La estrategia de Industria para conseguir disminuir el déficit acaba incrementándolo

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En 2006, el déficit de tarifa (3.578 millones de euros) habría podido ser 1.028 millones inferior, es decir de 2.550 millones. Cinco Días informaba la semana pasada que la estrategia de Iberdrola en el pool, según un informe de Red Eléctrica (REE), provocó 1.028 de los 3.578 millones del déficit de tarifa. Unos 1.028 millones de los que, sin embargo, se habrían beneficiado también el resto de empresas. En concreto, según el informe de REE, 355 millones habrían sido para Iberdrola, 300 millones para Endesa y 120 millones para Unión Fenosa.

La noticia de Cinco Días «reavivaba» uno de los temas que más polémica suscitó durante el año pasado y que es consecuencia directa del RD 3/2006 aprobado en febrero de 2006 y del mecanismo que el mismo contemplaba para las reglas de casación de las ofertas en el mercado mayorista. Según la redacción aquel real decreto, se establecía un precio provisional de 42,35 €/MWh para la energía que las generadoras y distribuidoras de un mismo grupo empresarial compraran y vendieran simultáneamente en un mismo periodo horario.

Aquel real decreto no sentó nada bien en el sector. En el momento de su publicación, los precios del mercado mayorista estaban cerca de los 70 €/MWh, por lo que la norma suponía un perjuicio para todos los grupos que estaban a la vez presentes en el mercado de distribución y generación.

Aunque la normativa aprobada afectaba a todos los principales agentes del sector, la situación para Iberdrola era especialmente delicada al ser la única empresa que demanda más energía a través de su distribuidora de la que oferta su generadora. En la práctica, esto suponía que Iberdrola se veía abocada a ver toda su energía casada al precio establecido por el real decreto, 42,35 €/MWh, pues toda su generación sería absorbida por su distribuidora. El perjuicio era evidente para la generadora de Iberdrola, pues su actividad, liberalizada, y por tanto sin precio regulado, recibiría un precio «regulado» muy distinto al que habría recibido en condiciones normales de mercado.

Ante esta situación Iberdrola, en junio de 2006, decide rebelarse. Para ello, comienza una «estrategia» conducente a la búsqueda de «resquicios» en la redacción de la norma. Y los encuentra. Así, puesto que el RD 3/2006 implicaba la casación de las ofertas de venta y adquisición de energía presentadas simultáneamente en los mercados diario e intradiario, Iberdrola decide desviar su demanda de electricidad hacia los mercados de ajuste, es decir aquellos en los cuales se retribuye –por encima de los mercados diario e intradiario- a la energía que ayuda a solucionar las restricciones y desvíos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

De esta manera, Iberdrola hacía evidente su desacuerdo con una medida que se revelaba como carente de toda lógica económica y que afectaba a un mercado, el de generación, que en la teoría, aunque parecía no así en la práctica, es una actividad libre y, por tanto, no regulada.

Un real decreto polémico

El RD 3/2006 fue planteado por Industria como la «solución» a un déficit de tarifa «intratable» que no podía ser resuelto mediante el recurso a la subida de tarifa, debido a su alto coste político. De ahí que el Secretario General de Energía en aquel momento, Antonio Fernández Segura, contemplara este real decreto como la solución para, al menos temporalmente, acabar con el crecimiento sin límite del déficit de tarifa.

El efecto de la medida, al contrario, resultó contraproducente y totalmente opuesto a los objetivos buscados. La actitud de Iberdrola, atrapada por el corsé de la normativa, llevó la situación al peor de los escenarios, un déficit de 1.000 millones, superior al que se habría registrado si no se hubiera publicado por Industria el real decreto.

Informe decisivo

El informe de REE llega en un momento clave para el sector, puesto que se está a la espera de que desde Industria se decida este mes el precio definitivo al que se reconocerá la energía afectada por el precio provisional de 42,35 €/MWh.

De reguladores y empresas privadas que dejaron de ser públicas

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Peor probablemente que el déficit tarifario, sea el déficit de normalidad democrática, institucional y empresarial en el que nos hemos instado. Y esto parece que se ha puesto especialmente de manifiesto con las ultimas actuaciones que han protagonizado empresas del sector de la energía que un día tuvieron el carácter de público y que hoy son empresas privadas, con sus Consejos de Administración, sus accionistas y sus clientes. Esto reproduce tics y actos reflejos, entre los órganos de la Administración reguladores y las propias empresas, propios de otras épocas y de fórmulas de relación que no tienen que ver con la que debe existir entre los agentes privados y la Administración.

Un ejemplo, es la propia fórmula de cambiar al presidente, cosa que ocurre con mayor frecuencia cuando hay cambio de partido en el poder, que cuando lo deciden los propios accionistas. Este es un hecho que, cuando se valora en términos de favoritismo y prebenda parece que debe cortocircuitar la capacidad de crítica de la empresa y del nombrado, para garantizar su continuidad y el favor del que le elige. Si no actúa así, el crujir de dientes y el arrastrar de cadenas le perseguirán eternamente.

Así, Red Eléctrica, además de protagonizar la elaboración del informe-ariete contra Iberdrola a las órdenes del Ministerio de Industria, tiene dibujado un escenario difícil de necesidad de crecimiento intenso en la inversión en redes de transporte, para poder acompañar el paso al crecimiento de la oferta de generación y de la demanda de consumo. A cambio, parece que las únicas propuestas que encontramos es la promoción de su conversión en transportista único y la creciente influencia en ámbitos regulatorios, condicionando las decisiones de la Administración en este sentido. Sin dudar de las cualidades profesionales y personales del actual presidente, Luis Atienza (que todo el mundo reconoce y valora), parece que la relación entre una estructura muy fuerte y los aparatos del propio Ministerio, hacen que estas vinculaciones influyan de manera notable en el comportamiento del regulador.

Aún así, parece que hay vida. Por ejemplo, el nombramiento de Antoni Llardén (que ha estado no exento de su correspondiente polémica) parece que puede haber insuflado aire fresco en la relación entre la empresa titular de las redes gasistas Enagás y el regulador. De hecho, Enagás acaba de protagonizar una discrepancia con la Comisión Nacional de Energía, y como hecho adicional, haciendo un diagnóstico certero de la necesidad de inversión en redes gasistas, su primera comparencia ha sido para presentar un plan estratégico e inversor fuertemente ambicioso, que interconexione los actuales gaseoductos y dé respuesta a las necesidades derivadas de las nuevas regasificadoras.

A muchos extraña que pueda existir un enfrentamiento entre las empresas privadas y el regulador y que éste se dedique a hacer lo que debe hacer como empresa. Pero debemos instalarnos en la normalidad institucional. Que los reguladores puedan ejercer de reguladores y las empresas no suplanten a los mismos. Que los reguladores no interfieran en la vida económica y la propiedad de las empresas. Que las empresas privadas se dediquen a la provisión y suministro de sus actividades para maximizar, sus valor sus beneficios y el de sus clientes.

Parece sencillo, pero no lo es. Esperemos que cunda el ejemplo.

Intermoney en la energía

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La película ‘Alien, el octavo pasajero’ del director Ridley Scott, retrataba una historia de terror que tenía unos tintes metafóricos muy interesantes. En el seno de una tripulación de una nave espacial, habitaba un ser maligno que se alimentaba y se camuflaba dentro de sus propios protagonistas, hasta no poder distinguir quienes estaban en un sitio o en otro. Las tres características que tiene Alien son: su presencia oculta y dúctil, su camuflaje en el seno de la propia tripulación y su efecto autodevorador para todos sus personajes.

Viene esto al caso de la aparición muy reciente de la palabra Intermoney (sociedad de valores del grupo norteamericano CIMD) en la crónica política y económica de nuestro país, de la mano de Miguel Sebastián (candidato ya fallido al Ayuntamiento de Madrid) y Carlos Arenillas (Vicepresidente incombustible de la CNMV). Todos ellos famosos por sus relaciones con las actividades relacionadas a su vez desde la Oficina Económica del Gobierno para ‘conducir’ determinadas operaciones empresariales de acuerdo a unos derroteros previsibles o planificados desde esta instancia, por otro lado cada vez más presente en la vida económica. Y estos nombres se han visto ligados al escándalo desatado a raíz de la dimisión de Manuel Conthe, verdadero catalizador, junto con las investigaciones aparecidas en distintos medios de estas actividades y de las que venimos dando cuenta en Energía Diario, en la medida que tienen que ver con la energía.

De hecho, el Presidente del Gobierno en su último mitin electoral, hizo un alegato a favor de Miguel Sebastián, tildándolo de gran economista y responsable del éxito económico español. Evidentemente, el presidente se tiene que hacer mirar estas cosas, porque sin dudar de la calidad macroeconómica del alcaldable, Miguel Sebastián no ha tenido puestos de responsabilidad en la gestión de la “cosa económica” de nuestro país, por lo que entendemos que a Zapatero le pueden más los afectos que la racionalidad, en este caso. Por lo tanto, difícilmente se le puede adjudicar a Sebastián responsabilidad o acción alguna en las reformas de los 80, los 90 y de la acción de gobierno en lo que llevamos de siglo, causas verdaderas y reales de la situación actual de nuestra economía. No sabemos, si el Presidente quería pasar página sobre su actuación en los ultimos episodios o volver a insinuar a Sebastián como futuro Ministro de Economía, pero se exige un análisis de realidad-

(Inciso número 1, relacionado con la realidad vigente: Probablemente, hoy con los resultados de las elecciones en la mano, Sebastián tras tachar a Manuel Conthe de mala elección, seguramente en la Federación Socialista Madrileña se desatarán las valoraciones de que Sebastián haya sido, a la vista de los resultados, para el PSOE también una mala elección, un mal candidato y un mal gestor de su candidatura).

Pues bien, de lo que hasta ahora nadie se había percatado (o se ha percatado poco), es de la propia relación de Intermoney dentro del sector energético. Hoy también, Intermoney es un actor de gran importancia a la luz de esa ‘sinergia’ que parece que se ha producido en los resultados del grupo tras la llegada del PSOE al poder, de la mano de Enervía (www.enervia.com). En el ámbito de la energía, Intermoney está ligado al nombre de Miguel Ángel Lasheras, actualmente consejero de Enagás y presidente de Enervía, la filial del grupo Intermoney dedicada a este sector. Miguel Angel Lasheras fue consejero de la Comisión Nacional de Energía (en su primera versión como Comisión Nacional del Sistema Eléctrico), estuvo en el Instituto de Estudios Fiscales en la época de José Borrell y se le asocia con Narcís Serra, quien fuera vicepresidente del gobierno en época de Felipe González. Actualmente, a Miguel Angel Lasheras, se le conoce también una muy buena relación con la actual presidenta de la Comisión Nacional de Energía, Maite Costa.

Otro de los nombres relevantes cercanos al entorno de Intermoney es Jorge Sanz, por sus relaciones personales con Miguel Angel Lasheras, con quien compartió destino en Moncloa. Sanz es el actual Director General de Energía y Minas y segundo de Ignasi Nieto, Secretario General de Energía en el gabinete de Clos. Jorge Sanz también estuvo en el gobierno anterior en el gabinete de Rodrigo Rato, llevando las cuestiones relacionadas con la energía y fuentes cercanas a Industria destacan sus actuales desavenencias con la ‘corriente catalanista’ actual en el sector energético.

Intermoney es responsable y autora de numerosos estudios e informes de consultoría para las grandes empresas y asociaciones del sector energético. Se valoran especialmente sus relaciones con otras instancias como en el Ministerio de Economía (David Vegara, Secretario de Estado de Economía es otro antiguo Intermoney) o de la CNMV, como ya hemos mencionado. De hecho, el sello Intermoney en los últimos tiempos parece que es un marchamo que aseguraba la viabilidad futura a las propuestas que elabora, dadas sus buenas conexiones en todos los ámbitos de la regulación y supervisión energética. Incluso, en círculos restringidos se afirma que es capaz de intervenir asesorando en una cuestión a varios de los implicados en la misma: empresas, asociaciones sectoriales, Administración etc…

Sólo queda por ver si la maldición de Alien que parece haber devorado a Sebastián y a Arenillas, podría llegar a extenderse al campo de la energía.

Maite Costa catalaniza la CNE

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El nombramiento de Maite Costa en la Comisión Nacional de Energía parece que ha sido un detonante clave para aumentar la presencia de catalanes al frente del mismo, en un proceso de cierta ‘catalanización’. Así, Costa no ha dudado en rodearse de personas cercanas y de su confianza para pilotar este organismo, la mayor parte procedente de Cataluña.

Así, al nombramiento deJoan Batalla, su jefe de gabinete, se le han unido la incorporación del actual jefe de prensa Pere Lladó, ex diputado de Convergencia i Unió (y del que hace poco recogíamos su nombramiento en Energía Diario). Del mismo modo, también se ha incorporado María Mondedeu procedente de Barcelona, más concretamente de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, tal y como informamos recientemente. Por otra parte hay que recordar que el anterior director de regulación del organismo, Ignasi Nieto, también catalán, mantiene una relación muy estrecha con la actual presidenta, aunque pasó al Ministerio de Industria con el cambio de ministro, tras la salida de José Montilla y la incorporación de Joan Clos.

Además, la presidenta ha configurado la tríada que configura la gestión de la Comisión entorno a Sesbastiá Ruscalleda y Jaime González. Recordemos que el último decreto que establecía el reglamento del régimen interno del organismo otorgaba mayor capacidad de acción de Costa al margen de los consejeros, y sobre todo en el plano interno, creando una “comisión ejecutiva” de tres consejeros para dar “mayor agilidad” al funcionamiento del organismo y a las decisiones

Al parecer es fácil encontrar a Batalla, Lladó, Ruscalleda y Costa en la nueva Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, los jueves por la tarde, que es cuando regresan a Barcelona habitualmente de su muy corta semana, coincidiendo con el final la actividad de los consejos, habitual de los jueves en la mañana en la CNE.

De hecho, circula dentro del Ministerio de Industria y del organismo un documento no oficial, muy crítico en el que se afirma que el gobierno buscaba con la CMT “llevar el regulador a Barcelona” y en el caso de la CNE “traer Barcelona a Madrid”.

Por otra parte, la dedicación de Costa al organismo, con numerosos viajes (entre otros, el año pasado a Montevideo en un momento crítico en la OPA de Endesa), con más de sesenta días de ausencia del organismo desde finales de julio pasado, las semanas de tres días, la cantidad de eventos que convoca el organismo (http://www.elsemanaldigital.com/arts/66590.asp?tt=), han empezado a ser vox populi y fuertemente criticados dentro y fuera de la CNE.

Dos hechos añadidos, la dimisión de Conthe, que ha hecho que Maite Costa desaparezca de la vida pública (y que ha gestionado con toda discreción en su persona, para evitar comparaciones, siempre odiosas, y en este caso más, con lo que ha ocurrido en el sector a raiz de las operaciones recientes) y la polémica que le persigue por la norma que se aprobó el año pasado que le garantiza dos sueldos una vez finalice su mandato, parece que no son capaces de terminar de estrechar el cerco de Costa, tal y como se murmura tanto en los círculos especializados de Madrid y Barcelona.

El incremento de participación de Suez en Gas Natural podría convertirse en otro ‘caso Enel’

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Gas Natural vuelve a las portadas. El incremento de participación de Suez en la gasista vuelve a sugerir que la reordenación del mapa energético no terminará en Endesa. Desde hace una semana, más de un analista intenta «desentrañar» el por qué del incremento de participación de Suez en Gas Natural. Por tamaño, Suez es una empresa muy superior a Gas Natural, con una capitalización de 54.150 millones, por lo que llegado el caso no tendría problemas en comprar la totalidad de Gas Natural (19.700 millones de euros). A día de hoy, sin embargo, el núcleo duro de la gasista, formado por Repsol (31 %) y La Caixa (35 %), hace prácticamente imposible cualquier tipo de toma de control no pactada sobre la española.

Desde que surgiera la noticia del aumento de participación de Suez, las casas de análisis han vuelto a poner a Gas Natural en las apuestas. Ayer mismo Lehman Brothers confirmaba este interés creciente por la gasista al reiniciar su cobertura, asignándola un precio objetivo de 44 euros, precio que precisamente resultó el de cierre de la última sesión.

Fusión Gas Natural-Suez

En el mercado se señala que el incremento de participación de Suez en Gas Natural anticipa una «posible» operación de fusión entre Gas Natural y Suez. Esa opción, no obstante, parece difícil que encaje con la posición de un equipo gestor, el de Gas Natural, que con la opa a Endesa demostró que buscan una operación «a lo grande» en la que Gas Natural sea protagonista. Por ello, resulta complicado conjeturar que Gas Natural se conforme con jugar un «papel secundario», en el que sería, respecto a Suez, el «pez pequeño».

Las declaraciones de Suez tampoco despejan los rumores que apuntan en la dirección de una posible fusión. En este sentido, Suez se limitó a indicar la semana pasada que su subida en el capital de Gas Natural responde “a la estrategia del grupo de expandirse en los mercados de la energía y el medio ambiente de Europa”.

Fusión con Gaz de France

Lo curioso es que todos estos rumores coinciden al tiempo que Suez se halla inmersa en un proceso de fusión con Gaz de France. Este proyecto de fusión, surgido hace ya más de un año como respuesta al interés de Enel por lanzar una opa sobre Suez, se encuentra bajo sospecha de poder quedar paralizado. A fecha de hoy, no existen indicios que reafirmen esta posibilidad, insistentemente apuntada en las últimas semanas. A pesar de ello, ha sido precisamente esta posibilidad la que ha dado una mayor verosimilitud a la opción de una fusión Gas Natural-Suez como «vía de escape» de la franco-belga ante un posible fracaso de su fusión con Gaz de France.

Necesidad de proteger Suez

Aunque en las últimas semanas el presidente francés, Nicolas Sarkozy, se había mostrado más favorable en llegar a algún tipo de alianza con Sonatrach, desmarcándose en cierta forma de la fusión Gaz de France-Suez, no parece lógico que Suez siga su historia en «solitario» cuando precisamente una de las motivaciones de la fusión con Gaz de France era evitar que Suez fuera objeto de una opa por algún grupo extranjero, en aquel momento Enel.

Gaz de France-Suez

La fusión Gaz de France-Suez crearía un monstruo con una capitalización de unos 90.000 millones de euros, al que no le costaría nada «engullir», si llegara el momento oportuno, a Gas Natural. Uno de los rasgos característicos de la fusión Gaz de France-Suez será que la empresa resultante, en caso de éxito, tendrá como accionista mayoritario y de referencia al Estado francés, con una participación aproximadamente del 35 %. Este hecho podría volver a generar otro ‘caso Enel’, al tener una empresa con participación estatal una participación superior al 3 % en una compañía energética española. La Disposición Adicional 27 de la Ley de Acompañamiento de 2000, conocida como Ley Rato, limita al 3 % los derechos políticos de compañías extranjeras con capital público que tomen participaciones relevantes en empresas energéticas españolas, aunque el Gobierno puede levantar esas restricciones. Por ello, si finamente Gaz de France y Suez se fusionan deberían solicitar autorización al Gobierno para ejercer sus derechos en Gas Natural. En todo caso, la reciente autorización del Gobierno a Enel hace presumir que esta situación no plantearía demasiados problemas llegado el momento.

Por donde si que tendrá que pasar Suez, independientemente, es por la autorización de la Comisión Nacional de la Energía al pretender superar el 10 % de Gas Natural. En total, Suez comunicó la semana pasada que había adquirido durante 2007 una participación directa del 4,55% de la gasista, lo que eleva su participación actual al 9,95%. La intención de Suez, sin embargo, es superar el 10 %, para lo que ha firmado un acuerdo para la adquisición de un 1,35% suplementario mediante un equity swap, mientras consigue la referida autorización de la Comisión.

Especulación en el mercado

El incremento de participación de Suez ha desatado la especulación en el mercado. Muchos ven en la fusión de Gas Natural con Suez, e incluso con Agbar por medio, una de las soluciones a un hipotético fracaso de la fusión con Gaz de France. Otros incluso plantean una operación más «rocambolesca» en la que Repsol se fusionaria con Gas Natural y posteriormente el grupo resultante – unos 50.000 millones de euros- lo haría con Suez (54.000 millones de euros). Las combinaciones son múltiples, aunque no todas serán factibles en la reorganización de un sector en el que aún todo puede pasar.

Gas Natural: liquidez sin «target»

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El miércoles hubo presentación de resultados en Gas Natural. El panorama presentaba pocas novedades importantes, salvo el «morbo» que, días antes, había suscitado el incremento de participación de Suez en la gasista. El porqué de esta irrupción de la franco-belga es una incógnita difícil de despejar y sobre la que se han apuntado las más variadas teorías. De momento desde Gas Natural se niega la mayor: no se contempla una fusión.

Mover ficha

Los resultados de Gas Natural en 2006 reafirman lo que ya se sospechaba, que la gasista va como un «tiro». De hecho, genera tanto cash flow que parece no saber ni a qué dedicarlo. Sólo así se entiende el generoso reparto dividendo de 439 millones de euros llevado como propuesta a Junta General de Accionistas. Para corroborarlo, y en plena fiebre de operaciones apalancadas, Gas Natural ha reducido su deuda financiera. El diagnóstico rápido es: liquidez y falta de oportunidades de inversión.

El problema ahora para sus gestores es como salir de la situación actual. Se debe mover ficha. Perdido el tren de Endesa, el presidente de Gas Natural, Salvador Gabarró, explicaba el miércoles que “estudiamos todas las opciones, pero no nos decidimos por ninguna”, lo que parece indicar que tras el fracaso de Endesa, operación en la que tanto empeño y voluntad se puso, desde el cuartel general de Barcelona se encuentran perdidos, buscando su rumbo. Si han perdido el norte, o están en vías de reencontrarlo, lo sabremos pronto, pues la gasista ha comunicado que se está preparando la revisión de su plan estratégico, que estará disponible antes de final de año. Mientras, la compañia sigue en velocidades de crucero generando un ebitda de 1.912 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 25,9 % respecto a 2005.

De ‘prota’ a ‘actor de reparto’

En un sector que tanta atención suscita en los últimos tiempos, Gas Natural ha pasado del todo a la nada. Tras acaparar todas las miradas en su «asalto» a Endesa, ahora parece relegada a un segundo plano, fuera de todas las quinielas en las que antes se la presentaba como favorita. Aún así, parece que Endesa no está completamente olvidada. Las palabras del consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, dejan lugar a la reflexión, pues aseguró que esperaran a que se aclare el futuro de Endesa para decidir si recurren a los tribunales por daños y perjuicios derivados de la actuación de la eléctrica en la opa. A diferencia de Eon, Acciona y Enel, que llegaron a un pacto para renunciar a cualquier acción de tipo judicial en torno a la opa, la gasista mantiene intactas sus posibilidades de actuación.

Crecimiento

Gas Natural necesita crecer. Sobre todo enfocada al sector eléctrico, por las sinergias en todos los sentidos. En redes, por la diversificación del mix de generación y por la convergencia electricidad-gas. Es un momento óptimo para exprimir la «vaca lechera» del gas y financiar su expansión, sobre todo mientras mantenga su posición hegemónica en el mercado del gas. Una posición que, a diferencia de en el sector eléctrico, si está siendo amenazada por algunos comercializadores.

Respecto a los targets, el caso Endesa debería haber servido de lección a Gas Natural para no intentar absorber grandes conglomerados y por contra lanzarse hacia «bocados digeribles». Unión Fenosa, con una capitalización de 13.100 millones podría ser uno de ellos, aunque para ello primero ACS debe estar dispuesta a vender, lo que inexorablemente implica tener vía libre en el asalto a Iberdrola, lo que visto el espíritu combativo de Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, se entiende extremadamente difícil.

La operación de Unión Fenosa, a falta de otras alternativas mejores, es una de las mejores opciones para la gasista. Primero, porque le daría lo más necesario en este momento: crecimiento. Y segundo porque diversificaría su mix de generación y le permitiría mantener una destacada posición en distribución eléctrica. Si en su momento llegó a conseguir 7.806 millones de euros para su financiación de la oferta por Endesa, el valor en bolsa de Unión Fenosa no deberían ser obstáculo para Gas Natural, que, a cierre de ayer, mantenía un valor en bolsa de unos 20.000 millones de euros.

Preparados para comprar

Desde hace tiempo, y según revela el informe anual 2006, el Consejo de Administración de Gas Natural tiene autorización para aumentar el capital social en un máximo de 224 millones de euros, lo que con la cotización actual de Gas Natural vendría a representar unos 10.000 millones de euros. Asimismo, tiene autorización para emitir deuda hasta un total de 2.000 millones de euros. Por todo ello, Gas Natural se encuentra «preparada» para comprar en cualquier momento.

El incremento de participación de Suez en Gas Natural, de un 4,55 %, ha suscitado multitud de especulaciones. Fusión con Suez, creación de un grupo conjunto incluyendo Agbar. Algo se cuece. Los próximos meses serán decisivos. El plan estratégico puede dar pistas, aunque, hoy por hoy, cualquier opción sigue abierta. La reordenación del mapa energético sólo acaba de comenzar.

El desequilibrado pacto Acciona-Enel: vestigios de solución nacional

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La solución española al caso Endesa aún tiene muchas incógnitas que despejar, entre ellas la de demostrar que se trata de una solución capaz de mantener el centro de decisión en territorio español o la de evitar un desmembramiento al que parece abocada la eléctrica.

Un pacto desequilibrado

El pacto al que llegaron Acciona y Enel para hacerse con Endesa da el poder y la última palabra en las decisiones en Endesa a Acciona. Sin embargo, al margen del pacto, el hecho es que con la opa planteada por ambas empresas –una vez concluida- el mayor peso accionarial recaerá sobre Enel, que podría llegar a adquirir un número de acciones que le daría hasta el 75 % de Endesa, mientras que Acciona, en el mejor de los casos, apenas rebasaría el 25 %.

Así, aunque el pacto entre Acciona y Enel se ha diseñado bajo liderazgo español, el fondo de la operación desvela que el accionista mayoritario de Endesa, si la opa finaliza con éxito, será Enel.

Es por ello que, si definitivamente la opa acaba con Enel adquiriendo un porcentaje de participación en Endesa muy superior al de Acciona, la situación será la de un pacto «desequilibrado» en el que Acciona ostentará el control mayoritario de Endesa, a pesar de que el máximo accionista será Enel. Un pacto, por tanto, difícil de mantener lejos del esquema actual en el que se enmarca la operación.

Acciona al límite

El problema para Acciona se encuentra en su limitada capacidad para poder afrontar la compra de un porcentaje de participación que iguale el que Enel aspira a conseguir en Endesa. Acciona es consciente, desde el principio, de que difícilmente podría alcanzar una posición de control de forma individual sobre Endesa. El hecho es que, desde que entró en la eléctrica, Acciona ha pasado de mantener un endeudamiento cercano al 40 %, con anterioridad a la compra, a llegar a acercarse al 200%, lo que ha presionado al máximo la capacidad de financiación de porcentajes adicionales de adquisición de endesas por encima del que actualmente mantiene. La deuda financiera de Acciona a finales del primer trimestre de 2007 era de unos 9.906 millones de euros, lo que sitúa su ratio de endeudamiento en el 183% de los fondos propios.

Inversión rentable

Aún así, la inversión en Endesa ya le reporta beneficios a Acciona. Según los resultados comunicados por Acciona en el primer trimestre de 2007, el incremento en el endeudamiento por la participación del 21% en Endesa ha supuesto un impacto positivo en el beneficio antes de impuestos de 56 millones de euros, resultado de descontar a los dividendos percibidos los gastos asociados a la adquisición de la participación.

El hecho de que Acciona se encuentre cerca de su capacidad máxima de endeudamiento ha provocado que la constructora haya tenido que ceder, en la opa diseñada, el papel de principal adquirente a Enel ante la falta de «músculo financiero» para poder plantearla de igual a igual, de forma que el resultado final permitiera a ambas empresas disponer de una participación «simétrica» en el accionariado final de Endesa. En cualquier caso, Enel ha cedido a Acciona el liderazgo, ofreciéndole la presidencia de Endesa como vía para «allanar» el terreno a la operación.

Con este panorama, la solución a largo plazo del culebrón en Endesa sólo puede tener una vía de escape: el reparto de Endesa. Como inicio de este reparto, el ulterior acuerdo entre Acciona-Enel y la alemana Eon contempla que, una vez que Acciona y Enel se hagan con el control de Endesa, venderán a Eon los activos de Endesa en Europa. Ésa podría ser la «punta del iceberg» que acabe con el desmembramiento final.

En todo caso, las perspectivas que ofrece el acuerdo Acciona-Enel apuntan en el mismo sentido, pues el acuerdo actual entre ambas será difícil de mantener. Los conflictos de intereses entre empresas -así lo demuestra la innumerable historia de fracasos de alianzas empresariales- son difíciles, por no decir imposibles, de evitar, ya sea por distintas visiones del negocio o simplemente por el «hecho diferencial» de que Enel es una empresa que tiene como máximo accionista al gobierno de su país. Los síntomas evidentes del desmembramiento de Endesa tienen difícil prevención, aunque no imposible cura. Aunque ahora en segundo plano, se debe recordar que Caja Madrid (9,9 %) y la SEPI (2,9 %) mantienen aún participaciones relevantes en Endesa que pueden, como ha sido desde antes incluso de que apareciera Acciona, ser «piezas claves» que constituyan una autentica solución nacional.

Industria, energía y propaganda

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La comunicación realizada por el Ministerio de Industria y la Secretaria General de Energía respecto al cambio de retribución de las renovables nos retrotrae a otros trabajos ‘finos’ que ha realizado este departamento en los últimos tiempos. Tiene grandes parecidos, en sus objetivos, en su ejecución y en sus resultados varias noticias en el sector de la energía que han ocurrido desde que Joan Clos es Ministro de Industria: el nombramiento de Ignasi Nieto y el cambio de las funciones del consejo de la Comisión Nacional de Energía, a favor de la presidenta, la también catalana Maite Costa o el cambio de las tarifas para retribuir las infraestructuras de red gasista. Ha funcionado a la perfección la maquinaria en su primer momento, aunque las consecuencias y respuestas de los interesados pueden cambiar el sentido de los acontecimientos.

Así, el cambio de retribución de las renovables se filtró a los medios de comunicación desde el propio Ministerio, con todos los argumentos preparados para ser difundidos: la retribución de las empresas es excesiva, se mejora el régimen retributivo del resto de tecnologías de energía renovable, comparativamente con otros países europeos. Todo para justificar una medida que introduce inseguridad jurídica al tener componentes retroactivos para las inversiones realizadas y que no pondera la importancia que tiene hoy ya el parque de generación eólico español. Previamente, la Secretaria General de Industria había tenido reuniones con las asociaciones de energías renovables, generando expectativas positivas, quienes al conocer la noticia se habían sentido estafadas (¡cómo se parece a lo que ocurrió con la tarifa eléctrica!).

Las cotizaciones de las empresas y la valoración de los bancos de negocios son más poderosas y contundentes sobre la medida, que la retórica y los adjetivos empleados en su difusión. También, una cuestión de este tipo no puede circunscribirse al impacto de la opinión pública ‘mediática’ (como si se tratase de una cuestión exclusivamente política), sino a los agentes económicos y esa es una lección a aprender de toda esta situación.

En esta segunda fase de la negociación, se ha ido intoxicando este proceso con propuestas como la propuesta de financiación de los cambios de tecnologías de los parques eólicos. Se han difundido y certificado acuerdos inexistentes entre las partes, que más bien eran lo contrario. Se ha minimizado las recriminaciones del Consejo de Estado (que pide se atienda lo que indica la CNE) y de la Comisión Nacional de Energía que devolvió con un voto negativo completo el proyecto inicial (minimizando a los propios consejeros de la Comisión Nacional de Energía, si atendemos al textual de las declaraciones del Secretario General de Energía).

Se han presentado los datos y estimaciones de rentabilidad (del trimestre del más caro del ‘pool’, por cierto, hoy publicamos el resultado de este año) como justificación del recorte retributivo de la propuesta de Real Decreto. Se ha presentado al sector eólico como una maquinaria de presión pertinaz que ‘se forra’ sobre cálculos parciales y sesgados de su rentabilidad, cuando sus demandas van más por el lado de la estabilidad regulatoria y seguridad jurídica (evitando la arbitrariedad anual del Secretario de Energía de turno), que por el precio del MW. El hecho es que la historia se repite, las empresas eólicas se sienten estafadas por el Ministerio, en este caso, por los subterfugios y miriñaques regulatorios de Nieto y el baile del rigodón de la ultima negociación, lo que ha provocado que se eleve el grado del problema intentando involucrar al Presidente Zapatero en una cuestión en que el equipo de Industria se ha cerrado en banda.

Sobre todo porque lo que está en juego es la existencia de un marco regulatorio estable para estas inversiones y no retroactivo o arbitrario. Y eso es más importante, para cumplir los objetivos de desarrollo de energías renovables, que los juegos de manos de opinión política o de opinión pública.

La compra de Scottish dificulta una posible operación Iberdrola-Unión Fenosa con ACS como principal accionista

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Ha pasado casi de puntillas. La semana pasada, Iberdrola finalizó con éxito la compra de Scottish Power (SPW) por 17.000 millones de euros. Sin embargo, poco se ha hablado de una de las principales implicaciones que la compra tiene para la eléctrica, y en concreto para uno de sus principales accionistas, ACS.

La compra de Scottish por Iberdrola corta el paso a una posible fusión Iberdrola-Unión Fenosa con ACS como «celestina» de la operación. La constructora, el principal accionista de Unión Fenosa (40 %) y de Iberdrola (13 %), tendrá muy difícil poder emparejar a ambas compañías tras la integración del negocio de SPW. El motivo, entre otros, está en la carrera de obstáculos administrativos y de múltiples autorizaciones que tendría que superar la operación y que se extendería fuera del ámbito nacional, necesitando la autorización de la Comisión Europea. Una vez integrada SPW, Iberdrola obtiene más de un tercio de su facturación fuera de nuestro país, por lo que dicha operación Iberdrola-Unión Fenosa adquiriría «dimensión» comunitaria y debería ser examinada bajo la «crítica» mirada de Bruselas.

Operaciones trasnacionales

La Comisión Europea se ha mostrado reacia a autorizar fusiones que aumenten el nivel de concentración en un mercado, demostrado asimismo su «voluntad» de dar el visto bueno a operaciones que supongan fusiones transnacionales y que impliquen la creación de «campeones europeos». Esto último, por otra parte, dejaría abierta para Iberdrola la vía del crecimiento exterior en Europa .

Precedentes anteriores

Durante la opa de Gas Natural a Endesa, el presidente de la última, Manuel Pizarro, intentó convencer a las autoridades europeas de que el análisis competitivo de la operación le pertenecía a éstas. Para ello, Endesa esgrimió que la eléctrica mantenía más de un tercio de su volumen de negocio en territorio europeo. Sin embargo, fue finalmente el Tribunal de Defensa de la Competencia, y no la Comisión Europea, el que realizó un análisis en el que alertaba sobre los posibles efectos perniciosos de la operación y desaconsejaba su autorización. Al final, el Consejo de Ministros autorizó la operación con condiciones.

Es sabido que las relaciones que mantiene el gobierno español con la Comisión Europea no atraviesan su mejor momento, sobre todo después de las múltiples trabas que se considera se le pusieron a Eon para hacerse con Endesa. Además, la comisaria de competencia europea, Neelie Kroes, parece estar muy interesada en nuestro país y después de no haber podido entrar a analizar la operación Gas Natural-Endesa, estaría «encantada» de poder hacerlo en otra operación que tuviera como protagonistas a empresas españolas.

El principal problema de operaciones como una eventual de Iberdrola-Unión Fenosa está en que operaciones entre empresas nacionales acaban resultando en empresas de menor tamaño que la unión de ambas, por lo que Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, comentó en su momento que no se planteaban operaciones nacionales puesto que de forma muy gráfica indicó que “estudiarían fusiones cuando uno más uno sean por lo menos dos”.

Con la fusión Iberdrola-Unión Fenosa prácticamente descartada quizás ACS se plantee hacerse con Iberdrola y deshacerse de Unión Fenosa.

De estos dos movimientos paralelos, el asalto a Iberdrola es la maniobra más difícil de ejecutar en estos momentos. El importante núcleo accionarial -supuestamente afín- formado en torno a la figura de Sánchez Galán, con nombres como Juan Luis Arregui, Alicia Koplowitz y Nicolas Osuna y entidades como BBK, SCH o varias cajas de Castilla y León, forman un importante y disperso accionariado que dificultan el éxito incluso de ACS, en situación privilegiada como máximo accionista para intentar la operación. Aun así, en el sector nadie duda de que para el grupo constructor, Iberdrola sigue siendo su «objetivo» predilecto.

La venta de Unión Fenosa

Sin embargo, si ACS optara por intentar hacerse con el control de Iberdrola, su única alternativa pasaría por vender su participación en Unión Fenosa y, posteriormente, intentar hacerse con el control de la eléctrica vasca, puesto que la capacidad financiera de la constructora no podría asumir ambas compras. De todos modos, los posibles movimientos no se perfilaran hasta pasadas las elecciones, por lo que se da a otros gigantes europeos, como Electricité de France, un peligroso tiempo para planificar una posible operación alternativa. La experiencia de Eon, sin embargo, es para muchos «aleccionadora» en este sentido.

La venta de Unión Fenosa es un bocado apetecible para muchos aspirantes a entrar en el mercado español y sobre todo para los actores nacionales. Gas Natural, que sigue sin tener una presencia destacada en el sector eléctrico podría ser uno de los interesados. Por otra parte Eon, que se queda con el negocio de Viesgo,tras el pacto con Acciona y Enel, podría ser otro interesado en ampliar su presencia en nuestro país. Lo que está claro es que la participación de ACS, de un 40%, es especialmente apetecible pues da, al que la adquiera y si está interesado, la posibilidad de hacerse con el 100 % de la eléctrica gallega con todas las garantías de éxito.

Respecto a Iberdrola, el núcleo que Sánchez Galán ha formado en torno a la eléctrica vasca hace complicado poder afrontar con garantías el asalto. En este sentido, la posición del propio Galán, y la resistencia que pueda presentar, es el mayor escollo que cualquiera que intente hacerse con una posición de control puede encontrarse.

Una OPEP del gas: ¿política o económica?

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La reunión en Doha, capital de Qatar, ha puesto en alerta a todos los observadores internacionales y más aún a sus mandatarios. Los ministros de Energía de los principales exportadores de gas del mundo no crearon, en su reunión de ayer, una organización similar a la OPEP -una OPEG– a pesar de la insistencia de Irán y Venezuela. Sin embargo dejaron «entreabierta» la posibilidad de su creación en un futuro. El Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) concluyó su encuentro con la novedad de la creación de una «comisión» que estudie cómo desarrollar las actividades del organismo.

En Europa la reunión provocaba temor. De momento y por lo visto, injustificado, aunque no infundado. Durante los últimos meses, la Unión Europea (UE) había mantenido contactos permanentes con Rusia con el objetivo de convertir a ésta en el “suministrador fiable y de confianza” de la UE. Por ello los mensajes lanzados, sobre todo desde Rusia en las semanas previas por su líder Wladímir Putin, no habían sentado nada bien, como es lógico, al ejecutivo comunitario. Desde Europa y sus instituciones se ha intentado reconducir una situación que, a largo plazo, puede tornarse incómoda. El comisario de Energía de la UE, Andris Piebalgs, ha intentado frenar el avance de las negociaciones “amenazando” con impulsar la energía nuclear y el “carbón limpio” si Argelia y Rusia, principales suministradores de la Unión, formaban el cártel. El problema es que estas amenazas han sonado, en general, poco creíbles, sobre todo en relación al impulso de la energía nuclear, puesto que dos de los países de la Unión Europea que más gas consumen, España e Italia, reniegan de impulsar cualquier tipo de programa nuclear. De hecho, en Italia actualmente no existe ninguna central nuclear en funcionamiento.

Más político que económico

Una de las cuestiones que más preocupa desde Europa es el hecho de que, desde el Kremlin -al igual que desde algunos otros países que podrían verse involucrados en un posible cártel-, las decisiones se toman en muchas ocasiones, como consecuencia de decisiones políticas que poco tienen que ver con criterios de carácter económico. Desde Rusia se busca desde tiempo atrás un poder creciente en la esfera internacional y recuperar el papel de potencia mundial de antaño.

Las empresas rusas tratan de hacerse con un sitio preferente en los mercados a los que abastecen. El problema es que esta «idea rusa» se ha enfrentado en varias ocasiones al «fuerte intervencionismo» que la gran mayoría de los gobiernos europeos han practicado sobre sus respectivos mercados.

Por todo ello se advierte que Rusia, en su afán de adquirir una creciente influencia en los foros internacionales, podría tener, en este cártel, intereses que rebasarían lo puramente económico. Algunos analistas opinan que la creación de dicho cártel, al margen de que finalmente sea o no creado, pueden generar una amenaza creíble que ayudaría a forzar a los países de la UE a abrir sus mercados a las empresas de los países productores, principalmente rusas o argelinas.

Respecto a España, e incluso Italia, Argelia tiene intereses, en parte, parecidos a los rusos. Recientemente la empresa pública argelina Sonatrach ha conseguido licencia para comercializar gas en España y convertirse así en un operador más en el mercado español. La cantidad autorizada para comercializar por el gobierno español, 1 bcm anual, es considerada como «poco relevante», sobre todo si se la relaciona con el consumo español, mas de 30 bcm anuales y más aún con la producción argelina que ronda los 90 bcm anuales.

Aunque finalmente los países que más han luchado por la creación del cártel en esta reunión hayan sido Irán y Venezuela, la credibilidad de Rusia, que en un principio se mostró favorable a una mayor cooperación, quedará debilitada. Pensar en Rusia como un «suministrador fiable» y de «confianza» se hace hoy un poco mas dificil.

La problemática española

Para España, uno de los mayores consumidores de la Unión Europea, después de Alemania, Francia e Italia, las consecuencias de un cártel pueden ser perjudiciales debido a la dependencia relativa de nuestro país respecto a esta fuente energética. Geográficamente, la dependencia más fuerte de nuestro país es con Argelia, que aporta cerca de la mitad del gas que se consume en España. Los mayores suministradores de España son, por este orden, Argelia, Nigeria y Qatar, país este último, donde precisamente se llevo a cabo la reunión de ayer.

Reapertura del debate de diversificación de abastecimiento

Para Europa en general y para España en particular, las actuales circunstancias reabren el debate sobre la necesidad de abordar, «de forma seria», la diversificación y disminución de la dependencia energética como «objetivos prioritarios de la política energética» de unos países que no logran zafarse de la terrible dependencia de los combustibles fósiles.

De momento la posibilidad de establecimiento del cártel está neutralizada. Poner de acuerdo a países con distintos intereses -políticos y económicos- y con una diferente fuerza en las negociaciones es tarea complicada. Desde un punto de vista económico, la creación de un cártel solo será útil para sus miembros si existe una «creíble cohesión» entre sus miembros capaz de influir en los precios. Para los países implicados, el gas natural tiene un peso diferente como fuente de riqueza en sus economías, y cada uno de ellos tiene una producción actual y reservas bien distintas. Unas condiciones homogéneas entre países hacen más fácil el llegar a un acuerdo y sobre todo, posteriormente mantenerlo.

Las primeras informaciones sobre la reunión, hablan de Irán y Venezuela como los países más activos en la búsqueda de un acuerdo, a pesar de que se repetía insistentemente durante las últimas semanas que uno de los mayores impulsores del posible acuerdo junto a Irán era Rusia. Los analistas destacaban con anterioridad a la reunión que ambos países, Irán y Rusia, veían la posibilidad de un cártel mas como un «instrumento» de política exterior que como una de las bases en las que asentar su «estrategia energética» a largo plazo.

Este posible instrumento de política exterior tiene en la crisis diplomática que Irán mantiene sobre la producción de combustible nuclear uno de sus principales argumentos. Irán afirmó ayer que ha iniciado la producción del combustible nuclear a escala industrial, lo que supone el último desafío del gobierno iraní al Consejo de Seguridad de la ONU, que ya le impuso dos rondas de sanciones a la república islámica por rehusarse a detener ese trabajo.

La implicación de Irán y Venezuela como actores destacados en la reunión de ayer ratifica la preocupación que la comunidad internacional, y en especial Europa, mantiene en relación a un cártel que lejos de lo económico se acerca mas al modelo de un cártel «puramente político» que pretende mantener un pulso que demuestre así el poder real de los países productores. Quizá por ello, en las últimas semanas se haya hablado tanto de temor a una OPEP del gas, no tanto a veces por lo económico, sino por sus consecuencias mas directamente políticas.