El pleno del CSN estudiará este miércoles el informe de autorización previa del ATC de Villar de Cañas

Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) estudiará este miércoles el informe sobre el emplazamiento del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares y combustible gastado en Villar de Cañas (Cuenca). Según fuentes del organismo, el documento se estudiará durante este miércoles aunque no necesariamente se emitirá este mismo día una decisión al respecto sino que podría prolongarse algún pleno más. Antes del periodo estival, el pleno del regulador atómico tiene previstas dos reuniones más.

El informe de emplazamiento o de autorización previa, de ser positivo, supondría un «reconocimiento oficial de la idoneidad del emplazamiento», Villar de Cañas (Cuenca), que ha sido criticado por la composición geológica de sus suelos por geógrafos, ecologistas y otros expertos en estigrafía. Así, si el CSN emite un informe favorable sobre el emplazamiento, quedaría en manos del Ministerio de Industria conceder a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) el permiso para iniciar las infraestructuras y acciones preliminares para la construcción del silo donde se almacenarán durante casi un siglo los residuos atómicos españoles.

Sin embargo, aunque este sería el primer paso necesario, aún quedaría pendiente que el CSN se pronuncie sobre la autorización de construcción del ATC y, posteriormente, sobre la licencia de explotación. La edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción. La solicitud de autorización previa y de construcción del ATC fue presentada por Enresa al departamento de Industria en enero de 2014. El Consejo de Ministros, en una de sus primeras reuniones desde la formación de Gobierno presidido por Mariano Rajoy, acordó designar a Villar de Cañas como emplazamiento del ATC y su centro tecnológico asociado.

La elección de este emplazamiento ponía un punto y seguido a la proposición de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados en 2006 por la que se instaba a la creación de una Comisión Interministerial para establecer los criterios que debía cumplir el emplazamiento y sus instalaciones de cara a cumplir el mandato parlamentario de 2004 de contar en España con un almacén donde albergar este tipo de residuos. Posteriormente, en 2009 se abrió el concurso o convocatoria pública para la presentación de candidatos, a la que se presentaron ocho candidatos y se definía también la inversión prevista, cercana a los 800 millones de euros.