Las subastas del servicio de interrumpibilidad dividen a Industria y Energía

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El servicio de interrumpibilidad consiste en el compromiso de los grandes consumidores de electricidad de proceder a la suspensión o reducción de su actividad en momentos de saturación del sistema eléctrico a cambio de una compensación económica. Pese a que esta saturación apenas se produce en la actualidad debido a que la demanda eléctrica ha caído desde el comienzo de la crisis y existe una capacidad instalada de generación eléctrica suficiente para dar cobertura a la demanda, los ciudadanos venían pagando en su factura de electricidad unos 750 millones de euros al año por este servicio a través de los costes de acceso. 750 millones anuales por un servicio que no se ha utilizado nunca.

Lo cierto es que desde la patronal siderúrgica Unesid (Unión de Empresas Siderúrgicas) siempre han defendido la importancia del servicio de interrumpibilidad. En este sentido, el pasado abril afirmaban que la interrumpibilidad «es un servicio que algunos grandes consumidores eléctricos prestan al sistema eléctrico en la gestión de la demanda y que no puede considerarse en modo alguno una subvención o ayuda del Estado«. Es más, llegaban a calificar el servicio como un «un verdadero seguro» para el conjunto de los consumidores eléctricos al tiempo que también resaltaban que la disposición para prestarlo requería de «cuantiosas inversiones materiales y organizativas».

Reducir su coste se colocó en el punto de mira del Ministerio de Industria y Energía como una más de las medidas que había que poner en marcha para atajar el déficit de tarifa. Su objetivo era pasar su coste anual de 750 a 500 millones de euros. En consecuencia, el área de Energía lanzó el nuevo mecanismo de subastas realizadas por Red Eléctrica de España (REE), un procedimiento competitivo entre los grandes consumidores eléctricos, principalmente del sector industrial, de modo que los que ofrecieran precios más económicos por el coste del megavatio interrumpible accederían a la prestación del servicio.

Según apunta Cinco días, varias empresas participantes en la primera edición de estas subastas han calificado su resultado como un “desastre” para la industria, ya que «se han dejado por el camino unos 200 millones de euros«. Según la misma información, del los 2.000 MW ofertados por REE, se quedaron sin adjudicar entre 600 y 700 MW, debido a los bajos precios resultantes. Conviene recordar que el mecanismo diseñado ya fue cuestionado por la propia CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). El organismo regulador subrayó en su correspondiente informe que el mecanismo de subasta elegido dificultaba la gestión de la propia puja.

En el fondo, la problemática generada supone para el Ministerio de Industria y Energía una de las situaciones donde más explícita es la dificultad de actuar simultáneamente sobre el coste del suministro eléctrico, por un lado, mientras se busca la solución definitiva al déficit de tarifa, y ejecutar una política de precios energéticos, por otro; una política en la que las empresas interesadas, las relacionadas con el sector industrial que más electricidad consume, consideran que debe estar subordinada a la política industrial. Una verdadera hidra.

Partiendo de la base de que la gran industria ya expresó su rechazo a un primer recorte de la retribución al servicio hasta los 500 millones de euros, es de esperar una reacción contundente cuando se oficialice el resultado de esta primera subasta. Desde el sector industrial advierten de que una nueva reducción de ingresos para empresas, ya con problemas de competitividad respecto a las establecidas en otros países, puede llevar a su deslocalización. La multinacional del aluminio Alcoa, presente en Galicia y Asturias y la principal perjudicada en la subasta según diversas fuentes, es la primera en anunciar que estudiará su continuidad en España.

Choque de maximalismos

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Por un lado, el Gobierno canario, con Paulino Rivero a la cabeza, ha tratado de extender la cuestión de la consulta en términos de nacionalismo canario, con discursos maximalistas en términos y contenidos fatuos desafiantes. De esa premisa, se configuró la pregunta en términos de extensión a la política de desarrollo y medioambiente, en lugar de ceñirse, a una pregunta que plantease directamente por las prospecciones, hubiera excedido las competencias de la Comunidad Autónoma.

Partiendo de esa extralimitación, el referéndum fue impugnado por el Gobierno y paralizado por el Tribunal Constitucional. A su vez, el ejecutivo canario lo confinó a otro formato sucedáneo de carácter electrónico. Por otra parte, el hecho es que la participación en la consulta electrónica ha obtenido unos resultados en términos de participación que dejan al ejecutivo canario en muy mala posición de cara a cualquier reclamación de cantidad o de legitimidad. En todo caso, la estrategia seguida por las autoridades canarias ha devenido en una fuerte erosión de sus posiciones.

Por su parte, el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, mantiene una lógica política de alto voltaje en su tour de forcé particular, en algunos casos, incluso desabrida. Apuesta fuerte en un territorio dónde quiere reivindicar sus opciones de cara a postularse a un papel protagonista en la política de las islas a futuro. Por ejemplo, en las últimas declaraciones calificaba la reacción ocurrida en las islas de «farsa» anti prospecciones.

Y, las anteriores, trataba de realizar una «gestión del convencimiento» de la sociedad canaria por vía urgente, con la promesa más o menos implícita del maná del oro negro, más allá de una definición de una política energética y medioambiental de cara a ese futurible que se denomina «transición energética». Mensajes de comunicación política elocuentes, en términos de quid pro quo, casi coactivo. Nada de chiquitas en el asunto. En realidad, el ministro, en su audacia y velocidad, podría acariciar un escenario redentor de cara a las elecciones del año que viene con el que afirmarse a sí mismo: hallazgos de petróleo y búsqueda de nuevos mecanismos para rebajar el coste del kilowatio con el procedimiento utilizado en el pasado en la batería de medidas para intentar atajar el déficit tarifario.

Por su parte, en la crónica azarosa ha tenido un fuerte impacto por parte del aparato mediático, con consecuencias. Así, la Comisión Europea acaba de pedir información al gobierno español sobre las prospecciones y la forma en que se han articulado velozmente los informes medioambientales, tras las denuncias de los grupos ecologistas y, por otro, tras la fuerte escenografía del asalto de la Armada y la detención de las embarcaciones de Greenpeace.

En todo caso, poco a poco, el ministro le ha ido ganando la partida al Ejecutivo canario. Lo que no implica que haya convencido a la sociedad canaria, o que sus indisimuladas aspiraciones a reintegrarse a la política canaria no se hayan visto menoscabadas por el devenir de los acontecimientos. Esa lectura no la podría realizar Soria en ningún caso.

Atención, en todo caso, a los cabos sueltos, como la intervención de la Unión Europea, la cuestión de la jurisdicción de las aguas, o las relaciones internacionales «vecinales» que también asoman.

Apuntes sobre la necesaria reforma del sector energético español

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El mercado energético español -por su configuración, geoestrategia e historia- es de una extrema complejidad y si bien es cierto que, en la presente legislatura, el conjunto de Reales Decretos Leyes, Reales Decretos, Órdenes Ministeriales y nuevas Leyes como la del Sector Eléctrico, han producido un notable impacto cuyos resultados serán evaluados en los próximos años, no es menos cierto que el avance en la ruta del desiderátum de un mercado único europeo, nos ha de llevar a afrontar una serie de retos y desafíos.

El primer reto que surge es la necesidad de fomentar la competencia como elemento clave para la economía española en el actual entorno de crisis. El segundo reto importante debe ser afrontar la elevada dependencia energética externa del suministro, todo ello sin olvidar transformar los mercados eléctricos y gasistas hacia un modelo mucho más sostenible. El tercer reto es el de configurar de manera amplia un mix energético que conlleve la disminución de las emisión de CO2 a la atmósfera con un crecimiento racional de la aportación a la global producción eléctrica de las energías renovables. En consecuencia y reiterándolo, el objetivo español debería ser la adopción de medidas que contribuyan a aumentar la competitividad del sector energético, mejorando la seguridad de suministro y la eficiencia energética, con la idea de que suponga el menor impacto posible tanto económico como ambiental para consumidores, distribuidores y productores.

A lo largo de los últimos 20 años se ha ido avanzando lentamente en el diseño e implementación de nuevas interconexiones eléctricas y gasistas con Francia, en la convicción de que no será posible un mercado único de la energía en Europa si países como España y Portugal o los países bálticos no logran las correspondientes infraestructuras que permitan en el doble sentido los flujos eléctricos y gasistas. En este sentido, una mejora de la capacidad de exportación de gas hacia Francia, básico para futuras políticas industriales y comerciales, mejoraría la eficiencia del sistema español así como le otorgaría un grado de libertad adicional en el sentido de permitirle mejorar su respuesta frente a la volatilidad de la demanda interna.

Debemos aspirar a lograr la vertebración de un mercado energético hispano-francés similar al del MIBEL (Mercado ibérico de la electricidad) ya consolidado entre España y Portugal en el sector de la energía eléctrica y al MIBGAS (aún incipiente Mercado Ibérico del Gas). Así pues la compleja aspiración de la configuración de un mercado único europeo de la energía se ha de ir alcanzando paso a paso desde los países con proximidades geográficas y problemáticas equivalentes.

A España llega el gas procedente de once mercados distintos por dos medios diferentes de transporte, a través de la combinación de dos fórmulas de abastecimiento: el gaseoducto y la vía marítima en forma de gas natural licuado (GNL). En España contamos con seis tubos de conexión, dos con Francia, dos con Argelia y finalmente dos con Portugal que configuran a la Península Ibérica como un sistema bastante interconectado desde la perspectiva gasística. Estas vías de gaseoductos cubren en la actualidad el 54% del abastecimiento español, con gas proveniente de Argelia y en menor medida procedente de Europa. El resto de nuestra reserva, un 46%, llega en barco, lo que ha convertido la apuesta española por el GNL por vía marítima en la principal diferencia con el sistema europeo.

Mientras que Europa depende en un 85% de los gaseoductos, mercados cautivos con un origen determinado (habitualmente ruso), de difícil sustitución en caso de corte de suministro, España se encuentra preparada para recibir gas por vía marítima prácticamente de cualquier parte del mundo, disponiendo de seis plantas regasificadoras en funcionamiento con una capacidad de 3.246.500 m3 y que teniendo en cuenta que el gas proveniente de Argelia, nuestro país puede distribuir el gas al resto de la Unión y, en consecuencia, es razonable aspirar a que se impulsen conexiones internacionales que permitan avanzar hacia un verdadero mercado interior del gas. Hasta hace muy poco la capacidad de interconexión por gaseoducto entre Francia y España era muy reducida. En la actualidad existen dos interconexiones situadas en el paso de Larrau (Navarra) y la de Irún (Guipúzcoa) a las que se unirá una tercera conexión en un futuro (Midcat) que atravesará el flanco catalán de los Pirineos hasta la localidad francesa de Les Perthus, actualmente incluida en la lista de infraestructuras de interés comunitario.

En España, podemos afirmar que la política energética del Gobierno presidido por Mariano Rajoy –a pesar de tanta modificación normativa- ha sido inexistente y se ha centrado fundamentalmente en la resolución del problema del déficit de tarifa. Las actuaciones llevadas a cabo en este sentido pueden calificarse mejor de contrarreforma que de reforma, ya que no han contribuido a crear las bases del futuro, sino sólo a reformar lo existente desde una óptica claramente anti-renovable.

La imagen que se ha dado de España como país inseguro jurídicamente, hace que hoy en día muchas instituciones financieras no quieran financiar proyectos energéticos en España. El Gobierno ha renunciado expresamente a construir un futuro energético. El modelo de transición energética del Gobierno no es al futuro, sino al pasado. Se ha dado marcha atrás al reloj de la historia desmontando las energías renovables y apostando por un modelo energético de hace cincuenta años.

Del triángulo clásico de los tres vectores de la política energética, que son la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la garantía de suministro, se puede decir que la sostenibilidad ambiental ha sido menospreciada, la sostenibilidad económica se ha utilizado para justificar las políticas antirrenovables y, respecto a la potenciación de la competitividad, poco o nada se ha hecho para avanzar entre las empresas del sector energético en un marco que incentive la competencia y tenga su reflejo en los precios. Y es más, cuando ha aparecido un elemento de competencia como el «autoconsumo con balance neto», prácticamente lo liquidan aunque ahora anuncian una norma restringida para el autoconsumo.

La política de eficiencia energética ha brillado por su ausencia y no se han traspuesto todas las medidas que se deberían haber incorporado a nuestro ordenamiento jurídico para cumplir con la directiva europea de eficiencia energética, llegando a convertir al IDAE en un mero organismo evaluador de las subvenciones del Programa PIVE. De hecho el Gobierno ha estado más interesado en incrementar la demanda de energía eléctrica que por reducir las pérdidas energéticas.

En consonancia con su política industrial, basada en subvencionar determinados sectores de grandes consumidores como son las empresas siderúrgicas intensivas en energía y los costes energéticos, han renunciado a lo que tiene sentido, la inversión en sectores con alto valor añadido en los que España puede ser competitiva tecnológicamente, como era el caso de las energías renovables. Hoy languidecen abandonados centros tecnológicos que años atrás habían sido vanguardia mundial en su especialidad y que podrían haber seguido siéndolo.

Son muchas las transformaciones en el ámbito de la política energética de España que podrían ejecutarse con el objeto de mejorar la eficiencia de nuestro sistema energético nacional. Alguna de ellas sería dar transparencia a la formación de precios como elemento para mejorar la competencia. En España, los peajes gasistas, asociados a la capacidad y al caudal gasista vehiculado, y los peajes eléctricos, asociados al nivel de tensión o a potencias arbitrarias, no aportan los suficientes elementos de contraste con lo que dificultan la toma correcta de decisiones y la flexibilidad.

También habría que proceder a un rediseño del sistema de producción de las energías renovables. España no puede renunciar a la producción energética renovable como base del sistema energético del siglo XXI. Además, la existencia de un mix energético diversificado con un elevado componente en renovables obedece a un objetivo político de la Unión Europea tal y como figura en la Hoja de ruta de la energía para 2050 de la Comisión Europea. Según se recoge en este documento, la electricidad generada a partir de energía eólica y solar tiene escasos o nulos costes marginales y según va aumentando su penetración en el sistema, los precios podrían disminuir en el mercado mayorista y permanecer bajos durante periodos más largos.

Asimismo sería importante intentar que los acontecimientos políticos de los países comunitarios no creen nuevos obstáculos a la integración de los mercados de la electricidad o del gas. Si se pone en cuestión la composición del mix energético, es necesario tener en consideración los mecanismos del mercado, los contratos a largo plazo, la ayuda a la generación hipocarbónica, los precios mínimos del carbono y los impactos sobre el mercado interior. La coordinación entre países vecinos es imprescindible. Los cambios en la política energética deben tener plenamente en cuenta la manera en que cada sistema nacional de electricidad se ve afectado por las decisiones tomadas en los países vecinos. Trabajar juntos evitará la subida de los costes y garantizará el suministro.

Mientras nosotros involucionamos, nuestro país vecino del norte se mueve hacia la modernidad en materia energética como se puso de manifiesto hace muy pocas semanas cuando la Asamblea Nacional de Francia aprobó la Ley de transición energética para el crecimiento verde. En ese texto legislativo francés se prevé la reducción al 50% de la cuota de energía nuclear y entre otras materias la futura prohibición del uso de las bolsas de plástico y de la vajilla desechable, en desarrollo del principio de «obsolescencia programada» con el objetivo de poner fin al desarrollo de productos cuya vida útil se reduce intencionadamente por los fabricantes. La ley crea la figura del «cheque energía» para ayudar a los hogares modestos a pagar sus facturas de energía y que se distribuirá automáticamente sobre la base de un único criterio, el de los ingresos de las familias. Ley que España debería imitar.

José Segura Clavell es portavoz de Energía del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Diputado por Santa Cruz de Tenerife, exdelegado del Gobierno en Canarias durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, este político ha sido durante esta legislatura ponente, entre otras, de la Ley del Sector Electrico. Atesora una amplia trayectoria en la que se también se puede destacar su experiencia como alcalde de La Laguna y presidente del Cabildo Insular de Tenerife.

Independencia y energía (II): el modelo catalán de separatismo intervencionista

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En este sentido, continuando con el análisis del Libro Blanco sobre la Transición Nacional de Cataluña en lo concerniente a la energía, parece que la prioridad catalana sería negociar con los operadores del mercado español para que su modelo energético siguiera ligado a España. Eso sí, esta negociación, tal y como se recoge en el Libro, se realiza con los activos existentes actualmente en suelo catalán como «pieza de resistencia» y bajo el modelo de «lo tomas o lo dejas». Una negociación de la que no escaparía el polémico almacén gasista Castor, como recogíamos en nuestro artículo anterior. Además, el independentismo catalán apuesta por una economía planificada y regulada de acuerdo al sistema de costes reconocidos, frente al mercado, lo que apunta a que las Directivas Europeas en materia de energía no serían de aplicación en el territorio catalán separado.

En las primeras anotaciones del Libro Blanco dedicadas a la Energía, se indica que Cataluña «no dispone de ninguna competencia en materia de legislación básica sobre la energía y eso hace que no pueda desarrollar las políticas más adecuadas para el territorio ni regular el sector». Además señala que «no tiene competencias para definir un modelo propio de gestión energética (no puede fijar precios de los carburantes o electricidad (sic), ni decidir las infraestructuras prioritarias, especialmente las interconexiones) y, por tanto, no puede tomar las decisiones que le serían más favorables». Un modelo estatista de la energía frente al mercado.

Los autores del Libro se quejan de que Cataluña esté sujeta a la legislación estatal española y critican el diseño de las redes de transporte eléctrico y gasista actuales, que consideran «altamente centralizadas», de forma que las interconexiones eléctricas y gasistas en la actualidad «son muy fuertes con España y muy débiles con Francia«, sin mencionar la propia posición francesa o los conflictos pasados en los tendidos, por el Pirineo leridano por ejemplo, para la largamente reclamada interconexión con Francia.

En este sentido, los autores del Libro Blanco califican como «básico» para Cataluña el disponer de competencias «en materia retributiva y de planificación de infraestructuras», lo que constituye una declaración del intervencionismo del ámbito independentista de este libro y que relega a un segundo plano la voluntad de las empresas. «Las empresas y los medios que tiene Cataluña serían suficientes durante un largo periodo de tiempo», dice de forma literal.

Así, el Libro Blanco contempla dos escenarios, uno de «colaboración» forzosa entre una Cataluña independiente y España, y otro de beligerancia. Desde la ficción, los autores auguran que «no es probable un escenario de beligerancia con el Estado español o con las empresas del sector, sino más bien una gestión responsable y colaboradora entre todas las partes». Al respecto indican que las empresas con presencia en territorio catalán «en cualquier caso de futuro, considerarán Cataluña como una parte significativa de su mercado y las mismas reglas del juego empresarial harán que su gestión sea lo más eficiente y normalizada posible».

Siguiendo con esta retórica, si el escenario es de colaboración con España, la cuestión energética «no tendría que preocupar especialmente» ya que «el Gobierno catalán podría firmar con el Gobierno español un acuerdo de cooperación de garantía de suministro y lealtad mutua para el abastecimiento energético, la compartición de la información sobre la gestión energética, la operación del sistema y el establecimiento de organismos conjuntos«.

Pero, si el escenario fuera de no colaboración con España, tampoco supondría un cambio radical para Cataluña, ya que el sistema energético catalán «operaría con normalidad» y el suministro eléctrico se mantendría «con una mayor producción de los ciclos combinados ubicados en Cataluña«. Además, indican que habría que negociar con las empresas para que continúen operando «así como con España para la transferencia de activos».

Llegados a este punto, resulta evidente que las negociaciones variarían su alcance en función del escenario en el que se desenvuelvan. Sin embargo, una variable apenas contemplada es que las principales empresas con las que tendría que negociar el nuevo Estado catalán son los operadores de transporte eléctrico y gasista y gestores del sistema, en las que el Estado español tiene una participación accionarial importante y el Gobierno tiene grandes matices políticos. Repasemos cuáles serían las negociaciones que Cataluña pretende.

Negociación o el puente aéreo

En lo que atañe al sector eléctrico, la red que transmite electricidad desde diversos puntos de la Península Ibérica hacia la comunidad autónoma de Cataluña es propiedad de Red Eléctrica de España (REE), empresa privada con una participación pública del 20% a cargo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), principal accionista. REE gestiona su red desde su centro de dispatching ubicado en Alcobendas (Madrid). Actualmente en Cataluña no existe un centro de dispatching, aunque REE dispone de uno de emergencia en la avenida del Paral-lel de Barcelona y que, llegada la necesidad, los autores plantean que «cubriría sus funciones para Cataluña«.

Enagás también dirige el sistema gasista desde un centro de dispatching ubicado en Madrid. Pero en el caso del gas natural, las negociaciones no se limitarían a que Enagás ejerciera sus funciones para el Estado catalán o que habilitara un centro de dispatching en Cataluña ya que los autores del Libro Blanco pretenden que «toda la cadena de valor del gas en Cataluña» fuese «plenamente operativa«; por ello apuntan a la conveniencia de disponer de un almacenamiento subterráneo de gas, «imprescindible para hacer frente a cualquier eventualidad». De este modo, el Libro Blanco dice que la polémica plataforma Castor «está en aguas catalanas aunque su planta de regasificación esté en Castellón, por lo que habría que llegar a acuerdos con España si entrara en funcionamiento».

La otra red importante es la de distribución eléctrica, mayoritariamente propiedad de Endesa en Cataluña, que sí que tiene un centro de control de dispatching en Barcelona para Cataluña. En este sentido, los autores también plantean que este centro estuviese plenamente operativo ante una posible independencia.

Por otra parte, los autores del Libro Blanco persiguen la transferencia de las centrales nucleares para la producción eléctrica del nuevo Estado catalán independiente, negociando la cuestión de los residuos y del aprovisionamiento con España, de forma que Cataluña se beneficiase de una energía eléctrica con menores costes, incluso la pudiese exportar. Los autores consideran que una de sus fortalezas para garantizar el suministro eléctrico catalán es tener actualmente el 40% de la potencia nuclear de España en su territorio.

Por un lado, el objetivo primordial sería que la empresa pública española Enresa siga gestionando los residuos de las centrales nucleares de Cataluña y que son almacenados en El Cabril (Córdoba) o en el futuro ATC de Villar de Cañas (Cuenca). Por otro, para proporcionar combustible nuclear a esas centrales, la Cataluña independiente se lo compraría a la también pública Enusa, que realiza en Juzbado (Salamanca) los necesarios procesos de enriquecimiento del uranio. Para garantizar este acceso, Cataluña propone «ser socio de España en Enusa«.

Además, se habla de «renovar y continuar el marco regulador de la política energética» con menciones también para dar continuidad a la retribución de las actividades energéticas. Por otro lado, Cataluña negociaría la parte a asumir del déficit tarifario histórico y de la gestión de la deuda eléctrica acumulada emitida por el Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE).

Donde este modelo energético catalán, idealizado en el Libro, se muestra más descarnado es en el apartado dedicado al petróleo. Según el Libro Blanco, la independencia «no afectaría» al suministro de petróleo sino que, además, «Cataluña tiene la llave de una gran parte del suministro de petróleo al resto de España«. En este sentido, hacen referencia a la producción de derivados del petróleo que se hace en el complejo de Repsol en Tarragona así como su importación por vía marítima para así afirmar que se podría satisfacer la demanda de un Estado catalán independiente e incluso ser «exportador» hacia España. También pretenden seguir compartiendo con España la red de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH).

En lo que respecta a los organismos y mercados, se configuraría un mercado eléctrico catalán regido por la transposición de las normas de actuación del mercado eléctrico ibérico (OMIE) hasta disponer de un marco regulatorio propio. Pero también se anuncia un giro intervencionista con «una auditoría integral de cada sistema energético para optimizar su funcionamiento. Especialmente, en relación con electricidad, gas e hidrocarburos. Eso permitirá establecer un sistema de regulación de las retribuciones, de acuerdo con los costes reales«, lo que no haría especialmente necesario que este mercado se constituyese.

Sobre los organismos a crear en el medio plazo, Cataluña pretende un Ente Supervisor del Sistema Energético Catalán, que reemplazaría a la CNMC para hacer cumplir la regulación vigente del mercado, analizar la planificación energética así como estudiar y proponer la retribución de las actividades reguladas que tendrá que aprobar el Gobierno. También se plantean la creación de un Operador del Sistema Eléctrico Catalán, que gestionaría la liquidación de pagos y cobros y del que se dice que podría operar provisionalmente desde el centro de dispatching de REE en Barcelona o desde el de Endesa.

Un Operador del Sistema Gasista Catalán también entra en los planes aunque el Libro Blanco indica que Cataluña ya dispone de un sistema de control operativo de la red de distribución de gas natural, operado por Gas Natural Fenosa, «pero que habría que ampliar incorporando la red de transporte que opera actualmente Enagás«. Asimismo, desde Cataluña plantean crear un Consejo de Seguridad Nuclear que podría imitar al español «puesto que ha funcionado muy bien». En este punto, desde Cataluña también pretenden negociar con los organismos reguladores españoles (CNMC-CSN) así como con otros operadores españoles para el traspaso a Cataluña de infraestructuras y servicios que realizan.

Finalmente, el Libro Blanco pasa de denunciar que «a Cataluña le cuesta un mínimo de unos 934 millones de euros por año permanecer conectada al sistema eléctrico español» a la idealización de que «el sistema eléctrico catalán puede suministrar la energía a unos precios un 30% inferiores a los de España». Cataluña podría ser «uno de los Estados de la Unión Europea con uno de los precios de la energía eléctrica más reducidos», concluye el Libro Blanco. Eso sí, considerando que este proceso hacia la independencia de Cataluña, planteado de forma coactiva, se realiza asumiendo todas las suposiciones energéticas anteriores; un modelo diseñado de forma unilateral en sus reglas del juego y planteado de tal forma que, España y Francia, operadores de transporte y sistema, empresas y mercados, lo acepten.

Independencia y energía (I): de la ideología al pensamiento único

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Cuatro conclusiones pueden extraerse de la lectura de este documento: en primer lugar, se presenta un futuro idealizado en lo energético de lo que supondría una Cataluña independiente, con una electricidad un 30% más barata que en la actualidad; en segundo lugar, se sugiere una subordinación de las empresas y sus instalaciones a los objetivo de política energética de una Cataluña independiente puesto que, según el Libro Blanco, «en cualquiera de las circunstancias de futuro que se prevean, las mencionadas empresas considerarán Cataluña como una parte significativa de su mercado. Su posición será, con toda seguridad, colaboradora y, por lo tanto, no se tienen que esperar problemas».

En tercer lugar, el Libro Blanco da lugar a que el conflicto entre ideología independentista e ideología relativa al mix energético se resuelva a favor de lo primero, especialmente significativo para los grupos catalanes de izquierdas, ERC e ICV. La cuarta conclusión es que este escenario ideal para una Cataluña independiente conlleva una toma de decisiones unilaterales en cuestiones que son al menos bilaterales, como son las interconexiones energéticas con Europa, tantas veces pospuestas por Francia, así como el papel que jugarían en el nuevo Estado los operadores de transporte y sistema de España. Conclusiones que se dan por resueltas a favor de las tesis de los autores del Libro y en un corto plazo de tiempo.

De partida, el Libro Blanco afirma que «todo sistema energético avanzado tiene como objetivo garantizar el suministro de sus demandas, con unos estándares de calidad satisfactorios, respetando la sostenibilidad medioambiental y buscando unos precios competitivos para los consumidores». En este sentido, desde Cataluña denuncian que el Estado ha invadido sus competencias en la medida en que consideran que es una materia «compartida» en la que, desarrollando las bases estatales, podrían articular una política energética propia. A su juicio, esto choca con la actuación del Estado, «que ha conseguido un alcance extraordinario amparada en la capacidad de planificación general de la actividad económica que le reconoce la Constitución«. Como ejemplo de este alcance «extraordinario» hablan de la nueva Ley del Sector Eléctrico, recurrida por la Generalitat por considerar que invade competencias.

El primer paso para desarrollar una política energética propia parte de hacer un balance de los recursos autóctonos de Cataluña. Los datos reflejan que «sólo el 5% del consumo energético proviene de recursos energéticos propios«. Este 5% obedece a la producción de las instalaciones renovables y también a la «muy pequeña» extracción de petróleo de Tarragona, en la plataforma Casablanca de Repsol, que produce 8.000 barriles diarios que equivalen a un 1,1% del consumo. En consecuencia, el Libro Blanco reconoce que «Cataluña no tiene petróleo ni gas y depende en un 95% de recursos energéticos importados«.

Según su procedencia, el consumo de energía primaria (recursos energéticos consumidos directamente o por transformación en otras energías) en Cataluña indica que el petróleo tiene un peso mayoritario del 47%, frente al 25% del gas, el 20% de la energía nuclear, 7,5% de la producción de renovables y residuos y un 0,5% del carbón. Aproximadamente dos tercios de estos recursos los demanda el transporte y la industria. Con una producción tan escasa en Tarragona, los autores del Libro Blanco descartan la explotación de hidrocarburos no convencionales, puesto que consideran que el fracking «no llega a ser alternativa alguna para el abastecimiento energético de Cataluña», una Cataluña independiente dependería en gran medida de la importación de crudo a través de sus puertos, infraestructura del Estado español en territorio catalán, así como de la red de CLH.

Más gas con Artur Mas

Esta necesidad importadora no difiere mucho en el caso del gas, pero sí destaca por el papel otorgado para este recurso por la planificación realizada por los arquitectos de la independencia catalana. Según el Libro Blanco, el gas natural que llega a Cataluña proviene mayoritariamente de dos países: de Argelia, a través de los gasoductos de Enagás que distribuyen el gas del país magrebí por toda España, y de Qatar, mediante los buques metaneros que traen su gas natural licuado (GNL) y lo descargan en el puerto de Barcelona utilizando la planta de regasificación de Enagás. Un lazo más entre Cataluña y el emirato, explícito en sus vínculos comerciales con el Fútbol Club Barcelona, y que ya señaló el catedrático Josep María Montaner en su artículo El modelo Qatar.

Es relevante también la consideración que se realiza sobre la planta de regasificación de Enagás, operador del transporte y gestor técnico del sistema gasista en España, empresa privada que cuenta como uno de sus mayores accionistas a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y de la que el Libro Blanco reconoce sus funciones públicas asignadas por la legislación española. Dicho esto, los autores añaden que esta planta de regasificación tiene «capacidad de transformación suficiente para atender la demanda de Cataluña pues actualmente funciona al 20% de su capacidad«. No es una cuestión menor dado que Cataluña demanda el 21% del gas consumido en España. Prácticamente un tercio se utiliza para producir electricidad, otro tercio por la industria y otro tercio en el consumo doméstico.

Por su parte, la red de distribución gasista es mayoritariamente de Gas Natural Fenosa, que también copa la comercialización con un 80% de cuota de mercado, seguida de Endesa con un 12% e Iberdrola con un 5%. Desde el Libro Blanco tampoco se olvidan de las interconexiones con Europa, de las que destacan que el gasoducto MidCat «es una apuesta de la Unión Europea para la consecución de un Mercado Común de la Energía» y serviría para reducir la dependencia comunitaria del gas ruso. «Con el MidCat, Cataluña cumpliría con el doble objetivo de proporcionar una salida del gas magrebí y el de las plantas de regasificación de GNL hacia Francia al mismo tiempo que se reforzaría la seguridad de la demanda catalana de gas», afirma el Libro Blanco.

De hecho, entre las primeras medidas de una Cataluña independiente apuntan a «asegurar la interconexión con Francia mediante el MidCat», expresado de forma unilateral y obviando que es una cuestión largamente tratada en las relaciones entre España y Francia, reacia a avanzar más en interconexiones. Además, el documento imagina un escenario ambicioso: «Esto favorecería la creación de un hub logístico y comercial de gas natural en el sur de Europa que aseguraría menos dificultades de abastecimiento «, afirma el Libro Blanco, para añadir que «eventualmente, eso haría posible también la creación de un nodo comercial de GNL en el Mediterráneo«.

Pero serían necesarias más infraestructuras gasistas, incluyéndose un almacenamientos subterráneo. De hecho, el Libro Blanco sopesaba la posibilidad de utilizar la plataforma Castor, lo que podría explicar el interés que siempre ha expresado el Gobierno catalán por todo lo que ha rodeado al almacén recientemente hibernado. Pero además del Castor, los responsables de este proceso de transición a la Cataluña independiente recuerdan explícitamente como «Gas Natural Fenosa está haciendo los trámites para disponer de un gran almacén de gas natural en Balsareny con una capacidad de 3.200 GWh, unos 14 días del suministro de Cataluña».

Ciclo combinado y energía nuclear

Con el carbón destinado únicamente a usos industriales, la energía nuclear y los ciclos combinados de gas se configuran como las tecnologías predominantes de una Cataluña independiente. Según los datos del Libro Blanco, entre un 12% y un 18% de la electricidad consumida en Cataluña proviene de España. El plan B de una Cataluña independiente, si no se alcanzara un acuerdo con España para garantizar su suministro eléctrico, es que las centrales de ciclo combinado de gas ubicadas en territorio catalán, trabajando actualmente al 16% de su capacidad técnica, «aumenten su producción hasta el 70-80% con el fin de garantizar el abastecimiento«. También se cuenta a priori y de forma unilateral con las centrales nucleares de la geografía catalana, Ascó y Vandellós, que equivalen al 40% de la potencia nuclear de España y que son propiedad de Endesa y también minoritariamente de Iberdrola, producen 24.000 kWh anualmente, «el 50% de la energía que se consume en Cataluña», según el Libro Blanco.

Los planes del soberanismo para sus centrales nucleares son contundentes: prorrogar por 20 años más su vida útil, hasta los 60 años, siguiendo el ejemplo de las nucleares de Estados Unidos que utilizan la misma tecnología. Un planteamiento impecable desde el punto de vista de que la energía nuclear disminuye la dependencia de hidrocarburos y las emisiones de CO2 pero que choca con lo que proclaman algunos partidos que quieren la independencia y lo que sus votantes esperan de ellos. Siendo además un apartado que incluyen en sus reflexiones sobre la sostenibilidad medioambiental del sistema eléctrico de una Cataluña independiente.

A diferencia de otras tecnologías, los permisos para autorizar instalaciones renovables sí que son competencia de las comunidades autónomas. Sin embargo, en Cataluña la producción es de apenas el 7%, cuando en 2013 tan sólo la eólica a nivel nacional supuso el 20,9%. De hecho, la potencia eólica instalada en Cataluña es el 4% de la total de España. Cierto es que las previsiones para 2020 respecto al año 2009 son de multiplicar por cuatro su producción renovable, con importantes incrementos en eólica y termosolar especialmente. Pero también es cierto que las políticas de impulso de las renovables realizadas desde la Generalitat vienen siendo lentas, cuando no un freno o contrarias a su desarrollo. Además, en Cataluña quieren potenciar el biogás, la producción energética derivada del tratamiento de los purines, dónde han funcionado seis plantas, y también destacan especialmente las posibilidades de los residuos como fuente de energía.

Como se puede apreciar, las posiciones del soberanismo catalán en lo que se refiere a mix energético para la Cataluña independiente difieren notablemente de las posturas que han venido defendiéndose en el pasado por los partidos catalanes que lo integran, en especial por ERC e ICV, especialmente en lo que atañe a la energía nuclear. Por lo tanto, como se expone en esta primera parte, el conflicto planteado entre ideología independentista e ideología relativa al mix energético, en el Libro Blanco sobre la Transición Nacional de Cataluña se resuelve a favor de lo primero.

El Libro Blanco, un pensamiento único que homogeniza la política energética para Cataluña. Un planteamiento uniforme que supone evidentemente para los partidos de la izquierda nacionalista una renuncia a sus posiciones pasadas sobre el mix energético.

En la segunda parte del artículo trataremos sobre la organización y gobernanza del modelo energético que resultaría del Estado catalán.

El Gobierno trata de quitarle a la CNMC la potestad para fijar las categorías tarifarias

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Apenas 9 meses después de su aprobación y a través de una simple enmienda a la Ley de Metrología, el Gobierno, a través del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados, pretende modificar la Ley del Sector Eléctrico. Lo hace en dos aspectos: por un lado, amplía las miras de la planificación, sin carácter vinculante, de las infraestructuras de transporte eléctrico más allá de los 6 años; por otro, trata de anticipar un conflicto entre el Gobierno y el organismo regulador, la CNMC, al disponer explícitamente que «el Gobierno establecerá la estructura y condiciones de aplicación de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución» sin la obligación de atender a los criterios de eficiencia económica, transparencia, objetividad y no discriminación que se fijan explícitamente por Ley para la CNMC.

En la justificación de la enmienda, el grupo popular recuerda que la Ley de creación de la CNMC recogió, en los mismos términos que lo hacía su antecesora, la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que entre sus funciones figura establecer la metodología para el cálculo de la parte de los peajes de acceso a las redes de electricidad correspondientes a los costes de transporte y distribución, entendiendo por ello «la asignación eficiente de los costes de transporte y distribución a los consumidores y generadores». En cambio, desde el PP justifican que debe ser una metodología genérica y, para que no haya conflictos ahora con la CNMC, tratan de introducir 9 meses después mediante esta enmienda que la «aplicación» de los peajes corresponde al Gobierno«.

Además, lo que permanece invariable es el punto en el que se establece que los precios de los peajes de acceso se establecerán «de acuerdo» con la metodología establecida por la CNMC. Todo se complica más si se atiende a la legislación europea. La directiva europea 2009/72/CE señala como competencia del organismo regulador establecer o aprobar, de conformidad con criterios transparentes, las tarifas de transporte o distribución o sus metodologías. En consecuencia, lo que el grupo popular pretende es dar cobertura al Gobierno en la modificación de esta metodología que pretende llevar a cabo mediante la propuesta de real decreto que regula la producción eléctrica en los territorios no peninsulares, que remitió para su informe a la CNMC en julio.

Con estos cambios se posibilita que el PP pueda saldar su acuerdo con el PNV a cambio del apoyo parlamentario a la nueva Ley del Sector Eléctrico. Un acuerdo que detalló el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, y que supone una rebaja de los peajes de acceso en toda España a las empresas con una potencia entre 30 y 36 kilovoltios (kV). Según explicó entonces Azpiazu, se traducirá en una reducción de los peajes que soporta la industria vasca que, de forma generalizada, está conectada en tensiones iguales o superiores a los 30 kV.

El PSOE denuncia el cambio

Según el portavoz de Energía del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Segura, la CNMC emitió el pasado 2 de julio la circular que establece la metodología para fijar los peajes tal y como está previsto por Ley. Una metodología que no contemplaba una división de la categoría tarifaria 6.1 vigente desde 2001 y que, según la propuesta de Real Decreto elaborada por el Gobierno y que recoge el acuerdo con el PNV, pasarán a ser dos cuando entre en vigor: la 6.1A para niveles de tensión entre 1 y 30 kV así como 6.1B para los niveles entre 30 y 36 kV.

A juicio de Segura, la propuesta de modificación remitida por el secretario de Estado de Energía «entra en claro conflicto con la metodología de peajes de acceso a las redes establecida por la circular de la CNMC, que no contempla dicha división por niveles de tensión, e incumple la Ley del Sector Eléctrico«. Además, considera que se hace «sin que se haya hecho público el análisis y valoración de los factores que inducirían a un menor coste respecto al resto de las redes de transporte y distribución, y por tanto, que justifique dicha medida».

En este sentido, desde el grupo socialista consideran que la enmienda del PP «invalida la metodología publicada por la CNMC para la asignación de los costes de transporte y distribución eléctricos, al rescatar el Gobierno la competencia asignada al regulador para determinar las categorías tarifarias por niveles de tensión«. Por ello José Segura reclama al Gobierno que aclare «a qué consumidores se les va a subir el precio de la electricidad para cubrir la pérdida de ingresos que se producirá con la nueva estructura tarifaria que el Gobierno pretende crear». Un medida que, de llevarse a cabo en los términos planteados hasta ahora y como ya se avanzó desde Energía Diario, generará déficit de tarifa.

Además, el diputado socialista insta al PP a retirar esta enmienda «ante el daño institucional que se le está haciendo a la CNMC ya que su independencia está quedando en entredicho«. A juicio de Segura, que recuerda lo sucedido en diciembre con la anulación de la subasta Cesur en la que el Gobierno anunció su invalidación sin que el regulador se hubiese pronunciado, «de nuevo asistimos a un episodio en el que el regulador propone una cosa, en este caso mantener las categorías tarifarias de la alta tensión en términos muy parecidos a los actuales, publicado ya en el BOE, y el Gobierno desautoriza su metodología para imponer su doctrina«.

El «corporate» se mueve (II)

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Imaginemos una situación ficticia. Se trataría de un encuentro privado con José Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía y Turismo y otro con Alberto Nadal Belda, actual secretario de Estado de Energía. Imaginemos, que en ese espacio de confianza, les realizáramos la pregunta, acerca de qué grado de satisfacción tienen con lo realizado en la batería de medidas dirigidas a sofocar el problema del déficit tarifario eléctrico y con sus resultados.

Seguramente, las dos reacciones no sean similares, salvo que esta conversación se dé en el mismo espacio físico. José Manuel Soria, hombre más propenso a la declaración política, a cortar un pelo en el aire, siempre en campaña, rebuscaría en el argumentario de comunicación política realizado a tal efecto, con un grado de congruencia prácticamente fiel con los mensajes que los comunicólogos de cabecera, inspirados por él mismo, le hayan proporcionado. Soria ha logrado ser su propio personaje.

Seguramente, el grado de discrepancia sería mucho mayor con el propio Alberto Nadal. Máxime si se produce una mirada profunda penetrante que vaya acompañada de una regla previa, del tipo: «Hablemos en serio» y, existe la posibilidad de un bajar los brazos sobre la titularidad intelectual de la reforma, que lleva siempre a una defensa rocosa o soberbia de la misma.

Nadal es el autor intelectual de esta batería normativa contra el déficit tarifario que se le ha venido a denominar reforma, basada en la fijación de nuevos impuestos a ciertas actividades de generación, reducción de la retribución de la distribución, financiación del déficit por todos los agentes que participan en el suministro, cambio del sistema de facturación (auspiciado por la fascinación del progreso tecnológico que proporcionan los contadores inteligentes y de telegestión) y la introducción del concepto de «rentabilidad razonable» para las actividades reguladas (y de los incidentes asociados del proceso de valoración de tipología de activos), aplicado desde el primer día en que se pusieron en marcha.

Nadal sabe que una gran parte del problema sigue embalsado y otra latente. También es conocedor que la no separación de la tarifa de aquellos costes que no tienen que ver con el suministro sostiene la presión a que los precios de la electricidad sean más altos en España por decisiones administrativas pasadas. Y sabe que la resolución de ese conflicto de cara a consumidores domésticos e industriales sólo es posible por el sistema de vasos comunicantes. Posible, pero peligroso, porque es el problema de la manta que o tapa el cuerpo o saca los pies.

Por otra parte, confía en que esta absorción del déficit se haga en una situación de sobreoferta que le dé márgenes en los precios (pero está claro que esa sobreoferta no se ordena como precisa, a la luz, como por ejemplo de la ausencia de generación eólica de este verano por motivos climáticos). Y, además, sabe que el mercado de generación español es fuertemente competitivo y que ahí hay muy poco que rascar o que la fijación de nuevas figuras impositivas tiene muchos riesgos. Y, que dónde hay que rascar, que es en la atención de ciertas partidas desde los Presupuestos Generales del Estado, es muy difícil con un Ministerio de Hacienda, férreo en sus comportamientos y una coordinación intergubernamental de políticas económicas con vicios ocultos.

Y, al mismo tiempo, el escenario de gobernanza económica del sector energético se le ha complicado con consecuencias sobre la confianza financiera en el país. Lo ha percibido y se lo han hecho saber (igual que ha conocido el malestar de ciertos colectivos de pequeños inversores privados de comunidades afines a los populares).

Del mismo modo, los cambios que se están produciendo en el «corporate» de las empresas, venta de activos, reducción de la inversión en el mercado doméstico en nueva generación o en redes, la orientación empresarial a mercados exteriores, son fuertemente inquietantes y dificultan los niveles de discrecionalidad deseados para los anhelos de intervención política en el sector y empresas. El «corporate» se mueve y lo hace en función de sus decisiones son económicas y financieras en un mundo globalizado.

Y, finalmente, para colmo de males, queda la cadena de conflictos jurídicos y arbitrajes en la que el Gobierno no las tiene todas consigo, sino más bien todo lo contrario. El margen, a nivel internacional y europeo, para más desaguisados queda limitado.

Por eso, el resultado de esa conversación en privado seguramente dejaría un cierto regusto amargo. El mismo que deja ver «El Gatopardo» y que todo permanezca (casi) igual.

Los trucos semánticos de Industria: de la «rentabilidad razonable» a la «urgente incorporación» de Chira-Soria para «garantizar el suministro»

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Hasta ocho países fueron utilizados como ejemplo por Industria para justificar que Red Eléctrica de España, comience a participar en la actividad de generación eléctrica a través de Chira-Soria, la central hidroeléctrica de bombeo proyectada para Gran Canaria, a punto de ser arrebatada a Endesa para ser traspasada a la empresa presidida por José Folgado.

La separación de actividades en el sector eléctrico tiene un valor nuclear en la legislación contenida en las normativas europeas con el fin de evitar los potenciales conflictos de interés que puedan surgir entre las tecnologías de generación y el operador del sistema, que se encarga de decidir quién produce electricidad y cuándo la tiene que producir. De hecho, este principio también es el que promueve la separación entre la actividad de transporte y la actividad de operación del sistema.

Y éste principio es el que se pone en cuestión en el hecho de que, según lo dictado por Industria, a Red Eléctrica, operador del transporte y del sistema eléctrico español, se le transfiera obligatoriamente la central de Chira-Soria, que proporcionará, cuando se construya, un 25% del suministro eléctrico a la isla de Gran Canaria. Una vieja aspiración que los responsables del Red Eléctrica desde los tiempos de Luis Atienza y Alberto Carbajo vienen acariciando.

La actual polémica se remonta a marzo de 2013 y es consecuencia de la nueva legislación elaborada por el equipo del ministro de Industria, José Manuel Soria, para los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, es decir, para Ceuta, Melilla, Islas Baleares e Islas Canarias; lo cierto es que muchos consideraron que la nueva normativa sólo tendría consecuencias para este último territorio, a la sazón autonomía de procedencia del propio ministro.

Si bien en el proyecto de ley ya se recogía el traspaso directo de la titularidad de la central hidroeléctrica de bombeo de Chira-Soria a Red Eléctrica, la negociación mantenida con el Ejecutivo autonómico de Canarias rebajó aparentemente la rotundidad del planteamiento inicial estableciendo un calendario de ejecución que Endesa debería cumplir si quería mantener el proyecto: un paso intermedio para llegar al mismo fin.

En el preámbulo de la Ley, el Gobierno asevera que «la seguridad de suministro depende de la urgente incorporación de instalaciones de bombeo, para de esa forma favorecer la penetración de las energías renovables«. Una fórmula en la que se puede valorar una doble conclusión: en primer lugar, la relación de dependencia entre la seguridad de suministro y las instalaciones de bombeo se torna en una afirmación tan política como falaz a la vista de los propios datos de calidad de suministro en el archipiélago; en segundo lugar, la declaración de «urgente incorporación» constituye un primer paso para preparar la entrada a Red Eléctrica en esta actividad de generación, pretensión original de Industria que es formulada a continuación sin mayor disimulo: «por el retraso que determinadas instalaciones de bombeo han venido acumulando se establece que el operador del sistema será el titular de las nuevas instalaciones de bombeo cuando su finalidad sea garantizar el suministro«.

Tanto el Gobierno central como el autonómico consideran “estratégicos” los proyectos de bombeos planeados para el archipiélago, aunque con intenciones diferentes. Según señaló la consejera autonómica de Empleo, Industria y Energía, Francisca Luengo, en una entrevista a Energía Diario, las centrales hidroeléctricas de bombeo son «imprescindibles» para el desarrollo de las renovables en Canarias. Esta relevancia se debe a que los excedentes de energía no se pueden almacenar provechosamente y, además, cada isla constituye un sistema eléctrico aislado que no puede depender de las condiciones climatológicas que determinan la producción renovable. En bombeos como Chira-Soria, la energía renovable excedentaria se utiliza para bombear agua de un embalse a otro en un nivel superior para poder posteriormente generar energía hidroeléctrica cuando la demanda lo precise. Una actividad, los bombeos o los denominados “embalses de regulación”, que se viene realizando con asiduidad por los operadores de generación.

6 meses para un trato

La ley se aprobó finalmente en octubre de 2013. Y detrás del trato, el truco. Mientras Endesa ha seguido adelante con el proyecto de Chira-Soria, al tiempo que demandaba al Ministerio más información sobre cómo quedaría configurada finalmente la retribución de la central, el Ministerio comunicó unilateralmente a principios de mayo que se hacía efectivo el traspaso de la titularidad a Red Eléctrica, dando a Endesa y al operador del sistema un plazo de 6 meses para llegar a un acuerdo sobre la cantidad con la que debe ser compensada. Por su parte, Endesa desmentía que hubiera renunciado al proyecto.

Al margen de las discrepancias entre Endesa y el Ministerio, lo cierto es que Industria buscó apuntalar su posición de partida, el previsto traspaso de activos al operador del sistema pese a la fórmula intermedia de elaborar un calendario de ejecución, rebuscando supuestos paralelismos hasta con ocho países para justificar el traspaso de la titularidad de Chira-Soria a Red Eléctrica.

La clave a tener en cuenta respecto a los ejemplos propuestos por el Ministerio de Industria radica en que ninguno de los ejemplos propuestos son realmente comparables con el caso de Chira-Soria en Gran Canaria. Así, los operadores nórdicos o belga no participan en el mercado y sólo despachan en condiciones de emergencia: en consecuencia, no influyen en el despacho del resto de generadores; algunos operadores del sistema en Alemania permanecen dentro de empresas verticalmente integradas que participan en el conjunto de actividades del sector eléctrico, por lo que la propiedad de activos por una u otra empresa del grupo integrado es irrelevante: no es el caso de Red Eléctrica, ni de la legislación española.

Si observamos los ejemplos que Industria incorporaba en referencia a territorios insulares, el operador italiano es propietario de baterías en Sicilia y Cerdeña, instalaciones de almacenamiento de energía muy diferentes a lo que supone una central de generación hidroeléctrica por bombeo como Chira-Soria; en el caso portugués, el Gobierno luso decidió solicitar para los archipiélagos de Azores y Madeira la excepción que la Directiva europea permite únicamente para sistemas aislados con el objeto de no aplicar en estos territorios la obligación de separación de actividades en el sector eléctrico dado el tamaño de los mismos y la situación empresarial de partida. Es lo que permite que una empresa única realice todas las actividades de generación, transporte y distribución en Azores y Madeira. España no había seguido este camino ese camino dada su estructura de actividades y, por tanto, no es el caso de Canarias, donde la separación de actividades propugnada por las Directivas europeas se aplica plenamente, al menos hasta la llegada del ministro Soria.

Estos esfuerzos comunicativos tampoco son una novedad en el comportamiento de Industria. Lo que ocurre con Chira-Soria sigue un paralelismo a la forma con que la que el Ministerio está tratando de bordear la legislación vigente en momentos pasados para las instalaciones renovables y activos regulados. Utilizando términos como “urgente incorporación”, «garantía del suministro» o “rentabilidad razonable”, el Ministerio amolda los conceptos a sus pretensiones regulatorias. Creando la definición desde el propio Ministerio de Industria de lo que es la “rentabilidad razonable” tratan de aplicar la terminología de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sin que siga un correlato con la práctica económica o regulatoria internacional.

Así, el nuevo modelo retributivo para las actividades reguladas pivota sobre la definición de rentabilidad razonable como una rentabilidad igual a la del bono español a diez años más 300 puntos básicos, una definición elaborada por el equipo del ministro Soria y calificada como “razonable”, frente al WACC comúnmente utilizado en las economías occidentales. En la misma línea, por tanto, se sitúan la elaboración de la regulación aplicada a la central hidráulica de bombeo de Chira-Soria, con su declaración de “urgente incorporación de la que depende la seguridad del suministro”, y sus forzadas comparaciones con la legislación de otros países europeos para así justificar su entrega definitiva a Red Eléctrica.

España es el país con más denuncias ante el CIADI en 2014 por las medidas de Soria

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Las medidas del equipo del ministro José Manuel Soria y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, empiezan a ofrecer consecuencias después de ser impulsadas a través de un azaroso proceso que ha ido acumulando retrasos, sorteando imprevistos y que, en consecuencia, ha durado el doble del tiempo esperado en un principio, extendiéndose hasta prácticamente el año. El objetivo, atajar el déficit de tarifa, tendrá que esperar a finales del año e incluso algún mes más hasta que se conozcan con detalle los Presupuestos Generales del Estado para 2015 y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) culmine las correspondientes liquidaciones del sistema eléctrico en 2014.

Sin saber si habrá déficit hasta entonces, lo que ya es seguro es que ha generado una escalada de la litigiosidad. En primera instancia, los agentes nacionales del sector eléctrico y varias comunidades autónomas están recurriendo la nueva normativa elaborada por Industria ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. La Justicia tendrá que dirimir si la legislación incurre en una retroactividad propia, en función de si el legislador ha actuado conveniente respecto a la fijación de normas que afectan a situaciones pasadas, o en retroactividad impropia. Para avalar la retroactividad propia, desde instancias judiciales se argumentó que la regulación no puede ser objeto de petrificación y que el Ejecutivo tiene la potestad para modificarla.

Por otro lado, los inversores internacionales empiezan a reivindicar sus derechos ante el CIADI, por lo que, a diferencia de otros litigios ligados al sector eléctrico, principios como la irretroactividad de la ley, la seguridad jurídica y la confianza legítima, no sólo se valorarán desde Madrid sino que también serán examinados desde Washington (Estados Unidos). El CIADI es una institución del Banco Mundial que actúa para resolver, mediante un arbitraje, las disputas entre uno de sus 159 Estados miembro y los inversores de un país extranjero que ven peligrar el retorno del dinero arriesgado ante las actuaciones del correspondiente Gobierno.

Al margen del sector energético, España ha tenido dos casos ante el CIADI, uno aún sin resolver. El primero, iniciado en 1997, lo perdió el Estado en el año 2000 ante un ciudadano argentino por una inversión en una empresa de productos químicos en Galicia, al que tuvo que pagar más de 300.000 euros. El segundo lo presentó un grupo inmobiliario venezolano que desde 2012 reclama 25 millones de euros por un plan urbanístico planteado en Las Rozas (Madrid). En ambos casos, y es algo compartido con la Justicia nacional, la resolución de estos litigios se extienden en el tiempo: una situación que permite pensar que irán más allá del final de la presente legislatura.

Al único caso que España tenía pendiente ante el CIADI se han sumado, en menos de un año, 7 nuevas demandas presentadas por inversores extranjeros en energías renovables en España. De hecho es el país contra el que más demandas se presentaron en lo que va de 2014. Toda una avalancha que ha colocado a España en el cuarto puesto de países con más demandas pendientes en este tribunal de arbitraje. Por delante ningún país de la Unión Europea sino Argentina, Venezuela y Egipto. He aquí el nivel. Un golpe directo a la línea de flotación de la Marca España.

La última en citar a Industria ante el CIADI es el grupo Renergy, cuyo representante legal será el despacho Cuatrecasas y Gonçalves Pereira, que registró su demanda a principios de este mes. Este mismo despacho defenderá también los intereses del fondo británico Infrared, que adquirió en septiembre de 2011 participaciones en dos proyectos termosolares en España. Lo cierto es que las denuncias de las firmas internacionales se concentran en los recortes a las tecnologías solares.

Las otras dos denuncias presentadas durante 2014 contra España son dos de las más relevantes. En primer lugar, la política exterior no fue suficiente para tranquilizar a Masdar Solar, la firma de inversión estatal perteneciente al fondo soberano de Abu Dhabi, de los Emiratos Árabes Unidos. Masdar dispone de la planta termosolar Gemasolar, que fue inaugurada en 2011 por el rey Juan Carlos I y el príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyanestará. También denunció a España la firma estadounidense NextEra, que cuenta con dos plantas termosolares en Madrigalejo (Cáceres).

A finales de 2013, el fondo británico Eiser y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg presentaron su denuncia contra España; Eiser es socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries, con las que invirtió 935 millones de euros en tres centrales termosolares en el año 2007. Esta demanda se sumó a las ya remitidas por los fondos internacionales Antin Infrastructure Partners y RREEF, que es el fondo de infraestructuras de Deutsche Bank. Tras conocerse estos litigios contra España, el ministro José Manuel Soria, indicó que las firmas internacionales aspiraban a rentabilidades del 20% y que «eso no ocurre en ningún país del mundo porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría».

En resumen, las medidas de Industria comienzan a producir sus primeros efectos: una litigiosidad que hace que desde el ámbito internacional también se someta a juicio la retroactividad aplicada en la regulación, más que discutible, así como la retribución de las actividades reguladas que ahora pivotará sobre la rentabilidad razonable, concepto redefinido por el Gobierno como una rentabilidad igual al interés del bono español a 10 años más 300 puntos básicos y calificado como razonable en detrimento del WACC comúnmente utilizado en las economías occidentales. En definitiva, un proceso que se extenderá más allá de 2015 y, consecuentemente, un legado para un hipotético sucesor de Soria al frente del Ministerio.

La factura eléctrica («segunda parte»)

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Entre esos elementos, hay que contar con una intervención del Gobierno en las subastas CESUR, predecesoras del actual sistema, sin justificación posterior y, por cierto, con una escenificación de corte bolivariano; un escarnio demoledor para los comienzos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), así como una sucesión de propuestas inverosímiles y azarosas en su propia aplicación, incluso con dificultades de carácter temporal para adecuar los sistemas de facturación de las comercializadoras.

La propuesta resultante para configurar el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) se fundamentaba en la aplicación de los precios horarios del mercado mayorista para calcular el coste del componente de energía de la factura. En consecuencia, para los consumidores con contadores con telelectura y gestión horaria, este mecanismo se aplicaría directamente, y si no se aplicarían los perfiles de consumo horario de REE. Además, se ofrecían otras modalidades de contratación a largo plazo (un año), que incluían la cobertura del riesgo que entraña la evolución de precios para las comercializadoras, lo que implicaba lógicamente un montante adicional, motivo por el que se generó otro «escándalo» al no entenderse el significado económico de esta cobertura.

Una vez puesto en marcha el sistema se desató una segunda línea de polémica derivada de la incapacidad de gestión de los consumos horarios de los nuevos contadores para el nuevo propósito de facturación: polémica acerca de la forma, del momento de establecimiento de estándares y del proceso de sustitución del parque actual de los mismos. Todas estas cuestiones, de enorme importancia y con necesidad de análisis y dedicación, se ven envueltas en los tiempos de la turbopolítica y de la velocidad mediática casi en modo espiral.

Además, por si fuera poco, en la aplicación del nuevo modelo tarifario se ha incluido una campaña de comunicación institucional, es decir, de propaganda, que ustedes pueden encontrar en los medios de comunicación para explicar la nueva factura en aras a la supuesta simplicidad de la misma, pese al mecanismo matricial de cálculo del coste energía, con la multiplicación de precios horarios o la combinación por perfiles de consumo.

En su primera aplicación, el nuevo sistema produjo resultados satisfactorios de forma inmediata, dado que políticamente era lo buscado, de forma que se ordenó una importante devolución del recibo de la luz de las cantidades cobradas a los consumidores en los primeros recibos del año, todo ello pese al déficit tarifario pasado acumulado de casi 30.000 millones de euros. Algo que, por otra parte, fue visto con una enorme suspicacia desde el punto de vista de la propia oportunidad política, con el calendario electoral de los comicios europeos en jaque.

Ahora el ministro Soria ha salido a escena para anticipar y poner paños calientes al hecho de que la factura de la electricidad va a subir en el tercer y cuarto trimestre, justificándose en la evolución de todos los costes del sistema, como si fuera algo novedoso. Incluso se ha tenido que desdecirse de anteriores previsiones anunciadas y se ha refugiado en el hecho de que, en el conjunto o global del año, los precios resultantes «espera» que sean menores. Así que los movimientos tarifarios pasan a ser propios de una montaña rusa, pero a nuestros responsables políticos energéticos actuales les gusta ese riesgo. Industria anuncia un cambio en la metodología de cálculo de peajes que también será horaria.

Hay dos errores muy graves en todo el proceso, más allá de los que ya casi se le escapan al ministro con la boca pequeña en su intervención pública. El primero es el hecho de que el Ministerio de Industria, el ministro y el secretario de Estado de Energía con su ejecutoria en toda esta actuación han reforzado la idea de que la factura eléctrica es un instrumento político y, adicionalmente, el precio de la electricidad es un precio intervenido pese a que el mecanismo diseñado tenía un anclaje al mercado de casi correlación. De hecho, el resultado ha sido que esa percepción social se ha acrecentado en lugar de haberse disminuido. Por este motivo las propuestas futuras deberían ir dirigidas justo en sentido contrario: a diseñar la tarifa como un precio y desligarlas del proceso político y de la opinión pública. Esencialmente, el problema parte de que hasta ahora ha habido una liberalización que ha sido imperfecta e incompleta para definir una política de precios orientada a la competencia.

El segundo, y también un error muy grave, es haber efectuado cambios en cuestiones muy profundas e importantes, con muy poca reflexión desde el punto de vista regulatorio y, en consecuencia, con una mirada urgida por el cortoplacismo y el vértigo impropio de lo que se regulaba. Y sobre supuestos muy endebles, casi aplicables al trimestre en el que se estaba regulando. Cualquier cambio regulatorio de esta índole en países de nuestro entorno se ve acompañado de un proceso deliberativo y experto mucho más profundo.

Recordemos nuevamente la teoría del pensamiento no convencional. Se trata de crear nuevos problemas que sustituyan a otros anteriores, irresponsabilizándose de forma adanista de los mismos y, a cambio, presentar la redención providencial de los pasados con nuevas medidas que en el futuro son impredecibles.

Seguramente, en este caso, el camino correcto hubiera sido la estrategia de abordar los componentes de la tarifa, dejar la factura en sus elementos correctos, separar aquellos que no se correlacionan con el suministro, de forma que se aborden de forma fiscal aquellos que no se corresponden. Hubiese requerido de mayores niveles de reflexión y más definición de las políticas energética-económica-fiscal-medioambiental. También de profundización en el marco de la liberalización, así como de coordinación, estudio y esfuerzo en el seno del Ejecutivo.

Ahora realmente lo que toca es la gestión de la vajilla rota; parece evidente que no se ha alcanzado a una situación estable y, en consecuencia, los acontecimientos en esta cuestión no pararán aquí.