El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía analiza el próximo jueves, el nuevo marco retributivo de las energías renovables

El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) tiene previsto analizar el próximo jueves, el borrador del nuevo marco retributivo del régimen especial (energías renovables y cogeneración) elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El Consejo de la CNE espera resolver antes de final de mes la petición de la constructora ACS de que no se limiten al 3 por ciento sus derechos políticos en Iberdrola, empresa en la que tiene una participación del 12 por ciento.

El nuevo marco retributivo de las energías renovables ha suscitado las críticas de los productores, básicamente de los eólicos. Hasta ahora, los productores eólicos recibían entre 95 y 97 euros por megavatio, mientras que el nuevo marco propuesto fija un sistema de «suelo y techo», según el cual, la retribución no podrá superar los 84 euros por megavatio, ni ser inferiores a 67 euros. No obstante, según Industria, el montante total de las primas al régimen especial, que se pagan con cargo a la tarifa eléctrica, pasarán de 1.200 millones de euros anuales a entre 1.800 y 1.900 millones en el periodo 2007-2010.

En cuanto a la petición de Iberdrola, la CNE ya ha autorizado a ACS a elevar su participación en la eléctrica hasta el 24,9 por ciento, el máximo legal sin tener que lanzar una opa, pero no se ha pronunciado todavía sobre la limitación de los derechos de voto. El Real Decreto 6/2000 restringe los derechos políticos de una sociedad que participe en dos empresas consideradas operadores principales en el sector energético. La constructora presidida por Florentino Pérez está presente en Unión Fenosa y en Iberdrola. De acuerdo con la citada norma y teniendo en cuenta que ACS participa en el Consejo de Administración de Fenosa, la constructora no puede ejercer derechos políticos por encima del 3 por ciento en Iberdrola.

No obstante, la CNE está capacitada para levantar esta restricción bajo ciertas circunstancias y siempre que no se favorezca el intercambio de información estratégica entre los dos operadores. En su última reunión, el Consejo de la CNE respaldó la propuesta de Orden Ministerial en la que se regulan las subastas a plazo de energía eléctrica. La puesta en marcha de este mecanismo de subastas es un paso previo para que las tarifas eléctricas reguladas se revisen cada tres meses, tal como pretende el Gobierno.