El «corporate» se mueve (II)

Imaginemos una situación ficticia. Se trataría de un encuentro privado con José Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía y Turismo y otro con Alberto Nadal Belda, actual secretario de Estado de Energía. Imaginemos, que en ese espacio de confianza, les realizáramos la pregunta, acerca de qué grado de satisfacción tienen con lo realizado en la batería de medidas dirigidas a sofocar el problema del déficit tarifario eléctrico y con sus resultados.

Seguramente, las dos reacciones no sean similares, salvo que esta conversación se dé en el mismo espacio físico. José Manuel Soria, hombre más propenso a la declaración política, a cortar un pelo en el aire, siempre en campaña, rebuscaría en el argumentario de comunicación política realizado a tal efecto, con un grado de congruencia prácticamente fiel con los mensajes que los comunicólogos de cabecera, inspirados por él mismo, le hayan proporcionado. Soria ha logrado ser su propio personaje.

Seguramente, el grado de discrepancia sería mucho mayor con el propio Alberto Nadal. Máxime si se produce una mirada profunda penetrante que vaya acompañada de una regla previa, del tipo: «Hablemos en serio» y, existe la posibilidad de un bajar los brazos sobre la titularidad intelectual de la reforma, que lleva siempre a una defensa rocosa o soberbia de la misma.

Nadal es el autor intelectual de esta batería normativa contra el déficit tarifario que se le ha venido a denominar reforma, basada en la fijación de nuevos impuestos a ciertas actividades de generación, reducción de la retribución de la distribución, financiación del déficit por todos los agentes que participan en el suministro, cambio del sistema de facturación (auspiciado por la fascinación del progreso tecnológico que proporcionan los contadores inteligentes y de telegestión) y la introducción del concepto de «rentabilidad razonable» para las actividades reguladas (y de los incidentes asociados del proceso de valoración de tipología de activos), aplicado desde el primer día en que se pusieron en marcha.

Nadal sabe que una gran parte del problema sigue embalsado y otra latente. También es conocedor que la no separación de la tarifa de aquellos costes que no tienen que ver con el suministro sostiene la presión a que los precios de la electricidad sean más altos en España por decisiones administrativas pasadas. Y sabe que la resolución de ese conflicto de cara a consumidores domésticos e industriales sólo es posible por el sistema de vasos comunicantes. Posible, pero peligroso, porque es el problema de la manta que o tapa el cuerpo o saca los pies.

Por otra parte, confía en que esta absorción del déficit se haga en una situación de sobreoferta que le dé márgenes en los precios (pero está claro que esa sobreoferta no se ordena como precisa, a la luz, como por ejemplo de la ausencia de generación eólica de este verano por motivos climáticos). Y, además, sabe que el mercado de generación español es fuertemente competitivo y que ahí hay muy poco que rascar o que la fijación de nuevas figuras impositivas tiene muchos riesgos. Y, que dónde hay que rascar, que es en la atención de ciertas partidas desde los Presupuestos Generales del Estado, es muy difícil con un Ministerio de Hacienda, férreo en sus comportamientos y una coordinación intergubernamental de políticas económicas con vicios ocultos.

Y, al mismo tiempo, el escenario de gobernanza económica del sector energético se le ha complicado con consecuencias sobre la confianza financiera en el país. Lo ha percibido y se lo han hecho saber (igual que ha conocido el malestar de ciertos colectivos de pequeños inversores privados de comunidades afines a los populares).

Del mismo modo, los cambios que se están produciendo en el «corporate» de las empresas, venta de activos, reducción de la inversión en el mercado doméstico en nueva generación o en redes, la orientación empresarial a mercados exteriores, son fuertemente inquietantes y dificultan los niveles de discrecionalidad deseados para los anhelos de intervención política en el sector y empresas. El «corporate» se mueve y lo hace en función de sus decisiones son económicas y financieras en un mundo globalizado.

Y, finalmente, para colmo de males, queda la cadena de conflictos jurídicos y arbitrajes en la que el Gobierno no las tiene todas consigo, sino más bien todo lo contrario. El margen, a nivel internacional y europeo, para más desaguisados queda limitado.

Por eso, el resultado de esa conversación en privado seguramente dejaría un cierto regusto amargo. El mismo que deja ver «El Gatopardo» y que todo permanezca (casi) igual.