Los trucos semánticos de Industria: de la «rentabilidad razonable» a la «urgente incorporación» de Chira-Soria para «garantizar el suministro»

Hasta ocho países fueron utilizados como ejemplo por Industria para justificar que Red Eléctrica de España, comience a participar en la actividad de generación eléctrica a través de Chira-Soria, la central hidroeléctrica de bombeo proyectada para Gran Canaria, a punto de ser arrebatada a Endesa para ser traspasada a la empresa presidida por José Folgado.

La separación de actividades en el sector eléctrico tiene un valor nuclear en la legislación contenida en las normativas europeas con el fin de evitar los potenciales conflictos de interés que puedan surgir entre las tecnologías de generación y el operador del sistema, que se encarga de decidir quién produce electricidad y cuándo la tiene que producir. De hecho, este principio también es el que promueve la separación entre la actividad de transporte y la actividad de operación del sistema.

Y éste principio es el que se pone en cuestión en el hecho de que, según lo dictado por Industria, a Red Eléctrica, operador del transporte y del sistema eléctrico español, se le transfiera obligatoriamente la central de Chira-Soria, que proporcionará, cuando se construya, un 25% del suministro eléctrico a la isla de Gran Canaria. Una vieja aspiración que los responsables del Red Eléctrica desde los tiempos de Luis Atienza y Alberto Carbajo vienen acariciando.

La actual polémica se remonta a marzo de 2013 y es consecuencia de la nueva legislación elaborada por el equipo del ministro de Industria, José Manuel Soria, para los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, es decir, para Ceuta, Melilla, Islas Baleares e Islas Canarias; lo cierto es que muchos consideraron que la nueva normativa sólo tendría consecuencias para este último territorio, a la sazón autonomía de procedencia del propio ministro.

Si bien en el proyecto de ley ya se recogía el traspaso directo de la titularidad de la central hidroeléctrica de bombeo de Chira-Soria a Red Eléctrica, la negociación mantenida con el Ejecutivo autonómico de Canarias rebajó aparentemente la rotundidad del planteamiento inicial estableciendo un calendario de ejecución que Endesa debería cumplir si quería mantener el proyecto: un paso intermedio para llegar al mismo fin.

En el preámbulo de la Ley, el Gobierno asevera que «la seguridad de suministro depende de la urgente incorporación de instalaciones de bombeo, para de esa forma favorecer la penetración de las energías renovables«. Una fórmula en la que se puede valorar una doble conclusión: en primer lugar, la relación de dependencia entre la seguridad de suministro y las instalaciones de bombeo se torna en una afirmación tan política como falaz a la vista de los propios datos de calidad de suministro en el archipiélago; en segundo lugar, la declaración de «urgente incorporación» constituye un primer paso para preparar la entrada a Red Eléctrica en esta actividad de generación, pretensión original de Industria que es formulada a continuación sin mayor disimulo: «por el retraso que determinadas instalaciones de bombeo han venido acumulando se establece que el operador del sistema será el titular de las nuevas instalaciones de bombeo cuando su finalidad sea garantizar el suministro«.

Tanto el Gobierno central como el autonómico consideran “estratégicos” los proyectos de bombeos planeados para el archipiélago, aunque con intenciones diferentes. Según señaló la consejera autonómica de Empleo, Industria y Energía, Francisca Luengo, en una entrevista a Energía Diario, las centrales hidroeléctricas de bombeo son «imprescindibles» para el desarrollo de las renovables en Canarias. Esta relevancia se debe a que los excedentes de energía no se pueden almacenar provechosamente y, además, cada isla constituye un sistema eléctrico aislado que no puede depender de las condiciones climatológicas que determinan la producción renovable. En bombeos como Chira-Soria, la energía renovable excedentaria se utiliza para bombear agua de un embalse a otro en un nivel superior para poder posteriormente generar energía hidroeléctrica cuando la demanda lo precise. Una actividad, los bombeos o los denominados “embalses de regulación”, que se viene realizando con asiduidad por los operadores de generación.

6 meses para un trato

La ley se aprobó finalmente en octubre de 2013. Y detrás del trato, el truco. Mientras Endesa ha seguido adelante con el proyecto de Chira-Soria, al tiempo que demandaba al Ministerio más información sobre cómo quedaría configurada finalmente la retribución de la central, el Ministerio comunicó unilateralmente a principios de mayo que se hacía efectivo el traspaso de la titularidad a Red Eléctrica, dando a Endesa y al operador del sistema un plazo de 6 meses para llegar a un acuerdo sobre la cantidad con la que debe ser compensada. Por su parte, Endesa desmentía que hubiera renunciado al proyecto.

Al margen de las discrepancias entre Endesa y el Ministerio, lo cierto es que Industria buscó apuntalar su posición de partida, el previsto traspaso de activos al operador del sistema pese a la fórmula intermedia de elaborar un calendario de ejecución, rebuscando supuestos paralelismos hasta con ocho países para justificar el traspaso de la titularidad de Chira-Soria a Red Eléctrica.

La clave a tener en cuenta respecto a los ejemplos propuestos por el Ministerio de Industria radica en que ninguno de los ejemplos propuestos son realmente comparables con el caso de Chira-Soria en Gran Canaria. Así, los operadores nórdicos o belga no participan en el mercado y sólo despachan en condiciones de emergencia: en consecuencia, no influyen en el despacho del resto de generadores; algunos operadores del sistema en Alemania permanecen dentro de empresas verticalmente integradas que participan en el conjunto de actividades del sector eléctrico, por lo que la propiedad de activos por una u otra empresa del grupo integrado es irrelevante: no es el caso de Red Eléctrica, ni de la legislación española.

Si observamos los ejemplos que Industria incorporaba en referencia a territorios insulares, el operador italiano es propietario de baterías en Sicilia y Cerdeña, instalaciones de almacenamiento de energía muy diferentes a lo que supone una central de generación hidroeléctrica por bombeo como Chira-Soria; en el caso portugués, el Gobierno luso decidió solicitar para los archipiélagos de Azores y Madeira la excepción que la Directiva europea permite únicamente para sistemas aislados con el objeto de no aplicar en estos territorios la obligación de separación de actividades en el sector eléctrico dado el tamaño de los mismos y la situación empresarial de partida. Es lo que permite que una empresa única realice todas las actividades de generación, transporte y distribución en Azores y Madeira. España no había seguido este camino ese camino dada su estructura de actividades y, por tanto, no es el caso de Canarias, donde la separación de actividades propugnada por las Directivas europeas se aplica plenamente, al menos hasta la llegada del ministro Soria.

Estos esfuerzos comunicativos tampoco son una novedad en el comportamiento de Industria. Lo que ocurre con Chira-Soria sigue un paralelismo a la forma con que la que el Ministerio está tratando de bordear la legislación vigente en momentos pasados para las instalaciones renovables y activos regulados. Utilizando términos como “urgente incorporación”, «garantía del suministro» o “rentabilidad razonable”, el Ministerio amolda los conceptos a sus pretensiones regulatorias. Creando la definición desde el propio Ministerio de Industria de lo que es la “rentabilidad razonable” tratan de aplicar la terminología de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sin que siga un correlato con la práctica económica o regulatoria internacional.

Así, el nuevo modelo retributivo para las actividades reguladas pivota sobre la definición de rentabilidad razonable como una rentabilidad igual a la del bono español a diez años más 300 puntos básicos, una definición elaborada por el equipo del ministro Soria y calificada como “razonable”, frente al WACC comúnmente utilizado en las economías occidentales. En la misma línea, por tanto, se sitúan la elaboración de la regulación aplicada a la central hidráulica de bombeo de Chira-Soria, con su declaración de “urgente incorporación de la que depende la seguridad del suministro”, y sus forzadas comparaciones con la legislación de otros países europeos para así justificar su entrega definitiva a Red Eléctrica.