Mejor llamen a un abogado del Estado

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El pasado domingo el diario El País, publicaba un artículo de su equipo de investigación en el que se recogía cómo un número importante de Abogados del Estado estaban asesorando contra la Administración española en los arbitrajes que se están llevando a cabo por iniciativa de las grandes empresas y fondos de inversión internacionales por el recorte renovable. Se conoce esta información, además, después de los primeros pronunciamientos negativos para el Gobierno en los conflictos internacionales abiertos al considerarse estos tribunales de arbitraje «competentes» para juzgar la cuestión.

Inciso número uno. Los Abogados del Estado son un cuerpo muy importante y profesionalizado de la Administración española. La oposición que da acceso al cuerpo es muy compleja. Son grandes profesionales del Derecho, muy demandados y cotizados,  y su valor aumenta como consecuencia del deterioro en el que se mueve la actuación de los reguladores españoles. Existe un consenso casi generalizado: es un cuerpo de élite, muy profesional, muy bien formado y, técnicamente son los mayores expertos en Derecho Público. Son imbatibles en ese campo.

Por otra parte, en este Gobierno desempeñan un papel muy relevante, dónde la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría es quizás su epígono principal como miembro de este cuerpo. Hay comentaristas políticos que señalan la existencia de la Brigada Aranzadi por el despliegue de este correoso cuerpo de la Administración. En realidad, una de sus misiones es traducir las invectivas del cuerpo político, los ministros y secretarios de Estado, en normas, con todo lo complejo que a veces eso supone por el propio defecto de diseño.

Así, el artículo del pasado domingo podrá tener varias lecturas en este contexto. Podrá servir para que Soria se justifique de la cascada de fracasos en los arbitrajes que se avecina: «si nuestros Abogados del Estado, ésos que conocen bien nuestras cosquillas, trabajan contra nosotros, nos las están encontrando». O bien, también puede ser un mecanismo que le prepara el cuerpo al ministro para que vaya aceptando una realidad que se precipita y que quizá le llegue a Soria, antes de finalizar la legislatura. Algo completamente predecible. Preparen las sales.

De hecho, en su momento, los miembros de este cuerpo en excedencia ya estaban asesorando a empresas y fondos cuando se aprobaron las normativas que proporcionaba jugosas e increíbles retribuciones a estas tecnologías. Agentes que se mostraban incrédulos ante las costumbres de nuevo rico de nuestro país y la forma en que se articuló la promoción de ciertas tecnologías renovables, en especial, la solar fotovoltaica.

Quizá es uno de los pecados de soberbia y de lectura errónea de la realidad de las medidas instrumentadas contra el déficit tarifario. No es lo mismo enfrentarse regulatoriamente con estos operadores que a un grupo de terratenientes de cualquier comunidad autónoma de nuestro país, al margen del debido respeto que también merece la seguridad jurídica de todos los operadores.

Detrás de la contratación de los servicios de estos profesionales, están entidades financieras y empresariales, que se rodean de los mejores en defensa de sus intereses. Ahí no vale la retórica del enfrentamiento beligerante, el modelo Alexis Tsipras, retórica como la que empleó el ministro al abolir las subastas CESUR. Es una obligación para el regulador conocer un mercado y sus agentes, así como el funcionamiento de los mecanismos jurídicos, empresariales, financieros y de mercado.

Una solución más razonable, pero más compleja, hubiera sido haber trasladado a los Presupuestos estas retribuciones desorbitada y, posteriormente, negociado su reducción y aplazamiento en una moratoria renovable. Negociar, gestionar. Pero, en su lugar, el resultado ha sido un enfoque tosco, que va a traer consecuencias que pueden ir desde la resurrección del déficit tarifario por la resolución de los arbitrajes al, como mal añadido, deterioro de la seguridad jurídica de nuestro país para la inversión, los mercados y las empresas, sin que eso no signifique el reconocimiento al desmadre interesado de la retribución y concesión que se produjo y la burbuja fotovoltaica de España.

Ahora no es tiempo de excusas, de justificaciones, de coartadas o de culpabilización hacia el cuerpo de Abogados del Estado, que ha sido comparado con el canterano Morata por su participación en chafarle la semifinal de Champions al Madrid. Lo cierto es que no ha debido sentar nada bien en Industria. Pero, como el spin off de la serie Breaking Bad, Better call Saul con su abogado protagonista, el mensaje está claro con la Administración española: si tienen un problema con la regulación, mejor llamen a un Abogado del Estado.

Neutralidad en la regulación del autoconsumo (II)

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Desde la política, y ha sido una constante repetida en el último proceso electoral, los grupos políticos vienen alimentando una visión fantasiosa del autoconsumo como opción dentro del suministro eléctrico para dar un cauce de salida a los consumidores de una tarifa cuya parte fija es creciente por sus propios costes de acceso. No solamente los partidos políticos emergentes, proclives al populismo mágico, han incurrido en este problema. Partidos que han tenido responsabilidades de gobierno están haciendo bandera de esta reivindicación, uniéndose de forma poco meditada a los damnificados de la anterior burbuja.

La regulación del autoconsumo tendrá, por tanto, que oscilar entre lo posible, lo necesario, lo equilibrado y orillar las tentaciones para que sea disuasoria o, lo contrario, para que estimule una burbuja artificial, la sobreinversión y sobrecapacidad de generación, en este caso distribuida. En este escenario, estamos en la fase de que la confusión entre fomento, discriminación positiva o discriminación negativa respecto al resto de consumidores, y falta neutralidad en la regulación. Al margen queda el debate sobre lo cuantioso de los peajes de acceso.

La regulación propuesta del autoconsumo, actualmente de salida en la CNMC, busca disuadir por los peajes que se fijan; se estima que el retorno de la inversión de alrededor de 30 años. La CNMC, por su lado, remarca de forma futurista el papel de la fotovoltaica en el cumplimiento de los objetivos medioambientales españoles de cara a la planificación energética. Pero eso hay que aterrizarlo de acuerdo con el parque instalado, la capacidad, la demanda y la relación competitiva entre tecnologías limpias, con atención a la no discriminación con respecto al resto de consumidores que no pueden utilizar esta tecnología.

Finalmente, siguiendo con la diferencia entre fantasía y realidad, la no asunción de los costes de los servicios de red y de los servicios de acceso también es una posición ilusoria, utópica y discriminatoria con el resto de usuarios, lo que tampoco podría ser una opción, ni siquiera que deviniera en una burbuja incentivadora que causase tensiones financieras al sistema de suministro eléctrico. Y, la otra frontera, el límite de esta fantasía debe ser la no necesidad de subvención actual (o futura por reclamación), de fomento, incentivo o discriminación positivaa este modelo. Del mismo modo, la disuasión no parece sostenible como modelo regulatorio.

Calcular el coste de estos servicios de red en términos no discriminatorios con otros usuarios, es decir, en condiciones de neutralidad incluyendo la fiscalidad a la generación, no debe ser tan complicado sin hacer un ejercicio deliberado y oportunista de amnesia sobre los costes de acceso del sistema actual. Y, probablemente, la solución a este fantástico y fantasioso nudo gordiano.

Neutralidad en la regulación del autoconsumo (I)

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La actualidad del sector energético en estos últimos estertores de la legislatura pasa por la regulación del autoconsumo que tiene el Ejecutivo planteada y de la partida de ajedrez mediática que hay a su alrededor, con tres ejes fundamentales. El primero es la depresión en términos productivos que se ha producido en el sector fotovoltaico español, fruto de las reformas operadas para la reducción del déficit de tarifa eléctrica.

La segunda tiene que ver con la elaboración argumental de un denominado “impuesto al sol” por los peajes que el Ejecutivo fija para dicho modelo de autosuministro. La tercera se está construyendo en torno a algo más libertario, un movimiento de separación del sistema, que acentúa las tendencias antiempresariales del país y cuyo punto álgido nihilista se ha cristalizado en la oposición a las pretensiones inspectoras y sancionadoras del Ejecutivo que pudieran incurrir en fraude.

El Ejecutivo parece un tanto escarmentado de la forma en que se forjó la dinámica de la burbuja fotovoltaica: ruptura de los diques de la planificación renovable en la fotovoltaica por pasividad y dejación interesada de las comunidades autónomas, descuido en la retribución, sospecha de grandes negocios en la cadena que iba desde la autorización a la puesta en funcionamiento, incluyendo procesos y flujos de financiación enormemente turbios, repotenciaciones encubiertas.

Igualmente se podrá atribuir la reclamación futura a los damnificados por una burbuja del autoconsumo en un país que va de burbuja en burbuja. En este contexto su propuesta ha sido poner pies en pared  y fijar unos peajes disuasorios, más que neutrales, viéndose impelido por una inminencia regulatoria energética en renovables de final de legislatura, fatal en los últimos gobiernos españoles (recuerdos ya tenemos).

Por otra parte, alrededor del autoconsumo energético se están planteando un ejercicio también fantasioso desde el punto de vista político. Un punto de partida es ver su posible alcance, para una sociedad, como la española, cada vez más urbana. Como punto de partida en el autoconsumo, desde el punto de vista del consumidor final, hay que partir de unas dimensiones mínimas. La primera, es que se traten de instalaciones de consumidores cuyas instalaciones tengan una potencia mínima de 5,5 kV, cuya inversión inicial se sitúa entre los 8.000 y los 10.000 euros, que requieren un mínimo de 40 metros de superficie para contar con ella.

Una inversión de tal calibre ya reduce el porcentaje de posibles consumidores que podrían acogerse a esta fórmula. Así este modelo de suministro se dirige a un colectivo con un perfil concreto: clase media-alta, rentistas, titular de viviendas individuales y con capacidad de invertir un equivalente a 10 años de consumo para buscar esa ansiada «separación» del suministro eléctrico general. Un perfil muy diferente de otros países dónde se estimula el autoconsumo por sus problemas de suministro y de capacidad. La pregunta, por tanto, es si es necesario el “estimulo” al autoconsumo en España en este estado de cosas. Es decir, una respuesta entre estímulo al autoconsumo frente a neutralidad.

El silencio de los consumidores

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La polvareda en torno al nombramiento de Juan Lasala como consejero delegado de Red Eléctrica no ha cesado en estos días. La comunicación articulada desde la compañía informando de que  esta decisión se inscribía en una mayor profesionalización de la compañía ha dejado tras de sí un reguero de interpretaciones´en una empresa, por otra parte, muy profesionalizada desde el punto de sus servicios técnicos.

Profesionalización; ¿se refiere a despolitización por la cabeza en el sistema de turnos instrumentado por populares y socialistas?. O profesionalización se refiere al incremento del poder de lo financiero en la compañía como garantía de las inversiones técnicas que tiene previsto realizar: es decir, la posible creciente posición de los inversores institucionales en la compañía al calor de la retribución y de las inversiones reguladas (más de 4.700 millones, criticadas vanamente por la CNMC). La evolución en Bolsa lo confirma.

De hecho, se puede recordar la intervención en aquella jornada de IESE al alimón de Luis Atienza y de Antoni Llardén respecto al papel de los TSO gasista y eléctrico español en la realización de inversiones, como contribución a la salida de la crisis económica. Sólo ha cambiado uno de sus protagonistas; el discurso no.

Los consumidores domésticos asisten a todo este proceso de forma silente. Las inversiones reguladas de hoy serán los costes de acceso de mañana. Con la propia mentalidad española favorecedora de las empresas públicas, aunque estén participadas por inversores privados,  la atención de los consumidores a las pretensiones de inversión en activos regulados pagaderos por la tarifa y, por tanto, por la factura pueden pasar inadvertidos.

Del mismo modo los consumidores tienen otra tesitura añadida, la del autoconsumo, que pasa a ser un dilema del prisionero, cierto para los primeros. O bien todos los consumidores lo son en términos de igualdad y neutralidad, o bien se reivindica un tipo de discriminación positiva para incentivar sectores productivos. Aquí opera la teoría de la manta, es decir, cuanto más se tapa uno la boca, más se le salen los pies. Y, evidentemente,  consumidor que sale del sistema de suministro eléctrico, si se cumple la pretensión de evitar su participación en los costes regulados, sería un consumidor que aumenta la carga para el resto.

Consecuencia. Se advierte una cierta fatiga del discurso historicista/nostálgico en España en lo que se refiere a la energía (versión retroprogresiva promoviendo un sistema de retribución regulada administrada) y una necesidad de regeneración hacia la realidad financiera actual y sus riesgos para consumidores domésticos e industriales sobre sus costes actuales y futuros en términos de certeza. Salvo que se acaben nuevamente en los procesos de solicitud de subsidios cruzados y sea un eterno deja vu.

Déficit tarifario, superávit y pobreza energética: la versión Seco

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Recientemente podíamos leer en Cinco Días, un artículo de  Andrés Seco, actual director de Operación de Red Eléctrica de España, aunque estaba firmado con una calificación académica genérica en calidad de Ingeniero de ICAI. Evidentemente, la pretensión del autor de desligar el contenido de su artículo de su actual responsabilidad en el operador de transporte y sistema español (TSO) resulta más o menos pueril, como también lo sería separarse del propio PP, del Gobierno o de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). Se trataría de una manera forzada de expresar una opinión a “título particular”, sino fuera por la actualidad informativa del tema al que se refería.

Inciso número uno: el Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI) y el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresa (ICADE), son dos una instituciones centenarias en el ámbito educativo universitario de la Ingeniería y de la empresa, directamente vinculadas a la Compañía de Jesús y hoy integradas dentro de la Universidad Pontificia de Comillas. En la actualidad, probablemente en la Universidad Pontificia de Comillas, es donde existe uno de los verdaderos think tank españoles en el sector energético.

Su nivel de influencia es bastante transversal, aunque la tosquedad con la que se han instrumentado las últimas medidas normativas han pasado de toda lógica regulatoria y nadie pueda atribuirse un posible ejercicio de influencia. En este sentido, sus encuentros semanales gozan de todo predicamento y, como grupo de pensamiento, éste se caracteriza por la profundidad de sus debates en el ámbito regulatorio y económico.

Inciso número dos, el artículo se publica con posterioridad al nombramiento de Juan Lasala como consejero delegado de Red Eléctrica de España y  tras la aprobación por parte del Ejecutivo de la Planificación Energética en el que se incorpora una previsión de inversión en transporte de más de 4.000 millones de euros a favor del TSO español. Completando el contexto, el ministro de Industria apareció informando de la previsión de superávit tarifario en 100 millones de euros en 2014 y se prevén 900 millones de euros para este año, superávit que, según Soria, se aplicaría a la reducción de la deuda pasada. Es así como lo recoge la Ley y como impone la lógica de responsabilidad frente al endeudamiento pasado.

Por su parte, Andrés Seco, hasta ahora director de Operación de REE, proponía en su artículo, de indisimulada vis política, vigoroso, incluso de vocación tuitera en tiempos de Podemos, la aplicación de este superávit a efectos de reducir la pobreza energética, a efectos de “regalar” la energía a los consumidores vulnerables. Hacía un cálculo de trazo grueso calculando esta equivalencia.

Pocos matices en la propuesta como, por ejemplo, una compensación hasta un límite de renta disponible que se establece para un consumidor vulnerable según las propias definiciones internacionales y europeas. Evidentemente, no era una propuesta que podría haber devenido de una discusión del expertise y el debate usual en el think tank de Comillas. Y, tampoco evidentemente, se corresponde con las propias declaraciones inmediatamente pretéritas del ministro José Manuel Soria.

La propuesta merece la atención no tanto por su virtualidad sino por lo que supone de contribución más o menos generosa al Gobierno en su menesterosidad de ideas amables para acercarse al electorado en tiempos de reinvención catódica en comunicación. Si no es así, es que el propio Ejecutivo tiene el enemigo en casa y algo así no puede pasar inadvertido. O que, definitivamente, este artículo pudiera ser un signo de que a Andrés Seco no le ha sentado nada bien el nombramiento de Lasala.

De la confusión en el debate sobre el autoconsumo: ¿fomento, discriminación positiva o discriminación negativa?

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El torrente informativo que ha provocado la propuesta de regulación del autoconsumo nos debe hacer recapacitar sobre tres posiciones diferenciadas pero que se están poniendo de manifiesto de forma confusa pero intencionada en este debate.

En primer lugar, en algunos medios de comunicación se lee la reclamación de que el Estado “fomente”, es decir que subvencione o beneficie las instalaciones en régimen de autoconsumo. Determinados sectores renovables reclaman esta opción, haciendo una grosera comparación con las políticas incentivadoras existentes en ciertos estados de Estados Unidos donde, por otra parte, existen graves problemas en las redes y, por tanto, su fomento está justificado. Algo que en España no es así, dada la capacidad existente en nuestras redes de transporte y distribución, el desarrollo renovable alcanzado y la potencia instalada de generación de nuestro país. Una posición de “fomento”, subvencionadora del autoconsumo, sería un despilfarro actualmente inasumible.

Una versión light de este fomento del autoconsumo sería la exoneración a las instalaciones en régimen de autoconsumo de los costes de acceso (por otra parte, engrosados por partidas que deberían afrontarse en los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo la política de renovables pasada) y del impuesto a la generación que deben pagar todos los usuarios cuando utilizan energía generada en el régimen especial. En este caso, estaríamos hablando de discriminación positiva, entiéndase a favor del autoconsumo, frente al resto de consumidores. Tanto esta fórmula como la anterior provocaría un abandono del sistema general de suministro actual, al incluir incentivos para hacerlo, de forma que los consumidores restantes se tuvieran que hacer cargo del sistema, haciéndolo insostenible a medio plazo.

En tercer lugar, y de forma maniquea en el otro extremo, se sitúa la discriminación negativa, consistente en aplicar un conjunto de costes a la actividad que la hicieran prácticamente inviable. Es decir, un modelo disuasorio, que fuera más allá de la lógica económica, jurídica y moral aplicable. De hecho, quienes promueven las instalaciones en autoconsumo, son conscientes de la necesidad de utilización de los servicios de la red, por lo que, es necesario que participen y sufraguen los mismos. Lo que sí está claro es que el sector eléctrico es un sector en red y la solución debe proporcionarse en la red y asumiendo los costes de la red.

El autoconsumo puede ser en el futuro para el PP lo que la fotovoltaica, con su retribución, su regulación y su desmadre, ha sido al PSOE. Proponer una legislación disuasoria y extremista puede ser un bumerán para los populares. Por tanto, la pregunta es si el modelo propuesto, más cercano a la tercera vía que apuntamos, tiene visos de que se virtualice en una norma legal futura, así como si esta regulación propuesta va a gozar de estabilidad con posterioridad al cierre de este legislatura.

A la vista de la situación de nuestro modelo de suministro, la solución razonable pasa, evidentemente, por no subvencionar el modelo de autoconsumo, ni incentivarlo por la vía de discriminaciones positivas hacia el mismo, con el fin de no aumentar la sobrecapacidad conjunta del sistema, ni generar nuevas tensiones. No hay razón para ello. Al mismo tiempo, lo lógico es que se calculen los costes que deben afrontar estas instalaciones en paridad de condiciones con cualquier otro consumidor, evitando una discriminación positiva o negativa con el resto de consumidores.

Se hace necesaria una solución en red y con visión global.

Energía en Común

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El resultado de las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo está teniendo consecuencias a múltiples niveles, también desde el punto de vista del sector energético. No está siendo inocuo, puesto que está dibujando un mapa político muy complejo, dónde el abordaje pasado de los cuestiones energéticas no beneficia el enfoque futuro; es más, lo condiciona. En todo caso, la política seguida en estos cuatro años no ha sido ajena a que se produzca este resultado funesto.

Durante la campaña repasamos las propuestas en materia de energía de las principales formaciones políticas aunque no era el ámbito de gobierno adecuado el que estaba en juego en las urnas. Está claro que la resolución de la cuestión energética es algo no resuelto desde el franquismo, con su disimulo respecto al shock energético del 73: se aborda desde presupuestos intervencionistas, ocultando parte de la realidad de los decisiones políticas tomadas, sobreinversiones, sobrerretribuciones, combinado con una letal intención de “protección” al consumidor y de buenismo para todos los colectivos. Sus resultados son inverosímiles, disfuncionales desde una concepción del sistema energético y, a la vez, causantes de deterioro a las empresas, los mercados y del sector.

Así,  las propuestas incluidas en los programas estaban más centradas en aspiraciones maximalistas: hacia el cambio de modelo energético, en las que se tuvo que desmentir la nacionalización de las empresas; otras con la secesión del sistema eléctrico en ciudades como Barcelona; y otras con fórmulas de inclusión de nuevos impuestos sobre las empresas energéticas, prosiguiendo con el modelo de hostigamiento, entendiendo la energía como un suministro objeto de gravamen.

El resultado ha devenido en un efecto que se aprecia en la Bolsa, ante la consumación del ascenso de las candidaturas impulsadas por Podemos: Barcelona en Comú, con Ada Colau, con algunas dudas actualmente respecto a su designación como alcaldesa de la ciudad, o con el señalamiento de Manuela Carmena como posible alcaldesa en Madrid.

En el partido del Gobierno también se han producido estragos relacionados con la energía a cuenta de las elecciones con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, atribuyendo al ministro de Industria, José Manuel Soria, parte del fracaso electoral por su política respecto al sector minero español. Una cuestión, por otra parte, cada vez más imposible de abordar sin politización. A eso se une la justificación de los malos resultados de los populares en Canarias como un efecto de los sondeos petrolíferos. Además, el conflicto en determinadas comunidades autónomas por los recortes operados en las tecnologías de régimen especial también estuvo presente durante la campaña.

El hecho es que los nuevos consistorios y comunidades autónomas se constituyen con varios transfondos relacionados con la energía, desde la pobreza energética, la evolución de la política y precios energéticos en el marco de las reformas pasadas y sus efectos latentes, el futuro de la minería nacional, los sistemas metropolitanos independientes sugeridos, el fracking y el resto de iniciativas políticas más o menos recientes. Permanezcan atentos a las pantallas.

Para un gas industrial competitivo, por Juan Vila

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El pasado 20 de mayo, medio centenar de empresas industriales de todos los tamaños y todos los sectores manufactureros constituimos GasIndustrial, una asociación surgida bajo el lema “para un gas industrial competitivo” y que nace con el propósito de ser en adelante la voz en España de los consumidores industriales de gas.

Para nuestras empresas, el gas natural es un componente determinante en los costes y, como tal, un factor decisivo en su competitividad. Nuestra asociación surge en un momento clave en el que en España concurren una serie de circunstancias que incidirán significativamente en los precios del gas a la industria. Las reformas en curso afectan a los costes regulados, al mercado, a las infraestructuras y a la planificación, y es ahora cuando se está definiendo el nuevo mercado organizado o hub de gas. Nuestra asociación viene para representar, ante estas nuevas realidades, la postura y los intereses de los consumidores industriales con el fin de asegurar un suministro fiable y al precio más competitivo posible.

Queremos lograr la mejor posición común para acceder a la información y contribuir al desarrollo de los mercados y a que se logren regulaciones eficaces. Seremos el interlocutor de referencia que luchará por la competitividad del precio, la fiabilidad y seguridad de suministro y la libre competencia en el mercado.

Esta asociación es la consecuencia de una iniciativa surgida a finales del año pasado de la mano de un grupo de asociaciones industriales, que reflejaban la preocupación de sus empresas por los elevados costes energéticos y que vivían en su actividad diaria la importancia de precio del gas como factor de competitividad.

GasIndustrial tiene un objetivo central: alcanzar y mantener un precio de gas competitivo para la industria, a través de peajes eficientes y un término de energía de precio análogo al de sus homólogos europeos.

El coste del gas es una parte clave de los costes de numerosos sectores industriales, desde el cerámico, químico, papel, vidrio, automóvil, alimentario y un largo etcétera. En España, el consumo de gas de la industria supone más del 60% del consumo total nacional, unos dos tercios aproximadamente de la demanda total. El precio del gas está formado por los peajes -costes regulados- y el término energía –liberalizado-. En los últimos diez años, la demanda industrial, base de la estabilidad y eficiencia del sistema gasista, ha permanecido estable en unos 200 TWh/año; en el futuro esa demanda será esencial para alcanzar peajes eficientes y ajustados.

En España existe un mercado interior liberalizado, pero hay muy pocos industriales que pueden comprar con referencia a mercados europeos, siendo mayoritaria la contratación bilateral entre comercializador y consumidor con contratos indexados a Brent/productos, que adolecen de ser precios publicados. Los mercados europeos de referencia  permiten otro tipo de indexaciones, efectuar coberturas y, en los últimos años, han ofrecido un coste menor. Contar con un mercado organizado dotado de liquidez, solucionaría la situación. El mercado organizado está cerca de ser una realidad en nuestro país y para los consumidores industriales de gas resulta fundamental contribuir y vigilar su desarrollo y funcionamiento y lograr regulaciones eficaces.

España necesita precios competitivos que redunden en la competitividad de nuestras empresas industriales. Los hubs  son mercados organizados donde se casa la oferta y la demanda de gas natural y todos los países de nuestro entorno tienen mercados organizados operativos. Para que la competitividad alcance al consumidor es necesaria la existencia de un mercado organizado y un sistema bien conectado con los gaseoductos europeos. España, tras casi seis años de preparación, acaba de aprobar la Ley que abre las puertas al Mercado Organizado de Gas, que estará en funcionamiento en otoño y que progresivamente, si se desarrolla de manera adecuada, permitirá al consumidor industrial adquirir el gas en condiciones más competitivas. GasIndustrial viene para ayudar y apoyar a que todo ello sea posible.

 

Juan Vila es presidente de GasIndustrial

La Comisión Europea en el avispero español

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Margrethe Vestager, la comisaria de Competencia de la Unión Europea, visitaba este miércoles España. Danesa, de perfil y comportamiento nórdico, directo, es uno de los pesos pesados de la Comisión Junker y tiene un halo de dura y rigurosa. Enarbola el caso Google, con un fuerte aparato mediático a su alrededor. No es una comisaria al uso y está siendo una de las caras más conocidas del nuevo Ejecutivo europeo. Ostenta, además, una de las comisarías de primera categoría en la actual Comisión Europea, estructurada en dos capas.

En su estancia en España y comparecencia ante los medios en los desayunos de Europa Press, Margrethe Vestager fue interpelada respecto a la cuestión que dictamine que las primas a las renovables sean consideradas como ayudas de Estado ilegales por su volumen excesivo. La comisaria anunció que hasta el momento no hay una decisión tomada por la Comisión Europea respecto a este expediente y añadió que hay que tener «mucho cuidado» cuando existen procesos judiciales abiertos, dado que los resultados de sus investigaciones pueden influir en los litigios en marcha.

En días anteriores se había conocido que, en estos momentos, desde el propio Gobierno español se estaría intentando la consumación de un acuerdo con el Ejecutivo comunitario para que la Comisión incoase un expediente a España que, de facto, supondría la remoción de las políticas renovables seguidas en los últimos años con un efecto cuantificado en más de 40.000 millones de euros en primas. Un aval al sistema de recortes ideado por Industria y cuyo escenario judicial es muy sombrío, incluyendo las últimas revelaciones sobre los informes que lo soportaron.

Por otra parte, la invocación a la Comisión Europea desde Industria en este sentido, confirmada por la propia Abogacía del Estado al Tribunal Supremo, se realiza una vez que España ya colecciona más de una docena de arbitrajes a nivel internacional por las reformas en el sistema retributivo desde la cúpula del Ministerio de Industria, José Manuel Soria y Alberto Nadal, además de los procesos judiciales en el plano interno.

Dichas maniobras son consideradas por distintas fuentes como estratagemas de última hora para tratar de mitigar las consecuencias de los previsibles reveses judiciales de la reforma de forma que, con la calificación de ayudas de Estado ilegales por excesivas, se permitiría una posición del Gobierno ante los tribunales que desactivara las devoluciones e indemnizaciones subsiguientes en los pleitos que se resolviesen de forma negativa en cada una de las instancias.

Fuentes solventes apuntan al responsable de la Oficina Económica de Moncloa y al secretario de Estado de Energía, los hermanos gemelos Álvaro y Alberto Nadal respectivamente, como los que habrían tomado el mando de los movimientos de la ofensiva del Gobierno español en Bruselas en esta materia, buscando el apoyo del comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, en su momento propulsado por Rajoy para ocupar esta cartera.

La primera derivada de estas declaraciones de la comisaria Vestager es que en Europa se han dado cuenta del papel y del momento en el que se buscado la implicación de la Comisión Europea dentro del conflicto renovable en España y, a la vez, que se reserva un margen de maniobra respecto a las actuaciones del Gobierno de nuestro país para abordarlo en clave comunitaria.

Por otra parte, la forma en que se abordan estas cuestiones en la Comisión Europea, en las que se mezclan competencia, seguridad jurídica, conflictos judiciales y arbitrajes, se analizan con mucho detalle y precisión, teniendo en cuenta los efectos para las inversiones y los mercados financieros, elementos clave en la política europea de la actualidad. La maquinaria de la Unión, como dice un perfecto conocedor de ella, Alejo Vidal-Quadras, está orientada al acuerdo, con grandes dosis de diplomacia,  y tiene una concepción muy minuciosa y transparente de los asuntos públicos.

En definitiva, la comisaria danesa se sacude las avispas que el Ejecutivo español ha depositado en la Comisión Europea sobre esta cuestión. Después del desayuno informativo en Europa Press, la comisaria Vestager se reunió con el propio José Manuel Soria en la sede del Ministerio de Industria. Tiene mucho morbo, con el perfil de los dos, saber que se dijeron.

El “piloto” de secesión eléctrica de Trías para Barcelona (I)

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En el marasmo causado por el torrente de las promesas electorales para el 24-M, se ha conocido la propuesta del actual alcalde de Barcelona y candidato por CiU, Xavier Trías, de constituir un operador eléctrico metropolitano para la Ciudad Condal. Se trata de una iniciativa inédita en el ámbito del municipalismo español que debe ser interpretada en el entorno independentista que se vive en Cataluña.

Cabe señalarse que esta propuesta puede ser el germen de un modelo independentista en la medida de que la secesión catalana requiere un sistema energético propio: un “piloto” reducido sobre el que constituir un modelo energético propio, anticipo preparatorio de un escenario separatista.  Una propuesta así supone un paso hacia el desmembramiento del sistema eléctrico sobre la base de la creación de un sistema independiente, una fórmula que empezaremos a oír con enorme insistencia a partir de este momento. A la vez, es una cuestión no menor de cara al futuro del sistema eléctrico español.

Otro detalle a advertir es que la propuesta, teniendo en cuenta la ambigüedad con la que se formulan habitualmente en este estadio electoral, está formulada de forma bastante precisa, explicitando incluso el diseño societario de la misma, pensado en modo de una extensión de la actual empresa municipal Tersa Tratamiento y Selección de Residuos S.A. Por tanto, se trata de una “idea” de forma que en su expresión ya se han dado pasos hacia adelante, habiendo colocado el horizonte de 2017 para su consecución final.

Para su formulación y presentación electoral se han utilizado todos los elementos biempensantes que espera el electorado con inquietudes progres: independencia energética, autosuficiencia energética, “eliminación de intermediarios” e inversión en tecnologías renovables para contribuir al medioambiente de la ciudad de Barcelona.  No falta nada de lo necesario en términos de marketing político. Por eso, además, analizaremos esta propuesta desde la perspectiva de la inversión o, mejor dicho. de la sobreinversión en capacidad de generación que supondría la propuesta de Trías.

Por otra parte, el hecho de que este esquema se realice a través de la constitución de un operador de titularidad pública, también representa una oportunidad para fortificar la estructura del sector público de las instituciones catalanas, en este caso del Ayuntamiento de Barcelona. Lo cierto es que el modelo sería de corte intervencionista o estatal pero a la escala de las instituciones municipales. Un modelo de unas características que ya se anticipaban en sus líneas generales en los informes encargados por la Generalitat para la transición a la independencia, ya analizados por Energía Diario.

En suma, estamos ante el proyecto piloto de separación de Cataluña del sistema eléctrico español, formulado por el alcalde Xavier Trias. Y la pregunta es, sabiendo los vaticinios de los sondeos actuales que incluyen la posibilidad de que la podemita Ada Colau le arrebate a CiU ser la primera fuerza política en la Ciudad Condal: ¿qué es lo que puede salir de Barcelona en estas condiciones? El domingo lo veremos.