Conocíamos por el diario económico gratuito Negocio el interés de Gas Natural por aplazar la venta de las centrales de ciclo combinado, cuya obligación venía impuesta por las condiciones de la CNC a la operación de compra de Unión Fenosa. El diario citaba como referencias fondos de inversión internacionales. Y es que las desgracias nunca vienen solas: la caída de la demanda y la feroz lucha que existe entre las tecnologías de generación han hecho mella en el valor (precio) que hoy tienen estas instalaciones. Máxime cuando todavía en este escenario se están construyendo en nuestro país 2.000 MW adicionales más, lo que abunda en el concepto de sobrecapacidad existente. Todas ellas, construidas bajo la estimación de un funcionamiento de más de 5.000 horas anuales. Y, todas ellas, teniendo que afrontar la realidad de que este funcionamiento no llegue al 40 por ciento, es decir, que operen en el entorno de las 2.000-2.500 horas anuales, desvalorizando los activos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Las previsiones fueron construidas bajo expectativas o supuestos optimistas o la propia espiral de creación de capacidad ha desbordado las previsiones? No es el primer proceso que incurre en estos ciclos en la economía, eso es cierto, ni tampoco será el último.

En la situación actual española, pesa enormemente la crisis de demanda, que se puede acentuar mucho más si entran en liza otras cuestiones como el decreto para el incremento de la generación de electricidad mediante carbón nacional aumentando así la producción térmica por esta tecnología. Pero también hay cuestiones en el ámbito internacional referidas a la configuración del mercado del gas que están condicionando fundamentalmente el desabrochamiento de los precios del gas y del petróleo (que tiene signos de recuperación, por cierto) y el cambio que se está produciendo en un consumidor clave que son los Estados Unidos. El asunto es que, sobre todas estas cuestiones, no se perciben atisbos de que cambie su escenario, ya no en el corto, sino ni siquiera en el medio plazo que pudieran hacer pensar que va a cambiar este entorno contractivo.

Y, esta coyuntura es el germen e impulsor de otras campañas como el cuestionamiento frontal de las primas a las renovables que se está produciendo, lo que unido a los desfases regulatorios, en primas y en cantidades en determinadas tecnologías renovables, están inflamando el problema hasta límites insospechados (junto a la grave carencia del diseño de un modelo de generación), sobre todo porque ya ha salido de los esquemas de la integración de las energías renovables en el sector eléctrico, para convertirse en un «meta-asunto» que trasciende lo eléctrico, lo industrial y los intereses agazapados en torno a todas las decisiones que se deslizan al respecto (y sobre las decisiones que no se deslizan y las que se aparcan, claro).

Como cuestión previa a este obligatorio proceso de venta derivada de los requerimientos de las autoridades de competencia, evidentemente la venta de un bien o un activo se puede hacer casi en cualquier momento, sabiendo que siempre hay un precio al que se produce la transacción, es decir, que si se baja mucho el precio, al final el bien se enajena porque hay alguien que está dispuesto a comprar. Es una dinámica propia de todos los mercados.

Por otra parte hay que recordar que la Comisión Nacional de Competencia (CNC) centró sus condiciones a la operación Gas Natural-Unión Fenosa en los activos de generación eléctrica (pese a que el efecto clave en cuestiones de competencia se centraba en la concentración que se producía en el aprovisionamiento de gas). Ahora estas condiciones, mucho más llevaderas en su momento (como los propios implicados reconocían), pueden haberse convertido en una ratonera.

De hecho, el organismo que preside Luis Berenguer tiene una nueva demanda al respecto que también parte de la acción de las autoridades de competencia, enmarañadas nuevamente en este proceso.

Por tanto, parece que las cuestiones de este tipo se complican. Desde el momento en que Gas Natural anunció la compra de Unión Fenosa, el escenario ha cambiado enormemente y cabe preguntarse sobre el brete que se le presenta al organismo que preside Luis Berenguer en el sentido de proceder a la prórroga del plazo previsto inicial (y que tiene carácter de confidencial) en la venta de estos activos.

¿Cuánto tiempo más de margen hay para efectuar la venta (a sabiendas de que esta situación no se va resolver en breve)? ¿Y si, para entonces, no se han recuperado los precios de las centrales de ciclo combinado? Y, la segunda línea de preguntas se sitúa en la más incómoda, ¿cuál es el precio por el que al final se venderán estos activos?

La presencia de más de cien líderes mundiales en la Cumbre, la estratégica visita de Obama y las primeras señales de las tres economías más contaminantes del planeta de que se pueden producir cambios en su trayectoria en materia de medioambiente, parece que pueden invertir la tendencia al pesimismo que hasta hace un mes invadía los preparativos. Hoy, todo son esperanzas y llamamientos a la generosidad y altura de miras en las negociaciones que tienen que celebrar los distintos países entre sí, para conseguir una reducción de emisiones sustancial, de entre el 25 y el 40 %. La oferta norteamericana (reducción del 17 %), la reducción de intensidad energética prometida por China (aunque con problemas para su verificación) y también los compromisos anunciados por la India, han impulsado esta Cumbre y ha desatado una cierta ilusión colectiva que esperemos no se desabarate.

En medio de estos preparativos, le ha echado morbo la difusión del robo de unos correos electrónicos que alimentarían a los negacionistas del cambio climático, al señalar que algunos científicos han exagerado las consecuencias del mismo, en algo que se califica de nueva religión. Los ultraconservadores y los sectores más reaccionarios están intentando, sin mucho éxito, dinamitar el espíritu de protección del medio ambiente que se ha generado en torno a esta cumbre.

Por su parte, según se ha podido saber estos días, España va a anunciar las que serán sus propuestas en materia energética durante la presidencia de turno de la Unión Europea, cuyas líneas principales serán «la seguridad de suministro», la organización de una Conferencia de los Ministros de Energía y conseguir el apoyo a varios proyectos en curso (entre ellos el de captura de carbono de Ciuden). Esperemos que no sea un ejercicio de voluntarismo, de realidades demoradas futuras, y que debido a nuestras propias inconsistencias internas de “descafeine”, no se vea mermada la capacidad de nuestro país en tanto que anfitrión para comprender e impulsar directrices referidas a la política energética comunitaria (con nuestra peculiar “tercería vía autóctona”) en este caso.

Volviendo a Copenhague pero relacionado con la política energética española y como decía en días anteriores Pedro Linares en El País (en un artículo firmado junto a Gonzalo Sáenz de Miera), «cualquier acuerdo de esta naturaleza exige una decisión previa sobre el modelo energético que queremos, es decir, sobre la forma en que producimos y consumimos la energía, que es origen, en gran medida, de las emisiones de gases de efecto invernadero». Y, estas son decisiones que afectan al mix energético, a la competitividad y al precio de la electricidad. Todo ello son cuestiones de medio plazo si lo que se quiere hacer es serio y se quiere hacer de forma ortodoxa. Para ello, Linares reclamaba mayor conocimiento, mejores estudios, más análisis estratégico, para perfilar una estrategia española y recordaba la desgraciada negociación y el resultado de la misma del 15 % sobre las emisiones de 1990. En este artículo, Linares era «condescendiente» con los gobiernos y no enseñaba los trapos más sucios, además de evidenciar que volvemos a estar ante este nuevo acuerdo como estábamos respecto a estudios y estrategia: con una mano atrás y otra delante.

Por eso, y ante este escenario, hay otra manera de negar ese espíritu medioambientalista mucho peor. Y esa negación es la hipocresía. Es «ir de ello», ir de medioambientalista, sin serlo, generalmente para los comicios electorales, en los mítines, en los encuentros con los colectivos ecologistas, y luego, en virtud de razones volubles, actuar en sentido contrario de forma farisea, unos de corte distributivo por tecnología, otros de corte empresarial y otros derivados de presiones concretas. Tenemos muchos ejemplos en el caso español y Kyoto, lo que ha derivado en una visión muy pesimista de los resultados en nuestro país y de la seriedad a la hora de afrontarlo. Desde la distribución de los derechos de emisión por tecnologías hasta la detracción de derechos de emisión. Por no hablar de la pretensión de perpetrar el aumento de la generación de electricidad mediante la quema de carbón nacional bajo la excusa de la seguridad de suministro (en momentos en que más abundancia y sobrecapacidad existe en el sector energético).

Incluso, algunas decisiones, en apariencia medioambientalistas en el muy corto plazo como la «inflación» y «burbuja» de determinas tecnologías renovables, operan en sentido contrario en el largo plazo. Sobre todo, cuando las decisiones de precio de la energía chocan con la incapacidad política de asumir las consecuencias de sus actos previos en un ejercicio de improvisación con cuestiones que tienen mucho de medio plazo: inversión, modelo energético y medioambiente. Cosas que no se arreglan de la noche a la mañana con graciosas decisiones de gasto público, de ensoñación intervencionista y voluntarista.

Por tanto, la pregunta es, a la vista de la revitalización del proceso de Copenhague y México, si esta vez nos lo vamos a tomar en serio y no vamos a poner una vela a Dios y otra al diablo. Porque frente que tener una estrategia, el siguiente paso negativo es tener una estrategia equivocada. Y peor que una estrategia equivocada es no tener estrategia. Y, aún peor que no tener estrategia es no tenerla y estar sujeto a la administración de las presiones momentáneas y el coyunturalismo. Porque quien no sabe adónde va, puede aparecer en cualquier sitio.

La carencia de ese modelo global incapacita la definición de una estrategia coherente en materia de cambio climático, con señales claras a los agentes, sobre sus implicaciones, costes, sobre los precios de la energía y sus tendencias. Y, en ese río revuelto, sólo hay ganancia de pescadores (y de especuladores). Por eso, Copenhague debería ser un punto de inflexión para que empezáramos a hacer las cosas en serio.

El desenlace de determinados acontecimientos en el sector energético empieza a dar signos de que el sudoku tiene difícil encaje, o más bien que hay más piezas del puzzle que las que se pueden colocar. Estamos, por tanto, asistiendo a una ofensiva multilateral por tecnologías para ocupar un espacio, el de la generación eléctrica en estado de saturación por la caída de la demanda. Caída de la demanda que amenaza con recrudecerse en términos de volumen, prolongarse en términos de tiempo y agravarse por las decisiones administrativas asociadas desequilibrantes.

Ninguna acción ya en este contexto es inocente: el impulso a la generación de electricidad mediante la quema de carbón nacional (el Decreto de Energía Insostenible) se come tarifa, derechos de emisión, contaminación, expulsa tecnología de generación y provocará más desconexiones en los parques eólicos alterando las bases de su régimen retributivo. La semana pasada podíamos leer en El País, cómo en breve podría sobrar producción de energía renovable. Por eso, podemos comprobar cómo no hay día en el que un sector u otro levante el dedo y manifieste su papel y su contribución al sector energético español.

El hecho es que podemos comprobar cómo desde hace unos días el torrente de informaciones es incesante al respecto de las diversas tecnologías de generación eléctrica. Todas ellas, con legítimo interés, postulándose ante este escenario contractivo. Y, por ello, hemos podido comprobar, sobre todo en el ámbito del sector renovable una realidad convulsa y contradictoria. En esa realidad convulsa y contradictoria aparece dos fuerzas centrífugas: las que cuestionan las primas a las renovables y las que las defienden. Una confrontación que se libra en los medios de comunicación, en el espacio público de construcción de la opinión, casi en términos de derby, forofismo, con todo su aparataje y forma retórica. El problema es reconocer que el debate hoy está construido en unos términos en los cuales es inexistente de forma que puede llegar a establecerse una partida de damas en las que un jugador juega en las casillas blancas y otro en las negras.

Son varios los argumentos recurrentes a la hora de colocarse en la posición favorable: el primero tiene que ver con generación de empleo, actividad, tecnologías, reducción de emisiones de dióxido de carbono y del volumen derechos de emisión a adquirir. Pocos argumentos parten de su incardinación directa en el sector eléctrico. Con esa pléyade argumental, cualquier decisión sobre el futuro renovable debería tener cabida: inclusive primas y volúmenes, muy generosos cuya contribución en términos de prima, megavatios de generación sea muy descompensada (situación recientemente evidenciada en el caso de la tecnología termosolar cuya irrupción masiva por decisiones administrativas ha derivado en sus consecuencias en términos de hipoteca futura: drenaje de la capacidad de producir más energía renovable con menos incentivo económico a cargo de los consumidores).

Los más avanzados, de este primer grupo favorable a las renovables, son conscientes de que las peores decisiones son las que contravienen el desarrollo futuro del sector. Es decir, las que se pasan de frenada. Y, por tanto, mantienen un cierto escepticismo con una adhesión sin reparos al desequilibrio retributivo, sin visión global. En este entorno, se participa de la confianza del desarrollo de las tecnologías, comparten la necesidad de comprender cada una de ellas y sus características diferenciales y comprenden la necesidad de aproximarse a la rentabilidad y a los precios de mercado, bien por ganancias de eficiencia, bien por relación de precios comparativos, o por las dos cosas a la vez. Son conscientes de la necesidad de que los incentivos económicos a las renovables no sean sine die, se integren y sean sostenibles en el sistema eléctrico y la tarifa, y por tanto, los proyectos no sean fuente de especulación, sino que sirvan a la inversión en capacidad de generación eléctrica.

Segunda línea: los ligados al colectivo desfavorable a las renovables tienen que ver con la negación del cambio climático o la evolución del impacto de las renovables en la tarifa eléctrica, magnificando su efecto (sin descontar los beneficios económicos y medioambientales) y amplificando los errores de bulto del pasado. Este grupo se ve alimentado por decisiones administrativas y regulatorias que han provocado que el sector de generación eléctrica mediante tecnología renovable no participe de la conformación del sector eléctrico y del mercado en términos de relación oferta/demanda. Un buen marco regulatorio y retributivo mal acabado, digamos. Con este tratamiento, se han producido importantes burbujas que buscan apropiarse de unas plusvalías cuasi-inmobiliarias. En suma, por un cúmulo de decisiones que han sumido en un descontrol a la Administración en este camino, cuya respuesta acaba siendo una reacción de impotencia: desplegar inspecciones de dudoso resultado, una vez que se han desbordado las aguas en lo económico. En ese tráfago, además las Comunidades Autónomas y determinados sectores concretos han encontrado puntos débiles y cierta volubilidad en sus coyunturas.

¿De dónde viene esta confrontación abierta? Primero, de un hueco, de una carencia trágica generada por los responsables de la regulación y de la planificación de los sectores energéticos, al no ser capaces de proporcionar una respuesta sostenible y global y actuar de manera parcial a intereses momentáneos relacionados con cada sector de generación. Y en esto se demuestra que el orden de las decisiones no será inocuo: decisiones sobre energía nuclear, carbón y renovables no son independientes. Segundo, que el debate desde las autoridades no se construya en el espacio público en el que se deberían configurar las coordenadas del mismo, cuestión que se produce por evidente esquivamiento de la responsabilidad central. El tablero de la generación eléctrica, régimen general y especial, se tienen que centrar en el modelo de generación, de mercado y de tarifa eléctrica, como ejes fundamentales. Cuestión que requiere una respuesta global, conjunta, tanto desde el punto de vista de sostenibilidad económica, como medioambiental y de la tarifa eléctrica como resultante. Por tanto, hay que volver a la ortodoxia: colocar las piezas en el mismo tablero y en las casillas del mismo color para evitar veleidades derivadas de intereses espurios y de la cizaña que puede surgir de su abandono. Todo ello, para no hacernos los dedos huéspedes y contaminar objetivos de política energética y eléctrica con cuestiones e intereses de otra índole (legítimos, eso sí), industriales, de empleo, o de ayuda a sectores improductivos, tomando decisiones insostenibles.