El Estado no se hará cargo del CO2 enterrado hasta el cierre definitivo de los almacenes

Así lo establece la propuesta de anteproyecto de ley para la transposición de la Directivas sobre almacenamiento geológico de carbono que presentó en Madrid la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, y que el Ejecutivo espera remitir a las Cortes antes de que termine el año.

El texto busca establecer un marco jurídico en la legislación española para el almacenamiento geológico de dióxido de carbono, y recoge los elementos básicos del régimen, como el permiso de investigación y la concesión de almacenamiento, que serán otorgados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio previo informe favorable del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Será preceptivo también el informe de la comunidad autónoma en la que se encuentre el almacenamiento.

En relación con el funcionamiento, será obligatorio que el titular realice un seguimiento continuo de las instalaciones de inyección y del almacén, y las comunidades autónomas llevarán a cabo un sistema de inspecciones rutinarias de las instalaciones.

El texto también contempla un fondo de seguimiento de lugares de almacenamiento de dióxido de carbono con el objeto de atender los costes de seguimiento, así como aquellos necesarios para garantizar que el CO2 permanece completamente confinado tras la transferencia de responsabilidad.

«El almacenamiento de CO2 es una tecnología que se ha venido ensayando ya en las plataformas del mar del norte, que captura el CO2 en un momento previo o posterior a la combustión en una instalación y se inyecta a gran presión en estructuras geológicas subterráneas. Será una realidad antes de 2020 a nivel comunitario para grandes instalaciones industriales en cuyos procesos se produce mucho CO2», explicó la secretaria de Estado.

Cada país tendrá que realizar un análisis de su potencial de almacenar dióxido de carbono bajo tierra (en España ya lo estudia el Insituto Geológico y Minero), y prevé un régimen sancionador ante incumplimientos de información, inspección y tutela con sanciones de hasta cinco millones de euros.

El objetivo de la Unión Europea es que «a partir de determinado año las centrales térmicas dispongan de un sistema de captura para evitar que la quema de carbón suponga semejante nivel de emisiones».

«No es descartable que en un futuro más temprano que lejano existan junto a las tuberías por las que se transporta el gas natural otras por las que se transporta de vuelta CO2 a países o entornos donde se pueda producir el almacenamiento en condiciones de seguridad», añadió Ribera.

Derechos de emisión

La secretaria de Estado de Cambio Climático y el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, presentaron también la propuesta de anteproyectos de ley para la modificación del régimen de comercio de derechos de emisión.

El borrador supone una revisión del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión, y empezará a funcionar a partir el enero de 2013 para propiciar una reducción de emisiones en 2020 de un 21% respecto de los niveles de 2005. Transpondrá también la directiva que prevé la inclusión de la aviación en el régimen comunitario de comercio de derechos a partir de 2012.

Entre otras cuestiones, desaparecerán los Planes Nacionales de Asignación (el volumen total de derechos del sistema -techo- se determinará a nivel comunitario), y la asignación quedará armonizada a nivel europeo, dando mayor importancia a la asignación por subasta (en especial para el sector eléctrico, que ya no recibirá asignación gratuita).