Ampliada de once a trece países miembros, la OPEP cierra un nuevo año de fortalecimiento debido a la escalada del precio del petróleo, pero dividida entre los tradicionalistas y los que quieren abrir la puerta al divorcio del crudo y el dólar.

A partir de 2008, Angola y Ecuador se unen a la política de ajustes de la oferta conjunta del «oro negro» de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

En su última reunión, el 5 de diciembre en Abu Dhabi, la OPEP fijó cuotas de producción para ambos países, de 1,9 millones de barriles diarios (mbd) para Angola, y de 520.000 bd para Ecuador. Angola entró en la OPEP el 1 de enero de 2007, en lo que fue la primera ampliación de la organización en más de tres décadas, y Ecuador se reincorporó el 20 de octubre, tras 15 años de ausencia.

Así las cosas, este año ha sido el último de la llamada «OPEP-10«, el grupo de países participantes en los repartos de mercado de la organización, pues ya a partir de la próxima reunión, el 1 de febrero de 2008 en Viena, será sustituida por la «OPEP-12«, que suma hoy una cuota oficial de producción de 29,67 mbd. En ella se incluye el bombeo oficial de todos los miembros del cártel, salvo Irak.

La «OPEP-10» inició 2007 recortando su producción para apuntalar los precios de esa materia prima, que estaban entonces a la baja, aunque acababan de encadenar el quinto año consecutivo de fuertes alzas, y según advirtió en Abu Dhabi el ministro venezolano, Rafael Ramírez, es probable que en la primera reunión de 2008 se plantee también una limitación de la oferta de la «OPEP-12«.

El barril (de 159 litros) que utiliza como referencia se vendió en todo enero de 2007 a una media de 50,79 dólares, por debajo del promedio de todo 2006, que fue de 61,08 dólares.

El 1 de febrero, entró en vigor la reducción de la oferta en 500.000 barriles diarios pactada por la OPEP en diciembre, que se sumó al recorte de 1,7 millones de barriles diarios (mbd) vigente desde noviembre de 2006. En marzo, la organización que controla cerca del 40 por ciento de la producción mundial de crudo decidió mantener hasta septiembre la limitación de su oferta.

Desoyó de esta manera la petición de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de incrementar los suministros, una política que contribuyó a la escalada paulatina de los precios, impulsados además por el fuerte consumo en China e India, así como por factores climáticos, geopolíticos y financieros.

Cuando la OPEP optó finalmente por abrir sus espitas y dar marcha atrás con los recortes del bombeo, fue el mercado el que hizo caso omiso de esta decisión: al día siguiente, el valor de crudo de Texas (WTI), el de referencia en EEUU, superó por primera vez la barrera de los 80 dólares. Y no ha vuelto desde entonces a cotizar por debajo de esa cifra, sino que ha fluctuado entre la misma y los 99 dólares en las últimas semanas, amenazando con romper la barrera de los 100 dólares.

De forma paralela han subido los demás crudos de referencia, como el Brent, la referencia para Europa, y el barril de la OPEP -calculado en base a una mezcla de doce calidades de crudo-, que batió el récord de 91,91 dólares el 21 de noviembre pasado. En lo que va de diciembre, su valor medio es de 85,05 dólares, un 34,26 por ciento más que en enero de este año.

Pero la OPEP se ha desentendido de esta última escalada y cerró su última reunión sin el aumento de la oferta que esperaban los mercados, advirtiendo de que los precios actuales están determinados por factores ajenos a su control, en especial por una febril actividad especulativa en los mercados financieros. Unos días antes, el 17 y el 18 de noviembre en Riad, los jefes de Estado de los trece países miembros, reunidos en la tercera cumbre de la historia de la OPEP -fundada en 1960 por cinco países-, expresaron su preocupación por el debilitamiento del dólar frente al euro y otras divisas, que merma el valor de sus ingresos, ya que el crudo cotiza en el billete verde.

Esta tradicional relación entre el «oro negro» y la moneda estadounidense fue puesta en entredicho por Irán y Venezuela, que pidieron en la cumbre estudiar la posibilidad de establecer una canasta de divisas para cotizar el petróleo. También Ecuador se sumó a esas voces y su presidente, Rafael Correa, insistió en que esta materia prima debía «transarse» en una «moneda dura». Pero Arabia Saudí, el mayor exportador mundial de crudo y por eso líder natural de la OPEP, así como sus aliados del Golfo Pérsico, se negaron a dar luz verde a tal propuesta y lograron finalmente imponerse en la cumbre.

Venezuela ha anunciado que seguirá planteando la cuestión en el seno de la organización, que pese a las diversas posturas al respecto, se muestra unida para defender el uso «limpio» del petróleo, frente a las crecientes políticas ecologistas destinadas a reducir la dependencia del mundo de los hidrocarburos.

El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía aplazó el jueves pasado la solución a la propuesta de regulación que prepara el Ministerio de Industria para fomentar el consumo de los biocarburantes. Previsiblemente en esta semana, el órgano que preside Maite Costa tendrá que emitir finalmente su dictamen, superando y completando el debate que quedo abierto a finales de la semana pasada. Lo que parece evidente es que la cuestión ha suscitado debate en el seno de este organismo y, que no se sabe bien, a ciencia cierta, cuál será la posición final de este organismo.

En este sentido, la clave de las regulaciones en materia de biocarburantes estriba en las distintas fórmulas utilizadas por parte de la Administración para promover su uso y las diferencias en cuanto al tratamiento del bioetanol y el biodiésel. El hecho de diferenciar su tratamiento en el cómputo de los porcentajes para el cumplimiento de la cobertura de niveles de consumo de biocombustibles se puede considerar el elemento diferencial de las políticas que siguen los distintos países de las Unión Europea.

En primer lugar, y como fórmula más extendida en la Unión Europea figura que el cómputo del consumo de los biocarburantes sea indiferenciado, es decir que dé igual si para cumplir el objetivo éste se realiza gracias al consumo de biodiesel o del bioetanol. Otra alternativa, empleada por Francia, y que ya ha anunciado que va a ser cambiada, es la de diferenciar y establecer niveles diferentes para el bioetanol y para el biodiésel. La tercera vía, empleada por Alemania y los Países Bajos, es la de fijar un nivel mínimo en cada uno de estos dos tipos de biocombustibles y permitir llegar al objetivo, una vez garantizados los mínimos, a través del consumo de bioetanol o biodiésel indistintamente. Esta línea es la que parece que la Comisión Europea parece apoyar como línea de futuro.

En todo caso, son variables de entorno para la fijación de estos objetivos, la conformación de la industria de refino de cada país, así como el nivel de ‘dieselización’ que tiene el parque automovilístico. Recordemos que la formula que ha enviado el Ministerio de Industria, a través de la Secretaría General de Energía, a la Comisión, sigue el criterio de diferenciar los niveles de bioetanol y de biodiesel, estableciendo fórmulas de penalización para los puntos de servicio que no logren estos objetivos, cuyos costes son dobles en el caso de no cumplir los objetivos de bioetanol.

Desde varias instancias, estiman poco justificables la diferenciación en el consumo de los biocombustibles a la hora del cumplimiento de los objetivos en nuestro país. En primer lugar, por el déficit de refino de diesel, frente a la gasolina, consecuencia del segundo elemento, la dieselización creciente de nuestro parque. Por otra parte, los recientes estudios publicados por la OCDE ponen en tela de juicio la eficiencia energética de determinados tipos de biocarburantes de primera generación en función de cómo ser realiza su producción, dado que la utilización de determinadas materias primas y el transporte de las mismas en sí, hacen muy costosa su producción y poco eficiente energéticamente en lo que se refiere a efectos de la reducción de emisiones de carbono. En el caso del bioetanol, estos informes solo salvan la producción en Brasil a partir de la caña de azúcar, dado que a partir de otros cultivos, su consumo, incluso de agua, los hace poco eficientes, e incluso pueden afectar a los precios de las materias primas y los alimentos.

Tendremos que esperar a las conclusiones de la Comisión Nacional de Energía para valorar la configuración final de la propuesta que sobre esta regulación hace la CNE.

El Real Decreto Ley es una herramienta legislativa para casos de urgencia en los que es imposible seguir un proceso regulatorio normalizado. Recordemos que la reforma laboral que hizo el Partido Popular se realizó por Real Decreto Ley, que le costó el puesto al entonces ministro Juan Carlos Aparicio, fue impugnada y, posteriormente, anulada por el Tribunal Constitucional al haber utilizado esta formula jurídica, al comprobar que no había motivos de urgencia derivados de una emergencia que justificasen tal reforma (lo que quiere decir que no se puede hacer una trapisonda legal, saltándose a la torera el ordenamiento político y las instituciones).

La utilización de esta herramienta legislativa en el ámbito de la energía ha sido muy habitual hasta el momento, regulando cosas por esta vía que luego tardaban años en ponerse en vigor o en desarrollar. Lo que pasa es que todavía no se había publicado la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso anterior y parecería que un gobernante, debería ser más leído y prudente, a la vez que respetuoso con las instituciones del Estado, para no caer en semejante desprecio e incuria a las instituciones.

En una sociedad democrática regular cuestiones que no tienen carácter de urgencia derivadas de una emergencia manifiesta (las indemnizaciones que se derivan de una catástrofe, por ejemplo) al margen del Parlamento, de las instituciones públicas, del debate público y órganos reguladores es asimilable a un golpe de Estado, una especie de ‘chavismo’ (intervención + autoridad) con BOE en la mano, una subversión o perversión de la legalidad vigente.

Golpe de estado, significa que se trata de una norma que no está refrendada por los representantes de la soberanía popular (el Parlamento) y se hurta el debate político a sus representantes legítimos, sin alegaciones, sin agentes económicos intervinientes, sin nadie. Aquí la emergencia no está justificada en ningún punto: ni el coste de la energía en España en el mercado mayorista está por encima de la Unión Europea y tampoco crece por encima de lo que crecen los combustibles y el petróleo Otra cosa es que sea insoportable para los actuales ‘responsables de la política energética’ que en cuatro años no han hecho otra cosa que pastorear el coste de la energía y meter el problema debajo de las alfombras. ¿Para que gestionar si está el BOE? ¿Cómo ha podido pasar este ataque al mercado eléctrico por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos? ¿Se ha hecho así, por la puerta de atrás, para saltarse también al Ministerio de Economía y a Solbes? ¿Cómo se ha pervertido el Plan Nacional de Asignaciones y al Ministerio de Medio Ambiente? ¿Para qué tal pantomima?.

Por lo visto, todo Secretario General de Energía que se precie tiene que hacer un Decreto Ley para seguir con la tradición y a Nieto se le acababa el tiempo. Nieto, en su particular ‘tour de force’ con las eléctricas ha ido más allá, ha metido por debajo de la puerta una bomba, en pleno puente de la Constitución, para intervenir el mercado eléctrico y sus precios de forma permanente, reducir el déficit tarifario por vía de la artimaña y distribuirlo conforme a intereses políticos para cuatro años en adelante (como ven, una urgencia derivada de una emergencia, claro). Con esta actuación culmina el asedio al mercado eléctrico y el sabotaje a la política medioambiental (¿para qué reparten los derechos de emisión en un segundo Plan Nacional de Asignaciones?), porque conviene más ‘esparcir’ el coste de los derechos de emisión, que gestionar el cambio hacia un modelo de generación más limpio, de forma que lo que se consigue es que pague más el que menos contamina (es decir que se le penalice). Por tanto, el que contamina cobra y cobra de los demás, que no lo hacen. Esa es la moraleja de este Real Decreto que acaba con el mensaje de ‘ser líderes en el cambio climático’. Con Rifkin delante, que barbaridad, que falta de decoro.

Tendremos que esperar a leer el texto completo de este Real Decreto, para ver la totalidad de cuestiones regulatorias que introduce, dada la capacidad del actual Secretario General de Energía para regular el gas cuando habla de mercado eléctrico, por vía de disposiciones, excepciones o cualquier otra forma alambicada que pueda incorporar en su articulado. Podrá fijar desde mecanismos para establecer la casación de ofertas como en el 3/2006 o cualquier otro tipo de atentado al mercado y de nuevo intervencionismo. Este es un paso que además, conllevará un nuevo elemento de judicialización del sector energético y de inseguridad jurídica, que alcanzará incluso fuera de las fronteras, algo insano desde todo punto de vista y en cualquier sector, además de ser conocidos por nuestra opereta en la Unión Europea.

Por otra parte, el Real Decreto Ley debe ser convalidado en el Parlamento y el Partido Socialista Obrero Español no puede, en virtud de la correlación de fuerzas parlamentarias, aprobarlo por sí solo. ¿Qué harán los grupos parlamentarios Izquierda Unida, y sobre todo, Convergencia i Unió (CiU) y Partido Naciolista Vasco (PNV) en este caso, dos grupos de tradición liberal en lo económico para aprobar este sabotaje al mercado? ¿Qué recibirán a cambio en las negociaciones finales del presupuesto? ¿Les asegurarán una plaza en la Comisión Nacional de Energía (CNE), ahora que toca renovación? ¿Asistiremos al vergonzante espectáculo del trapicheo parlamentario?.

Tengan cuidado estas Navidades y en Reyes, en cualquier puente o festividad. Un decreto ley les estará esperando. Gestionen en lugar de intervenir. Franco en verano inauguraba pantanos.