APPA se suma a los recursos de las eléctricas contra el canon que grava la producción hidráulica

Europa Press / EFE.- La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) se ha sumado a los recursos presentados por Unesa y las compañías eléctricas en contra del real decreto que desarrolla el canon hidráulico, que grava la producción de energía eléctrica con agua, lanzado por el Gobierno en 2012 para contener el déficit de tarifa eléctrica.

En concreto, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso de esta asociación de renovables, como ya hizo recientemente con otra denuncia de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), según se aprecia en el BOE. Además de estos recursos, en los que participan a través de la patronal Unesa compañías como Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo o EDP, el Alto Tribunal cursará otra denuncia presentada por Energía de Galicia (Engasa) contra la misma norma, recogida en el real decreto 198/2015, de marzo.

El canon hidráulico consiste en un gravamen del 22% a la producción en instalaciones hidroeléctricas. El decreto denunciado desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y regula el nuevo canon, aplicado por la «utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica». La aplicación de este canon, aprobado en 2012 a través de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, no se desarrolló finalmente hasta este año. Permite aliviar en unos 300 millones de euros el déficit de tarifa entre 2013 y 2015. Su aplicación tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2013.

Este gravamen forma parte de los impuestos a la actividad eléctrica aprobados en 2012 para reducir el déficit de tarifa en 2.700 millones. Aparte del canon hidráulico, estos impuestos incluyeron una tasa del 7% a la producción de electricidad, un gravamen para la nuclear y céntimos verdes para el gas, el carbón y el fuel. El impuesto hidráulico se aplica con el argumento de que «la calidad de las aguas continentales hace necesaria su protección para salvaguardar uno de los recursos naturales imprescindibles para cualquier actividad humana y necesarios para el desarrollo de la sociedad».

En todo caso, el 2% de lo recaudado será considerado ingreso del organismo de cuenca, al tiempo que el 98% restante se ingresará en el Tesoro y será destinado a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a «actuaciones de protección y mejora del dominio público hidráulico». De los PGE, este 98% pasará al sistema eléctrico, ya que la Ley 15/2012, la misma que impone los nuevos impuestos, establece que las cuentas públicas destinarán a la tarifa eléctrica una cantidad similar a la recaudada a través de los gravámenes.