De reguladores y empresas privadas que dejaron de ser públicas

Peor probablemente que el déficit tarifario, sea el déficit de normalidad democrática, institucional y empresarial en el que nos hemos instado. Y esto parece que se ha puesto especialmente de manifiesto con las ultimas actuaciones que han protagonizado empresas del sector de la energía que un día tuvieron el carácter de público y que hoy son empresas privadas, con sus Consejos de Administración, sus accionistas y sus clientes. Esto reproduce tics y actos reflejos, entre los órganos de la Administración reguladores y las propias empresas, propios de otras épocas y de fórmulas de relación que no tienen que ver con la que debe existir entre los agentes privados y la Administración.

Un ejemplo, es la propia fórmula de cambiar al presidente, cosa que ocurre con mayor frecuencia cuando hay cambio de partido en el poder, que cuando lo deciden los propios accionistas. Este es un hecho que, cuando se valora en términos de favoritismo y prebenda parece que debe cortocircuitar la capacidad de crítica de la empresa y del nombrado, para garantizar su continuidad y el favor del que le elige. Si no actúa así, el crujir de dientes y el arrastrar de cadenas le perseguirán eternamente.

Así, Red Eléctrica, además de protagonizar la elaboración del informe-ariete contra Iberdrola a las órdenes del Ministerio de Industria, tiene dibujado un escenario difícil de necesidad de crecimiento intenso en la inversión en redes de transporte, para poder acompañar el paso al crecimiento de la oferta de generación y de la demanda de consumo. A cambio, parece que las únicas propuestas que encontramos es la promoción de su conversión en transportista único y la creciente influencia en ámbitos regulatorios, condicionando las decisiones de la Administración en este sentido. Sin dudar de las cualidades profesionales y personales del actual presidente, Luis Atienza (que todo el mundo reconoce y valora), parece que la relación entre una estructura muy fuerte y los aparatos del propio Ministerio, hacen que estas vinculaciones influyan de manera notable en el comportamiento del regulador.

Aún así, parece que hay vida. Por ejemplo, el nombramiento de Antoni Llardén (que ha estado no exento de su correspondiente polémica) parece que puede haber insuflado aire fresco en la relación entre la empresa titular de las redes gasistas Enagás y el regulador. De hecho, Enagás acaba de protagonizar una discrepancia con la Comisión Nacional de Energía, y como hecho adicional, haciendo un diagnóstico certero de la necesidad de inversión en redes gasistas, su primera comparencia ha sido para presentar un plan estratégico e inversor fuertemente ambicioso, que interconexione los actuales gaseoductos y dé respuesta a las necesidades derivadas de las nuevas regasificadoras.

A muchos extraña que pueda existir un enfrentamiento entre las empresas privadas y el regulador y que éste se dedique a hacer lo que debe hacer como empresa. Pero debemos instalarnos en la normalidad institucional. Que los reguladores puedan ejercer de reguladores y las empresas no suplanten a los mismos. Que los reguladores no interfieran en la vida económica y la propiedad de las empresas. Que las empresas privadas se dediquen a la provisión y suministro de sus actividades para maximizar, sus valor sus beneficios y el de sus clientes.

Parece sencillo, pero no lo es. Esperemos que cunda el ejemplo.