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El Congreso veta una visita de diputados al Parlamento de Portugal por su posicionamiento contrario al almacén nuclear de Almaraz

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Europa Press.- La Mesa del Congreso ha negado su permiso para la visita de una delegación de la Comisión de Energía al Parlamento portugués. Una visita destinada a analizar la situación del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), obras cuya paralización es reclamada por la Cámara lusa.

En el escrito remitido por la Mesa del Congreso no se precisan los motivos, si bien fuentes parlamentarias han señalado que el viaje no se considera oportuno habida cuenta de que la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, acaba de realizar una visita bilateral a Lisboa y que en próximas semanas ya se va a celebrar una cumbre interparlamentaria entre los dos países, prólogo de otra entre los dos Gobiernos.

No obstante, fuentes de la comisión critican la decisión de la Mesa del Congreso ya que, a su juicio, se trata de una «visita de cortesía obligada, más allá de mantener la buena relación entre ambos países«. En este sentido, recordaron que se trata de un tema que afecta a ambos estados, ya que la central de Almaraz, en Cáceres, se encuentra próxima a la cuenca del Tajo. En su momento, el Parlamento portugués votó de forma unánime en contra de la construcción del ATI.

Mediación europea, solución en curso

Portugal también envió a principios de año a su ministro de Medio Ambiente a negociar sobre el tema con su homóloga en España, Isabel García Tejerina, aunque finalmente no se llegó a ningún acuerdo, lo que llevó al país vecino a presentar una queja formal ante la Unión Europea. Finalmente, la Comisión Europea medió entre ambos países para evitar el choque judicial. Para las fuentes consultadas, la negativa de autorizar la visita puede deberse también a que «no conviene más presión» internacional sobre esta tema.

La visita al Parlamento portugués era la respuesta a una invitación que el Congreso realizó al presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento portugués, Pedro Soares, que visitó el Congreso de los Diputados en enero para tratar este mismo tema. Entonces, el parlamentario luso pidió al Gobierno de España que hiciera del caso de Almaraz una «cuestión ibérica» y trasladó la importancia que esta materia tiene en su país, ya que este ATI se construirá a menos de 100 kilómetros de la frontera.

España ve en la visita de Portugal y la Comisión Europea a Almaraz un «primer paso» de comunicación y coordinación

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Europa Press.- Delegaciones de Portugal y de España, junto a representantes de la Comisión Europea, visitaron las instalaciones de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) para conocer de primera mano el estado de las obras del almacén temporal individualizado (ATI) de residuos. Según el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, se trata de un «primer paso» de comunicación. Así, el objetivo del encuentro es informar de las medidas de seguridad y de protección medioambiental del futuro.

Las delegaciones visitaron el emplazamiento del ATI y se les ha informado sobre el procedimiento y el análisis que se ha llevado a cabo para «garantizar la seguridad del almacén desde el punto de vista medioambiental y de seguridad nuclear». En la visita han participado también representantes del Consejo de Seguridad Nuclear. Se trata de «un primer paso de comunicación y coordinación» con las autoridades portuguesas tras el reciente «acuerdo amistoso» suscrito entre España y Portugal, por el que el país luso retiró su denuncia ante Bruselas. Según dicho «acuerdo», España se comprometió a informar en «todo momento» de los «pormenores» del proyecto de construcción del ATI de la central cacereña en el plazo de «dos meses», explica el Ministerio.

El Gobierno considera el ATI que tiene proyectado construir en Almaraz como una infraestructura necesaria ante la saturación de las piscinas de combustible gastado de la central nuclear. Ahora, con el acuerdo con Portugal, se abre ese periodo de dos meses de consulta y estudio durante el que, según la declaración firmada por el presidente de España, Mariano Rajoy y por su homólogo de Portugal, Antònio Costa, España «no emitirá ni ejecutará la autorización» para comenzar las operaciones del almacén.

Tejerina garantiza «toda la transparencia”

Por su parte, la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que España aportará toda la transparencia e información necesaria tanto a la Comisión Europea como a Portugal con respecto a la construcción del ATI en Almaraz. «España quiere dar toda la transparencia e información necesaria tanto a la Comisión como a nuestros vecinos y amigos portugueses», ha expresado Tejerina, antes de recordar que el Gobierno se ha comprometido a que Lisboa «pueda hacer todo el seguimiento» y a «facilitar toda la información».

«Desde una visita física para ver las instalaciones hasta la información que se requiera antes de seguir adelante con este proyecto, que cumple con las exigencias europeas y con las exigencias españolas en materia de medio ambiente y de seguridad nuclear», destacó Tejerina, que aseguró que España está ofreciendo «todas las garantías» y está cumplimiento «todas las obligaciones» que tiene con respecto a la construcción del ATI. En este sentido, preguntada por las razones de España para no elaborar un informe transfronterizo, Tejerina argumentó que el almacén es «una piscina estanca» que «no tiene mayor impacto medioambiental que lo que tiene un movimiento de tierras».

Garantías plenas en la seguridad

«En el entender de los técnicos, no hay un impacto transfronterizo», ha subrayado, para después incidir en que el almacén está a más de 100 kilómetros de la frontera y destacar que en ese espacio «también hay territorio español». También señaló la ministra que el Consejo de Seguridad Nacional ha dado garantías de que no existen incidencias desde el punto de vista de la seguridad. Por último, Tejerina ha enfatizado que un acuerdo amistoso como el alcanzado con Portugal «ha sido siempre el deseo del Gobierno español» y ha remarcado que el proyecto avanzará «conforme al acuerdo» alcanzado con Lisboa.

Ecologistas en Acción lamenta que Portugal ceda ante las presiones y retire su denuncia por el ATI nuclear de Almaraz

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Europa Press.- Ecologistas en Acción lamenta que el Gobierno de Portugal haya retirado y no haya sido «capaz de mantenerse firme en su denuncia» sobre las «irregularidades» cometidas en el proceso de licenciamiento del almacén temporal individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y que ceda a las “presiones, parece que demasiado fuertes, del Gobierno de España y de la Comisión Europea, con su oferta de acelerar las interconexiones energéticas”.

Ecologistas, como integrante del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), interpuso en enero un recurso de alzada contra la decisión del Gobierno español de autorizar el ATI en Almaraz porque considera que se ha ignorado el impacto transfronterizo de la obra. En su recurso advertían de que una hipotética fuga radiactiva del ATI podría afectar al embalse de Arrocampo y acabar en el río Tajo, con lo que la contaminación afectaría muy probablemente a Portugal, como recuerdan que ya sucedió en 1970, cuando se produjo un escape de agua radiactiva de la antigua Junta de Energía Nuclear (JEN) que llegó hasta Lisboa.

En este contexto, el Gobierno de Portugal denunció el pasado 16 de enero a España ante la Unión Europea para que las autoridades comunitarias se posicionaran ante el proceso de autorización del ATI de Almaraz. Ecologistas en Acción sostiene que España contravino los protocolos internacionales de Kiev, Aarhus y Espoo, así como varias directivas europeas, al autorizar el ATI sin consultar al Gobierno portugués. Por ello, Portugal no pudo abrir un periodo de consulta en el que interponer alegaciones al almacén de residuos, tal y como pudieron hacer las personas y organizaciones interesadas en España.

Por ello, la asociación advierte a Portugal de que con la aceptación del ATI está «aceptando de facto la prolongación del funcionamiento de la central nuclear hasta los 60 años» y desoye la voz de la mayor parte de la ciudadanía portuguesa (las encuestas muestran que más del 90% de la población lusa muestra su oposición a la central) y del Parlamento portugués, que se posicionó en contra del ATI y del alargamiento de la vida de Almaraz. Para el portavoz de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, que los reactores nucleares pasen los 40 años de diseño supone un «riesgo inaceptable» porque las condiciones de seguridad se degradan con el envejecimiento.

Portugal retirará su denuncia ante Bruselas sobre el ATI nuclear de Almaraz para que España permita intervenir a expertos lusos

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Europa Press.- Los Gobiernos de España y Portugal cerraron un acuerdo «amistoso» para resolver la disputa por la construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) de residuos en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), según el cual Lisboa se compromete a retirar la denuncia que interpuso ante Bruselas mientras Madrid accede a trasladar toda la información «relevante» del proyecto en materia de medio ambiente y seguridad nuclear. El Ministerio de Energía expresó su «satisfacción» con el acuerdo «de buenos vecinos» con Portugal.

La solución fue anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro de Portugal, Antònio Costa, en una declaración conjunta firmada también por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien ha ejercido de mediador entre las partes. El compromiso pactado establece «un proceso de consulta y diálogo constructivos» entre Madrid y Lisboa, con el objetivo de resolver la controversia creada.

El acuerdo incluye la visita de expertos portugueses y de la Comisión a la central cacereña «en los próximos días», según detalla la Comisión, «tan pronto como sea posible«. Irán representantes de las direcciones de Medio Ambiente y de Energía del Ejecutivo comunitario, así como miembros del Gabinete de Juncker. El objetivo es conocer la tecnología y las características de seguridad previstas en la central.

Se abre un periodo de dos meses de consulta y estudio durante el que, según la declaración firmada por Rajoy y Costa, España «no emitirá ni ejecutará la autorización» para comenzar las operaciones del almacén. Ese tiempo se empleará, por contra, para «examinar y tomar en consideración» las reservas lusas al proyecto y para contemplar medidas para abordar estas dudas.

Aunque los términos del acuerdo no obligan a España a detener los trabajos ni a emprender una evaluación de impacto medioambiental, las autoridades españolas sí deberán «abstenerse» de toda medida que pueda ser «irreversible», según indicó el portavoz comunitario en materia medioambiental, Enrico Brivio. Ello supone que las obras «pueden continuar, pero antes debe producirse una consulta» con las autoridades lusas, ha insistido Brivio, para quien es «prematuro» decir si será necesaria una evaluación de impacto, tal y como reclamaba Portugal, o quien debería asumir los costes de ese estudio.

Bruselas explicó que el diálogo reforzado pretende servir de plataforma para la «consulta y evaluación conjunta» de la situación y para entender si la evaluación de impacto medioambiental «es necesaria» o bien la información ofrecida por el Gobierno español será «suficiente». «Es el inicio de un proceso basado en la confianza mutua entre las dos partes», apuntó el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

En su declaración conjunta, Rajoy y Costa han explicado que en un contexto de «inmensos desafíos» para la Unión Europea, las controversias entre Estados miembros que son «aliados tradicionales» deben resolverse «rápidamente», en un espíritu de cooperación y consenso. Se trata de un pacto que «prueba la cooperación pragmática» de los dos países y la voluntad de la Unión Europea de «resolver problemas». En este contexto, y tras las garantías de las autoridades españolas, el Gobierno portugués retirará la denuncia presentada el pasado mes de enero ante la Comisión Europea en contra de España por incumplimiento de la legislación comunitaria.

La mediación de Juncker se inició el pasado 3 de febrero en Malta, según Bruselas, en el marco de la cumbre europea que se celebró en Valeta y que propició un encuentro con las partes en los márgenes de la reunión a Veintiocho. El diálogo entre las partes permitió, además, expresar el compromiso de «acelerar» los trabajos del grupo de alto nivel del Suroeste de Europa en materia de interconexiones de gas y electricidad, para conectar la Península Ibérica con el resto de mercados europeos.

Energía: acuerdo «de buenos vecinos»

Por su parte, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital expresó su «satisfacción» por el acuerdo entre los Gobiernos de España y Portugal sobre la disputa acerca del ATI nuclear de Almaraz, según indicaron fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal. El acuerdo responde al comportamiento «lógico entre buenos vecinos», que desean resolver cualquier diferencia «pronto y bien», y «así se ha hecho entre dos países que siempre han mantenido el diálogo sobre el asunto», explican las fuentes. La consecución del acuerdo se produce poco después de los encuentros celebrados entre las máximas autoridades portuguesas en competencia medioambiental y Nadal y la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

Greenpeace pide al Congreso que asegure la independencia del CSN mientras AMAC defiende alargar el funcionamiento de las centrales nucleares

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Europa Press.- La Asociación de Municipios en Áreas con Centrales nucleares (AMAC) ha defendido en el Congreso de los Diputados el alargamiento de la vida de las centrales nucleares y ha criticado que «todo el mundo tome decisiones y opine» sobre el futuro de estas plantas «sin tener en cuenta a la población que hay detrás». Por su parte, Greenpeace pidió en el Congreso que se asegure la independencia y transparencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La portavoz de la organización sobre temas nucleares, Raquel Montón, reivindicó en su comparecencia, ante la ponencia encargada de las relaciones con el CSN en la Cámara Baja, la misión del regulador, así como la necesidad de que sea independiente y transparente para garantizar la seguridad nuclear del país. Además, ha reclamado el poder legislativo como garante del buen funcionamiento del organismo. La organización ecologista considera que la independencia del regulador nuclear está en riesgo debido a las dudas sobre la imparcialidad de su presidente, Fernando Martí, que era secretario de Estado de Energía cuando fue elegido, un cargo directamente relacionado con las instalaciones nucleares, y en concreto con Garoña.

Asimismo, la organización ecologista reivindicó que los partidos políticos exijan responsabilidades ante lo que consideran «una nefasta gestión» de este organismo y del Gobierno en relación a la central nuclear de Garoña. Para Greenpeace ha quedado demostrado el tratamiento «escandaloso» que se está llevando con esta central nuclear ya que el CSN «pone en riesgo la seguridad nuclear con el informe emitido» para la reapertura. Greenpeace considera que para 2017, el CSN tendrá que afrontar el desmantelamiento de Garoña, así como la actualización del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos, y el proceso de Almaraz (Cáceres), “cuyo cierre progresivo deberá ser planificado próximamente para evitar un nuevo fiasco como el que está sucediendo con Garoña”.

Los municipios sí quieren nuclear

Sin embargo, desde AMAC lo tienen claro. «Para nosotros es nuestra fábrica, de kilovatios, pero una fábrica, nos da trabajo», reivindicó el gerente de AMAC, Mariano Vila D’Adabal, que denunció que el cierre de estas plantas dejan «pueblos abandonados sin ningún plan de desarrollo alternativo de actividad económica», un reto para las corporaciones municipales porque «el Estado no asume» esta nueva situación. «Si nadie hace nada puede convertirse en una depresión económica importante» señaló el también alcalde de Vic (Tarragona).

Durante la comparecencia, el gerente también abordó la construcción de los Almacenes Temporales Individuales (ATI) de residuos nucleares y que, según ha indicado, suponen «una política de hechos consumados que no es pactada con los municipios y que éstos están asumiendo» sin que así constara en el Plan General de Residuos. «Esto ha ocurrido por el retraso en la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC)», prevista en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), apuntó el gerente de AMAC, quien representa a las más de 70.000 personas que pueblan áreas próximas a las centrales nucleares.

Decenas de personas se manifiestan en Lisboa para pedir el cierre de Almaraz mientras Podemos trata de impedir su ATI

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EFE / Servimedia.– El eurodiputado Xabier Benito (Podemos) reclamó a la Comisión Europea que verifique si el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos nucleares de Almaraz (Cáceres) incumple la normativa comunitaria y, en ese caso, vete la instalación. Mientras tanto, decenas de personas se manifestaron frente al consulado de España en Lisboa para pedir el cierre de la central nuclear y para que no se construya el ATI.

Activistas de organizaciones como Greenpeace o Ecologistas en Acción, entre otros, formaron el grueso de la protesta con pancartas que pedían el cierre de la planta al grito de Nucleares no, renovables sí. El acto supuso la clausura de la Conferencia Internacional Antinuclear, desarrollada en Lisboa por iniciativa del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA). Los activistas defendieron la necesidad de contar con un calendario de cierre de las centrales nucleares de España tras constatar una «clara voluntad política» por parte del Gobierno español de prolongar la vida de las nucleares más allá de los 40 años para las que fueron diseñadas.

El eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, quien asistió a la concentración, aseguró que “fue un éxito» y destacó la «unanimidad» mostrada en el encuentro por continuar «con una agenda clara de movilizaciones» para pedir el cierre de Almaraz y que no se construya el ATI. En este sentido, mostró su esperanza en que la Comisión Europea «de un veto a este almacén», que, consideró, «no representa más que un proyecto para seguir alargando eternamente la vida del parque nuclear español«.

Portugal quiere que Bruselas decida

La construcción del ATI preocupa especialmente al Gobierno de Portugal, que el pasado enero entregó en la Comisión Europea una queja para que Bruselas participe en la declaración de impacto ambiental de la infraestructura. Portugal considera que las autoridades españolas no han evaluado los impactos transfronterizos del proyecto, que se levantaría a unos 100 kilómetros de la frontera entre ambos países. La construcción del almacén de residuos ha generado protestas por parte de asociaciones ambientalistas de España y de Portugal.

Ecologistas en Acción denuncia que la aprobación de un ATI en Almaraz aumenta el riesgo de accidente radiactivo, que afectaría a las poblaciones españolas cercanas e incluso a las portuguesas situadas aguas abajo del Tajo. Ecologistas en Acción asegura que el cierre de las nucleares es una demanda compartida por la ciudadanía de ambos países que ha sido desoída por el Gobierno.  Además, también se realizó en Bilbao una cadena humana en demanda del “cierre definitivo y desmantelamiento” de la central nuclear de Garoña (Burgos).

Protesta de Podemos en Bruselas

Podemos reclamó a la Comisión Europea que verifique si el ATI de Almaraz incumple la normativa comunitaria y en ese caso vete la instalación. Así lo solicitó Benito, que alerta de que el ATI podría incumplir una directiva europea y el convenio de Aahrus. «El Gobierno del PP quiere seguir otorgando beneficios al oligopolio alargando la vida de las nucleares pero no es capaz de crear un bono social que evite las muertes por pobreza energética», denunció el eurodiputado de Podemos. Benito también recuerda que incluso «Portugal ha presentado una queja formal ante la Comisión Europea alegando que no hubo información formal por parte del Gobierno español» sobre este proyecto.

Varias organizaciones ecologistas recurren el ATI de Almaraz porque no se consultó con Portugal, de acuerdo con la normativa internacional

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Redacción / Agencias.- Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear, entre otras organizaciones, presentaron un recurso contra la decisión del Ministerio de Energía de autorizar un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la central nuclear de Almaraz (Cáceres) al considera que esta medida es «ilegal» por no haber sido consultado el Gobierno de Portugal. A juicio de las organizaciones, esta consulta es “preceptiva de acuerdo con varios tratados internacionales y directivas europeas” además de que el país vecino se interesó por este asunto.

El portavoz de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción y coordinador del Movimiento Ibérico Antinuclear, Francisco Castejón, ha recordado que España ha firmado los convenios de Espoo y de Aarhus así como el Protocolo de Kiev, según los cuales se debe tener en cuenta el «posible impacto transfronterizo» de cualquier instalación o infraestructuras y, en particular de almacenamientos nucleares que se construyan en Europa. Por ello, advierte de que si el recurso de alzada no fuera atendido por el Ministerio, las organizaciones ecologistas recurrirían a los tribunales ordinarios y presentarían un recurso contencioso administrativo.

Estos tratados instan a informar a los países terceros afectados y a tener en cuenta las alegaciones cuando se solicite. Además, ha añadido que varias directivas de la Unión Europea «insisten en lo mismo», que es preciso tener en cuenta el posible impacto transfronterizo de las instalaciones e informar a los países vecinos cuando sean afectados o, simplemente, cuando lo soliciten. En todos los convenios se hace mención explícita a la construcción de un ATI.

En este contexto, recuerda que Portugal se ha dirigido «al menos dos veces» al Gobierno de España para interesarse y pedir información sobre el ATI de Almaraz en septiembre y octubre porque podría tener afecciones transfronterizas. Sin embargo, lamenta que a pesar de que el Ejecutivo luso cumplió de sobra con el trámite de mostrarse como parte interesada, España no remitió la información preceptiva a Portugal ni se dirigió a él para que presentara alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental e hiciera público el procedimiento para facilitar que la ciudadanía portuguesa también pudiera presentar alegaciones.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que se publica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva al ATI no hizo referencia alguna a las hipotéticas respuestas y contactos con el Ejecutivo portugués, mientras sí se detallan las respuestas que se enviaron a las organizaciones e instituciones que alegaron. Las ONG denuncian que el ATI supone «una serie de afecciones ambientales» que violan varios artículos de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por eso, el Movimiento Ibérico Antinuclear presentó recurso de alzada ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital contra la autorización final y contra la DIA, aduciendo que el procedimiento está “viciado de origen” y solicitando que se paralice el proceso.

«Ignorar a las autoridades portuguesas que, a su vez, habrían extendido la documentación a la ciudadanía y a las organizaciones portuguesas interesadas para que pudieran alegar es un hecho lo suficiente grave como para invalidar el proceso. Asimismo, muestra el talante prepotente de los propietarios de Almaraz, que ya dan por segura la continuidad de la central», comentó Francisco Castejón.

Podemos exige cerrar en 2020

Por su parte, Podemos Extremadura ha exigido el cierre de Almaraz en 2020 y confía en que el Gobierno impulse un plan económico y laboral alternativo para la comarca de Campo Arañuelo. Su diputada autonómica Jara Romero ha tendido la mano a Portugal para «continuar exigiendo el cierre de Almaraz y apostar conjuntamente por el desarrollo de energías renovables a ambos lados de La Raya» tras participar en Portugal en las Jornadas Parlamentarias organizadas por el Grupo Parlamentario los Verdes del país luso. En ellas se abordaron «la amenaza y los riesgos derivados de la central nuclear de Almaraz», así como «el impacto que supondría para ambos lados la construcción del ATI en la central».

En concreto, tuvo lugar una mesa redonda con representantes políticos de España y Portugal, para contribuir a realizar aportaciones «ante la preocupación común existente en relación al posible alargamiento de vida de la central nuclear de Almaraz». Del mismo modo, se habló de la situación actual del ATI y de la petición de la declaración de impacto medioambiental transfronteriza elevada por el Gobierno portugués a Bruselas, así como otras iniciativas «para ejercer presión ante la instalación prevista de este ATI».

La parlamentaria extremeña ha trasladado el rechazo de Podemos a las políticas energéticas del Gobierno y que se haya previsto la construcción del ATI «sin tener en cuenta a Portugal y sin tramitar la declaración de impacto medioambiental transfronteriza», según recoge Podemos. Ha recordado las iniciativas parlamentarias y los actos secundados por Podemos Extremadura en relación a la central nuclear y el ATI, al tiempo que ha lamentado que el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear no compareciese en la Asamblea de Extremadura para dar cuenta de los «incidentes» registrados en Almaraz, como solicitaron. Podemos exige un calendario para el cierre de Almaraz, «petición a la que se niega el Gobierno de España«, indicó Jara.

Este almacén ATI causa «preocupación» en Podemos Extremadura y el Grupo Los Verdes de Portugal, al igual que entre colectivos antinucleares de ambas zonas, al no incluirse en el proyecto de construcción el compromiso de cierre de la central para 2020. Esta iniciativa portuguesa supone «otro paso más en las actuaciones acordadas a nivel transfronterizo para reclamar el cierre de Almaraz, una central obsoleta y cuya vida podría quedar prolongada tras la construcción del ATI».

En este sentido, Podemos estará presente este fin de semana en el encuentro antinuclear, organizado por el Movimiento Ibérico Antinuclear en Lisboa, con la presencia de movimientos ecologistas y organizaciones políticas de Portugal. A la audiencia pública de estas jornadas asistieron diferentes representantes de la sociedad civil, desde alcaldes de la comarca, hasta bomberos, protección civil, sanitarios, educadores, así como movimientos antinucleares y plataformas ecologistas.

El PSOE pregunta al Gobierno si prolongará el funcionamiento de Cofrentes mientras vigilantes de la central nuclear denuncian presiones laborales

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EFE.- El sindicato Alternativa Sindical ha denunciado ante la Inspección de Trabajo que los cerca de 60 vigilantes de seguridad privada de la central nuclear de Cofrentes, de la empresa Casesa, sufren presiones y hostigamiento por parte del jefe de vigilancia, empleado de la misma empresa. Por otro lado, el diputado del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, ha registrado unas preguntas para que el Gobierno explique si tiene previsto prolongar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes.

El dirigente socialista ha reclamado información al Ejecutivo sobre los planes de gestión de los residuos nucleares y, en concreto, de la central valenciana, tras conocerse que la planta planea la construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) para almacenar el combustible radioactivo agotado. «Es necesario que el Ejecutivo explique qué proyecto se va a ejecutar, por qué hay que construirlo en Cofrentes y si la futura instalación no supondrá un riesgo añadido para la central y su entorno», indicó. Ábalos señaló que esta medida se adopta «ante la previsible saturación en 2021 de la piscina donde se guardan hasta el momento» los residuos nucleares.

Según el diputado, «Iberdrola, la compañía que opera Cofrentes, ha iniciado los trámites administrativos para ejecutar esta nueva infraestructura, que entraría en funcionamiento en 2019», una actuación que, a su juicio, choca con los planes previstos por el Gobierno para crear el Almacén Temporal Centralizado de Residuos Nucleares (ATC) en Villar de Cañas. «Resulta sorprendente que este proyecto, previsto para 2011, esté paralizado mientras las centrales nucleares proyectan sus propios almacenes individuales». Por ello, el parlamentario ve «necesario que el Gobierno explique con qué argumentos permite que cada central actúe por su cuenta, mientras este proyecto sigue en los cajones».

Ábalos recordó, además, las críticas mostradas por organizaciones ecologistas y recalcó que la escasa información pública de este proyecto «nos lleva a pensar que detrás de esta actuación puede existir una intención clara de prolongar la vida útil de la central nuclear». El diputado socialista también exigió que el Gobierno explique si la puesta en funcionamiento del futuro almacén implicará una prórroga en la autorización para que la central siga operando más allá de 2021.

Vigilantes denuncian presiones y hostigamiento

Según el sindicato Alternativa Sindical, tal y como consta en la denuncia presentada a la Inspección de Trabajo, la plantilla de vigilantes, de la empresa Casesa, es «hostigada y exprimida en turnos de trabajo de 12 horas diarias sin descanso y 7 días seguidos, lo que ha provocado cuadros de estrés y ansiedad«. «Desde que en el año 2011 una veintena de activistas de Greenpeace burlasen los controles de seguridad y accediesen a la central nuclear, sumado al estado de nivel de alerta 4 por atentado terrorista, hay una obsesión continua por las medidas de seguridad del recinto nuclear», señalaron.

Desde Alternativa Sindical se denuncia además que a los vigilantes se les impone de forma unilateral el disfrute de los periodos vacacionales y que el jefe de vigilancia, un ex guardia civil también empleado de Casesa, no respeta los descansos establecidos ni entrega la planificación de horarios a los vigilantes. «Además, el cerca de centenar de horas en formación específica que han de completar todos los vigilantes de la plantilla a lo largo del año no son remuneradas por parte de la empresa y siempre coinciden con la finalización de los largos turnos de trabajo», indicaron las mismas fuentes sindicales.

Estas actuaciones, según Alternativa Sindical, cuentan con el «beneplácito del departamento de seguridad corporativa de Iberdrola». Al respecto, la empresa energética propietaria de la central ha explicado que las empresas que desarrollan trabajo en la central como contratistas cumplen con la legalidad. Alternativa Sindical anunció que los hechos denunciados ante la Inspección de Trabajo serán comunicados también a la Brigada de Seguridad Privada de Valencia.

Ecologistas en Acción rechaza que la central nuclear de Cofrentes acoja un almacén temporal individualizado para el combustible gastado

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EFE.- Ecologistas en Acción ha enviado al Ministerio de Medio Ambiente un escrito en el que se opone a que la central nuclear de Cofrentes (Valencia) construya un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para el combustible gastado de la central. Según la organización ecologista, la compañía eléctrica Iberdrola ha solicitado al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente la construcción de un ATI para el combustible gastado de la central, proyecto al que han planteado una serie de sugerencias.

Para Ecologistas en Acción, el Ministerio debe incluir la evaluación de los impactos radiológicos del almacenamiento en la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental del ATI, y la Administración autonómica tiene que pronunciarse sobre el proyecto, mediante la evaluación de la afección a los espacios incluidos en la Red Natura 2000. Ecologistas en Acción señala que la intención de construir el ATI en Cofrentes está relacionada «con prolongar el funcionamiento de la central nuclear hasta 2031 y más, mucho más allá del año 2024, en que finaliza la vida útil para el que la central fue diseñada», lo que en su opinión es «una enorme imprudencia».

La Plataforma contra el ATC envía al CSN un estudio «que demuestra que los terrenos no son seguros»

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Europa Press.- Mientras sorpresivamente Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno sobre por qué no empezó todavía la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), tal como se había decidido en Consejo de Ministros, la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ha enviado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un estudio que, a su juicio, «demuestra que los terrenos del ATC no son seguros para albergar el almacén nuclear».

«Parece que 4 de los 5 consejeros del pleno del CSN, no quieren asumir que los terrenos no son adecuados y se sigue evaluando el proyecto del ATC. Por eso, la Plataforma les envía un estudio que demuestra que los terrenos no son seguros para albergar el almacén nuclear», han expresado desde la Plataforma, que considera que «cinco años después, el proyecto del cementerio nuclear está triplemente bloqueado», a lo que se añade que «los terrenos no son adecuados» y han dejado «de tener utilidad, pues las centrales nucleares han optado por los almacenes individuales (ATI) junto a sus reactores».

«El proyecto sigue sin arrancar, sin alguna de las numerosas autorizaciones y con la ciudadanía cada vez más opuesta», reiteraron desde esta plataforma. Los bloqueos administrativos al proyecto, según la Plataforma, son la «protección de la zona a través de la figura denominada Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA); la paralización de la declaración de impacto ambiental (DIA) en el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente; y la anulación del plan de ordenación municipal (POM) de Villar de Cañas«.

La plataforma rechaza que el Gobierno sea «incapaz de asumir la realidad y suspender definitivamente el proyecto» «Este Gobierno ha dejado de tener interés por gestionar los residuos nucleares y solo ve en el proyecto del ATC una oportunidad para hacerse con el control de las importantes sumas de dinero público que lleva aparejado«, ha declarado María Andrés, ganadera y portavoz de la plataforma. «Mientras pueda seguir adjudicando contratos, este gobiernos no dará el portazo al ATC», ha concluido Andrés.

Además, la plataforma asegura que «un número reducido de personas a los que les perjudica la paralización del proyecto del ATC, compuesto por el alcalde de Villar de Cañas, dos empresarios y la abogada que han contratado, ha recurrido la declaración de la ampliación de la ZEPA de El Hito». Hasta aquí, la Plataforma «poco tiene que decir, pero sí quiere denunciar que se pretendan defender intereses legítimos mediante la difusión de falsedades, como que los residuos nucleares se están enviando a Francia o que los agricultores se oponen a la declaración de la ZEPA».

Izquierda Unida y el ATC

Por su parte, los diputados de Izquierda Unida en el Congreso, Félix Alonso, Eva García Sempere y Miguel Ángel Bustamante han preguntado al Gobierno por qué no se ha puesto en marcha todavía la construcción de un ATC para residuos nucleares. «Cada día que pasa sin construir el ATC le cuesta al Estado 60.000 euros. Por tanto, estos años de retraso en la puesta en marcha del ATC podría suponer ya un coste añadido próximo a los 110 millones de euros. Además, cuando se informó al comienzo del coste total del proyecto se habló de cerca de 700 millones de euros, mientras que los últimos datos conocidos lo elevan a más de 1.000 millones», aseguran.

Por ello, los tres diputados han pedido al Ejecutivo que dé explicaciones sobre la situación actual del proyecto de construcción del ATC y sobre el calendario en que está prevista la puesta en marcha del mismo, así como si existe previsión de cambiar la localización del almacén. Entre las preguntas registradas, figuran también algunas acerca de los permisos para construir almacenes ATI en varias centrales nucleares. Por ello, los tres diputados pedirán al Gobierno que indique si prevé prolongar la vida útil de estas centrales y que aclare «qué sentido tiene construir un ATC para todas si cada una va a tener su propio ATI».

Castilla-La Mancha pide su fin

Asimismo, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, aseveró que «tiene poco sentido seguir adelante con el proyecto» del ATC en Villar de Cañas y ha abogado por que el Gobierno «haga un replanteamiento serio del proyecto, lo paralice definitivamente, deje de destinar fondos públicos a algo que no tiene visos de futuro y haga un nuevo planteamiento para la gestión de los residuos dentro del Plan de Energía Nuclear». Martínez Guijarro subrayó que la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha sigue «siendo la misma», es decir, en contra del desarrollo del ATC.

Considera el vicepresidente regional que en los últimos 5 años «han pasado muchas cosas desde el punto de vista técnico» que determinan que seguir adelante con el proyecto «tenga poco sentido». Así, se ha referido «a las dudas sobre la idoneidad de los terrenos, las cuestiones ambientales o el hecho de que las centrales nucleares estén construyendo sus propios ATI». Martínez Guijarro argumenta que el Gobierno de Castilla-La Mancha «tiene un planteamiento claro que no ha variado ni un milímetro desde hace muchos años». De este modo, el Ejecutivo autonómico sigue considerando que «el futuro del desarrollo económico de Castilla-La Mancha no pasa por la energía nuclear ni mucho menos por ser el cementerio nuclear de los residuos de España».