es llegar a la descarbonización completa de la economía o equivalente, y el 90% de emisiones en 2050, cuestiones que «serán posibles con señales regulatorias y calendarios técnicos de sustitución». La ministra reconoce que es evidente que en este camino Red Eléctrica se convierte en un «brazo ejecutor de muchas cuestiones», que tiene muchos desafíos en cuanto a digitalización, conexión, conectividad de grandes redes de transporte con microredes o sistemas de generación distribuida.

Otro reto es la adaptación energética del parque de edificación y cita como ejemplo el caso holandés, cuyo gobierno ha dado un plazo hasta 2030 para eliminar el suministro de gas de todo el parque construido. Se trata de algo que aquí jamás se había pensado y que requiere de una serie de nuevas habilidades profesionales para los empleos verdes que obligaría a un cambio de modelo de formación profesional, cualificación y diseño de negocios.

Ribera ha indicado que la ley de Cambio Climático se presentará en septiembre y ha citado como progresos interesantes la Ley catalana sobre la materia, el proyecto de ley de Baleares y en las que trabajan otras comunidades autónomas, además de la propuesta de Podemos. Además, hay esa «cosa peculiar», en referencia a la propuesta de ley presentada por el PP porque, más que salir de las cabezas de Génova, sale de la Oficina de Cambio Climático, cuando ya no era parte de la Administración.

«No tengo ninguna objeción en que el PP subraye su compromiso con el cambio climático; al contrario, creo que nos jugamos mucho como para que nadie pueda decir que no le importa o mirar para otro lado», ha apuntado Ribera, que ve importante una ley que «permita generar y visibilizar de forma capilar los procesos de cambio» y que cree sinergias entre el sector público y el privado. Así, en materia de transporte, subrayó la importancia de reducir las emisiones al 0% en 2050, ya que actualmente suponen el 40%.

8.000 millones en los arbitrajes

Respecto a los arbitrajes internacionales, Ribera señala que actualmente hay 40 laudos o procesos de arbitraje vivos, a los que se sumarán otros anunciados, y la cantidad total reclamada, aunque «son estimaciones y hay que ser muy cautos», estaría por encima de los 8.000 millones. Este hecho, ha apuntado la ministra, ha convertido a España «en el país con más litigiosidad y arbitraje pendiente». Según Ribera, estas reclamaciones ponen de manifiesto que, cuando uno decide actuar al margen del contexto en el que opera, «la factura puede salir más cara que la que pretende evitar«.

Ribera ha explicado que la estrategia de defensa de España se ha apoyado en que no cabe aplicar la Carta de la Energía a inversores de países comunitarios, que estarían sometidos al mismo régimen que los españoles. La titular de Transición Ecológica señaló que, aunque ese criterio ha sido respaldado recientemente por la Comisión Europea, «parece que al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), que es donde se están sustanciando la mayor parte de los arbitrajes, no le acaba de convencer».

Según la ministra, en la cuestión de los arbitrajes, España tiene como alternativas que sigan los litigios, «que ya se recurrirá», o «explorar si hay otras opciones«. En este sentido, resaltó que los portugueses fueron «muchísimo más inteligentes desde el primer momento», ya que buscaron soluciones que convencieran a las partes. Finalmente, Ribera ha recalcado la importancia de que España sea «un país atractivo y seguro en términos de inversión«, ya que la transformación energética exigirá inversiones de entre 70.000 y 80.000 millones hasta 2030.

España pierde su cuarto arbitraje internacional por los recortes a las renovables y debe pagar 112 millones al fondo Antin

EFE / Europa Press.- El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, ha dictado un laudo arbitral que obliga a España a pagar 112 millones de euros al fondo Antin por el recorte retributivo a las energías renovables en el que es el cuarto revés contra España. En su fallo, el tribunal de arbitraje también estima la reclamación de Antin, que fue asesorada por el despacho Allen Overy, respecto al impuesto del 7% a la producción eléctrica.

Según fuentes del sector, los fondos Antin Infrastructure Luxembourg y Antin Energía Termosolar, que en 2011 compraron a ACS dos plantas termosolares en Granada, Andasol 1 y 2, y las vendió en 2017 al fondo Cubico,  reclamaban en total 218 millones de euros, de los que el Ciadi sólo les ha reconocido 112 millones. La reclamación de Antin comprendía los daños históricos sufridos antes de junio de 2014, que es cuando se hizo la valoración de daños, los flujos de caja que perdieron sus plantas termosolares, así como los intereses que se devengan desde la fecha de la valoración a la de emisión del laudo, junto al importe necesario para compensar los activos y pasivos por impuestos tras el laudo.

El tribunal del Ciadi que ha elaborado el laudo, en línea con lo que ya se dictaminó en los casos del fondo Eiser, de Masdar y de Novenergia, aunque en este último caso el laudo del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo fue suspendido por la justicia, entiende que la reforma que operó el Gobierno en 2012 constituye un cambio regulatorio tan abrupto que vulneraba el artículo 10 de la Carta de la Energía, tratado internacional que garantiza las inversiones internacionales en esta materia, según las mismas fuentes. En este sentido, considera que se vulneraron las legítimas expectativas de los inversores que invirtieron en renovables en España entre 2007 y 2011.

Sin embargo, el tribunal del Ciadi ha descartado la reclamación de daños históricos hasta junio de 2014, por lo que se descuentan 11 millones de euros de la cantidad reclamada por Antin, y también se adhiere a la tesis del Estado español en la valoración de la vida útil de las plantas termosolares, que los reclamantes estimaban en 40 años y España en 25. La incidencia de esta diferente valoración de la vida útil de las plantas es sustancial y resta a la reclamación de Antin otros 36 millones de euros. Así, el laudo sólo estima finalmente en 112 millones de euros las pérdidas en los flujos de caja futuros, aunque reconoce un interés del 2,07 % con capitalización compuesta.

Otra novedad de este laudo es que, a diferencia de los anteriores, condena al Estado español a pagar el 60% de las costas del demandante, que en anteriores casos determinó que se pagaran a partes iguales. En mayo de 2017, el Ciadi dictó un laudo que obligó a España a pagar 128 millones al fondo británico Eiser Infrastructure, que reclamaba 298 millones, y el pasado mayo ordenó compensar a Masdar, filial de energías renovables del fondo soberano de Abu Dabi Mubadala, con 64,5 millones también por el recorte de las primas, cuestión por la que reclamaba 165 millones de euros.

Además, en febrero pasado el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo obligó a España a pagar 53,3 millones de euros a Novenergia, con sede en Luxemburgo, por el recorte de primas a sus plantas fotovoltaicas en España, aunque posteriormente la Justicia sueca suspendió esa decisión de forma indefinida. Los inversores extranjeros reclaman a España aproximadamente 7.600 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables. Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión Uncitral, que asciende a 1.900 millones de euros.

No obstante, la resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire, ya que en noviembre la Comisión Europea respaldó al Gobierno de España en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la Unión Europea era una situación contraria al Derecho de la Unión. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló el pasado mes de marzo que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la Unión Europea.

Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía. Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de 6 millones de Solarpark Management, que había denunciado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC).

Nadal asegura que un fallo reciente del TJUE eliminaría la mayoría de los arbitrajes contra España por los recortes renovables

EFE / Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de que no puede haber arbitrajes dentro de la Unión Europea, «prácticamente eliminaría el conjunto de arbitrajes» que hay contra España por el recorte de la retribución a las renovables. Nadal se refería así a la sentencia del TJUE que dictaminó que una cláusula de arbitraje de un tratado bilateral firmado entre Holanda y Eslovaquia era incompatible con el derecho comunitario.

Álvaro Nadal ha indicado que los arbitrajes que interpusieron fondos de inversión contra España son consecuencia de la reforma que tuvo que hacer el Gobierno del PP en 2013 para paliar lo que, según denominó, «excesos de la legislatura anterior» en las ayudas a las renovables. El ministro destacó que la reforma energética ahorrará en los 25 años siguientes a su aplicación 175.000 millones de euros a los consumidores españoles, tanto domésticos como industriales, mientras que el volumen total reclamado en arbitrajes en los tribunales internacionales contra España asciende a unos 7.000 millones de euros.

«Creo que no está nada mal y ya veremos al final qué se adopta«, ha dicho Nadal, que ha explicado que la inmensa mayoría de los fallos negativos a España son sólo parciales y que hay también algunos favorables, como el que recientemente ha anulado en Suecia un laudo que obligaba a España a pagar 53 millones de euros a Novenergia. Álvaro Nadal ha asegurado que los inversores tienen confianza en España, como prueba de que vinieran «con una capacidad de financiación enorme» a las dos subastas de renovables en las que el año pasado se adjudicaron 8.000 megavatios (MW).

Respecto a las críticas que recibe por la reducción de la retribución a las inversiones, se ha preguntado si su objetivo debe ser retribuir bien las inversiones o que se pague lo menos posible por una energía que ha recordado que en España siempre es cara. Ha señalado que la mejor política contra la pobreza energética es una política que cuide los precios y ha lamentado que todas las propuestas que le llegan desde la oposición en el Senado y en el Congreso de los Diputados incrementan los costes y reducen los ingresos del sistema.

En cuanto al autoconsumo, ha indicado que, según constata el informe del grupo de expertos sobre transición energética, cada megavatio hora que autoconsume un autoconsumidor le genera un coste al sistema de más de 76 euros, al dejar de pagar una parte de los costes generales y, por eso, en estos momentos hay un canon compensatorio. Ha afirmado que el Gobierno lo que quiere es que todos contribuyan de igual manera y no que la falta de aportación de un autoconsumidor, con «miles y miles de metros de tejado para poner placas fotovoltaicas», se «la endose al conjunto de los consumidores grandes, pequeños y medianos, con mayor o menor renta».

“Lo pagan los demás consumidores”

Nadal señaló que hay muchas formas de compensar esa diferencia en la aportación y se pueden hacer modificaciones, para lo cual se habla con las asociaciones fotovoltaicas y de grandes consumidores, «pero no me diga que el autoconsumo es bueno para el conjunto de los consumidores; es bueno para el que autoconsume porque paga menos y los demás pagan más», le recriminó al senador socialista. «El coste se le endosa al conjunto de consumidores, y el Gobierno opina que eso no es correcto», sentenció Nadal.

También ha recordado que el actual canon no se aplica a autoconsumidores de menos de 10 kilovatios (KW), sino a industrias y grandes centros comerciales, y ha advertido de que si se subiera la parte fija del recibo de la luz para cubrir los costes del sistema a fin de no gravar el autoconsumo, «entonces no sería tan rentable como algunos quieren ese autoconsumo, que se basa en no aportar lo que los demás aportan».

Asimismo, Nadal ha asegurado que España debe vincular unos objetivos de renovables más elevados para el horizonte a 2030, tal y como ha planteado el Parlamento Europeo, a un compromiso «más ambicioso» de Europa con las interconexiones energéticas. A este respecto, recordó que el Consejo Europeo aprobó un objetivo del 27% para los Estados miembros, mientras que el Parlamento Europeo ha apostado posteriormente por elevarlo hasta el 35% en 2030. Por ello, Nadal aseguró que España mantiene una posición de «flexibilidad», aunque «vinculándola a que el Consejo y el Parlamento Europeo tienen que tener presión para aumentar las interconexiones», subrayó.

Por otra parte, el ministro recalcó que España debe formar parte de los países europeos que cumplen con los objetivos medioambientales, pero priorizando unos precios de la energía lo más baratos posibles. «Tenemos que fijarnos mucho en cómo evolucionan los precios», apuntó. Además, consideró que España no puede imponerse «el mismo grado de ambición que países más ricos, con menos paro, mayor industria y mejor acceso a energía barata«, como los del norte de Europa.

Por su parte, el senador por el grupo socialista Ángel Manuel Mato Escalona consideró que España debe avanzar «con paso firme» en la transición energética por la responsabilidad y compromisos con la comunidad internacional y por los graves impactos de la contaminación del aire sobre la salud de los seres humanos». Así, Mato advirtió al ministro que «no hay tiempo que perder», ya que la acción por el clima debe realizarse de «manera global» y acusó al Gobierno de generar «incertidumbre» en la política energética, con «continuos parches que no han acertado ni en el diagnóstico ni en las soluciones». «Todos los problemas siguen estando encima de la mesa», afirmó.

Gas Natural Fenosa y ENI ganan su primer arbitraje internacional contra Egipto por la paralización de su planta en Damietta

EFE.- Unión Fenosa Gas, compañía participada al 50% por Gas Natural Fenosa y la italiana ENI, ganó el primero de los tres arbitrajes internacionales que inició por la paralización de la planta de licuefacción de gas de Damietta (Egipto). Según fuentes conocedoras del fallo, se trata de un litigio que interpuso Unión Fenosa Gas contra la empresa estatal EGAS ante la Corte de Arbitraje de El Cairo por cortar el suministro de gas a la planta.

Como fruto del arbitraje, esta empresa estatal egipcia tendrá que abonar 7,4 millones de dólares. Las fuentes consultadas han asegurado que el fallo es relevante en tanto que la empresa egipcia ha perdido ante un tribunal nacional, pero subrayan que los otros dos arbitrajes internacionales son los realmente sustanciales en materia económica. Unión Fenosa Gas ha reclamado unos 3.000 millones de dólares por la paralización de su planta de Damietta (Egipto) ante organismos como el Ciadi. La planta de licuefacción de gas de Damietta es uno de los activos que Gas Natural incorporó al hacerse con Unión Fenosa y está parada desde mediados de 2012.

España tendrá que abonar 53 millones a la fotovoltaica NovEnergia tras perder su segundo arbitraje internacional por los recortes renovables

Europa Press.- El Estado español ha sufrido su segundo revés en un arbitraje internacional por los recortes a las renovables que se aplicaron en 2010 y 2013, al registrar un laudo en contra de la Cámara de Comercio de Estocolmo que le obliga a pagar 53 millones de euros a la firma NovEnergia, según indicaron fuentes jurídicas.

El laudo, en el que los tres árbitros han fallado a favor del demandante, da la razón al fondo de inversión con sede en Luxemburgo, al considerar que el recorte que supuso el real decreto 9/2013, la reforma del sector eléctrico aprobada por el Gobierno del PP, supuso un «cambio brusco y de sistema» con respecto a los recortes de 2010 aprobados por el PSOE, según indicaron las mismas fuentes. El fallo reconoce el pago por parte de España a NovEnergia, que demandaba el abono de 60 millones de euros, de una indemnización de 53 millones de euros, más las costas y unos intereses del 1,5% desde la fecha de presentación de la demanda hasta que se abone la cantidad.

Asimismo, las mismas fuentes jurídicas destacaron que el fallo se produce después de que en noviembre la Comisión Europea respaldara al Gobierno español en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la Unión Europea era una situación contraria al Derecho de la Unión. De esta manera, señalan que la Cámara de Comercio de Estocolmo en su laudo ha subrayado que en el caso de la demanda de un inversor internacional «no se habla solo de Derecho Comunitario, sino de Derecho Internacional Público», por lo que es vinculante y no una competencia exclusiva de la Comisión Europea.

Según adelanta El Confidencial, el único punto que ha desestimado la corte nórdica ha sido el relativo al impuesto del 7% a la generación que rige desde 2012. Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía indicaron que están estudiando «la posible respuesta que se va a dar al laudo». Además, recordaron que esta situación no solo afecta a España y que hay más países de la Unión Europea que también están pendientes de laudos o arbitrajes en materia de energía como Alemania, Polonia, República Checa o Rumanía, entre otros.

NovEnergia cuenta con una cartera en España de 7 proyectos fotovoltaicos, todos ellos construidos entre 2007 y 2008 y ubicados en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Cataluña, con una capacidad total de 24 megavatios (MW). La firma ha contado en su demanda ante la Cámara de Comercio de Estocolmo, que fue presentada hace dos años y medio, con el asesoramiento del despacho Latham and Watkins, a través de sus socios Antonio Morales y Fernando Mantilla.

En mayo del año pasado, el Gobierno español ya sufrió su primer revés por el recorte a las renovables ante los tribunales internacionales, con el fallo del Ciadi a favor de Eiser Infraestructure, por el que se le condenaba a pagar 128 millones de euros más intereses a la firma británica. Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también desistió la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC).

No obstante, el Gobierno presentó ante el Ciadi recurso contra el laudo favorable a Eiser Infraestructure, al considerar que podía existir un conflicto de intereses con el árbitro designado por la firma británica, Stanimir Alexandrov, ya que también formaba parte del tribunal en otra de las demandas presentadas contra España. Eiser ya había acudido al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para presentar una petición de reconocimiento del laudo del Ciadi contra el Reino de España, que fue admitida a finales de junio. No obstante, España también recurrió este fallo y pidió su anulación.

España suma 29 demandas ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, contra los recortes aplicados a las energías renovables por las reformas del Gobierno en 2010 y 2013, así como otras más en otros organismos internacionales. Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las renovables asciende a 7.566 millones de euros. Entre todas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros.

Nadal asegura que la inversión de España en la futura interconexión con Francia se amortizará en 2 ó 3 años

Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que la inversión que le corresponderá a España en la interconexión eléctrica con Francia por el Golfo de Vizcaya, «algo menos» de 1.800 millones de euros, se amortizará en 2 o 3 años. «Pocas inversiones tienen tanto rendimiento para el conjunto de la economía española como ésta», aseveró.

Nadal respondía así en el Senado a las críticas del senador socialista Ángel Manuel Mato sobre que España tenga que pagar el 50% de una infraestructura de la que sólo un 30% estará en territorio español y el 70% discurrirá por Francia. Álvaro Nadal, quien ha recordado que la negociación para financiar la futura interconexión la ha llevado a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española con su homóloga francesa la Comisión Regulatoria de la Energía (CRE) y no el Gobierno, ha manifestado que España pagará «como mucho» la mitad de la infraestructura, unos 800 y pico millones de euros, cifra que se podría reducir si se consigue financiación europea.

Teniendo en cuenta que el beneficio obtenido con la interconexión gracias a su efecto en los precios de la energía será de unos 350 millones de euros anuales, se produciría su amortización en 2 o 3 años, según apuntó Nadal. No obstante, insistió en que han sido los organismos reguladores francés y español los que han distribuido las cargas financieras que corresponden a cada país y recordó que todavía quedan por saber qué fondos europeos del Mecanismo Conectar Europa (CEF) aportará la Comisión Europea, que ha indicado que tiene la mejor disposición. Además, destacó que las interconexiones «son básicas» para mejorar el mercado energético y recordó que España solo ha alcanzado el 2,8% cuando el objetivo europeo es del 10%.

El ministro también ha respondido a las críticas del senador socialista por la planificación energética del Gobierno y el coste que están teniendo las reclamaciones de inversores por el cambio en el régimen de la retribución a las renovables que hizo el Gobierno del PP. Aseguró que la reforma energética evitó que la luz subiera un 42% a los españoles, lo que supone un ahorro anual de 5.000 millones de euros en su factura de la luz, frente a la suma de 2.000 millones a los que España podría hacer frente por los arbitrajes interpuestos contra el cambio de regulación. «Puede echar la cuenta, 5.000 millones por 25 años de ahorro frente a 2.000 millones de arbitrajes”, presumió el ministro.

Asimismo, Nadal ha recordado que el laudo del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) que multó a España con 128 millones de euros por los perjuicios causados al fondo británico Eiser está recurrido. El ministro ha añadido que, además, 2 arbitrajes fueron 100% favorables a la reforma energética del Gobierno, sobre la que la Comisión Europea ha dicho que cumple con la normativa europea. Nadal ha negado que la política energética del Gobierno cause desconfianza a los inversores y ha dicho que prueba de ello es que en las dos últimas subastas para adjudicar potencia a instalaciones renovables se han asignado 8.000 megavatios (MW) en unos proyectos que cuentan con una «cantidad enorme» de inversores internacionales.