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Facua denuncia que la factura de la luz de junio es la más cara en lo que va de año

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Europa Press.- La organización de consumidores Facua denuncia que el mes de junio finalizó con la factura de la luz más cara en lo que va de año. En concreto, calcula que el recibo del usuario medio con la tarifa semirregulada PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) subió un 1,8%, lo que supone 1,37 euros más que el mes anterior. Así, argumenta Facua, la factura para un usuario medio se situó en 76,71 euros, frente a los 75,34 euros de mayo.

En abril, el mismo recibo se situó en 69,94 euros (subió un 0,7%), en marzo en 69,46 euros (bajó un 9%), en febrero en 76,32 euros (subió un 2%) y en enero en 74,81 euros (bajó un 6,1%). Asimismo, Facua reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que intervenga las tarifas del sector eléctrico para «acabar con la especulación y las injustificadamente altas tarifas eléctricas que sufren los usuarios en España«. Entre otras medidas, Facua aboga por la aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.

La central nuclear de Ascó II opera al 100% tras resolver la fuga en la turbobomba

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Europa Press. – La central nuclear de Ascó II (Tarragona) opera ya al 100% de potencia después de finalizar una intervención en la turbobomba de agua ‘A’. Hace unos días se detectó una fuga que provocó la parada no programada de la central.

Así, gracias a un comunicado, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (Anav) ha explicado que la central opera en su máxima potencia después de haber realizado «con éxito» la intervención en la turbobomba de agua de alimentación principal ‘A’.

Cuando se descubrió el problema, se paró la central para poder intervenir la turbobomba de agua de alimentación principal, en la que se detectó un mal funcionamiento cuando la planta se encontraba en el proceso de aumento de potencia, sin suponer ningún impacto para la seguridad de las personas y del medio ambiente.

La versión Goldman Sachs (I)

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La difusión del informe de Goldman Sachs y sus efectos sobre la cotización de los valores cotizados del sector eléctrico español ocasionó que el final de la semana pasada fuese negro desde el punto de vista bursátil para el sector. En el informe se ponen números y cifras según la exposición de cada compañía a las actividades reguladas afectadas por la revisión retributiva que el Gobierno pretende aplicar en 2019. Un set-ball en toda regla.

Se dice difusión, más que filtración, por el hecho de que estas entidades financieras, a la hora de emitir sus informes y recomendaciones, tienen mecanismos de información muy profundos y sofisticados respecto de las consultas y la información que obtienen de los países y de los sectores económicos. Se dice que los mercados tienen información perfecta y, por ello, la procuran encontrar, desmenuzar y analizar. Asimismo, por otra parte, la noticia de que el Gobierno está preparando la reducción de la retribución de los activos regulados ya era generalizada y de dominio público en el sector desde antes del verano.

Esta intención ya fue anunciada en foros privados y semipúblicos por el secretario de Estado, incluso por el propio ministro, y se confirma con la reunión a la que alude el propio informe. También cuenta el silencio administrativo para no precisar el cambio normativo que evite la instrumentación efectiva de una reducción retributiva calculada según la situación del bono español. Con la calculadora en la mano: un 40% menos de rentabilidad que afectará más a las compañías más expuestas en el mercado español y a estas actividades reguladas. Era cuestión de tiempo que esta información llegase a los mercados. No puede sorprender en exceso ni su difusión, ni sus efectos.

Por otra parte, su efecto económico-financiero-bursátil ha sorprendido a quienes consideran que la electricidad en nuestro país es una cuestión que se determina (o se debe determinar) en la acción política de los Gobiernos, más que en un modelo de gobernanza empresarial, de mercado y de acción del Estado complementaria, que establece una regulación previsible y estable, acompañada de sus consiguientes mecanismos de inspección, control y supervisión. Una visión tremendamente esquemática, aplicada a un sector que requiere fuertes inversiones a largo plazo, en la que la política puede decidir “lo que sea” y lo que está escrito en la ley se aplica, con independencia de su lógica empresarial y la de los mercados de capitales.

La visión de que la política todo lo puede está instalada en el pensamiento intervencionista español que comparte el origen retroprogresivo en todos los signos políticos. En ese modelo, las compañías y sus propietarios deben aceptar los designios de la política y deben convertirse en brazos articulados de la acción política, sin tener en cuenta las alternativas que se presentan en el mercado de capitales, por otra parte, muy competitivo. Esta cuestión es sustantiva porque su asunción lleva a un error de perspectiva muy relevante, el de la politización de la actividad del suministro eléctrico.

Podemos En Marea quiere reformar la Ley del Sector Eléctrico para que el Estado tenga una participación en las distribuidoras

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EFE.- La portavoz de En Marea en el Congreso de los Diputados, Yolanda Díaz, ha presentado una proposición no de ley por la que pretende reformar la Ley del Sector Eléctrico para modificar el régimen de propiedad de las empresas distribuidoras y conseguir una mayor participación del Estado. Esta participación se llevaría a cabo a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para la que se establecería un umbral mínimo de participación del 20%.

Yolanda Díaz ha presentado esta iniciativa acompañada del ingeniero y colaborador de En Marea, José Bembibre, junto al cual ha defendido la importancia de que la red de distribución energética sea de titularidad pública. Díaz ha denunciado que «el actual modelo energético» es un «negocio especulativo que está en manos de 5 grandes multinacionales que están expoliando derechos fundamentales de las personas a través de la energía«. Así pues, la representante de En Marea ha manifestado que se da una situación «anómala» en este sector, en el que se permite que 5 empresas» controlen todos los procesos de la energía, como son la distribución, producción y comercialización de la misma».

Por ello, ha querido defender que su iniciativa tiene como objetivo «atacar de lleno un sistema que es un auténtico expolio y un enorme negocio para las multinacionales» y lograr su «democratización». Asimismo, la portavoz de la candidatura de confluencia ha señalado que este tema tiene especial importancia para Galicia, por la dispersión geográfica de su rural, en el que se deben desarrollar fórmulas de producción local al estilo de las que se promueven por toda Europa. La proposición se debatirá en el próximo período de sesiones, que dará comienzo en el mes de septiembre.

El Gobierno de Bolivia interviene en el sector del gas y el petróleo para no ver mermados sus ingresos

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EFE.- El Gobierno boliviano ha anunciado un decreto para fijar límites a los costes de operación de las petroleras que trabajan en el país, lo que generó preocupación de la cámara que agrupa a ese sector, que ha advertido de que se verán afectadas las inversiones futuras.

El vicepresidente Álvaro García Linera propuso “establecer una banda de precios estándar a nivel continental y mundial de cuánto cuesta hacer una perforación; en función de esos precios mínimos y máximos a escala continental y mundial, movernos en nuestros costes de operación y en nuestros costes recuperables». La variable de los costes recuperables declarados por las empresas petroleras debe ser reconocida por el Estado y, si son altos, eso reduce los ingresos para las arcas estatales. García denunció que ven cómo en algunos campos gasíferos en Bolivia los costos de operación «se disparan», cuando la tendencia mundial es de disminución.

Previamente, lapresidenta de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), Claudia Cronenbold, expresó su preocupación por la emisión de normas relativas a la gestión de los contratos de servicios de operación lo que, según consideró, genera «una gran inquietud sobre la seguridad jurídica que tiene relación directa» con las inversiones del sector. «Desde nuestra perspectiva, este hecho afectará la ejecución de inversiones futuras en el sector, las cuales como se conoce son imprescindibles para cumplir con los compromisos que tiene el país», sostuvo Cronenbold, que solicitó abrir un espacio de diálogo con las autoridades «para superar esta dificultad».

Cronenbold señaló que las petroleras están de acuerdo en que «la actual coyuntura de la industria exige de las empresas un riguroso control de los costes y de las inversiones, además de la aplicación de criterios de eficiencia». Cronenbold aseguró que desde que se planteó el «nuevo escenario mundial de precios» las empresas empezaron a ejecutar «programas de optimización y ahorro de costes«. El vicepresidente anunció que el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, se reunirá con las petroleras privadas para elaborar la reglamentación del decreto.

El PSOE pide que Nadal explique sus planes para intervenir el cierre de las centrales de generación de electricidad

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EFE.- El grupo socialista ha pedido la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en la Comisión de Energía del Congreso con el fin de que explique sus planes para regular el cierre de centrales eléctricas, según indicó esta formación. Nadal expresó su intención de regular por la vía reglamentaria el proceso de cierre de las centrales de generación eléctrica al no encontrar apoyos en el resto de las fuerzas políticas, en concreto en el PSOE, para hacerlo con rango de ley.

La portavoz de Energía del grupo socialista, Pilar Lucio, ha criticado que resulta «difícil» apoyar una iniciativa legislativa que no conocen. En su opinión, resulta «imprescindible» que Nadal dé explicaciones y aclare «qué es lo que propone y cómo pretende hacerlo». «Nadal está haciendo declaraciones que no se corresponden con la realidad, ya que el PSOE nunca ha conocido de manera formal cuáles son sus intenciones respecto a la intervención de estas centrales», ha indicado.

Nadal explicó que el objetivo de la normativa que pretende elaborar es que el eventual cierre de centrales sea ordenado y tenga en cuenta, además de la seguridad del suministro, criterios medioambientales, de flexibilidad del sistema y de precio de la energía eléctrica. Según Nadal, el cierre de las centrales no puede depender únicamente de decisiones empresariales porque influye en la configuración del mix energético, una cuestión que, a su juicio, es competencia del Estado.

El Gobierno aún espera un acuerdo que «satisfaga a ambas partes» en el litigio de Gas Natural Fenosa con Colombia

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Servimedia / EFE.– El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, mostró su deseo de que se alcance un acuerdo que «satisfaga a ambas partes» tras la liquidación de Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa en Colombia, por parte del Gobierno de este país. En este sentido manifestó que «lo deseable es un acuerdo que satisfaga a ambas partes. En eso hemos trabajado y seguimos haciéndolo».

Confirmó que el Gobierno está trabajando en paralelo con la «empresa matriz» y con el Gobierno colombiano «en esa dirección». Electricaribe está participada en un 85% por la española Gas Natural Fenosa y en un 15% por el Gobierno colombiano. El Gobierno colombiano ordenó la intervención de Electricaribe, que se encuentra inmersa en una crisis financiera, que ha repercutido negativamente en la prestación de los servicios a sus clientes. Tras esta decisión, Gas Natural Fenosa exigió a Colombia que deje sin efecto la decisión de liquidar la sociedad Electricaribe y se trabaje para buscar una solución «satisfactoria» y «sostenible» para la prestación del servicio de suministro eléctrico en la zona.

Gas Natural anunció que demandaría al Gobierno colombiano ante el Ciadi por la liquidación de Electricaribe. La empresa española ha presentado la documentación pertinente para el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) con el objetivo de que se le devuelva Electricaribe. Gas Natural asegura que quiere recuperar su filial con un «marco regulatorio viable» y, en su defecto, que se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, en base a valoraciones preliminares, superará los 1.000 millones de dólares (unos 926,4 millones de euros).

Colombia anuncia la liquidación y venta de Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa, y el Gobierno exige seguridad jurídica

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Europa Press.– La reacción del Ministerio de Exteriores a este anuncio fue instar al Ejecutivo colombiano a alcanzar «una solución satisfactoria que tenga en cuenta los intereses de los usuarios y de la empresa, respetando el principio de seguridad jurídica». Todo ello después de que el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, José Miguel Mendoza, anunciara el inicio de un proceso de venta por liquidación de Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa intervenida a finales del 2016 por las autoridades locales.

«La compañía no está en condiciones de prestar un servicio de energía con la calidad y la continuidad debidas, y de ahí que sea necesario ordenar la liquidación de Electricaribe», aseguró Mendoza. El superintendente aseguró que la filial se venderá a un nuevo operador capaz de asumir las nuevas inversiones y que Gas Natural Fenosa solo obtendrá ingresos con la operación una vez se hayan completado los pagos a los distintos acreedores conforme a la ley. «Si tras pagar a la masa acreedora quedaran recursos adicionales, se entregaría a los accionistas actuales, a Gas Natural Fenosa», afirmó el presidente del organismo, antes de destacar que la operación «no costará un solo peso a los colombianos«.

Respecto a la posibilidad de que la compañía española acuda a los tribunales internacionales para denunciar la medida, Mendoza aseguró que «todas las decisiones son susceptibles de ser demandadas, pero la amenaza de una demanda nacional o internacional no puede hacer que esta Superintendencia se abstenga de adherirse a los estándares legales cuanto se trata de una empresa en quiebra». Mendoza también aseguró que el proceso de liquidación comenzará «inmediatamente», será «absolutamente público» y tendrá una duración cercana a un año. El objetivo será «encontrar un operador que asuma la prestación del servicio de energía en la costa caribeña» y que asuma las inversiones necesarias para acabar con el «avanzado deterioro» de las redes locales.

Para acometer el proceso, las autoridades colombianas habilitarán un «cuarto de datos» y un proceso de due diligence, de cara a la celebración de una subasta «pública y competitiva» para escoger al nuevo operador. Mientras tanto, Electricaribe seguirá siendo administrada por un agente especial de la Superintendencia. Las autoridades intentarán vender la filial «al mayor precio, para beneficio de los usuarios y de los acreedores» de la empresa, aseguró Mendoza, quien negó «intereses políticos u ocultos» en el proceso, que responde a motivaciones «absolutamente técnicas».

El superintendente aseguró que Electricaribe tiene un pasivo total de 2,4 billones de pesos colombianos (750 millones de euros), de los que 1,8 billones (565 millones de euros) corresponden a entidades financieras. Además, el plan de inversiones que debe afrontar el nuevo operador, y que se convertirá en el «eje central del proceso de selección», asciende a 240.000 millones de pesos (75 millones de euros) anuales. Electricaribe, participada en un 85,38% por Gas Natural Fenosa, fue intervenida por el Gobierno colombiano el pasado 14 de noviembre, situación que se amplió por dos meses en enero, hasta el 11 de marzo.

El Gobierno pide seguridad jurídica

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación lamentó la decisión anunciada por el Gobierno de Colombia de liquidar la empresa Electrificadora del Caribe (Electricaribe), controlada por Gas Natural Fenosa. Según pone de manifiesto, dicha decisión «no es acorde con la voluntad de diálogo que ha mostrado la empresa ni con su empeño de mejorar el servicio de distribución eléctrica», a pesar de las «circunstancias adversas ajenas».

Asimismo, ha afirmado que el Gobierno reitera su preocupación ante la situación generada por la liquidación de una empresa cuya matriz española «es puntera en los sectores en los que opera y con gran sensibilidad social, que lleva años trabajando en Colombia». Por ello, asegura que «seguirá brindando su apoyo» a Gas Natural Fenosa si decide hacer uso de los instrumentos jurídicos a su disposición e insta al Gobierno de Colombia a que siga dialogando con la compañía, de manera que se pueda alcanzar «una solución satisfactoria para todas las partes, que tenga en cuenta los intereses de los usuarios y de la empresa, respetando el principio de seguridad jurídica».

Gas Natural presenta recurso contra la intervención de su filial colombiana Electricaribe

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EFE.- La multinacional Gas Natural Fenosa ha interpuesto un recurso por la vía administrativa en Colombia contra la intervención de su filial Electricaribe por apreciar fallos en este procedimiento.

Fuentes cercanas a este proceso de intervención en Colombia han precisado que el recurso, que se ha presentado ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, no entra a juzgar si la intervención es o no ilegal, pero sí subraya sus defectos de forma, mientras que fuentes de Gas Natural han declinado hacer comentarios.

A mediados de noviembre, el Gobierno colombiano anunció la intervención de la distribuidora de energía Electricaribe con el fin de «reorganizar» la empresa y garantizar el suministro de electricidad allí donde opera.

A principios de ese mes, Gas Natural dio a conocer que Electricaribe acumulaba facturas impagadas por valor de 1.259 millones de euros, si bien la multinacional precisó que tenía aprovisionado el 83% de este importe.

El grupo español posee el 85 % de la empresa de distribución eléctrica Electricaribe desde 2009 y el 15 % restante está en manos del Gobierno colombiano.

Esta distribuidora cubre la zona del Caribe colombiano, que proporciona luz a 2,5 millones de clientes de bajos recursos económicos y a la industria de la zona.

La compañía distribuye y comercializa electricidad en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena, aunque desde hace meses se multiplican las protestas en Colombia por fallos en el servicio.

Al margen de la intervención de Electricaribe, Gas Natural solicitó en julio abrir un diálogo de seis meses -plazo que acaba a mediados de enero- al amparo del acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones firmado entre Colombia y España.

En el caso de no alcanzar un pacto, una opción que tiene la multinacional es recurrir al arbitraje internacional llevando el conflicto al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo que depende del Banco Mundial.

En la última presentación de resultados, los del tercer trimestre del año, el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, reivindicó «seguridad jurídica» en Colombia para poder hacer frente a la morosidad y al fraude en Electricaribe, si bien se mostró «seguro» de poder alcanzar un pacto con el Gobierno colombiano.

El Gobierno cree que el conflicto de Electricaribe va «en buena dirección» mientras Colombia reitera que la intervención es preventiva

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EFE / Servimedia.- El Gobierno colombiano aseguró que la intervención de Electrificadora del Caribe (Electricaribe), participada mayoritariamente por la española Gas Natural Fenosa, es de «carácter preventivo» y reiteró a España la voluntad de seguir buscando una salida que satisfaga a los dos países. Por su parte, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, señaló que la mediación que se está llevando a cabo entre las autoridades colombianas y Gas Natural Fenosa para la resolución del conflicto «va en la buena dirección».

El Ministerio de Asuntos Exteriores está haciendo un “seguimiento” de la situación, y desde el primer momento «ha auspiciado que hubiera un acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la empresa española y yo creo que va en la buena dirección», apuntó Méndez de Vigo después del Consejo de Ministros, en el que este asunto no ha sido tratado precisamente porque el Ejecutivo no cree «que suscite ninguna dificultad». Méndez de Vigo declinó pronunciarse sobre si la decisión de las autoridades colombianas genera algún tipo de inseguridad jurídica. «Inseguridad, falta de certeza e incertidumbre… vamos a evitarlo», comentó el portavoz.

El Gobierno colombiano ordenó el pasado martes la intervención preventiva de la distribuidora de energía Electricaribe, de la que Gas Natural controla el 85,38% del capital y que suministra energía a la costa atlántica del país. La intervención llegó después de que el Gobierno y directivos de Gas Natural Fenosa no llegaran a un acuerdo para capitalizar la empresa, que tiene problemas de caja debido a la elevada cartera morosa de clientes, que al cierre de septiembre pasado ascendía a 1.259 millones de euros. De hecho, los impagos a su filial han llevado a Gas Natural Fenosa a abrir un arbitraje en el Banco Mundial.

La compañía pretendía alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Santos basado en la aplicación de un marco regulatorio fiable que ofrezca seguridad jurídica y evite fraudes e impagos, ya que, de no ser así, considera que la actividad en el país no es viable. De hecho, debido a la actual situación, el resultado después de impuestos de la filial en la región Caribe registró pérdidas de alrededor de 24 millones de euros hasta septiembre, frente a los 14 millones de pérdidas registrados en el mismo periodo del ejercicio 2015.

Intervención de Electricaribe “es preventiva”

Por su parte, «el Gobierno quiere reiterar que la medida es de carácter preventivo y dará tiempo para encontrar una solución que responda a la necesidad de los habitantes de la Costa Atlántica en materia de energía eléctrica y para que la empresa asuma sus responsabilidades de operación, inversiones y pagos a los generadores de energía«, indicó la Cancillería de Colombia, que añadió que «reitera su voluntad con el Gobierno español de seguir buscando una salida de mutuo beneficio que satisfaga a los dos países, pensando tanto en la seguridad de la inversión extranjera como en la prestación óptima de los servicios a los ciudadanos».

Igualmente destacó que la toma de bienes, haberes y negocios de Electricaribe fue «necesaria dada la inminente situación de cesación de pagos» por parte de esa compañía, pero recordó que el «proceso no afecta de ninguna manera la seguridad jurídica de las empresas extranjeras en Colombia». Con la intervención, el Gobierno busca garantizar la prestación del servicio de electricidad a cerca de 3 millones de colombianos de 7 de la zona norte de Colombia «a los cuales el Gobierno debe atender para asegurar la prestación de los servicios públicos con la continuidad y calidad necesarias».