El pasado 30 de septiembre nos despertábamos con la noticia publicada en el diario económico Cinco Días de que se había producido un aumento de la retribución por los denominados Sistemas Extrapeninsulares (el suministro que se efectúa a Canarias y Baleares) simultáneamente. La noticia venía más o menos a decir que se había elevado “sin explicación aparente” el coste de este suministro.

Todo ello sucede en un momento en que el Real Decreto Ley 6/2009 trata de separar de la tarifa progresivamente los costes diferenciales por el suministro a las islas. Hay que tener en cuenta que los precios eléctricos en todo el territorio español son (y han sido) homogéneos en todo el país. Sin embargo, el suministro en las islas tiene una serie de requerimientos de seguridad y calidad autónomos que lo hace más caro (máxime cuando éste se realiza, fundamentalmente, a partir de centrales de fuel, cuyo precio está vinculado directamente al petróleo). Esa diferencia es la que en tres años pasará directamente a los Presupuestos Generales del Estado.

El ejemplo es muy parecido al del transporte. Si uno es ciudadano canario, y lo acredita a la hora de viajar a la Península, las compañías aéreas determinan un precio especial equivalente al del trayecto entre Madrid y Cádiz. Esa diferencia, el precio desde Canarias y Cadiz, tendría la naturaleza de extracoste y se paga por los Presupuestos Generales del Estado. Por otra parte, hay que destacar los resultados en materia de calidad de suministro de servicio que tienen nuestros archipiélagos.

Los partidarios del trilerismo y del ‘toqueteo’ de las tarifas y precios eléctricos abordan estas cuestiones en un ejercicio, por lo “gordo”, es decir, de cálculo más o menos por volúmenes y comparativas orientadas a la consideración de las teóricas rentas de las empresas. Es decir, no hay justificación técnica, económica, organizacional o jurídica, sino que se trata de una cantidad y sobre esta cantidad global se discute. Como se dice en los sistemas intervencionistas “un monto”. Sobre todo en un momento en el que existe una propensión importante e inquietante a la difusión de datos falaces y sin el adecuado soporte y análisis.

Por eso, la noticia en su momento publicada, en razón a su documentación e información disponible, no tenía mucho más análisis que la mera enunciación de la evolución temporal de las cifras de la liquidación por este concepto y un cierto marco retrospectivo. Tampoco se apreciaba una versión complementaria o de contraste. Todo su contenido se basaba en interceptar el Informe que habría elaborado por la Comisión Nacional de Energía y de un voto particular formulado por tres consejeros: Jaime González, Jorge Fabra y Javier Peón (ninguno de ellos, público). Este Informe (el de la compensación por el coste de los sistemas extrapenínsulares) se elaboraba a petición de la Dirección General de Política Energética y Minas y debería verse verificado y contrastado por un ejercicio inspector de la Comisión Nacional de Energía. Ese ejercicio inspector tendría que reconstituir si esta compensación es correcta y fiel a los elementos que constituyen el mecanismo de cálculo de la misma.

Pues bien, no se tiene noticia (por lo publicado) de que existan discrepancias sustanciales por la vía inspectora. Por tanto, y dado que, a día de hoy, 6 de octubre, todavía no está disponible este informe, es el momento de formular varias cuestiones: ¿cuáles son los motivos de que este Informe no sea público (ni tampoco el voto particular de tres consejeros), no esté disponible en la red ni a disposición de los ciudadanos, consumidores y gobiernos de las Comunidades Autónomas afectadas? ¿Por qué no se recoge esta información de un órgano público regulador y supervisor en las notas de prensa correspondientes? Y, por tanto, y en sentido contrario, ¿cuáles son los motivos de que este Informe haya sido comunicado directamente a un único medio de comunicación, en concreto, y difundido con todo lujo de detalles y comparativas? En otro orden de cosas, ¿se está cuestionando desde dentro la labor inspectora de la Comisión Nacional de Energía? ¿La publicación de este informe es una pataleta, una reacción porque, por motivos que hoy desconocemos (no hay análisis), estos costes hayan aumentado? ¿Están bien calculados y cumplen la legalidad estos extracostes que cuestiona la noticia y acepta la CNE? ¿Se podría entrar más al fondo de la cuestión para evitar la confusión en este tema, en lugar de introducir meramente comparativas sospechosas e intencionadas? ¿Se podría evitar, en un ejercicio de responsabilidad, la tendencia a la difusión de los temas por el procedimiento del escándalo continuado?.

Se impone y se requiere una información más profunda, clara y transparente, sobre todo porque ya está publicado en estos términos se quiera o no. Aquí los afectados son todos los ciudadanos, los consumidores y los gobiernos autónomos concernidos, además de la propia empresa suministradora, el Ministerio de Industria y la CNE.

El encuentro Cristóbal Montoro-Miguel Sebastián a cuenta de la energía se cerró informativamente con la difusión de un mensaje consistente en señalar que el acuerdo pasa por conseguir una bajada de precios de la electricidad para sus consumidores finales, en este caso, empresas y ciudadanos. Al mismo tiempo, vivimos relativamente inundados de titulares apocalípticos de clara inspiración retroprogresiva, que anuncian que la última fase de liberalización del mercado eléctrico (centrada en la comercialización, incluyendo el modelo de tarifas de último recurso) no ha introducido rebajas en los precios para los clientes. Por lo que parece, el Partido Popular sí irroga en el defensor de las bajadas de precios de la electricidad. Un suministro tradicionalmente sujeto a la intervención y control político que, o bien no debía crecer más que el IPC, o bien el 2%, o bien la cifra menor de las dos, aunque estuviera por las nubes en todo el mundo o costara mucho su generación. Residuos del prontofranquismo.

El coste de la electricidad para familias y empresas viene a ser un argumento recurrente (el Partido Popular lo emplea habitualmente en su labor de oposición). Por eso, en paralelo, el Partido Popular en el Senado propone una moción en la que consigna las TUR (Tarifa de Último Recurso) en su doble vertiente social y de subsidiariedad, en un ejercicio que supone una carta a Dios y al diablo, conjuntamente. La moción resultó aprobada por unanimidad, como no podía ser menos.

Por otra parte, uno de los ideólogos antirrenovables, próximo a los postulados del actual Partido Republicano de EEUU, Gabriel Calzada, presidente del Instituto Juan de Mariana (que, de hecho, participará a llamada de este partido ante los responsables parlamentarios americanos defiendo sus posiciones contra la política española de incentivos a las energías limpias), introducía una morcilla en un artículo recientemente publicado en el diario Expansión en el que afirmaba que se estaba produciendo una deslocalización de empresas por el alto coste de la energía en nuestro país. Todavía estamos pendientes de conocer el nombre de esas empresas que han desplazado su producción de España por el coste de la energía y si resiste esta afirmación una comparativa un poco más precisa en términos de precios y costes relativos de los factores. Lo que sí parece razonable es que no se permita instalar este tipo de afirmaciones con tal alegría en la opinión pública, aunque Calzada sea un patriota.

En este escenario, serían objetables, (a lo primero, la no bajada de precios derivada de esta fase de la liberalización) muchas cosas: la primera y más importante es que las tarifas de último recurso siguen sin ser reales. Son más bajas que las que serían si fueran aditivas (completas) totalmente. Es decir, no recogen los costes reales de la generación, distribución y transporte de electricidad, además de seguir acumulada una importante deuda tarifaria (cuestión sobre la que los grandes partidos y las organizaciones de consumidores siguen empeñados en no ser didácticos y esconder debajo de la alfombra). Por tanto, sin satanizar a las empresas eléctricas, sería lógico que se tratara, con mayor rigor, el problema de fondo de que los españoles viven engañados y han vivido engañados con los precios de la electricidad.

En segundo lugar, la tarifa de último recurso como ejercicio social y de subsidiariedad, hay que recordar que debe ser máxima y única, y lo razonable, una vez que se desembalse el déficit tarifario acumulado y se vaya configurando un mercado de comercialización, es que se produzcan descuentos sobre la misma. Es decir, que se puedan obtener rebajas unidas a los patrones de comportamiento de los usuarios. En todo caso, con el percal de déficit tarifario acumulado, esto no es de hoy para mañana. Además, la creación de un mercado de comercialización con margen para las ofertas que abaraten la energía en este estado es difícil y cuestionar esta fase de la liberalización por sus escasos resultados a tres meses vista es un ejercicio falaz de presente perpetuo. En todo caso, hay que recordar, por otra parte, que existe un bono social cuya función es la que insinúa esa moción.

Y, finalmente, a la afirmación, referida a la existencia de precios de la energía caros en España (sostenida sin evidencia alguna), sólo habría que señalar las comparativas en los mercado eléctricos con toda Europa, además de que hasta el momento hemos contado con una energía subvencionada. En primer lugar por los consumidores futuros (que pagan la deuda tarifaria troceada) y en segundo lugar por los subsidios cruzados existentes hasta el momento entre distintos tipos de consumidores residenciales, industriales y las tarifas que disfrutaban.

Evidentemente, conseguir precios baratos de la energía es un posicionamiento buenista y volitivo en el que es fácil encontrar un consenso de Perogrullo. Mejor electricidad barata que cara. Es normal que en tiempos de polarización y simplificación ideológica se incorpore este tema en la comunicación política, en un momento en que es inevitable que se produzca su subida (aunque sólo sea por la deuda pendiente). Es normal, pero no es razonable. Aunque sí es exigible, por responsabilidad, a los partidos políticos, a los que nos gobiernan y a los que presuntamente tienen posibilidad de acceder al gobierno, el que realicen un ejercicio realista de comprobación de los precios de la electricidad en nuestro país, de su comparativa con otros países, del exceso de oferta existente y su impacto en los precios, además de contar la realidad actual de esta cuestión, de la historia y sus precedentes.

Por tanto, es bueno saludar el buen rollo que preside las relaciones Cristobal Montoro-Miguel Sebastián. Tanto monta, monta tanto. Esperemos que sirva para un necesario consenso que desemboque en una política energética clara, estable y de mercado, sostenible económicamente y medioambientalmente. Pero es perjudicial sustituir la política, la gestión y la planificación por buenas intenciones y que, subrepticiamente, pasen estos mensajes sin un mínimo ejercicio de análisis. Porque corren el riesgo de repetirse.