FAES propone cargar las ayudas a la minería del carbón y los costes de las extrapeninsulares a los Presupuestos

que «distintas fuentes de energía soportan cargas fiscales desvinculadas de sus efectos medioambientales». En el último boletín de sus «Papeles de FAES«, la fundación abogó por reordenar la fiscalidad energética y ambiental para simplificarla, con el objetivo de mejorar la «competitividad y eficiencia del sistema» ante la «variedad» de impuestos y la «falta de regulación de las competencias».

En este sentido, se mostró partidaria de establecer un impuesto a las emisiones de CO2 para los sectores difusos, entre los que figuran el transporte por carretera y la calefacción, de forma que no se distorsionen las decisiones de consumo entre productos y cuya recaudación sirva para financiar políticas medioambientales, incluidos los incentivos a las renovables.

FAES consideró que la internalización de las externalidades medioambientales no es actualmente «completa ni proporcionada», ya que «falta una metodología bien fundamentada y coherente para todas las formas de energía y para todas las actividades potencialmente afectadas».

Por ello, la Fundación consideró que «existe margen para elevar la presión fiscal medioambiental en España» al tratarse de una de las más bajas de la OCDE, aunque estimó que una imposición adicional ante el actual esfuerzo fiscal «elevado» puede tener un «efecto negativo» sobre la recuperación económica.

En este sentido, afirmó que los actuales impuestos medioambientales «no se basan en una estimación ajustada de su impacto» y en algunos casos «son de muy difícil cuantificación», al basarse en aspectos como el impacto visual, acústico o paisajístico. Todo ello rompe la unidad de mercado y «distorsiona los precios de la electricidad y la encarece, lo que afecta a las decisiones de consumo e inversión».

La propuesta consiste en establecer un impuesto de la misma cuantía por tonelada de CO2, puesto que hasta ahora existe una aplicación «desigual» por comunidades autónomas. Su aplicación no sólo encaja con las directivas comunitarias, sino que «convertiría a España en pionera en el desarrollo de la normativa ambiental», aseguró.

Por ello, FAES pidió que la carga fiscal se reduzca, que no afecte a la unidad de mercado y que se eliminen las distorsiones acumuladas, en especial las que suponen «una doble o múltiple imposición por las diferentes normas existentes».

En el caso de los llamados sectores difusos, este impuesto sobre el CO2 resultaría «administrativamente más sencillo» que la participación de estos sectores en el comercio de derechos de emisión, al tiempo que permitiría, de igual forma, internalizar el daño de sus emisiones.

«La recaudación de estos impuestos estaría destinada a financiar políticas medioambientales como el apoyo a la generación renovable, cuyas primas son actualmente sufragadas únicamente por los consumidores de electricidad a través de las tarifas de acceso», indicó.

En su análisis de la fiscalidad energética, FAES propuso ordenar su aplicación con el objetivo de mejorar la competitividad y eficiencia. «La necesidad de una reforma se hace evidente al observar la variedad de impuestos y la falta de regulación de las competencias», señaló.

La fundación también consideró que «algunos de los impuestos vigentes no tienen carácter finalista, sino recaudatorio determinado por la necesidad de aportar ingresos para resolver el problema del déficit tarifario», y advirtió de que «el efecto de la reforma no puede ser aumentar los precios de los productos por encima de la media de la Unión Europea».