Semana de máximos históricos en el precio del crudo

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Los precios del petróleo repuntaron el pasado viernes situándose cerca de los 99 dólares por la intervención militar turca en el norte de Irak, en una semana en la que el crudo en Nueva York alcanzó los históricos 101,32 dólares por barril.

La tensión geopolítica vuelve a ensombrecer el panorama energético: Una gran operación con 10.000 soldados turcos, apoyados por helicópteros artillados y carros de combate, en el norte de Irak para combatir a la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha levantado los temores de que pueda afectar a la frágil estabilidad regional.

A eso se une el último informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) en el que pese a los avances se vuelve a exigir más transparencia a Irán sobre los fines de su programa nuclear. Teherán sigue desafiando a la comunidad internacional al no detener los trabajos de enriquecimiento de uranio, como exige el Consejo de Seguridad que podría endurecer las sanciones por la falta de cooperación total de la República Islámica con los inspectores internacionales.

Irán es el cuarto productor mundial de petróleo, con una producción de unos 2,68 millones de barriles diarios, de ahí que los mercados teman que un agravamiento de la crisis pueda perjudicar las exportaciones, o que utilice su producción como «arma» en el conflicto llegado el caso. Cualquier conflicto con Irán por su programa nuclear afectaría al estrecho de Ormuz, que separa la República Islámica de Omán, y por el que pasa el 40 por ciento del comercio mundial del petróleo, según datos del departamento estadounidense de Energía.

Para terminar de trazar el panorama, los analistas han vuelto a poner el acento en el enfrentamiento entre Venezuela y la petrolera estadounidense Exxon, además del recrudecimiento de la violencia en Nigeria, que podría afectar las exportaciones del mayor productor africano.

Así, en Nueva York, después de superar el miércoles los 101 dólares durante la sesión, el crudo dio un respiro a la baja el jueves y terminó la semana con un repunte hasta los 98,81 dólares.

El precio del crudo de la OPEP cotizó el jueves a 93,97 dólares, después de alcanzar un máximo histórico de 94,23 dólares, mientras que el Brent también terminó a 97,01 dólares la semana después de marcar un récord en los 99,22 dólares.

Algunos analistas han explicado que existe un fuerte componente especulativo detrás de esta subida. Las perspectivas de inestabilidad en las bolsas y la debilidad del dólar han hecho que mucho dinero fluya a los mercados de materias primas en busca de refugio. Esta entrada de capitales en el mercado del petróleo compra a precios elevados con la expectativa de que sigan subiendo, empujando al alza los precios. Todo ello a pesar de que la economía estadounidense sigue en dificultades debido al efecto de la crisis «subprime», con un posible descenso del gasto energético en el mayor consumidor del planeta.

La escalada de los precios esta semana fue consecuencia también de la paralización de una refinería de la empresa Alon en Texas, con capacidad para procesar unos 70.000 barriles diarios de crudo, que paralizó su producción a causa de un siniestro ocurrido el lunes, y tardará hasta dos meses en reanudar la actividad. Ese incidente aumentó el nerviosismo en el mercado neoyorquino por una posible mayor tensión entre el nivel de oferta y demanda, al ocurrir en momentos en que las refinerías de EEUU reducen su actividad para realizar labores de mantenimiento.

A esto se han sumado la expectativa de que la OPEP podría decidir mantener su producción actual en marzo, en previsión de la tradicional caída de la demanda global que se registra en el segundo trimestre del año.

Se acabó el lenguaje florentino

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La comparecencia del Consejero Delegado de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán para presentar los resultados de la compañía en 2007 ha sido muy clarificadora. Sánchez Galán fue muy contundente en sus apreciaciones sobre EDF y sobre ACS, tanto que desde la eléctrica que preside Florentino Pérez se arbitró una reacción pública casi inmediata el mismo jueves. De hecho parece ser que es una cuestión que está presente en todos los círculos privados y públicos de Madrid y en las recepciones dónde se dan cita empresarios y políticos. El choque de trenes está servido y ahora ya parece que se va a producir no en el ‘saloon’, sino en la calle principal del poblado del far west como en las películas de Sergio Leone.

Por tanto, se acabaron las insinuaciones, el lenguaje más o menos indirecto y que todo circule a través del rumor y los confidenciales. En un momento tan concreto como la presentación de resultados, Sánchez Galán habló sin pelos en la lengua y con un tono inusual en las empresas españolas. Cabe decir que, contra todos aquellos que querían trasladar el combate a más allá de las elecciones, para evitar que perturbe el desarrollo de las mismas, que ya hay declaración oficial de guerra, lo que en lenguaje militar se denomina casus belli. Se acabó el lenguaje ‘florentino’ en la entente que hay abierta.

Sánchez Galán avisó (menos frontalmente, pero igual de claro) también al gobierno con su política indeterminada e interpretable de campeones empresariales, diciendo que Iberdrola el ya es un campeón, que compite en los mercados internacionales (de hecho cada vez cobra más fuerza en sus resultados sus negocios exteriores y baja en nuestro país). Avisó a EDF anunciando que no era bienvenida ni por los accionistas (en referencia a las propias declaraciones de su presidente que afirmaba que no iría donde no fueran bienvenidos) ni por los sindicatos y anunció a ACS que irá a los tribunales (aunque fuese accionista, eso si de dos eléctricas a la vez) si esta operación interrumpía la operación de compra de Energy East.

El hecho es que el telón de fondo que nos concierne, el asunto de la operación de EDF y ACS para cambiar la propiedad de Iberdrola no ha dejado de estar fuertemente activo desde que se destapó a raíz de la fuerte crisis bursátil, desatada por la adquisición de un 3% de Iberdrola por un banco francés, lo que adelantó las primeras escaramuzas del asalto a Iberdrola, ahora parece que postergadas para después del 9 de marzo. Desde entonces el tema sigue cada día mas encendido y la presentación de resultados ha significado echar gasolina en el incendio.

Por otra parte, también se refirió a la condición de empresa pública de EDF, en un movimiento de crítica creciente hacia la política de la Comisión Europea de que no exista discriminación en el tratamiento de las empresas públicas en las operaciones sobre empresas privadas. Criterio que cada vez se hace más insostenible, toda vez que estas empresas públicas, tienen discriminación positiva (para ellas) en sus países de origen y de sus respectivos gobiernos: son monopolios o pseudomonopolios, con comportamientos monopolísticas y políticas protectoras por parte de sus respectivos gobiernos (en materia tarifaria, de liberalización , etc…). Consecuentemente estamos ante una guerra desigual. Y la posición de nuestro gobierno, no ha sido precisamente evidenciar y reclamar esto ni ante la Unión Europea, ni ante gobiernos ‘amigos’ como el italiano, al haber quedado maniatado por la operación de Endesa, además de coincidir con cierta visión retroprogresiva de las empresas públicas y de una relación que se puede calificar de florentina entre los dos gobiernos.

Lo que en todo caso, será difícil de justificar es que fruto de todo este proceso, dejen de existir empresas españolas de relevancia en el sector energético, como existen en la banca o en las telecomunicaciones, donde han entrado otros operadores extranjeros (con libertad) y al mismo han competido con nuestras empresas. Hoy podemos decir que la banca en España o en las telecomunicaciones tenemos muy buenos operadores propios y que aquí además se juega una Champion League. Por eso, es razonable reconocer el esfuerzo realizado por Iberdrola en su modelo de crecimiento, proyecto empresarial y de internacionalización.

(También Pedro Solbes fue en el primer debate menos florentino que estos cuatro años, en los que han pasado por encima de su cabeza la mayor parte de los aviones de papel de sus compañeros de pupitre de esta legislatura además de la famosa Oficina . Esperemos, que si renueva, esté más atento.)

YPF concreta el primer paso hacia su «reargentinización» con el ingreso de Eskenazi

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La entrada del empresario argentino Eduardo Eskenazi al capital de YPF es apenas el primer paso de la «reargentinización» de la estratégica petrolera, que hace nueve años fue la joya del proceso de privatización en el país suramericano.

La española Repsol, hasta ahora dueña del 99,04 por ciento de YPF, formalizó la venta de un 14,9 por ciento de su filial local a Eskenazi, un ascendente empresario argentino con activos en el sector bancario y de la construcción, quien desembolsó 2.235 millones de dólares.

Pero el dueño del grupo Petersen, de estrechos lazos con el gobierno de Cristina Fernández y el de su antecesor y esposo, Néstor Kirchner, irá por más: tiene una opción de compra de otro 10,1 por ciento de YPF, por 1.515 millones de dólares.

De momento, Repsol seguirá controlando YPF y el español Antonio Brufau retendrá la presidencia, mientras Eskenazi, de 80 años, ocupará una vicepresidencia y su hijo Sebastián será vicepresidente ejecutivo, lo que introducirá «cambios culturales» en la organización, según el economista Pablo Tigani.

«Los españoles están acostumbrados a mandar y desde 2003 (con el inicio del gobierno de Kirchner) eso se ha puesto más difícil. Hablamos de energía. ¿Cree que una empresa extranjera puede influir o decidir la estrategia energética de Argentina? No va a suceder en este momento. Los españoles ya se dieron cuenta», dijo el especialista en política económica internacional.

Repsol tiene entre sus planes una oferta pública de venta de acciones (OPV) de YPF de aproximadamente un 20 por ciento de su capital, mientras las cuatro mayores provincias argentinas productoras de petróleo también quieren ser parte de la empresa y, aunque de momento no dijeron a qué tajada aspiran, la prensa especula que podría ser de un 10 por ciento.

Las autoridades de Mendoza (oeste), Neuquén (suroeste), Santa Cruz y Chubut (sur) se reunieron en enero con el presidente de Repsol YPF para manifestarle su interés por entrar en la petrolera, para lo cual preparan una oferta formal. Las cuatro provincias aseguraron que no quieren entrar en YPF para tener decisión en la empresa, sino para «participar de sus ganancias» y «obtener una herramienta» para asegurar las tasas de crecimiento económico del país.

«El futuro de la renta petrolera es la clave. Con el petróleo a 90 dólares el barril, si el mundo sigue creciendo o se producen episodios con expectativa de conflicto geopolítico, tener participación en una petrolera es un buen negocio, para una provincia como para una empresa privada», aseguró Tigani.

YPF es, en varios aspectos, la mayor empresa de Argentina, lo que explica su importancia estratégica para el Gobierno: es el principal inversor en el país, el primer contribuyente al fisco, el mayor productor de hidrocarburos, el primer exportador y uno de los principales empleadores, con una plantilla de 11.696 trabajadores.

Fundada en 1922 por el Estado argentino para comandar el desarrollo de la explotación del petróleo, durante décadas YPF prácticamente dominó la actividad en Argentina, donde compañías como Shell y Esso sólo accedieron a posiciones parciales y minoritarias en el mercado local.

En 1996, Repsol desembarcó en el país con la compra de la petrolera Astra, pero fue la adquisición de YPF, en 1999, la punta de lanza de la expansión de la española en Latinoamérica.
La operación por la que el Estado argentino vendió el 14,99 por ciento de sus acciones en YPF a Repsol recibió no pocas críticas, en medio de sospechas sobre precios de venta menores a la real valuación de la compañía.

Repsol completó la compra de YPF mediante una oferta pública de adquisición de acciones. En total, desembolsó unos 15.000 millones de dólares. Desde entonces, la petrolera ha dado millonarias ganancias, que muchas veces casi explicaron la mitad de los beneficios globales de Repsol. Sin embargo, las ganancias se están achicando y en los primeros nueves meses de 2007 totalizaron 937 millones de dólares, con un descenso interanual del 19,7 por ciento.

La crisis energética que estalló en 2004 en Argentina ensombreció el panorama para YPF: comenzaron a circular rumores de estatalización y el gobierno amenazó con retirar concesiones de áreas a las petroleras que no invirtieran lo suficiente para ampliar la oferta de hidrocarburos. Y mientras Kirchner alentaba los negocios de la nueva «burguesía nacional», el entonces presidente de Repsol YPF, Alfonso Cortina, se animaba a lanzar críticas por la falta de incentivos para el sector y la congelación de los precios de los combustibles, comentarios que no cayeron bien en el Gobierno.

Brufau llegó en octubre de 2004 para reemplazar a Cortina con planes para mejorar la relación con Kirchner e incorporar capital argentino a YPF, en línea con su estrategia para buscar nuevos horizontes de crecimiento para Repsol fuera de la conflictiva Latinoamérica.

La viga y la paja

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Esta semana analizábamos la sanción de la Comisión Nacional de Competencia a Iberdrola por abuso de posición dominante en las ofertas realizadas en el mercado de restricciones técnicas en suministros concretos de la zona de Levante durante finales del año 2004 y principios del año 2005. Lo analizábamos sobre la base de un esquema de modelo de mercado con funcionamiento libre, con reglas claras, seguridad jurídica, respeto a la legalidad vigente, no intervenido y con mecanismos de vigilancia, garantes del mismo. Quién iba a decir que esta semana, la Comisión Nacional de Competencia iba a fijar tanto su atención y de forma tan continuada sobre el sector eléctrico y con actuaciones que tanto han llamado la atención.

Si seguimos analizando la decisión referida al abuso de posición dominante en las ofertas en el mercado de restricciones técnicas en 2004 y 2005, acabamos en el objeto mismo que provoca la sanción: el comportamiento concreto de un agente (una empresa, en este caso, Iberdrola, aunque hay más con expedientes semejantes que podrán ir ‘saliendo poco a poco’, convenientemente y por goteo) a partir de una norma entonces existente muy ineficiente conocida por todos (lo que es ya una mala costumbre: la mala regulación) y amparada durante más de ocho años desde el regulador principal (Ministerio de Industria). Es decir, dado que hay emplazamientos geográficos cuyo suministro solo se puede realizar desde un nudo concreto, las ofertas que realizaban los titulares de estas instalaciones a “su” mercado, tenían que realizarse del mismo modo que se realizaban en el mercado mayorista, lo que provocaba ofertas muy abusivas para absorber los costes de arranque y parada de las mismas, con independencia del número de horas de utilización. Esta situación se resolvió cambiando este mecanismo en 2005.

Llega, pues, la sanción de la Comisión Nacional de Competencia, tras la modificación de la norma por el Ministerio de Industria. Lo que confirma otro aforismo sobre la justicia: la justicia que es tardía no es justicia. Además, es interpretable: se utiliza ideológicamente como cuestionamiento del mercado. Consecuentemente, es razonable que haya sanciones, lo que parece más cuestionable es el tono ejemplarizante que se emplea, cuando se conoce este transfondo.

Las segunda noticia, el expediente sancionador por parte de la Comisión Nacional de Competencia a UNESA es profundamente subversiva: se realiza, por ejercer un derecho legítimo y ¡por acudir a los tribunales! (en este caso la Audiencia Nacional) y obtener un pronunciamiento a favor, en la medida que la normativa puede contravenir ¡una ley Orgánica!, en este caso la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Los dos pronunciamientos de la Comisión Nacional de Competencia tienen algo en común. La utilización de los titulares asociados de trazo grueso sobre los comportamientos de las empresas y operadores del mercado, utilizando la palabra competencia como un ‘mantra’ que oculta algo que debe ser previo: reglas claras, buena regulación, respeto a la legalidad vigente, en una visión paradójicamente intervencionista del concpeto.

Y, en los dos casos pone en tela de juicio, la capacidad de acción de los servicios de competencia españoles, con respecto a la acción directa de los reguladores y su ‘diligencia’ en el desarrollo real de la competencia. En primer lugar, porque si hay una norma que no es eficiente (fomenta los comportamientos no competitivos) para formular ofertas de energía para el suministro en zonas dónde hay restricciones técnicas para recibir electricidad de otros suministradores o del mercado en general, hay que modificarla. Si esto no ocurre, si no se modifica en ocho años (con consenso de agentes, e incluso concurso contrario a la norma de la Comisión Nacional de Energía y del operador de sistema Red Eléctrica de España), hay que señalar a los responsables de esa inacción. Y en todo caso, lo que no se puede hacer, tres años más tarde, es cebar el foco informativo en propias las empresas. En esa situación, es cuando estamos haciendo un flaco favor a la competencia (o un favor por omisión o vista gorda para otros).

Otro ejemplo, que todos nuestros lectores entenderán, determinar con claridad que es lo que más ha hecho daño al mercado de la comercialización de electricidad: si el recurso de UNESA, a una orden ministerial cuya redacción puede ser no concordante con la Ley Orgánica de Protección de Datos o, algo mucho más capital, la existencia de déficit tarifario y una tarifa insuficiente para cubrir los costes, lo que deriva en la existencia de la comercialización (contra lo cual, los servicios españoles de competencia, guardan un respetuoso silencio).

Por ello, si en una Orden Ministerial, cabe la posibilidad de que contravenga una Ley Orgánica, y un tribunal lo dictamina, lo lógico, lo razonable, lo sensato (sin señalar otro adjetivo, más políticamente correcto en el previo elecciones), no es acudir a un expediente sancionador a la asociación empresarial que lo promueve (de hecho el expediente no se formula a ninguno de los operadores integrados en UNESA). ¿Acabarán incluyendo a la propia Audiencia Nacional en el expediente sancionador, en este particular concepto de justicia universal, transversal entre órganos independientes, empresas y poder judicial, con procesos paralelos, pero, eso si, sin pasar por el ejecutivo?

Lo peor que se puede hacer para desarrollar la competencia en los mercados energético en nuestro país (que es necesario, por cierto) es utilizarla para justificar actuaciones ‘estrella’, tener una visión ideológicamente intervencionista de la misma, ponerle adjetivos condescendientes como sana, ordenada, adecuada etc…, coger el rábano por las hojas, centrar el foco en lo incidental (sin comprender el entorno regulatorio, profundamente intervencionista de los últimos años y la inacción de los reguladores). En definitiva, observar la paja y no la viga.

Una decisión que debe reforzar el mercado y no socavarlo

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La semana pasada se conoció la decisión de la Comisión Nacional de Competencia de multar a Iberdrola por abuso de posición dominante por ofertas en el mercado de restricciones técnicas emitidas en 2004 y el primer trimestre de 2005 en zonas determinadas de Levante. Para conocer el alcance de la decisión hay que señalar que el mercado de restricciones técnicas está destinado a atender el suministro de aquellos emplazamientos muy señalados, que reciben la energía desde una instalación concreta (las únicas posibles) y que, por tanto, no pueden recibir la energía a través de los mecanismos de transporte y distribución generales de nuestro sistema eléctrico. Imagínense por tanto un zona geográfica que solo puede recibir electricidad de una instalación generadora. Esta energía no se puede negociar a través del mercado diario masivo dónde se negocian las ofertas (de las generadoras de energía) con la demanda de energía (las distribuidoras y comercializadoras de energía, que llevan la electricidad a los consumidores finales).

Por tanto, para situar y dimensionar esta infracción, hay que señalar que este mercado es un mercado muy estrecho, con muy escaso volumen de contratación, en el que el titular de la instalación de generación en cada nudo de red tiene poder de mercado (sea cual sea la empresa propietaria de la misma), pero que tiene que tener una adecuada regulación, unas reglas razonables y mecanismos de vigilancia, control y denuncia que garanticen su funcionamiento.

Buena regulación, libertad de mercado y vigilancia

Esa es la clave sobre la que entender esta decisión, la necesidad de un buen funcionamiento regulado con reglas claras, equilibradas y con mecanismos de vigilancia para identificar, corregir y, si es preciso, actuar de forma punitiva (castigar, multar) contra que viole las reglas de un mercado. Por tanto la acción de la Comisión Nacional de Competencia (abstrayéndonos de lo inflamable de los titulares que rodean esa decisión y que en los teletipos reflejaban una velada crítica al funcionamiento general de mercado) es un referente que debe reforzar las garantías, los pesos y contrapesos de un mecanismo necesario como es la existencia de un mercado eficiente.

En muchos casos, se aprovecha determinados comportamientos concretos de determinados agentes en el mercado para justificar la intervención preventiva (como en la guerra de Irak, lo que generalmente deriva en nuevas acciones bélicas que generan una espiral más grave, que al final deteriora completamente, lo que se quería corregir en un principio, a través de las intervenciones sucesivas). De ahí la existencia de corrientes críticas al mercado, intervencionistas, que se autoalimentan en la crítica a los mercados y provocan cada vez mayores mecanismos y rigideces de funcionamiento ex ante, frente al cuestionamiento de los mecanismos de control y vigilancia ex post que consideran insuficiente. Una corriente, la fundamentalista intervencionista que en los mercados eléctricos tiene una presencia, si cabe, mucho mayor a partir de justificar ‘hechos’ diferenciales en la energía, como la garantía o la seguridad de suministro, insalvables a su juicio para configurar un mercado en este sector.

El paroxismo de esta corriente, sería que mediante la combinación de reguladores y ordenadores de la actividad (quiere decirse, por ejemplo, un operador de transporte y de sistema, un suponer), se señalase a cada empresa, a cada instalación, a cada tecnología, cuando tiene que poner en marcha cada instalación, cuando la tiene que parar y cuánto tiene que cobrar por lo que ha producido en función de sus supuestos costes medios. Y, además, que estuviesen obligados a acudir a esos mercados y en proporciones empresariales recortadas y definidas por el Estado, que para eso está. Y si lograran un cupo de consumo por usuario (aunque hubiera tipos), mejor que mejor. Y, además a una tarifa fija fijada públicamente como si rememoráramos la Junta Superior de Precios. El mejor de los mundos posibles (ya saben dónde se dió hace años algo así). Ese modelo, que tiene sus defensores, desconfía de los procedimientos y mecanismos de vigilancia y control, prefiriendo la intervención pública y estatalista indiscriminada y controladora, que restringe la libertad de los mercados. En todo caso eso, entendido así, no es un mercado, es otra cosa más soviética, una representación teatral, una articulación mecanicista de las empresas o la sala de monitores del Gran Hermano.

Contra esta posición de marcados tintes ideológicos, una decisión de estas características por parte de la Comisión Nacional de Competencia, debe reafirmar un modelo de mercado con una regulación justa, suficiente, eficiente, que permita el libre acceso de los agentes al mismo, reforzado con la garantía de agentes de control (serios, rigurosos y respetables), mecanismos de vigilancia y sanciones que combinen su acción de forma eficiente.

Imaginemos, en una analogía, el ejemplo de las carreteras y la circulación. Lo razonable es construir carreteras. Regular la circulación mediante un código y una legislación que permita el libre movimiento de los automovilistas, cualquiera que sea su origen y el objeto de su uso decido por los usuarios. Que haya empresas automovilísticas que fabrican vehículos, de distintos tipos, motores y cilindradas, además de empresas que suministran los combustibles para los mismos a un precio determinado fijado también en un mercado (en función de su oferta y demanda). También es preciso prever que haya policía y guardia civil de tráfico que señale, identifique y multe a los infractores. Así como, una legislación que impute de forma razonable la responsabilidad y el aseguramiento civil de las acciones de los individuos. Imaginemos que para evitar los accidentes y la existencia de quiénes se incumplen la ley, en lugar de decidir multar, lo que se nos ocurre es ‘homologar’ un solo tipo de vehículo, que circule por unos rieles construidos por el Estado y que circule a una velocidad uniformemente acelerada. Ya no tendríamos automovilistas. Sería o un tren o un tiovivo.

Una excepción en un mercado de excepciones

Es evidente que esta actuación denunciada por la CNC es una excepción puntual en un mercado de excepciones, el de las restricciones técnicas. Por ejemplo, desde la puesta en marcha del funcionamiento del mercado eléctrico una situación análoga no se ha dado nunca en el mercado diario de casación de ofertas (donde se negocia la mayor parte de la energía, con volúmenes enormes de contratación). Está, por tanto, más que justificado un modelo de regulación estable y justa, combinado con la vigilancia del mismo, frente a un modelo de control preventivo. Presentar un proceso sancionador y de investigación como un fallo de mercado, es justamente lo contrario de lo que es: la garantía de su funcionamiento.

Y, luego también hay que analizar la calidad de la regulación y de su aplicación, dado que las sanciones también se pueden derivar de malas normas bien aplicadas o de buenas normas mal aplicadas. Mañana haremos ese análisis en el caso que nos ocupa. Seguro que también nos sorprende.

Calma, tensión y calditos

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La calma puede ser la resultante de los conflictos subterráneos y la anulación de fuerzas obligada por las circunstancias. Lo que está claro es que las palabra tensión está en las últimas horas en la boca de todos, al mismo tiempo que los calditos, lo que nos devuelve a la diplomacia de los manteles, que tanto nos es propia y de la que nadie es ajeno. En muchos casos, estamos hablando de sopa muy caliente y en otros la sopa se ha quedado fría.

– La operación sobre Iberdrola en el tejado. Modelo sopa ardiendo. La operación anunciada de EDF sobre Iberdrola sigue concitando un número importante de declaraciones y de posiciones desde el punto de vista de los gobiernos autónomos y de los accionistas principales. Parece que ha para de concitar reacciones encontradas y, de todas formas, ya nada será como se tenía previsto en su momento inicial, cuando se formó el imaginario de la operación y sus adalides. Seguramente en estas dos semanas de campaña electoral entrará en período de mayor latencia, pero lo que es claro es que ha logrado poner a todo el mundo de uñas, ante la posibilidad de que Iberdrola se fragmente o entre en manos de una empresa pública, curiosa paradoja de la asimetría comunitaria y liberalizadora. Bien es cierto que la Unión Europea ha cuestionado la ley Rato, pero también es cierto que de ahí a que sea entendible y exista legitimidad para acabar con un sector energético triturado regulatoriamente (frente al proteccionismo de otros países), que es lo que se ha puesto de manifiesto tanto a nivel general, accionarial y por Comunidades Autónomas media un abismo.

– Los proyectos regulatorios y la planificación energética siguen en ciernes. Modelo sopa fría. El documento de Planificación Energética 2030 desapareció de la agenda política y de la actividad de la Secretaria General de Energía. Ahora se le menciona tangencialmente en las intervenciones que tienen que ver con la próxima legislatura. En todo caso, no se hacen públicas las previsiones de la planificación energética para 2030, ni de los primeros estudios redactados, así como de importantes proyectos regulatorios que habitan en los cajones. Inclusive, el teórico retorno al Parlamento del Real Decreto Ley de devolución de los derechos de emisión, el futuro de la configuración de los operadores de sistema y transporte bajo el modelo ISO.

– Las estrategias personales de los protagonistas en el ámbito energético. Modelo toma tres tazas. También es momento de estrategias personales, la nueva legislatura será el momento en el que se renueven cuatro puestos del Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, esto es en el regulador independiente. Nadie es ajeno que estas elecciones que se decidirán por foto-finish, y por ello, los actuales “responsables” de la administración energética, Clos y Nieto (y también la propia Maite Costa, a su manera, sin olvidar a Luis Atienza) calibrarán cual es el futuro que les depara tras estas elecciones. Desde que, el Ministerio de Economía adquiera un papel más firme y central en la administración económica, a que se produzca el cambio de los responsables, que aunque procedan también de la esfera cercana a Catalunya, puede incluir con toda probabilidad un relevo dados los resultados de este grupo. También, en función de los resultados electorales, podrían devenir a una mayor presencia del PNV y de Convergencia y Unió, lo que podría alterar el régimen de fuerzas y las expectativas futuras. Y, no digamos nada de la debacle para todas estas previsiones, si la victoria finalmente es para el Partido Popular, aunque precise también de acuerdos parlamentarios. Todo esto es produce de forma paralela a las esas oscilaciones importantes de presencia en medios de los protagonistas de esta película: unos aparecen, mientras otros se ponen de perfil.

– La industria fotovoltaica y su proceso de negociación. Modelo caldo gordo. Hay que ser consciente del mal momento para iniciar (o para proseguir) unas negociaciones con esta Secretaria General de Energía, cuyo carácter rocoso en las negociaciones es conocido el sector (al menos con las empresas y sectores de nuestro país). Un momento preelectoral, en el que ‘no se mueve un papel’ entraña enormes dificultades para la secuencia que exige una negociación, con lo que parece claro que todo se traslada a la próxima legislatura. Quiere decirse que no se abren cuestiones de relieve a la espera del día después. Pero el hecho es que, con una técnica muy parecida a la que pudimos seguir en el caso de la negociación con la industria eólica, la negociación con la industria fotovoltaica sigue a su manera: patadas al balón hacia delante, empujón para calmar las aguas, ausencia de calendarios en la negociación, y mucha inconcreción.

Para cuando hay tensión, lo mejor son las sopas y caldos.

El crudo baila sobre los 95 dólares

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El conflicto entre las petroleras PDVSA y Exxon Mobile, el debilitamiento del dólar y la impresión de que la OPEP no aumentará su oferta en marzo han dado un nuevo impulso al precio del petróleo, que cerró la semana en torno a los 95 dólares por barril en Londres y Nueva York.

Así, pese a que tanto la Agencia Internacional de la Energía (AIE) como la OPEP rebajaron esta semana sus respectivas previsiones del crecimiento de la demanda mundial de crudo en 2008, el valor del «oro negro» ha vuelto a acercarse a 100 dólares, tras haberlo hecho el 3 de enero pasado por primera y única vez.

El barril del crudo de Texas (WTI), la referencia en EEUU, terminó ayer a 95,50 dólares/barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX), mientras que el del Brent -referente para Europa -, terminó la semana a 94,63 dólares en el Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres.

Ello supone un aumento de 3,73 dólares y 2,69 dólares, respectivamente, frente a los valores del cierre del viernes precedente. La cotización del barril del crudo referencial de la OPEP subió un 7 por ciento en siete días, al pasar de los 84,81 a los 90,79 dólares de jueves a jueves.

Según los analistas, el litigio de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) con la gigante estadounidense Exxon Mobil está causando inquietud en los mercados, aún si los expertos consideran que no debería afectar seriamente el abastecimiento.
«Parece que el presidente venezolano (Hugo Chávez) ha cumplido una parte de las amenazas de cortar el suministro de crudo a EEUU al suspender» las ventas a Exxon, comentó la asesora especializada JBC en un análisis del mercado energético.

PDVSA anunció el pasado martes la «suspensión de las relaciones comerciales y el suministro de crudos y productos» a Exxon, el mayor consorcio privado del mundo. La medida fue adoptada en reacción a los recientes amparos cautelares en tribunales de EEUU, el Reino Unido y Holanda, logrados por Exxon, para congelar activos de PDVSA por hasta 12.300 millones de dólares, de lo que ya se han retenido 300 millones de dólares. No obstante, JCB estima que el impacto del corte venezolano será «limitado», pues Exxon puede adquirir los barriles que le faltan en cualquier otra parte.

La incógnita de cómo evolucionará este conflicto con Venezuela, miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y uno de los principales abastecedores de crudo al mercado estadounidense, ha acentuado la incertidumbre que ya reinaba en el sector por la crisis hipotecaria de EEUU y otros factores.

La OPEP redujo en 80.000 barriles diarios su previsión de consumo global de crudo en 2008, hasta una media de 86,99 millones de barriles diarios (mbd), mientras que la AIE, tras reducir el suyo en 200.000 bd, vaticinó que la demanda será de 87,6 mbd. La visión de que el mundo consumirá menos petróleo de lo previsto hace un mes fue justificada por ambos organismos con la ralentización de la economía y el temor a una recesión en Estados Unidos, el mercado que de lejos absorbe más energía.

Sin embargo, el freno del consumo en EEUU y Europa podría verse compensado por la demanda en China, la India y Oriente Medio, e incluso en Japón, ya que los signos apuntan a que seguirán creciendo con vigor en los próximos meses, según el informe de la OPEP.

Sea como fuere, la organización considera que su bombeo actual, en torno a los 32 mbd, es suficiente para responder a la demanda. Esa afirmación en el documento publicado el viernes parece insinuar que, pese a las presiones de EEUU, la AIE y el G7 para que los productores aumenten sus suministros con el fin de abaratar la factura energética, la OPEP no planea abrir sus espitas.

El miércoles, el ministro argelino de Energía y presidente en ejercicio de la organización, Chakib Jelil, dijo en Argel que la posibilidad de aumentar la producción en la reunión convocada para el 5 de marzo en Viena no estaba contemplada. «Yo no puedo decir qué decisión adoptará la conferencia de Viena pero, en todo caso, tendrá en cuenta todos los elementos del mercado petrolero», subrayó no obstante.

Otro factor que ha contribuido al alza de los precios es la devaluación del dólar frente al euro y otras monedas, pues provoca un flujo de especuladores hacia los contratos del petróleo. Al mismo tiempo, preocupa a los países productores que vean reducirse el valor adquisitivo de los ingresos que obtienen por sus exportaciones de crudo.

El Tribunal de Luxemburgo vuelve a poner sobre la mesa el debate de las privatizaciones en Europa

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La condena del Tribunal de la UE por la ley «anti-EDF» española vuelve a poner sobre la mesa el debate de las privatizaciones en Europa en los sectores estratégicos y la reciprocidad entre los países miembros, en medio de especulaciones sobre una futura opa de la empresa pública francesa sobre Iberdrola.

Como suele decirse en el argot de los mercados, la decisión del Tribunal de Luxemburgo estaba descontada, ya que en junio de 2005 se pronunció en contra de una disposición similar adoptada por Italia, por lo que las posibilidades de que con España se actuara de otra forma eran reducidas.

A finales de 1999, en plena batalla por Hidrocantábrico, el gobierno de José María Aznar introdujo en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 una disposición que permitía al Ejecutivo limitar al 3 por ciento los derechos políticos de compañías extranjeras con capital público que tomaran participaciones relevantes en empresas energéticas españolas.

La Comisión Europea denunció la Disposición Adicional 27 de la norma, conocida también como «ley Rato«, porque representaba una restricción a la libre circulación de capitales y contravenía los tratados de la UE.

En realidad, el verdadero sentido de una norma de esta naturaleza radica en el efecto disuasorio que tiene ante posibles operaciones, por lo que el Gobierno español sólo ha tenido que aplicar esta disposición en contadas ocasiones y lo ha hecho de forma flexible.

En enero de 2004, el gobierno del PP permitió a EDP, participada por el Estado portugués, ejercer derechos políticos en Hidrocantábrico y, el pasado año, el Ejecutivo del PSOE actuó de la misma forma en el caso de la compra de Endesa por la italiana Enel.

En ambos casos la reciprocidad entre los países afectados fue un elemento que, sin aparecer explícitamente, resultó relevante para las autorizaciones. Sin embargo, desde el punto de vista técnico y jurídico, la exigencia de reciprocidad no es un argumento válido, según expertos consultados.

El Tratado de la UE consagra la libertad de circulación y establecimiento, pero no distingue entre la propiedad de las empresas ni hace referencia a que deba existir reciprocidad entre los estados, algo que se dirime en el ámbito político.

La decisión del Tribunal de Luxemburgo y los rumores sobre una posible opa de EDF sobre Iberdrola vuelven a poner de relieve las dificultades para avanzar en la liberalización cuando las posiciones de partida de los miembros de la UE son tan distintas.

El titular de Economía, Pedro Solbes, señaló que, aunque las empresas compitan en los mismos mercados en una supuesta igualdad de oportunidades, una empresa privada siempre podrá ser comprada y una pública no. En la misma línea, el secretario de política económica del PP, Miguel Arias Cañete, dijo que el Ejecutivo comunitario debería ser igual de celoso con las compañías que tienen el aval de los estados que denunciando las leyes que contravienen el Tratado.

Las fuentes consultadas consideran que tarde o temprano la UE deberá entrar en esta cuestión, ya que provoca situaciones claramente injustas.

Una charnega ‘bien’

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La presidenta de la Comisión Nacional de Energía, Maite Costa, “concedió” (porque estas cosas no se conceden, obviamente) hace unos días una entrevista al diario económico Expansión, que fue publicada ayer. La entrevista, como se puede ver, no tiene desperdicio, aunque tampoco tiene rastro alguno de información, es una entrevista de ‘carácter’ y ‘personalidad’ realmente. De hecho, está ubicada en una sección denominada Interiores, Buen Gobierno, Tendencias y Gentes, que parece estar destinada a la presentación del-lado-más-humano de directivos y empresarios, eso si, sin descuidar el prestigio del perfil profesional. Lo que pasa en el caso de la presidenta de la CNE es que de tanto presentar el lado humano parece que el resultado de la misma es que se han pasado de frenada, debido a su desproporción entre lo profesional y lo personal, con un efecto ‘boomerang’ imprevisible sobre la credibilidad de la entrevistada, incluso en círculos políticos.

Con un número importante y casi asfixiante de adjetivos, el artículo es una de esas entrevistas que de tanto repetir la palabra comedimiento, discreción, bruja buena, elegante, rigurosa, entre otros… se hace un plato fuertemente condimentado, indigerible para los estómagos delicados. Sabemos hoy más de ella, que nació en Madrid (es charnega, por tanto). A la vez, que es una mujer refinada: quien es su modista (Lydia Delgado), que gafas fashion utiliza (se las quita durante la entrevista), que está abonada al Liceo (y eso que no ha contado que ha cambiado dos veces el mobiliario de sus estancias en la CNE desde que fue nombrada). Lo que si es evidente, tras esta entrevista y tras estos tres años, es que hoy no sabemos nada de sus conocimientos en regulación, de los problemas presentes y de fondo en el sector energético, ni de sus convicciones sobre el papel de los reguladores independientes en este sector, ni del funcionamiento de los órganos colegiados, ni de si va a dar un paso adelante en el continuo ejercicio que realiza el Ministerio de Industria de demediar las atribuciones y decisiones regulatorias del organismo que preside, en contraprestación de la burocracia gestora que le adjudica.

Realizada a tres meses de su ‘cumpleaños como presidenta del organismo’ cualquier excusa es buena para justificar su presencia en los medios, por cosas diferentes a la realidad vigente, toda vez que Carmen Martínez Ten, presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear y la presidenta del BOE, Carmen Gomis, habían sacado ya sendas contraportadas en El País. Lo que el periodista dice de Maite Costa es que es una mujer refinada, amante de la ópera, vinculada a la burguesía catalana donde se ha anclado a pesar de sus origenes, ex-parlamentaria, catedrática de universidad (lo que ha hecho evidente dentro de la CNE y en las relaciones del organismo desde su llegada) y de costumbres aristocráticas. Parece que con esta entrevista ha querido salir a base de adjetivos de su constante cuestionamiento sobre su elegancia, algo que es muy personal y que no tiene que ver con el nombre del la modista que le viste. En términos literarios, este ejercicio está a medio camino entre Danielle Stelle y Corin Tellado: Mujer prudente, discreta, elegante, con gran minuciosa intelectual y de la que hace gala en la medida que lleva anotados sus pasajes preferidos en las obras del ‘bel canto’ a las que asiste.

Dos cuestiones particularmente preocupantes en particular de toda la entrevista. La primera, y teniendo en cuenta, los episodios corporativos pasados con Endesa y el momento actual en la operación sobre Iberdrola de EDF y ACS, la displicencia que muestra con el sector empresarial y las operaciones corporativas, como una gran representación, una obra de teatro, algo folletinesco remitiéndose a Hamlet y Macbeth (es lo que da título a la entrevista, como si quisiera emular a Manuel Conthe en lo culto y no en el conocimiento de la normativa regulatoria y de las operaciones societarias). Es algo abiertamente frívolo e inoportuno. La segunda, en un espacio editorial dedicado a los ‘recursos humanos’ y referido a la ‘gestión del talento’ el elogio hacia los equipos de la Comisión suena a excesivamente hueco, vacío, impostado (bajo su mandato han puesto torniquetes taladrando el mármol centenario del edificio de la entrada para controlar al mundo intelectual que hace posible los dictámenes e informes del organismo). Ayer, seguro, se podía intuir la conmoción en cada uno de los pasillos del organismo que preside Maite Costa, ante las declaraciones de quien les dirige.

Queda un análisis a realizar y es sobre la política de comunicación, no del organismo, sino de la propia imagen personal de Maite Costa. La presidenta de la Comisión Nacional de Energía dejó de estar en el candelero informativo hace un año, momento en que se incorporó su nuevo responsable de prensa, que inició una especie de protectorado e hizo una labor de asepsia (necesaria) en sus intervenciones públicas, que habían estado rodeadas siempre de polémica, como sus ruedas de prensa en las OPAs de Endesa. Pero, al parecer, es momento de colocarse ante lo que puede venir tras las elecciones y, por ello, el espíritu mediático revive. Desde su intervención en TV3 asustando a las compañías de distribución de hidrocarburos, a esta exhibición personal y de sus hobbys. Demasiado movimiento pendular. Un conjunto fallido y erróneo, sobre todo si el objetivo era ‘reposicionar la marca’, dado que lo que hace grande a alguien es lo que ese alguien es, no lo que intenta aparentar, lo sustantivo con respecto al adjetivo.

En toda tragedia, hay una parte de comedia, por ello, sería recomendable que lo siguiente sea intentar sacar el lado humano del Secretario General de Energía, Ignasi Nieto, pupilo de Costa como Director de Regulación en la CNE durante la primera parte de su mandato. Como seguro conoce Maite Costa en referencia a la ópera y la propia obra de teatro de Shakespeare, Falstaff, el que fuera tutor del rey Enrique V, es repudiado cuando éste llega al trono, lo que conforma una tragedia memorable. (A lo mejor lo de Nieto y Costa es lo de Falstaff).

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De campeones nacionales a tercera regional

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Recientemente, hemos conocido como los reguladores español y portugués en los ámbitos energéticos, han ‘armonizado’ su normativa para tomar en consideración la definición de lo que son operadores dominantes, fijando un umbral del 10 % a partir del cual se toma esta consideración. La consideración de “operadores dominantes”, tiene sus consecuencias sobre las empresas de nuestros respectivos países. Por ejemplo, en el ámbito español, las empresas con esta consideración no pueden realizar importaciones de energía a través de las interconexiones fronterizas y, además, tienen que realizar subastas de capacidad, las denominadas emisiones de energía primaria, con el fin de ‘mitigar su poder de mercado’.

La utilización de esta terminología de ‘mitigar el poder de mercado’, expresada así, contiene elementos bienpensantes y políticamente correctos, que movilizan a los activistas anti mercado. Incluso que abducen terminologías de corte liberal, para conseguir transformarlas y legitimar acciones puramente intervencionistas. Realmente el ‘poder de mercado’, con todas sus connotaciones negatias, así expresado, se manifiesta negativamente no de forma preventiva, sino a posteriori, por la posible actuación de las empresas, a través de lo que serían prácticas de abuso de poder de mercado: precios artificialmente más altos, comportamientos colusivos de los agentes, restricciones en la oferta, etc… Hasta el momento, en el mercado eléctrico español, queda por conocer caso alguno de estas características.

No se trata, por tanto, de una defensa de la existencia del ejercicio de estas prácticas (algo indefendible), en este caso, sino de la defensa de la existencia de un mercado en sí (algo necesario y mucho más eficiente). Porque una definición de estas características, sólo sirve para ejercer mecanismos previos de intervención para molturar a las empresas. Es reconocido por la propia Comisión Europea que tener más operadores en un mercado, no garantiza que exista un mercado, sino sus reglas y la conformación de su oferta. La existencia de sobreinversión o de sobrecapacidad o, por ejemplo, la incorporación de tecnologías que hacen poco previsible (y poco coordinable) a los agentes en sus decisiones, como es el parque de energía eólica, actúan mucho más contra ese presunto poder de mercado, que medidas orientadas a minimizar el tamaño de las empresas.

En este sentido, también recientemente hemos conocido como la propia Comisión Nacional de Energía, basado en un modelo de simulación del comportamiento de operadores en el mercado, ENERGEIA, al hilo de la crear un mercado a plazo de la energía, está centrando sus análisis en el poder de mercado (y su disminución) como eje de partida, en la consideración de que las subastas actuales de energía en su volumen y conformación, son insuficientes. Parece que hay trazada una línea que une el mercado a plazo con el poder de mercado, deja insinuar que éste se puede construir a partir de expropiar energía.

Furor ibérico

En este sentido, y en el ámbito internacional, paradójicamente, la propia Comisión Europea, además, baraja cifras más altas (un 25% de participación en un mercado) para que adquieran las empresas esa consideración de ‘operadores dominantes’. Por tanto, parece que hay un cierto ‘furor ibérico’ por combatir ese presunto ‘poder de mercado’ por parte de las empresas, y en especial, en el sector energético (sólo hay que ver lo que ocurre en sectores como las telecomunicaciones, la televisión a la carta o las cadenas de hamburguesas). Y, todo ello, en uno de los mercados energéticos más competitivos y que ha avanzado más en el proceso de liberalización de toda la Unión Europea, con la entrada de nuevos agentes.

Ejemplos claros, de todo esto es el propio mercado francés (tan de moda ahora en nuestro país) o el mercado alemán. Con empresas con porcentajes mucho más altos de participación en sus respectivos mercados, es decir, con mucho más ‘poder de mercado’ en sus países de origen que, además, fruto de un cierto papanatismo nacional patrio, pueden utilizar las intereconexiones eléctricas y autocomprarse energía para venderla aquí o bien, a través de las subastas de energía, adquirir la energía a los propios operadores nacionales y erosionar su posición futura.

Consecuencia: con ideólogos del combate feroz preventivo al poder de mercado, el objetivo es jibarizar empresas e intervenir para minimizar su capacidad. Entonces, no hay discusión posible: nada de empresas campeones nacionales, ¡todos a tercera regional! o a la venta a otros operadores de otros países.