Ecologistas en Acción denuncia la contaminación por ozono que deriva del transporte y de las centrales térmicas

Europa Press.- Cerca de 38 millones de españoles respiraron aire contaminado por ozono durante la primavera y el verano en España, lo que supone el 81% de la población, y el 87% del territorio estuvo expuesto a niveles superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, según las recomendaciones españolas la cifra se reduce hasta el 30% de los ciudadanos (27,6%), según el Informe La contaminación por ozono en el Estado español durante 2017 de Ecologistas en Acción, que destaca que esto supone uno de cada cuatro españoles (12,8 millones de personas) y que las comunidades autónomas con peor situación son Andalucía, Extremadura, Comunidad de Madrid, Murcia y Baleares.

Según el valor fijado por la Directiva 2008/50/CE y el Decreto 102/2011, las cifras de 2017 apuntan a un aumento de 2 y 3 millones de personas afectadas respecto a las evaluaciones de 2016 y 2015, y de 6 millones de personas más que las evaluaciones de 2013 y 2014. Es decir, que uno de cada cuatro españoles respira un aire que incumple el estándar legal vigente para el ozono.

Además, la ONG denuncia que solo 5 de 12 comunidades autónomas han elaborado sus preceptivos Planes de Mejora de Calidad del Aire, de modo que las 12 restantes siguen sin contar con estos planes obligatorios. Se trata de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Valenciano, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y País Vasco.

Estos planes son obligatorios cuando se superan los valores objetivo para la protección de la salud y/o la vegetación y, precisamente, la negativa de estas 12 comunidades a elaborarlos motivó que en 2016 se presentara una denuncia contra el Reino de España ante la Comisión Europea, aunque esta queja se archivó en agosto de 2017 porque «el cumplimiento de los valores objetivo establecido para el ozono resulta complejo«. En este contexto, señala que el coste sanitario que se deriva de la contaminación por ozono troposférico supuso unos 5.000 millones de euros en 2013, un 0,33% del Producto Interior Bruto (PIB) español, según el Banco Mundial.

Sin embargo, la ONG critica que pese a la vulneración de los límites legales, el Gobierno ha «aparcado sin fecha» el Plan Nacional de Ozono Troposférico y ha limitado las actuaciones previstas en cuanto a estudios científicos y la mejora de su medición. Entre las principales causas de este repunte, Ecologistas en Acción responsabiliza al aumento del tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles y la apuesta del Gobierno «por las energías sucias en detrimento de las renovables».

Sobre este contaminante, la ONG explica que se forma en la baja atmósfera por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el tráfico rodado (vehículos diésel), las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales. Se trata por lo tanto de un contaminante secundario que afecta durante la primavera y el verano especialmente a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial. Además, señala que la evolución reciente de la contaminación está relacionada con la tendencia al incremento en verano de las temperaturas medias y de las olas de calor, como resultado del cambio climático.

Por ello, considera que la contaminación por ozono debería abordarse como un problema sanitario de primer orden y recuerda que las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2014 se registraron 1.600 muertes prematuras en España por exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en la mayor parte del territorio durante 2017. De estos, los más afectados son niños, mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

Finalmente, la ONG recomienda como principales vías de actuación la disminución del tráfico motorizados, la reducción de la necesidad de movilidad y potenciar el transporte público, así como facilitar el tránsito peatonal, el uso de la bicicleta en las ciudades o sustituir los disolventes orgánicos por agua y reducir de forma drástica la generación eléctrica en centrales térmicas, en particular las que utilizan carbón, o limitar las emisiones contaminantes de los barcos en el caso de puertos con importante tránsito.