Llevemos con nuestra imaginación nuestro coche (en este viaje, el motor de nuestro auto virtual puede ser a gasolina o a gasóleo) hasta la gasolinera más próxima. Hagamos la señal al vendedor de la estación de servicio de que queremos llenar el depósito. Agarremos el dispensador e introduzcámoslo en nuestro depósito. Apretemos la llave y vigilemos de no mancharnos cuando el sistema de rebosamiento nos indique que se está alcanzando el nivel máximo. Tapemos, colguemos el dispensador, paguemos en caja y ya podremos arrancar el coche y reanudar nuestro viaje virtual. Todo ello, es un gesto atávico que, de tan repetido, ya no le prestamos mas atención. Como máximo, nos indignamos por el coste total que, dependiendo del automóvil, ya viene rebasando la barrera psicológica de los 100 euros, desde hace varias recargas. Pero ello no nos impide repetir el gesto al cabo de unos días. ¿Fácil, no?
No hemos tenido que aprender nada de prospecciones petrolíferas ni de transporte internacional de crudo. Tampoco nos hemos tenido que formar en técnicas de refino ni de logística de distribución. Tampoco hemos sido informados, más allá de algún titular de prensa, de la obligación de que los combustibles líquidos dispensados al usuario final contengan un cierto porcentaje de biocombustible para honrar los compromisos medioambientales ni de cómo CLH lo hace, técnicamente. ¡Y por cierto que la regulación de la obligación de «blending» de biofuels no ha sido un camino de rosas!: recordemos temas tales como la cuota biodiésel‐bioetanol o el conflicto con el biodiésel argentino. Mucho menos nos hemos preocupado de los contenidos de azufre y otras partículas en suspensión que están estrictamente reguladas en los reglamentos nacionales e internacionales de los productos derivados de los hidrocarburos líquidos. Fácil, cómodo, repetible, hasta aburrido.
Saltemos al sector eléctrico. Vayamos a casa (después de haber finalizado nuestro viaje virtual con el vehículo al que le hemos recargado con combustible sin mayores dificultades) y, después de haber accedido y haber desactivado la alarma, encendamos la luz de nuestro hogar. Lo más normal, en un 99,999 por ciento de las veces, es que, efectivamente, la luz se encienda y nosotros transitemos por nuestra vivienda activando otros servicios, otras luces, el aire acondicionado, la televisión, nuestro equipo informático para leer los emails que solo hemos leído su titular en el teléfono móvil, y etc., etc. Con este gesto de darle al interruptor de la luz de entrada, ordenamos de forma instantánea que una central que ni sabemos dónde está (las leyes físicas ineluctables sí que determinan cuál es) ni francamente, tampoco nos importa, elevará de forma diferencial su producción para que el sistema eléctrico, microsegundo a microsegundo, mantenga un equilibrio dinámico, algo casi mágico a ojos de los profanos. Como en el caso del subsector de los hidrocarburos no habrá sido necesario que seamos expertos en las diferentes tecnologías de generación eléctrica, Nuclear, Térmica a gas, Eólica, Hidráulica. Tampoco será necesario que hayamos cursado la carrera de ingeniero eléctrico para aprender las ecuaciones de cambio de condiciones, gracias a las cuales se pueden elevar las enormes torres de alta tensión sin que los hilos se entrecrucen por la acción del viento. Tampoco deberemos estudiar ni economía ni derecho para aprender el entramado regulatorio al que los diferentes agentes se ven sometidos si quieren ser reconocidos como tales. Simplemente le damos al interruptor.
Comparando ambos actos, el de rellenar el depósito de gasolina de nuestro vehículo o el de encender el interruptor de la luz de nuestra vivienda, podemos identificar una precondición. En ambos casos, tanto la gasolina como la electricidad estaban disponibles, estaban en situación de dar servicio de forma instantánea, estaban predispuestos, estaban firmemente asociados a las expectativas del consumidor al solicitar estos servicios. Se puede argumentar, sin embargo, que a pesar de esta similitud en la disponibilidad, existe una diferencia radical ya que el combustible líquido de nuestro coche es un bien almacenable y, por tanto, con menores problemas de «firmeza» y la electricidad precisa de un sofisticado sistema de generación que logra esta «firmeza» siempre que se consiga acompañar instantáneamente a la demanda con una oferta suficiente. Pero salvado este importante aspecto técnico, desde el punto de vista del usuario, ambos subsectores se comportan de igual modo: suministro inmediato.
Si esto es así, ¿cómo es posible que el subsector de los hidrocarburos esté en un estadio tan liberalizado que casi no le cabe otra regulación que la de la calidad de los productos, el porcentaje de biocombustibles que debe contener y, cómo no, la carga impositiva que supone más del doble del precio al consumidor final, y en cambio el subsector de la electricidad tiene una inextricable maraña regulatoria que hace imposible su comprensión a la mayoría de los ciudadanos, casi ya incluso a los que hemos formado parte de este lío?
Seguramente, la explicación más plausible es que cuando se liberaliza la actividad hace ya más de treinta años en Reino Unido, veinte en California y América Latina o catorce en Europa continental, se hace con mucha cautela para comprobar cómo responden los agentes inversores. En España, la regulación del 97 que desarrolla la Directiva Europea Eléctrica contiene elementos de vanguardia y está perfectamente alineada con la política energética española que espera un nuevo ciclo inversor basado en el gas natural mediante ciclos combinados. Esta inversión se produce y acaba implantando casi 30 GW. El problema se produce cuando en el 2005 se cambia la política energética, primando la generación renovable, sin modificación de la regulación. Ello da lugar a un gran número de problemas que se intentan solventar con parches regulatorios que, lejos de converger hacia la deseada solución, la complican y producen desastres como el déficit tarifario. Se logra, eso sí, alcanzar objetivos europeos al implantarse 20 GW eólicos, 4 GW fotovoltaicos y en construcción otros 4 GW termosolares. La regulación parece que ha sido eficaz, pero no eficiente.
Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que al subsector eléctrico se le ha liberalizado a medias. De la misma manera que al poner gasolina tenemos la seguridad de que del dispensador fluirá un producto de calidad, incluida la obligada porción de biocombustibles, no tenemos ninguna seguridad de que al darle al interruptor, mi consumo eléctrico sea respetuoso con el medio ambiente ya que mi comercializador no tiene ninguna obligación de respetar ningún estándar determinado sino que tan solo compite en precio con sus adversarios.
Si los ofertantes, productores de energía eléctrica, tuviesen la doble y única obligación de asegurar al 100% su disponibilidad, en terminología del mercado eléctrico, vender solo «potencia firme» y que su oferta contuviese el porcentaje obligado de energía de origen renovable que se estableciese, en terminología de política energética «un mix», entonces todas las transacciones posteriores (contratos bilaterales, de futuros, diarios e intradiarios, de ajustes, etc.) tendrían la garantía de origen que cumplen con las responsabilidades medioambientales.
Pero esto no es así y para poder alcanzar el mismo resultado que el de la estación de servicio al recargar combustible, hemos creado un entramado regulatorio diabólico que solo hace que empeorar al cruzarse por el camino las nuevas obligaciones medioambientales. Hemos otorgado poderes omnímodos a los Operadores del Sistema Eléctrico, a la vez propietarios de los activos del transporte, todo en el nombre de que alguien pueda escenificar frente al poder otorgante una tranquilidad de tenerlo todo bajo control. Gestiona lo ingestionable. Hace el viaje desde la política energética hasta el consumo del usuario final alcanzando de forma milagrosa el mix requerido. Todo ello de espaldas al mercado. Todo mediante procedimientos de operación, reglas, etc. Las actividades liberalizadas están fuertemente reguladas. ¿Cómo salimos de esta?
Hibridemos la oferta eléctrica. Tratemos de regular bajo el principio de la búsqueda de la eficiencia en el cumplimiento de objetivos verdes a través de la aplicación de mecanismos de mercado. Esto es, dejemos absolutamente libres a las actividades liberalizadas, generación y comercialización eléctrica (fuera primas a las energías renovables, fuera cargos por capacidad a las generadoras del régimen ordinario, fuera toda interferencia regulatoria sobre las dos actividades liberalizadas) y liberemos a los peajes de acceso de toda carga que no sea otra que la de los monopolios naturales, tautológicamente el transporte y la distribución eléctrica. En contrapartida, establezcamos mediante una regulación eficiente una hibridación de la oferta eléctrica estableciendo, al igual que para los hidrocarburos, los prerrequisitos que les permitan asegurar que su oferta es 100% firme y 100% cumplidora del mix preestablecido en la política energética vigente. Obviamente, esto quiere decir que todo kWh que llegue a ser despachado y que raudamente acuda a la demanda de aquel interruptor que solicitará su inmediata presencia ya contendrá su mix, ya que de otra manera no habría pasado el control de acceso.
Evidentemente, parece fácil, pero no lo es. Aparecen preguntas inmediatas: esta garantía de firmeza y de mix, ¿quién debe otorgarla?; para lograr esta firmeza, ¿cómo deberán actuar las energías no gestionables?; para lograr este mix, ¿cómo deberán actuar las energías convencionales?; para respetar la seguridad jurídica, ¿cómo deben asegurar su retorno las inversiones que actualmente reciben primas?; para hibridar la oferta alcanzando el mix deseado, ¿cómo deben llegar a acuerdos contractuales las diferentes tecnologías para que no existan posiciones dominantes ni discriminaciones positivas?
Cada pregunta debe ser objeto de un profundo trabajo regulatorio, incluido el establecimiento de un periodo transitorio para que, como en todo cambio en profundidad, las medidas sean efectivas de una manera gradual. Pero es posible. Es más, de no hacerse esto o algo parecido, (por ejemplo, el modelo inglés, en el que toda la energía es homogénea y las obligaciones de renovables se cumplen mediante «certificados verdes»), seguiremos inmersos en el actual marasmo del que solo cabe decir que solo se puede ir a peor. El déficit tarifario acumulado es la evidencia de una regulación violada en sus principios fundamentales y el Anteproyecto de Ley con finalidades fiscales es una cataplasma que puede quitar algo la fiebre pero seguro, no cura la enfermedad. Debemos cambiar el modelo, volver al espíritu inicial de separar las actividades en reguladas y liberalizadas. Pero de verdad.
Jordi Dolader i Clara, es presidente de Excom AF Mercados EMI, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Cataluña y consejero independiente de Griño Ecologic S.A. Asimismo, fue consejero de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y vicepresidente de Edenor.
