Columbus Energy Resources, que explota el yacimiento de La Lora, recibe la notificación del Gobierno para su desmantelamiento definitivo

Europa Press. – Columbus Energy Resources, la empresa que explotaba el yacimiento de hidrocarburos de La Lora, situado en Ayoluengo (Burgos) y que es el yacimiento de petróleo más antiguo de España y el único peninsular, deberá proceder a su desmantelamiento definitivo, una vez que no se procederá a una nueva licitación de la concesión.

Por el contrario, la compañía, que esperaba una nueva licitación del proyecto desde enero de 2017, indicó que el Gobierno «no ha dado ninguna razón para decidir no hacerlo», y ha manifestado que «considerará sus opciones al respecto».

En este sentido, el presidente ejecutivo de Columbus, Leo Koot, se ha mostrado «decepcionado» por el hecho de que el Gobierno español «no haya declarado públicamente por qué ha decidido no volver a licitar la concesión La Lora». «Especialmente porque nos han hecho creer que se presentaría una nueva licitación antes de finales de 2018. La compañía considerará sus opciones con respecto a la decisión del Gobierno» aseguró el mandatario ejecutivo.

Aunque extrañados por la decisión, Columbus Energy Resources ha indicado que cuenta con una provisión «suficiente» en sus cuentas para los costes de desmantelamiento. Según el presidente Koot, «hay varios activos en el sitio, incluido el equipo, que se transferirán y utilizarán en las operaciones de Trinidad y Tobago o se venderán para compensar dichos costes. No se espera que la compañía realice gastos materiales en efectivo en relación con el cierre definitivo de la concesión La Lora».

 

Antecedentes

En enero de 2017, el anterior Gobierno del PP ya denegó la prórroga para el yacimiento al haber transcurrido el límite temporal previsto, por lo que la caducidad de la concesión tendría lugar el 31 de enero de ese año, fecha a partir de la cual la concesionaria debería desmantelar las instalaciones y mantenerlas en condiciones seguras hasta que tal desmantelamiento fue definitivo.

Para denegar esa prórroga, tras cumplir 50 años de explotación de la concesión, el entonces Ministerio de Energía se basó en los informes negativos de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado.

Sin embargo, el Gobierno de entonces consideró que se podría convocar un concurso para adjudicar una nueva concesión en el área si alguna sociedad mostraba interés.

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