La propuesta para aumentar la protección del carbón y el teléfono de aludidos

Pocas veces ha existido un mar de fondo tan bravo como con la propuesta de Real Decreto para fomentar la generación de energía mediante carbón nacional. De hecho, ya se han empezado a desgranar, de forma más o menos meticulosa, las aportaciones y alegaciones de los concernidos reunidos en torno al Consejo Consultivo de la Electricidad (por otra parte, lógicas). Hacía mucho tiempo que una cuestión de carácter energético no producía tantas páginas en periódicos (prensa escrita) y pasaba a la radio (un síntoma de que el nivel del problema es altamente inflamable). El teléfono de aludidos echa humo y seguramente sea un buen momento para hacer un repaso (aunque inconcluso) de los argumentos encima de la mesa.

Hacemos aquí un resumen de los principales argumentos contrarios a la propuesta de Real Decreto:

La propuesta sube la tarifa, con el consiguiente efecto para consumidores domésticos e industriales. La medida supone claramente una subida de tarifas, lo que encarecerá la factura energética (AEGE como asociación que reúne a los grandes consumidores empresariales lo ha advertido). Por ahora, las asociaciones de consumidores domésticos y pequeños consumidores empresariales no han expresado su posicionamiento hasta el momento, aunque razonablemente debería ir en la misma línea.

El Real Decreto puede contraer aún más la demanda de energía. ¿Puede, por tanto, que la medida tire de la demanda hacia abajo? Si a esto unimos la subida de precios, puede suponer un retroceso adicional a la caída de demanda que se viene produciendo. Esto es sólo el juego de movimientos de fuerzas del mercado de oferta y demanda.

La medida supondría un aumento del déficit tarifario (UNESA) y por tanto, una reducción del margen que establece el Real Decreto Ley 6/2009 para amortiguar el déficit tarifario futuro y por tanto, supondrá un encarecimiento o prolongación de la deuda. O su consumación.

La propuesta alterará los precios eléctricos, según Gas Natural y otorga una capacidad de gestión y de intervención a Red Eléctrica que lo sigue configurando como el gestor regulador ‘in pectore’. Hay que recordar que Red Eléctrica de España ha sido el soporte de los estudios que han derivado en esta propuesta.

La medida expulsa a corto plazo otras tecnologías de generación. Fundamentalmente afectará a los ciclos combinados.

– A largo plazo, deja menos recorrido para cualquier otro tipo de tecnologías, incluso las renovables.

Los volúmenes previstos son incluso superiores a los que prevé el Plan de Reservas Estratégicas de Carbón como denuncia Gas Natural, lo que puede suponer una forma de revitalizar artificialmente el sector.

– Otros argumentos giran sobre la idea de que el carbón sea verdaderamente estratégico: es decir, que se utilice en situaciones en las que por la elevación de los precios de la energía y petróleo pueda ayudar a futuras escaladas de precios, que no se queme indiscriminadamente, sin ser competitivo por meras razones de mantenimiento de la actividad a costa de la tarifa.

Aumenta las emisiones de gases efecto invernadero y el coste de los derechos de emisión para la sociedad y la economía. Todavía no se conocen las alegaciones de las organizaciones ecologistas (también representadas en el Consejo Consultivo de la Electricidad), pero lógicamente se supone que mostrarán su total oposición a la propuesta. En definitiva, la medida va contra las políticas para mitigar y reducir el cambio climático.

– Finalmente, el argumento más inquietante deriva de cómo desde la Unión Europea se pueden valorar estos incentivos adicionales a la industria del carbón, articulados muy alambicadamente desde la tarifa y mercado eléctrico. La sombra de la consideración de “ayudas de Estado” en un momento en que la UE se plantea con más firmeza el repliegue del carbón planea sobre la propuesta de Real Decreto.

Hagamos también una reseña de los argumentos favorables leídos o escuchados y también en otro sentido, de los pliegos de descargo:

– El Ministro, con una exposición bastante elíptica, habla del denostado carbón y de que “seguramente” en breve y gracias al desarrollo tecnológico, acabe siendo limpio, mediante los procedimientos de captura (todavía no se sabe ni dónde ni cómo) y las tecnologías de carbón limpio en fase de investigación. Aunque todavía, no. Una aseveración relativamente débil aunque propia del Ministro, un hombre convencido de la potencia del avance tecnológico.

– La Secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, quien incluso con autoridades presentes de la Agencia Internacional de la Energía, defendió la medida impulsada por el Gobierno español para potenciar el consumo de carbón nacional con destino a la generación de electricidad, justificándolo con el argumento de la palabra dada. Todo ello, con un exceso de emisiones sólo sofocado por la caída de actividad de la crisis y con una política medioambiental muy cuestionada desde instancias europea (último ejemplo, Daimiel, excesos costeros,…).

Carbunión muestra su satisfacción y se remite a la futura promulgación de una normativa europea al efecto.

Luego hay una suerte de “pliegos de descargo en el teléfono de aludidos”. Principalmente, estos argumentos de los pliegos de descargo evitan hablar del fondo de la cuestión, asiéndose a argumentos ‘victimistas’ de basta ya de atacar al carbón nacional, en una especie de justificación contra el modelo de la subvención. Bonificación contra ataques e inquinas viene a decir. Retórica épica a pagar a escote contra competitividad. Bastante es que no sea competitivo y de que la forma en que hayan pensado “ayudarle” sea la más costosa y perjudicial e incluso cree fuertes resistencias a medio plazo.

Recordemos que todo empezó con la petición de 300 millones adicionales para el Plan del Carbón y que está acabando por el momento con un coste de 4.750 millones por el desaguisado de intervenir el mercado. Y, hoy, parece que el teléfono de aludidos sigue sonando, por lo que este resumen seguramente irá creciendo y lo iremos actualizando.

En suma, más coste, más déficit, precios más altos, más emisiones, mecanismo más caro, frente a alternativa más barata de apoyo, promesas de futuro limpio, si Dios quiere, y palabra dada.

La CNE abordará el plan para el aumento de la generación mediante carbón nacional el 16 de noviembre, cuyo ponente será Jaime González

Será el próximo día 16 de noviembre, lunes, cuando el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía aborde la cuestión del plan previsto para priorizar la producción de electricidad mediante carbón nacional. Contrariamente a las informaciones que se habían conocido la semana pasada que apuntaban a que se trataría en el Consejo de mañana jueves, parece que se ha retrasado finalmente quince días. Así lo confirmaba la edición de ayer del diario El Economista.

Al parecer el proyecto había sido remitido al Consejo Consultivo de la Electricidad para que cada uno de los agentes representados emitiesen un informe urgente relativo a sus alegaciones. Según las fuentes a las que ha tenido acceso Energía Diario, con este aplazamiento sería posible que hubiese alguna fórmula de convocatoria presencial.

Alegaciones de Gas Natural

De hecho y según ha trascendido en los medios de comunicación, ya se conocen las alegaciones de Gas Natural y de AEGE, cuyas posiciones han sido muy críticas y contrarias a la misma. Según Gas Natural, la medida alterará los precios de la energía y expulsará del mercado eléctrico la generación por distintas tecnologías, según informa Cinco Días (Gas Natural denuncia que el decreto del carbón «alterará» los precios eléctricos).

Tal y como informa este medio que ha tenido acceso a las alegaciones de la gasista, Gas Natural estima que la medida supondrá «una reducción de la producción previsible con ciclos combinados de 11.200 GWh». Según Gas Natural, la cantidad de energía a producir por carbón, 27.200 GWh, es superior en 10.000 MW a lo que establece el Plan Nacional de Reservas Estratégicas de Carbón 2006-2012. La compañía señala que la medida centra el esfuerzo sólo en el sector eléctrico y no en el minero. Propone además que se centre en la explotación minera subterránea, suspendiéndose la producción de carbón a cielo abierto, lo que reduciría la producción a la mitad.

La compañía también se opone a la fiscalización de los contratos de take or pay de cara a recibir las indemnizaciones por lucro cesante, además de señalar una fuerte intervención pública que supone que este sistema de restricciones por “garantía de suministro” sea gestionado por Red Eléctrica de España (REE). La empresa ha aprovechado para reforzar su argumentación contra la obligatoriedad del acceso de las energías renovables y las primas a este tipo de energías.

La industria teme por el aumento de la factura eléctrica

Por su parte, los grandes consumidores a través de AEGE, han expresado su contrariedad ante el Decreto, que han visto cómo el mercado eléctrico estaba produciendo en estos momentos precios muy competitivos de la electricidad gracias a la caída de la demanda y se han mostrados contrarios a la medida que consideran originada en los problemas de competitividad del carbón nacional. El hecho es que trasladar el impacto de las ayudas a la tarifa puede generar un frente y un impacto en las empresas no previsto inicialmente para el sector industrial.

Minicumbre en Barcelona sobre cambio climático

En todo caso, distintas fuentes consultadas han querido ver motivos políticos en este aplazamiento, relativos a la oportunidad de que coincidiera este pronunciamiento del organismo regulador en plena celebración de la minicumbre sobre cambio climático que está teniendo lugar en Barcelona estos días, de cara a la preparación de la Cumbre de Copenhague dentro de 30 días, prevista para sustituir Kyoto. Otras fuentes señalan, simplemente, que el retraso obedece a los plazos necesarios para la elaboración del informe y recepción de alegaciones y reconocen que era muy apresurado que se tratara este mismo jueves.

En todo caso, parece que este tema será un nuevo escenario para una confrontación ya clásica en el sector energético. Dos corrientes, dos clasificaciones en liza. La primera, la derivada de su cercanía a posicionamientos más intervencionistas y/o retroprogresivos frente al mercado, y la segunda, aquélla que actúa en función de su connivencia con los intereses carboníferos, frente a partidarios de un ‘mix’ de generación más eficiente y limpio.

En este sentido, en la CNE, cuyas clasificación por corrientes tampoco tiene tantos matices, el consejero ponente, según el turno rotatorio que siguen los asuntos en el seno del Consejo de Administración, será Jaime González, leonés, y al que se le vincula directamente con el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. González, por otra parte, ha venido pronunciándose habitualmente contra el funcionamiento del mercado eléctrico apoyando los informes sucesivos al Informe de Costes y Precios y se le reconoce como cercano a los intereses carboníferos.

El dilema parece que será, sobre todo, para Maite Costa, presidenta del organismo, cuya cercanía a las tesis de Gas Natural, por un lado, y su apoyo a las propuestas más intervencionistas que han salido del organismo como el Informe de Costes y Precios y sucesivos, le pondrán en un serio brete.

Los males mayores: mi reino por un caballo

Un adagio latino decía algo así. Por una herradura, un caballo; por un caballo, un caballero; por un caballero, una batalla; por una batalla, una guerra; por una guerra, un reino. ¡Mi reino por un caballo! Así y ante la demanda de aumentar las ayudas directas al Plan del Carbón 2008-2012 y la formulación de que éstas se instrumenten desde el sector eléctrico mediante la priorización de adquirir carbón y quemarlo para producir electricidad a precio regulado, podríamos encontrar una sucesión de consecuencias de este mismo calado e impacto para el sector, para el mercado y para los consumidores, consecuencias que la medida va a encarecer.

Consecuencias que tendrán que ser evaluadas con tres criterios diferenciales. El primero, el impacto en la tarifa eléctrica y en el déficit tarifario. De hecho, la propuesta no es nada inocua, dado que, al final, las primas al carbón, los derechos de emisión de contaminación adicionales y los pagos por capacidad a las plantas gasistas por dejar de producir tendrán que ser pagados por los consumidores. Eso y las diferencias por generar energía mediante tecnologías menos eficientes y menos competitivas.

Así, el primer criterio es cómo la medida afecta a la factura energética traduciéndose en mayores precios en el mercado de generación (de hecho, uno de los problemas que ha derivado en el problema del carbón nacional es la caída de precios en el mercado, dado que, al ser menos competitivo no efectúa casaciones: es decir, no vende energía por no llegar a cubrir costes). Ese mayor precio reducirá también el margen de déficit tarifario que establecía el Real Decreto Ley 6/2009 para los próximos tres años y encarecerá su financiación futura (de hecho, casi se lo come entero) y complica los planes de Industria de cara a la comercialización. Además pone la proa al desarrollo renovable.

Segunda cuestión a tener en cuenta es el montante de la medida y sus efectos, comparativamente con las aportaciones que requerían los agentes sociales al Plan del Carbón Nacional. De 300 millones pedidos al Presidente, la “dolorosa” se ha elevado mucho más de lo previsto inicialmente, por el mecanismo utilizado: priorizar carbón nacional expulsando otras fuentes más eficientes. Las cifras que se han hecho públicas sin efectos indirectos alcanzan los 4.700 millones de euros. Hubiera sido mucho más fácil y limpio el aumento de las cuantías del Plan del Carbón. El procedimiento, habiendo sido suavizado con respecto a la primera propuesta (o mejor dicho, matizado en su efectos con compensaciones), es más caro y más sucio que las ayudas directas (y no sólo por las mayores emisiones de carbono, sino también por cómo se entremezcla y altera por sus consecuencias en los goznes del mercado eléctrico). De confundir política social con funcionamiento de mercado para estropear y encarecer las dos. Además, sigue existiendo el problema de que la Unión Europea lo perciba como ayudas de estado, un riesgo que no está del todo conjurado.

Pero, es más: si se divide el impacto calculado de la medida por cada uno de los trabajadores que trabajan en el carbón nacional, sale una subvención directa por puesto de trabajo a 31 de diciembre de 2008 de 885 mil euros y que sería superior al millón de euros si a esto unimos las ayudas anuales del Plan. Y, por la vía de los accionistas, la propiedad de estas empresas está muy concentrada: tampoco es que sea muy numerosa o participativa para los españoles. En suma, una cantidad que los mineros no han visto ni en pintura y viendo la situación del norte de España (lo que denomina Enric Juliana, el nuevo Sur) no parece que se traduzca en desarrollo regional.

El tercer criterio, es el de la crisis económica de nuestro país y ver si la forma de resolver un problema como el del carbón nacional (problema indudable que requiere actuaciones gestoras y políticas) es el procedimiento del genocidio de las moscas mediante las baterías antiaéreas, la artillería pesada y los cañonazos. Primero, porque es geométrico el salto cuantitativo de las demandas sociales con respecto a los costes finales de una medida mal instrumentada. Segundo, porque sitúa un escenario de vuelta a atrás y de producción carbonífera desde el cual volver a un modelo de reestructuración programada se complica y perjudica al mix energético español haciéndolo más ineficiente. ¿No hay formas más eficientes de resolver el problema? Con el problema general de empleo de nuestro país, una actuación de este tipo generaría efectos incalculables.

Por eso, ya han venido los primeros y serios reproches a esta política errática por una parte en términos de “justicia comparativa”. En estos días se ha recordado cómo el sector fotovoltaico ha tenido una reconversión acelerada de 20.000 empleos con la entrada del nuevo procedimiento del Real Decreto 1578/2008. Y, por otra parte, las incertidumbres en determinadas tecnologías renovables por la gestión del registro de preasignación, administración temporal del mismo y nuevo marco regulatorio y retributivo pendiente y que están teniendo ya en el horizonte efectos sobre un sector cuyo nivel de empleo es ya muy alto comparativamente.

Por su parte, el Presidente parece que ha emprendido un camino que le aboca a intentar contentar a tirios y troyanos, con la retranca de su procedencia y sus vinculaciones. Habla en sus discursos sin cesar de cambio climático, de energías renovables, de eficiencia energética. Por otro lado, dice que aprovechará su período de presidencia de turno en la Unión Europea para fomentar el carbón nacional, aplica medidas internas que aumentan emisiones de carbono (junto con los polémicos Planes Nacionales de Asignación y su distribución o la detracción de derechos en la tarifa eléctrica indiscriminada), o disminuye la eficiencia energética en la generación. Rodiezmo versus Kyoto. Más contexto: la UE le reprende por su política medioambiental y, para más INRI, se le queman las Tablas de Daimiel. Cosas que tiene la política.

Por otro lado, Rifkin dice que Obama está atento a la política medioambiental española. En estas condiciones, no se sabe cuánto durará un modelo que tiene ciertos componentes de “atrezzo” y opereta, si rascan un poco. Frente a ello, hoy hemos podido volver a leer declaraciones políticas en el reportaje que publica EL PAÍS(Rodiezmo contra Kyoto), en que justifican esta medida (que tenía alternativas mucho más baratas y eficientes, en “la palabra dada”). Ya estamos otra vez igual. ¿Les suena? Maldita sea.

La Comisión Nacional de Competencia: el martillo neumático del sector energético español

Tras el proceso de franco deterioro en barrena de la Comisión Nacional de Energía, ha seguido su estela la Comisión Nacional de Competencia, alertada de los movimientos vibratorios existentes en torno a la reforma de los órganos de regulación sectorial (CNC y CMT). Ra ta ta ta. De hecho, Luis Berenguer, presidente actual de la CNC, en su momento ya empezó a paladear de forma indisimulada su deseo de extender sus dominios no a los sectores de la economía, sino a los reguladores de los sectores, y lo que se viene difundiendo en formato ‘interruptus’ de la Ley de Economía Sostenible apunta en este sentido. Ra ta ta ta. De hecho, en estos momentos y tras la vuelta del verano, raro es el sector que no ha recibido una admonición o un expediente (o le han recordado cuestiones atrasadas de sus cuentas pendientes con la competencia). En el caso de la energía, su acción se ha cebado más concretamente en los sectores eléctrico y petrolífero. Ahora, desde Competencia, se afirma que se vigilirá el acuerdo entre el Gobierno y las eléctricas en el plan para el aumento de la protección del carbón nacional (por cierto, por qué no se vigila el plan y se cuestiona su necesidad, que es una alteración de un funcionamiento de mercado?). Por acumulación, podemos decir que la CNC se ha convertido en el martillo neumático del sector energético. Ra ta ta ta.

A modo de inciso diremos que el hecho de cuestionar la actividad de la actual Comisión Nacional de Competencia en su actual configuración y por sus comportamientos, no quiere decir que no se defienda la competencia y la libertad (sin adjetivos, ni matizaciones) en los mercados. Del mismo modo, el hecho de criticar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Energía, no debe suponer cuestionar la necesidad de un órgano regulador y supervisor independiente que crea en la liberalización de los mercados y se dedique a ello. Lo que es complejo es defender la competencia desde posiciones intervencionistas y sin convicción sobre lo que son y deben ser los mercados.

Lo que resulta preocupante es la concepción de la competencia que tiene la CNC y la CNE en tiempos de intervencionismo y, todo ello, con un número importante de intervencionistas en plantilla en posiciones relevantes. Y eso, asociado a una concepción trotskista de la comunicación, tampoco es el modelo de utilización mediática de sus estudios. A todo ello contribuye el clima de escándalo permanente en el que se ha instalado el “mass media”, también el económico en nuestro país.

Por eso, hay que señalar que ni siquiera los responsables de la CNC, ni los encargados de energía del mismo tienen una concepción de la configuración del sector energético y sus subsectores, así como de la organización de los mercados energéticos desde esta perspectiva, ni conocimiento de los distintos sectores en términos de competencia. No hay un solo papel que lo acredite. De hecho, incluso en lo que se refiere al sector eléctrico, parte de esa formación se ha realizado recientemente por parte de teóricos tan próximos al libre mercado como los pertenecientes a la dinastía Fabra. Un libre mercado, eso sí, por tecnologías y rentas reguladas, donde el mayor problema son las “diferencias de rentas” reguladas.

Por tanto, promover la competencia debe partir de análisis, estudios y criterios rigurosos y que no enmascaren o perviertan de forma apriorística o en base a prejuicios sus conclusiones. Análisis sectoriales profundos, comparados, rigurosos y con modelos de mercado internacionalmente comparables. Porque sucede que, fruto de las últimas “investigaciones” sin investigador realizadas por la CNC, se busca obtener conclusiones preconcebidas hacia cada uno de los sectores mencionados. Ra ta ta ta.

En el caso del sector eléctrico, las últimas críticas, oportuna y convenientemente aireadas, provienen de varios expedientes de los que alguno se remonta hasta cuatro y cinco años y que ahora, milagrosamente, se han acumulado en torno a un oportuno expediente globalizador-escoba y sus notas de prensa. Ra ta ta ta. Entre ellas, cuestiones derivadas del decreto que fijaba precios de casación entre empresas generadoras y distribuidoras del mismo grupo, que finalmente fue derogado y que la propia CNE comprobó que todas las actuaciones “denunciables” estaban sometidas a derecho. Por otra parte, también cuestiones concretas relativas a los mercados de restricciones técnicas (o desvíos). Triste favor al sector energético español, a la economía española y a la defensa de la competencia es actuar en estos términos.

En el caso del sector petrolífero, la CNC también ha lanzado sus invectivas duramente contra este sector señalando problemas de competencia derivados de análisis teóricos, más que de investigaciones. Ahí podemos situar las críticas a CLH como operador logístico a la que acusa de monopolio y de que en su propiedad están las empresas (habría que hacer un aparte sólo con las similitudes y diferencias con REE y Enagás y sus comportamientos) y los precios que establece, los problemas derivados de las autorizaciones a la distribución de gasolina en los supermercados (más laxas que a instalaciones del mismo tipo) o a las grandes operadoras petrolíferas.

Se da la circunstancia de que tanto en el mercado eléctrico como en el mercado petrolífero se ha producido la entrada de un número importante de operadores que han aumentado notablemente la competencia. Pero, paradójicamente, desde el exterior, los Informes de la Asociación Internacional de Energía (organismo al que se le denomina la OPEP de los consumidores en este ámbito) confirman que tanto en el sector ‘retail’ (comercialización) como en el logístico hay transparencia y una competencia abierta y además el acceso a nuevos operadores es pleno.

En otro orden de cosas, sería razonable que la CNC supiera o conociera las implicaciones en los precios de los carburantes, de la diferencia entre la estructura de refino de nuestro país y la demanda. O bien, el efecto que los problemas en la red de alta tensión tienen en la configuración de los mercados de restricciones técnicas.

En todo caso, hay que tener en cuenta componentes que tienen que ver con el “equipo profesional”. La primera es la relación cercana existente entre el presidente de la Comisión Nacional de Competencia, Luis Berenguer, y Jaime González, consejero actual de la Comisión Nacional de Energía, cuyas posiciones y alineamientos son muy conocidos en el sector, incluyendo desayunos de proximidad. Segundo, el papel relevante en el sector energético de una consejera del organismo, Pilar Sánchez, procedente de Red Eléctrica de España (REE). Ra ta ta ta.

En todo caso, es paradójico el exceso de celo a la hora de extraer conclusiones escandalosas de estos sectores o al menos a la hora de difundirlas escandalosamente, cuando, a “sensu contrario” en el caso de las operaciones corporativas del sector energético, se ha hecho un perfecto ninguneo de los análisis serios y rigurosos en materia de competencia. Es decir, se ha cogido el rábano por las hojas. Ra ta ta ta.

Una vorágine de carbón y cambio climático

La política medioambiental del Gobierno es mucho más retórica que real y tiene incluso que ver en estos momentos con la figura de la «Comedia dell’ Arte» de Arlequino, servidor de dos amos (del dramaturgo italiano Carlo Goldoni). Si sólo existieran dos amos, estaría incluso bien, pero ya se ha convertido en algo mucho más poblado. Al menos se pueden identificar dos polos de movimiento: las presiones de los intereses electorales y la incapacidad para gestionar y reformar sectores que son poco productivos para la economía. En paralelo se preconiza un futuro de energías renovables, contrario a la energía nuclear, de eficiencia y sostenibilidad energética. Todo ello con una factura con la rémora pasada de la tarifa intervenida y el déficit tarifario. Del mismo modo, recoge características arlequinescas, desde la exageración hasta la improvisación.

En esta semana se ha producido el envío del Real Decreto (recién entrado en la CNE para la emisión de un informe la semana que viene) que incorpora el mecanismo que el Ministerio de Industria ha ideado para aumentar la protección del carbón nacional, dándole preferencia y un precio garantizado en el mix de generación. Algo que afectará sensiblemente a la tarifa, “calzará” 4.700 millones más en el factura energética ensanchando los codos contra las previsiones totales de déficit tarifario hasta 2012 que establece el R.D. Ley 6/2009, desplazará fuentes de energía más eficientes y limpias y, además, aumentará las emisiones de carbono y, consiguientemente, el efecto invernadero.

Mientras, la política en materia de renovables es fuertemente errática, genera inseguridad jurídica y cambios constantes. Por una parte pronuncia discursos favorables y por otra se paralizan las resoluciones del registro de preasignación. Al mismo tiempo se desbordan las previsiones de capacidad en las tecnologías más primadas y se estanca la revisión de los modelos retributivos.

Por otra parte, en el plano del contexto, los estudios vuelven a señalar al cambio climático como una grave amenaza para las personas, para la salud y la civilización, lo cual, junto al horizonte de la Cumbre de Copenhague, ha vuelto a poner sobre la mesa la reducción de emisiones como primer objetivo de la política medioambiental. Por tanto, ya tenemos perfilados dos agentes “concernidos”, de mucho calado para una medida de esta envergadura: por una parte, los consumidores de energía que verán cómo su electricidad va a subir (o no va a bajar) lo que hubiera sido posible en ausencia de intervención pública para proteger el carbón y cuya factura, déficit e intereses se prolongan y crecen sine die. Y, por otro, los colectivos ecologistas y medioambientales que deberían tener un interés firme, nítido y taxativo en que no se produjera un aumento en las emisiones de carbono.

Lo cual también pone a prueba la postura de los sectores más cercanos a la izquierda ecologista que, en esta cuestión, vienen manteniendo posturas tibias y, en todo caso, mucho menos insistentes que en cuestiones anteriores. Sobre todo porque los antecedentes a los que hemos asistido en el caso de Garoña dejan el listón muy alto en la respuesta de estas organizaciones, dado que lo hicieron con toda profesionalidad. Hay que reconocer que el único incidente relativamente serio con respecto a las pretensiones del Gobierno de aumentar la producción de electricidad mediante carbón nacional (menos competitivo, menos eficiente y más contaminante) ha provenido de Greenpeace. Recordemos que la semana pasada dos de sus activistas escalaron el obelisco de Calatrava en Madrid en señal de protesta contra la política medioambiental del Gobierno.

Como es conocido, en el mundo conservacionista, medioambientalista y ecologista, hay dos tendencias y un cierto debate al respecto. En síntesis, una primera que se circunscribe a los que consideran que el problema más importante para la humanidad en el plano medioambiental es el cambio climático y que, en ese contexto, sería razonable utilizar la energía nuclear para combatir el cambio climático. Por tanto aceptan y asumen la gravedad del problema y sus soluciones. La segunda línea, está formada por los que son contrarios a nucleares y combustibles fósiles por igual, con un concepto de problema medioambiental más holístico. Lo que es más extravagante y una posición claramente descompensada es que estén contra las centrales nucleares y no contra las emisiones de las centrales térmicas. Eso sería una creación patria mucho más exótica de lo que parece. Por eso, recientemente hemos tenido noticia de que en el Reino Unido hay fuertes manifestaciones contra las centrales de carbón.

El pasado sábado se celebró el Día Internacional de Acción Global contra el Cambio Climático, fijándose la cifra de 350 partículas por millón de carbono en la atmósfera como objetivo para lograr reducir el efecto del cambio climático. Hoy estamos muy por encima de esta cifra y los países tienen la mirada en objetivos menos ambiciosos. Este es el contexto, el fresco que dibuja el escenario sobre la política medioambiental para nuestro Gobierno de cara a la cumbre de Copenhague sobre cambio climático. Cumbre a la que, por otra parte, Zapatero no puede ir cargado nuevamente de discursos, de buenas intenciones y escondiendo las emisiones (aminoradas por la crisis) debajo de las alfombras, con las Tablas de Daimiel secándose, consumiéndose su subsuelo en un incendio y recibiendo admoniciones desde la Comisión Europea por la desastrosa política medioambiental. Añadamos a todo ello, esta nueva propuesta de incremento de la producción de electricidad mediante carbón nacional, en un modo de proteccionismo y de agravar las consecuencias del incremento de ayudas al carbón, distorsionando el funcionamiento del sector eléctrico y los mecanismos medioambientales asociados al mismo.

Por tanto, tras esta descripción, es el momento de las preguntas, ¿tenemos en España un modelo ecologista público o autóctono negacionista del cambio climático como George Bush? ¿Es sólo un planteamiento discursivo? ¿Cuáles son las razones de tanta tibieza desde ciertos sectores fronterizos entre izquierda y ecologismo en España, con respecto a la política energética (en concreto, con respecto a estas últimas medidas incrementadoras de las emisiones) en lo que se refiere a sus efectos medioambientales? ¿Es un problema de defensa del empleo y la actividad ? Si esto es así, el empleo en Garoña y su entorno regional, ¿no merecerían el mismo trato? ¿No había exceso de oferta y nuestro futuro iba a ser renovable como preconizaba el informe de la Fundación Ideas? ¿Cuánto tiempo se sostendrá este discurso contradictorio, modelo Arlequino? ¿Dónde nos hemos perdido?

El crudo sube un 2,5 por ciento en una semana marcada por la incertidumbre

La escalada alcista de las cotizaciones de la pasada semana continuó de manera más moderada, con los operadores oscilando entre el optimismo de que la economía y la demanda de crudo se recuperen pronto y la ausencia de datos definitivos sobre esa tendencia.

En ese sentido, fueron el ambiente de confianza en las Bolsas y la debilidad del dólar, que hace más atractiva la compra de material primas, los responsables de que la semana empezara con alzas en los precios.

Tanto el petróleo Texas, de referencia en Estados Unidos, como el Brent europeo cerraron la sesión del lunes continuando la tendencia de encarecimiento que comenzó ya la semana anterior.

Al día siguiente, ese desarrollo se invirtió con una depreciación del crudo en torno al 0,7 por ciento, tras conocerse los malos datos del sector de la construcción en Europa y Estados Unidos y ante el encarecimiento del dólar.

Esa pérdida fue compensada con creces en la jornada siguiente, cuando las cotizaciones se dispararon como reacción a los datos difundidos sobre reservar de crudo y combustibles en Estados Unidos, un elemento que sirve de referencia para medir el nivel de consumo.

Los datos del Departamento de Energía de EEUU reflejaron un incremento de 1,3 millones de barriles en las reservas la pasada semana, frente a los dos millones que preveían algunos analistas.

Con ese ascenso el total quedó en 339,1 millones de barriles o un 10 por ciento por encima del nivel de hace un año.

Además, se reveló una merma de 2,3 millones en las existencias de gasolina, mayor de lo que se esperaba, aunque las reservas siguen siendo un 7,5 por ciento superiores a las de hace un año.

Ese mismo día, responsables políticos y expertos reunidos en Londres en el foro «Petróleo y Dinero» aseguraron que los combustibles fósiles seguirán siendo necesarios durante décadas, pese a la amenaza del cambio climático.

La semana de cotizaciones terminó con sendas bajadas el jueves y el viernes, en un efecto rebote tras las subidas del miércoles y ante la incertidumbre sobre si el remonte de las economías se producirá tan pronto como se espera.

La sorprendente contracción del 0,4 por ciento del PIB del Reino Unido en el tercer trimestre del año volvió a encender las alarmas en un mercado que no termina de creerse que la salida a la crisis esté a la vuelta de la esquina.

Así, el Brent europeo cerró la sesión del viernes en el Intercontinental Exchange Futures de Londres a 78,92 dólares por barril, aún un 2,5 por ciento por encima de la cotización de hace una semana.

Por su parte, la Bolsa Mercantil de Nueva York acabó la semana con el barril de Texas a 78,53 dólares, un 2,5 por ciento más que el precio registrado el viernes anterior.

Así las cosas, algunos analistas consideran que la fuerte subida de los últimos días, que ha puesto el barril de petróleo en marcas no vistas desde hace un año, no se mantendrá demasiado mientras no haya certidumbre total sobre la recuperación de la economía mundial.

La consultora especializada JBC considera que «la exageración (en los precios) puede evaporarse sin el apoyo de datos concretos» y que sin una «recuperación de la demanda, los precios por las nubes no son sostenibles».

Pese a esas advertencias, se acumulan también las opiniones sobre que la tendencia alcista seguirá hasta que el barril supere los 100 dólares, ante lo que la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) podría, en consecuencia, aumentar su producción para contribuir a controlar el precio.

Al respecto, el secretario general de la OPEP, Abdalá Salem El-Badri, se mostró dispuesto a aumentar el bombeo si se dan las circunstancias apropiadas.

«Si estos precios continúan, si vemos que las reservas vuelven a su nivel normal, si vemos que hay un crecimiento económico mundial real, entonces estoy seguro de que nuestros países miembros tomarán la decisión de incrementar la producción en diciembre en Luanda», manifestó en referencia a la próxima reunión de la OPEP.

El propio Badri se mostró partidario de que, en el actual contexto de recuperación económica, el precio del crudo no sobrepase los 80 dólares por barril.

El precio del barril supera esta semana los 75 dólares, el nivel más alto en un año

El precio del barril de la OPEP ganó en una semana un 6 por ciento y se colocó el jueves en 73,20 dólares, impulsado igualmente por las buenas noticias sobre los refinados, tras una fuerte caída de las reservas de gasolina y otros destilados, según la Agencia Internacional de Energía (AIE).

La variedad WTI, de referencia en EEUU, cerró el viernes en los 78,53 dólares, mientras que el Brent, de referencia en Europa, se cotizó a 76,03 dólares.

En cuanto al precio del petróleo de la organización, el precio de la llamada cesta de la OPEP, compuesta por doce tipos de crudo de sus países miembros, bajó un 5,9% en septiembre, hasta una media de 67,01 dólares por barril, bien por debajo de las cotas alcanzadas esta semana.

Los más recientes datos sobre el crecimiento industrial en Estados Unidos disparaban el precio del oro negro, ayudados por la súbita caída de los inventarios de gasolina en la primera potencia económica mundial, que cayeron la semana pasada 5,23 millones de barriles, el mayor descenso en un año.

Al mismo tiempo, con la inminente llegada del invierno en el hemisferio norte, la cotización del fuel de calefacción subía un 3,9%, el nivel más alto en once meses, aunque la consultora vienesa JBC advertía de que pese a esas cifras, los inventarios en este sector son muy elevados y muestran una posición poco alentadora.

Los precios del fuel han estado presionados por la cantidad adicional de suministro que ha inundado el mercado, incluidas las exportaciones saudíes, que alcanzaron las 925.000 toneladas en octubre.

Por otra parte, la OPEP corregía ligeramente al alza su pronóstico sobre la demanda de crudo global para este año y 2010, en su último informe mensual sobre el mercado petrolero divulgado esta semana.

La demanda petrolera mundial caerá este año 1,4 millones de barriles diario (mb/d), 200.000 barriles diarios menos que lo estimado anteriormente, hasta un total de 84,24 mb/d, aunque esta cifra será un 1,65% menor que el año anterior.

Para 2010, los analistas del cártel prevén un crecimiento de la demanda de 700.000 barriles diarios, frente a los 500.000 barriles (un 0,8%) pronosticados en el informe de septiembre, hasta un nuevo total de 84,93 mb/d.

El aumento previsto del consumo para el año próximo procede, ante todo, de los países no miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sobre todo China, la India, Oriente Medio y América Latina, destaca la OPEP.

En ese contexto, los analistas del grupo destacan «la relativamente alta dependencia» de esos países de cara a los pronósticos económicos y energético del año próximo.

Por otra parte, la demanda del crudo de la OPEP se mantiene relativamente estable este año en el 28,6 mb/d, apenas 100.000 barriles más que lo estimado antes, con lo que los países del grupo venden unos 2,3 mb/d menos que el año pasado.

Para el año próximo, la organización pronostica una demanda incluso inferior a la de este año, con 28,4 mb/d, unos 300.000 barriles más que lo estimado en el último informe, lo que, sin embargo, sigue siendo 200.000 barriles menos que en el 2009.

El registro de resignación

Ayer se produjo un nuevo episodio en el vodevil del procedimiento relativo al registro de preasignación para las tecnologías renovables con la recuperación del procedimiento existente en el Real Decreto Ley 6/2009. Procedimiento que fue derogado en la Cámara Alta, a merced a una iniciativa de Convergencia i Unió (CiU) y secundada por el PSOE, y que ahora se ha abjurado en la Cámara Baja, con ciertas reverberaciones y golpes de pecho (en empresas, Comunidades Autónomas y asociaciones sectoriales de las distintas tecnologías afectadas, sobre todo la termosolar). Golpes de pecho provocados por la reacción obtenida, pese a la cierta euforia y convicción transmitida en la nota de prensa en que se afirmaba que se recuperaban competencias para las Comunidades Autónomas. Se intuía una cierta complicidad ‘low profile’ ministerial evidenciada en las palabras del Secretario General de Energía, Pedro Marín, desde Bruselas.

Desde este medio, hemos sido especialmente críticos, tanto con la forma en que se implantó el registro de preasignación y la sustitución final al cumplimiento de los objetivos por tecnología y su inclusión en los criterios retributivos que establecía el Real Decreto 661/2007 (cada vez los Reales Decretos duran menos). Del mismo modo, hemos sido críticos con la forma en que se hubiera producido su ‘restauración’, sobre todo porque ni una, ni otra hacen otra cosa que generar incertidumbre, que es lo peor que se puede producir en sectores intensivos en energía.

Particularmente, todo este espectáculo es poco edificante y evidencia un modelo regulatorio precipitado y reactivo a los acontecimientos, todo ello porque cada modelo regulatorio no tiene bien hechos los “acabados”, provocando efectos llamadas y desbordamiento, primero de la Administración y, segundo, de las primas. La solución que se acaba instrumentado suele ser ‘ad libitum’, modelo tabla rasa, en la que no se sabe qué es mejor, si el remedio o la enfermedad (o el remedio es la enfermedad).

Recordemos que el Real Decreto 661/2007 establecía un final por tecnologías en el que al llegar al 85 % se fijaba un año de prórroga con independencia de la tecnología (hay tecnologías que sus proyectos tardan un año y otras, dos meses). Solución de acabado: fijar períodos diferenciados sobre un sistema general. Consecuencia del mal acabado: desbordamiento en la energía solar fotovoltaica, aluvión y luego recurso a modelos sancionadores e inspecciones de dudosa eficacia.

Otra consecuencia, un Real Decreto, el 1578/2008 para la energía solar fotovoltaica que establece el modelo de registro de preasignación con cupos y retribución decreciente. Fruto de este decreto se produce un frenazo pleno y que parece que proporciona más “control en la entrada”, por lo que se deroga el R.D. 661/2007 para el resto de tecnologías y se implanta un registro de preasignación en el que entra todo lo que se inscriba que cumpla con todos los requisitos burocráticos.

Consecuencia: no se sabe, aunque ya anticipa un colapso de proyectos presentados en Industria, a pesar de que poco a poco vamos conociendo cómo se van aprobando. Hoy hay otros 53 aprobados que, en total, suponen unos 2.000 MW de potencia. Pero, ¿sabemos cuánto hay en la bolsa acumulado?, ¿sabemos cuántos por tecnologías?, ¿sabemos cuántos cumplen los requisitos?, ¿sabemos cuántos no?, ¿sabemos cuántos pueden subsanar defectos de forma?

Se habla de cifras de entre 18.000 y 20.000 MW en total, sumando todas las tecnologías que están en ese registro de preasignación que ha evidenciado también su alimentación a base de conseguir permisos y documentos. Sólo en el caso de la termosolar, cuyos proyectos son de mucho más largo plazo que los eólicos o fotovoltaicos, y que, por otra parte, es quien ha escenificado en mayor medida el enfado con la derogación in péctore anticipada, con un objetivo de 500 MW, se estima que hay proyectos presentados por un total de 2.000 MW, siendo sus primas casi cercanas a las de la energía solar fotovoltaica.

Las preguntas son obvias, además de la necesidad de una regulación estable y predecible que no provoque cuellos de botella, efectos llamada, burbujas, etc. El puzzle con la caída de la demanda y los efectos sobre el déficit tarifario en el proscenio es complicado, sobre todo conociendo las estructuras sectoriales, las diferencias de las tecnologías y comprendiendo el papel de la inversión, las empresas y el sistema eléctrico.

Se impone la reflexión y no la improvisación, ni la resignación. Porque el problema no está cerrado. Ni mucho menos.

La resubasta y el Rodiezmazo

El fallecido Premio Nóbel, Camilo José Cela, decía que es más fácil convencer a alguien de que no tiene sed que llevarle un vaso de agua. Algo así pasa con el Plan de Protección Plus del Carbón Nacional, impulsado desde la Presidencia del Gobierno, cuyo proceso de negociación y formalización en el correspondiente Real Decreto (que posteriormente debe pasar por la CNE y por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos), se centra en moderar su efecto y en la articulación de mecanismos de compensación que suavicen una intervención de estas características en el mercado.

Así, como venimos informando, el Gobierno viene forzando la máquina para aumentar la producción eléctrica a través de la quema de carbón nacional. Según informa el diario Cinco Días, las eléctricas deberán usar 20 Toneladas de carbón en los próximos tres años y se determinaría un precio fijo de 45 euros por MWh a precio regulado (a precio intervenido, quiere decirse). Así, el carbón se vendería en el mercado de restricciones “como garantía de suministro” que gestiona Red Eléctrica de España (REE).

En todo caso, el mecanismo actualmente propuesto encima de la mesa mantendría el sistema de casación de ofertas y de fijación de precios en el mercado, aunque, consecuentemente, se produciría un exceso de energía que sería subastado también para ajustar oferta y demanda.

Por otra parte, la diferencia entre el coste de generar con carbón y el precio regulado se vería compensado por la tarifa mediante los pagos por capacidad, desarrollando una versión más sofisticada del antiguo sistema de pagos por garantía de potencia. Al mismo tiempo se está estudiando extender los pagos por capacidad a las centrales de gas. Por tanto, el proceso de negociación entre Industria y las eléctricas parece que ha entrado en los mecanismos de amortiguación y compensación de la medida.

Toda esta construcción de subastas y resubastas sigue teniendo efectos perversos tanto en los precios de la energía (las empresas siguen estimando una caída de 8 €/MWh), afectación a otras tecnologías (en concreto, al régimen especial que no está incluido en ninguna de las fórmulas de los pagos por capacidad), como en las emisiones de carbono que se verán notablemente acrecentadas (y que será necesario financiar).

En todo caso, el modelo ideal, con menos efectos perjudiciales para el funcionamiento del mercado, para garantizar la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2 sigue siendo el de aumentar las ayudas directas al sector del carbón nacional, sin tocar los mercados eléctricos. Esa era incluso la pretensión inicial de sindicatos y empresas mineras cuando trasladaron su petición de 300 millones en Rodiezmo y, por ello, la respuesta ideada y obcecada para que fuera contra el mercado eléctrico, se ha convertido en el Rodiezmazo, por la amplificación de los efectos que causa.

De hecho, toda esta construcción, se tendrá que pagar en la tarifa, además de seguir generando déficit que además de pagar, será necesario financiar. ¿No sería más fácil dar un vaso de agua?

¡Más carbón (nacional)! Es la guerra

Si en la película de “Los Hermanos Marx en el Oeste”, en la famosa escena de la persecución en la locomotora, Groucho Marx en lugar de decir «¡Más madera!», dijera continuadamente «¡Más carbón (nacional)! Es la guerra», nos encontraríamos en la situación que ha propiciado el Gobierno español con la propuesta conocida de obligar a producir más energía eléctrica mediante carbón nacional a un precio garantizado, excluyendo y expulsando otras fuentes de energía en el mercado de generación. ¡Más carbón (nacional)!. Más madera. El tema sigue abierto y las negociaciones, según vamos conociendo, también, mientras que todo apunta a que en el seno de la Unión Europea las ayudas al carbón nacional tienen peor predicamento.

Y no es cosa de risa, sobre todo por las consecuencias que se derivan en las inversiones, en el mercado eléctrico, en los precios, en el resto de tecnologías, en las renovables y en las emisiones de gases efecto invernadero. Todo ello proviene de un modelo que tiene un enfoque torcido sobre el papel de las empresas y de la electricidad. Un enfoque que proviene de antaño. Primero, los problemas de un sector con su mercado y su competitividad se pueden sindicar y los puede resolver otro (dicho así, parece un cruce entre el franquismo y la planificación soviética). Segundo, si no se “sindican”, se obliga regulatoriamente por acción legislativa urgente a las empresas, que deben ser un brazo armado de la acción legislativa. Tercero, no hay empresas, ni organizaciones, ni mercado, sólo acción sobre un concepto de orden marxista: “las rentas empresariales”. Ese es el caso del carbón nacional español que ha ido acumulándose por distintos motivos no suficientemente explicados, pero claramente de mercado.

¿Por qué hay tanto carbón acumulado?

Por otra parte, ya hay carbón nacional acumulado en las centrales térmicas para tres años. En ello han influido varias cuestiones. La primera y básica es el hecho de la menor competitividad del carbón nacional en relación con el carbón importado, por su poder calorífico y sus precios (absolutos y relativos). En segundo lugar, la desaparición de las primas al carbón nacional en 2007 (algo que estaba previsto) y que buscaba hacer equivalente, vía una subvención, la diferencia de precio y poder calorífico con respecto al carbón importado. Tercero, el desplome en los precios internacionales del carbón, que ha hecho que sea más barato el carbón importado, incluyendo transporte y fletes que el nacional. Cuarto, una caída de demanda de electricidad que afecta a todos. Y quinto, la entrada de nuevos grupos de generación, fundamentalmente ciclo combinado (gas) y renovables, a partir de las indicaciones inversoras procedentes de la política de la Administración española y de las señales de precio enviadas al mercado.

En este último año, además, las centrales térmicas han sufrido diversas paradas técnicas con motivo de varias intervenciones para la adecuación medioambiental de sus procesos, sobre todo la instalación de desulfuradoras y desnitrificadoras, hechos que también han reducido el ritmo de consumo de carbón nacional.

Por eso, una de las teorías que se ha utilizado para eludir el verdadero problema de mercado y de competitividad de partida es el cambio de propiedad que se ha producido en las empresas eléctricas, en principio, sobre todo en Endesa y Unión Fenosa (ésta adquirida por Gas Natural y que además dispone de minas propias en Sudáfrica).

La teoría retroprogresiva es que los accionistas piden rentabilidad y ya no aceptan seguir adquiriendo carbón sine die, como antes, en un modelo de socialización de los problemas. Pero el hecho es que hay carbón natural acumulado para producir 22 TWh de energía eléctrica, lo cual es equivalente a multiplicar por tres la producción del año 2009. Tres años de producción aparcada y el carbón acumulado en las propias centrales desmienten esta interpretación que, como toda teoría conspiratoria, simplifica un problema muy complejo en una modelización de buenos y malos, tan propia de nuestros días. Ese es un tipo de marxismo mal entendido que conduce al de los hermanos Marx.

Otro de los argumentos es que el carbón puede ser una fuente de reserva estratégica energética. Esta teoría va en contra de que se queme a toda costa y apuntaría a que se reserve para cuando compense a nuestro país no pagar tanto por el precio de otros combustibles en el mercado.

En todo caso, no se trata de no abordar los problemas de la minería española, de responder a los intereses de trabajadores y del sector, o de la cobertura social vinculada a su reconversión pendiente o de no resolver el problema de las cuencas mineras. De hecho, la propuesta que había encima de la mesa era la aportación directa de 300 millones más al Plan del Carbón. Se trata de no hacer propuestas torcidas que dañan más que resuelven, mucho más costosas por la forma oblicua de pergeñarse y que propagan los problemas a todo el sector energético, al medio ambiente y la actividad económica.

En todo caso, lo más ocurrente es que todo empezó con esta reclamación de 300 millones de euros adicionales al Plan del Carbón y puede acabar como el rosario de la aurora por el hecho de trasladar los costes a todo el sistema productivo, vía la electricidad. Ayer ya se hablaba en los medios de 1.000 millones de euros.

Por ello, y como en la locomotora de los hermanos Marx. ¡Más carbón nacional!