Hoy que el Presidente del Gobierno anuncia nuevamente, vuelve a presentar de presentar las bases que conformen los principios, que fijen los criterios, que determinen el ámbito para marcar los contenidos, sobre los que construir un acuerdo previo, destinado a situar las conversaciones en el marco del diálogo social, donde se comparta la posición de partida ante los agentes sociales, la futura ley de la Economía Sostenible de la que no se conoce todavía ni el anteproyecto.

No piensen que esta forma alambicada de presentar esta cuestión es propia de este medio, ni que esta retórica, quizá distorsionada por exagerada, no tiene una conexión con cómo se están desarrollando los acontecimientos en torno a esta Ley anunciada en multidifusión.

Por ello, no tiene ningún mérito bramar por la Ley de Economía Sostenible, señuelo político creado para endulzar mediante la generación de expectativas a los ciudadanos la posibilidad de un futuro alejamiento de la crisis (hasta que se demuestre lo contrario). No tiene mérito apreciar una cierta voluntad de emulación en esta Ley a la ley de estímulos de Barack Obama, dirigida a coincidir planetariamente. No tiene mérito unirse al coro de todos aquéllos que se han hecho eco de la vacuidad de la propuesta legislativa, ni recoger cómo se escapó un correo maldito a La Moncloa en el que evidenciaba sus vergüenzas. No tiene mérito en la medida que esta norma genera tantas incertidumbres y sonrisas oblicuas.

También hay que señalar lo que ya ha sido resaltado por muchos analistas y expertos, que la pretenciosidad de la Ley, expresada en la formulación del anhelo del cambio de modelo productivo, es una proposición a todas luces desmesurada. Un modelo productivo necesita casi una generación, cambia más cosas que una ley y además, una ley no cambia un modelo productivo. Se parte del supuesto que la intervención legislativa puntual puede más que el comportamiento de los agentes. Se parte del supuesto que un incentivo fiscal acaba con los mecanismos de funcionamiento de una economía, con la economía de sus recursos y capacidades, casi con inmediatez. Lo cual es perverso, además de ingenuo, en los tiempos de la globalización. Y, por último, si unimos el anuncio de esta ley (y sus pretensiones) a esa ansiedad por dar buenas noticias, lo que se transmiten son señales de optimismo antropológico incoherentes con la realidad.

El hecho es que el nuevo modelo productivo, como el nuevo modelo energético, es una colección de buenas intenciones, algunas contradictorias, cuando no una incógnita. Algo vaporoso, de lo que todo el mundo habla, pero que parece que no se ha llegado a concretar. Del que se opina, del que se hacen tertulias, del que se merodea, si será posible, si puede cambiar, su conveniencia, su necesidad, etc…. Pero nada más. No sabemos de qué se trata, hacia qué, ni con qué sentido, no tenemos concreciones, ni evidencias, salvo alguna colección de medidas deshilvanadas y ciertas ensoñaciones como que España será el nuevo Silicon Valley de la noche a la mañana. Y, por último, sin saber hacía qué, no podemos saber tampoco si todo no será un ejercicio de voluntarismo tramposo, en la medida que una pretensión tan estructural con una actuación tan coyuntural, produce mucho vértigo. Todo ello, además sin trances, sin pasarlo mal, sin reformas, con sonrisas beatíficas, sin ponerse serios, ni hacer las cosas en serio. Sólo con eslóganes. Y, es que de la chistera ya no salen muchos conejos (puede salir cualquier cosa) y los que salen no son el conejo de la suerte.

Es decir, y no tan metafóricamente, el Presidente, en el ámbito económico y de los sectores productivos, está desnudo y la frase que ya ha calado en la sociedad española es “a la deriva”. Pero todo esto, no tendría mucha razón de recogerse en este medio si no pudiera estar afectando o no influyera en un sector como el energético. En primer lugar, como saben, la Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables, fue absorbida por la Ley de la Economía Sostenible (cuya generación de expectativas políticas va claramente en su contra y puede ser un boomerán de proporciones muy elevadas). En los primeros esbozos de esta ley primigenia no sabíamos cuáles eran sus pretensiones a la vista del comportamiento regulatorio seccionado operado con las tecnologías renovables (y más, tras la regulación de los registros de preasignación del R.D. 6/2009).

Ahora se ha sabido que también se querría incorporar en esta Ley de Economía Sostenible el discernimiento a la polémica sobre la vida útil, de diseño o vida económica de las centrales nucleares aparecida con motivo de la decisión presidencial sobre Garoña. Más cosas: fiscalidad verde, estímulos fiscales a ciertos sectores. Por ello, probablemente más que tener una Ley de Economía Sostenible, con todos estos ingredientes, sea necesaria una concepción estratégica de futuro productivo y sectorial, del que se sabe poco. Lo que en el ámbito de la energía se refiere a una política energética, una visión del mercado, de la estabilidad regulatoria, del mix de generación futuro, más que coger el rábano por las hojas para esperar que el problema del empleo y de la ocupación se palíe a través del impulso a determinadas tecnologías energéticas (eso no quiere decir que no se aborden, con rigor y separación nítida, las dos cuestiones: tanto el modelo energético, su sostenibilidad económica y medioambiental, así como el sector industrial energético). Todo esto, con buenas instituciones, mercados, seriedad y buena gestión.

Crucemos los dedos.

El pasado lunes, en las postrimerías del mes de agosto, pudimos leer en el diario ABC que el Partido Popular exige al Partido Socialista que la renovación de los órganos reguladores independientes se realice de forma profesionalizada.

Se trata de una petición a la que es difícil que el propio Gobierno pueda negarse, en la medida que su respuesta sería un comportamiento saduceo, lo cual no es previsible. Por otra parte, el diario El Mundo, publicó dos páginas jugosas y sustanciosas el pasado 24 de agosto, que dejaban de manera clara, a falta del “tiro de gracia”, el enfrentamiento que la CNE mantiene con el equipo de Miguel Sebastián, así como las malas relaciones (o la ausencia de las mismas, que sería lo mismo) con su actual presidenta, Maite Costa.

A veces puede parecer muy sorprendente que sea preciso reclamar cuestiones que, por obvias y razonables, se dan por sentadas y que en países con una larga tradición democrática, con instituciones serias, solventes y de prestigio, cuentan con la existencia de órganos reguladores independientes respetados y respetables. Porque lo primero para ser respetado es, evidentemente, ser respetable. Y, segundo, porque la institucionalización y seriedad de una economía y de un sector dependen de que estos procesos sean serios, fiables y solventes, tanto para los agentes económicos, como institucionales y empresariales. La debilidad de los reguladores puede tener beneficios a corto plazo para los aprovechados, pero a largo plazo es perjudicial para todos. Y así se ha demostrado.

Por tanto, en estos países, estos organismos no son meros brazos armados del gobierno de turno, esclusas para operaciones no deseadas políticamente, ni mecanismos para reubicar un cementerio de elefantes sectorial. Tampoco se trata de trincheras ideológicas donde residen los renuentes a los procesos normativos o de liberalización de los sectores que regulan. No, no es eso.

Tampoco consiste en configurar órganos de intervención en la fijación de precios sectoriales volviendo a la economía de Girón de Velasco, a un “falangismo” light de nuevo cuño. Se trata de ejercer las funciones regulatorias que tienen encomendadas en el marco de un modelo, así como las funciones de seguimiento, supervisión e inspección sectorial con rigor y sin alharacas. Además, conformar un regulador verdaderamente independiente es una obligación, una reclamación y un señalamiento de las directrices que emanan de la UE.

Y por ello, por todas esas derivaciones indeseadas, es por lo que se ha podido instalar en la actual CNE la sensación de su prescindibilidad. Por eso, y por gravísimos errores cometidos en varios «momentos de la verdad», como las operaciones corporativas a Endesa o la de Gas Natural y Unión Fenosa, que también se ha llevado por delante el incipiente crédito de la nueva CNC.

A todo ello hay que unir la posición estrambótica contra la liberalización del mercado, inverosímilmente pública a partir del Informe de Costes y Precios, la renuencia a la resolución del problema del déficit tarifario, la ausencia “vital” (incluso oposición) a la liberalización pendiente, actuaciones delirantes como los programas de inspección e investigación lanzados a bombo y platillo con escasos resultados y la gestión interna del organismo, incluyendo la política de “coches para todos”, organización de eventos y el turismo regulatorio.

Porque a la luz de todo lo que ha venido pasando en nuestro país en las cercanías de la Comisión Nacional de Energía, podría incluso plantearse o cuestionarse la necesidad de que exista un órgano regulador independiente. Más que nunca es necesaria la “institucionalización” en el sector energético, la profesionalización del órgano regulador independiente, su homologación en respetabilidad y prestigio con modelos sajones, el que el gobierno de la misma institución salga de la esfera de la política para que aporte valor al sector al que se debe y regula.

Hay un largo camino por recorrer todavía en materia de liberalización, de desarrollo futuro del sector energético, de diseño del mix de generación, de impulso a la comercialización, de articulación con eficacia de procesos de inversión estable y de configuración de una política energética de Estado. Todo ello requiere un órgano de regulación independiente y profesional. No esto.