Industria, energía y propaganda

La comunicación realizada por el Ministerio de Industria y la Secretaria General de Energía respecto al cambio de retribución de las renovables nos retrotrae a otros trabajos ‘finos’ que ha realizado este departamento en los últimos tiempos. Tiene grandes parecidos, en sus objetivos, en su ejecución y en sus resultados varias noticias en el sector de la energía que han ocurrido desde que Joan Clos es Ministro de Industria: el nombramiento de Ignasi Nieto y el cambio de las funciones del consejo de la Comisión Nacional de Energía, a favor de la presidenta, la también catalana Maite Costa o el cambio de las tarifas para retribuir las infraestructuras de red gasista. Ha funcionado a la perfección la maquinaria en su primer momento, aunque las consecuencias y respuestas de los interesados pueden cambiar el sentido de los acontecimientos.

Así, el cambio de retribución de las renovables se filtró a los medios de comunicación desde el propio Ministerio, con todos los argumentos preparados para ser difundidos: la retribución de las empresas es excesiva, se mejora el régimen retributivo del resto de tecnologías de energía renovable, comparativamente con otros países europeos. Todo para justificar una medida que introduce inseguridad jurídica al tener componentes retroactivos para las inversiones realizadas y que no pondera la importancia que tiene hoy ya el parque de generación eólico español. Previamente, la Secretaria General de Industria había tenido reuniones con las asociaciones de energías renovables, generando expectativas positivas, quienes al conocer la noticia se habían sentido estafadas (¡cómo se parece a lo que ocurrió con la tarifa eléctrica!).

Las cotizaciones de las empresas y la valoración de los bancos de negocios son más poderosas y contundentes sobre la medida, que la retórica y los adjetivos empleados en su difusión. También, una cuestión de este tipo no puede circunscribirse al impacto de la opinión pública ‘mediática’ (como si se tratase de una cuestión exclusivamente política), sino a los agentes económicos y esa es una lección a aprender de toda esta situación.

En esta segunda fase de la negociación, se ha ido intoxicando este proceso con propuestas como la propuesta de financiación de los cambios de tecnologías de los parques eólicos. Se han difundido y certificado acuerdos inexistentes entre las partes, que más bien eran lo contrario. Se ha minimizado las recriminaciones del Consejo de Estado (que pide se atienda lo que indica la CNE) y de la Comisión Nacional de Energía que devolvió con un voto negativo completo el proyecto inicial (minimizando a los propios consejeros de la Comisión Nacional de Energía, si atendemos al textual de las declaraciones del Secretario General de Energía).

Se han presentado los datos y estimaciones de rentabilidad (del trimestre del más caro del ‘pool’, por cierto, hoy publicamos el resultado de este año) como justificación del recorte retributivo de la propuesta de Real Decreto. Se ha presentado al sector eólico como una maquinaria de presión pertinaz que ‘se forra’ sobre cálculos parciales y sesgados de su rentabilidad, cuando sus demandas van más por el lado de la estabilidad regulatoria y seguridad jurídica (evitando la arbitrariedad anual del Secretario de Energía de turno), que por el precio del MW. El hecho es que la historia se repite, las empresas eólicas se sienten estafadas por el Ministerio, en este caso, por los subterfugios y miriñaques regulatorios de Nieto y el baile del rigodón de la ultima negociación, lo que ha provocado que se eleve el grado del problema intentando involucrar al Presidente Zapatero en una cuestión en que el equipo de Industria se ha cerrado en banda.

Sobre todo porque lo que está en juego es la existencia de un marco regulatorio estable para estas inversiones y no retroactivo o arbitrario. Y eso es más importante, para cumplir los objetivos de desarrollo de energías renovables, que los juegos de manos de opinión política o de opinión pública.

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