Hoy pasa por el Congreso de los Diputados la convalidación del Real Decreto Ley de medidas urgentes para el sector eléctrico, que incluía la elevación del techo del déficit tarifario, además de otra serie de medidas: creación de una tasa a las instalaciones de generación por el uso de la red de distribución, ampliación del bono social a cargo de las empresas eléctricas y la modificación de determinados parámetros para las liquidaciones de las instalaciones fotovoltaicas (límite de horas con liquidación de prima y ampliación de los años de vida útil de las instalaciones).

El Partido Popular ha anunciado ya su intención de no apoyar el Real Decreto Ley, aunque no ha desvelado si se pronunciará finalmente por la abstención o por el voto negativo. Por su parte, el PNV parece que apoyará la norma y CiU estaba también valorando su posición a favor de la misma. El hecho es que parece más razonable que finalmente el Partido Popular se incline por la abstención, dado que la cuestión del déficit, si se posterga, tendría que ser abordada con estilete, una vez se produzca la entrada en el Gobierno del actual principal partido de la oposición. Ésa seguramente debe ser su visión de conjunto a la hora de fijar su posición.

Como ya hemos recogido en Energía Diario, se trata de un Real Decreto Ley elaborado en la buena dirección, aunque es insuficiente si no contempla la política tarifaria, y ahí es donde la cuadratura del círculo es un ejercicio imposible: no subida de tarifas, crecimiento de costes regulados y evolución del precio de la energía conforme a la oferta y la demanda. La clave, como siempre, es el futuro, y ahí es donde hay que trabajar en un mix sostenible económica y medioambientalmente, garantizando el funcionamiento del mercado eléctrico y los procesos económicos y de inversión con una visión global de economía española: la visión de conjunto.

Por su parte, y sobre la última cuestión que entra en el debate de hoy, las asociaciones fotovoltaicas han redoblado en los últimos días una campaña en defensa de las rentas de estas explotaciones, en las que se ha producido un notable incremento de la rentabilidad derivado de las repotenciaciones autorizadas en el seno de las Comunidades Autónomas, por un lado, y con la superación de los límites de horas retribuidas con prima contemplados en los estudios iniciales. Se trata de un modelo de capitalismo popular distribuido. Desde la campaña de publicidad contra el Ministro acusándole de esperar un puesto tras su salida del cargo, pasando por el enfrentamiento con las eléctricas clásicas, al engrosamiento de los ‘damnificados’ derivados de la norma o la amenaza de torpedear judicialmente todas las liquidaciones de la Comisión Nacional de Energía, inundando las instancias judiciales de recursos, configuran un modelo virulento de revuelta de rentas y de agitación sin precedentes, salvo los del Forum y Affinsa. El hecho es que dadas las dudas sobre la retroactividad y sus efectos, el proceso judicial contra el Real Decreto Ley (una ley de facto) se torna difícil y de ahí una ofensiva tan desbordada.

Hay que recordar que el concepto de prima es un sinónimo de subvención y en este estado se había convertido en un modelo creciente, una hipoteca dentro de la factura eléctrica. Esta característica se obvía en todos los debates y se yuxtapone a otras cuestiones. De hecho, sólo un dato: si a los ciudadanos, con una subida insuficiente de los precios de la electricidad, se les factura su suministro en el entorno de los 60 euros / MWh, a las instalaciones fotovoltaicas se les retribuye hoy en el entorno de los 270 euros / MWh. ¿Dónde está el principal problema de limitar esta subvención, llevada al límite en los estudios de financiación en las operaciones de venta de las mismas? Una pérdida en un grado maximalista de seguridad jurídica afectaría, fundamentalmente, por el fuerte apalancamiento de las explotaciones fotovoltaicas, la financiación exterior y por la distribución de la ‘plusvalía’ de los proyectos en un modelo que casi ha sido semejante al de la promoción inmobiliaria, incluyendo sus hipotecas, lo que señala en segunda derivada como mayores damnificadas a las entidades financiadoras más que a los titulares de las mismas, que tendrán que contemplar procesos de refinanciación y ajustes en sus balances por las diferencias que se produzcan de esa minoración retributiva derivada del cambio de parámetros en este modelo rentista.

En todo caso, hay un sudoku difícil de resolver y en el que hay implicados muchos intereses y administraciones públicas con sus redes asociadas. Por una parte, aparece la pretensión imposible de mantener rentabilidades garantizadas por el Estado durante 25 años, acrecentadas y fijas, contra viento y marea, en estado de crisis o de auge, con caída de la demanda o con crecimiento de la misma y con oferta de potencia excedentaria o no, en un mercado de generación con precios de la electricidad bajos. Y, todo ello, con una factura eléctrica insuficiente para cubrir los costes de suministro incluyendo estas generosas subvenciones que las administraciones gestionaron con alegría. Por tanto, el problema de fondo en el caso de la energía solar fotovoltaica es el mismo que en todo lo que se convalida hoy: el conjunto. Su inclusión en el sistema eléctrico y en el modelo tarifario, con plena consciencia de los costes ya que por su volumen, no es un apéndice del suministro eléctrico del país, y de sus pagadores, los consumidores.

El problema, por tanto, sigue siendo la visión de conjunto, del mercado, el suministro eléctrico y su factura global. Eso es lo que, sólo en parte, también se convalida hoy.

Probablemente a todo el mundo le ha asaltado la duda de qué tiene que ver el proceso de negociación del Gobierno con los agentes sociales y la reapertura de la decisión del cierre de Garoña. Cándido Méndez, particularmente ocurrente, ha dicho en los medios de comunicación que «el Gobierno ha querido cambiar pensiones por neutrones». El Gobierno, por su parte, ahora niega que alguna vez haya habido esa pretensión de intercambio.

Por otra parte, los medios de comunicación han desvelado que en la propuesta de pacto social del Gobierno enviada a los agentes sociales no figuraba ni la propuesta de ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, ni tampoco el caso concreto de Garoña se había incluido en lo que se llama el negro sobre blanco.

Parece, por un lado, razonable, al menos lógico, que en los documentos iniciales (filtrados ayer por «El País«) una cuestión así no estuviera incluida, como también parece lógico que en la dinámica de este proceso de búsqueda de acuerdo se haya ido ampliando progresivamente el ámbito de los temas que se incluyen en el proceso negociador, sobre todo en la medida que las renuncias de las partes parecen ser de más amplio espectro. Y, sobre todo, porque cada vez más, los pactos en negociación aspiran a una reedición de los Pactos de la Moncloa. El hecho es que nadie ha dicho si, con posterioridad al documento inicial, en las conversaciones del proceso de negociación se ha tratado la cuestión nuclear, aunque no hubiera papeles por medio o por dónde había surgido o filtrado esta información (es decir, si tenía intereses dinamitadores).

También tiene todo el sentido el replanteamiento de la cuestión nuclear desde el punto de vista del mix energético, de la industria y el empleo. Un país como el nuestro, que quiere contar con energía limpia, barata y segura, se tiene que replantear el papel de la energía nuclear con menos prejuicios antinucleares, como también se está replanteando en el resto del mundo. En términos de competitividad, lo que se juega es la deslocalización industrial y en términos de tarifas para los ciudadanos.

De hecho, y ya en el caso del eventual cierre de Garoña (y aquellos lugares que han tenido cierres de centrales nucleares lo saben), el empleo directo finalmente no se recupera y los planes de reindustrialización son retórica para tiempos de control de déficit público. Por tanto es una «boutade». Algo que tampoco es soportable sindicalmente. Los adalides del cierre de Garoña, señalan en sus crónicas la cuestión nuclear como «único aspecto en que no ha habido hasta ahora rectificación en la política del Gobierno hasta la fecha» y se uncen al argumentario utilizado en su momento: se trata de un «pequeño impacto» en el mix energético español. Garoña, una de las centrales de Europa más eficientes, vuelve a pender de un hilo.

No obstante, en toda la ceremonia, el Gobierno se ha comportado colocando una vela a Dios y otra al diablo, como si la coordinación y Rubalcaba no existieran. Ateniéndonos a la cronología de las declaraciones oficiales, por un lado, ha dicho que habría que replantearse el período de vida de las centrales nucleares. Luego, por otro, que eso sí, pero que no estaría incluida la reconsideración de la decisión de cierre de Garoña (tan estrambótica y atrabiliaria en su momento, por cierto) y finalmente, con visibles rictus de nerviosismo, ha efectuado el acto de esconder la mano, de forma que se desdice de la filtración-boomerán y afirma que nunca ha estado presente tal cuestión. En medio de todo esto, entra en el proceso de negociación del pacto social, Jesús Caldera, presidente de la Fundación Ideas, uno de los «think tank» con una postura más notoria en el ámbito de la energía (en el sentido de ser contrarios a la prolongación de la vida de las centrales nucleares). Lo que parece evidente es que toda esa descoordinación y la sucesión de filtraciones han servido para aumentar la caja de resonancia antinuclear nuevamente desatando sus demonios familiares y sus contradicciones.

Consecuentemente, varias cosas han quedado claras: la energía nuclear es necesaria para nuestro país, para garantizar un mix energético diversificado, tener respaldo para las energías renovables y para conseguir un suministro limpio, fiable, económicamente eficiente y seguro. La cuestión sobre el cierre de Garoña se ha reabierto se quiera o no. No es entendible que una central que cumple con todos los requisitos técnicos y garantías de seguridad según todos los informes oficiales se cierre por motivos ideológicos. No nos lo podemos permitir social y económicamente, más que nada por la señal que se envía a la sociedad y los mercados. Y todo ello se debe abordar ya sea en la negociación con los agentes sociales, en un pacto político entre partidos, en la Ley de Economía Sostenible o en su ámbito natural, que es la política energética incorporada en la Planificación.

La fórmula del intercambio tal y como se ha expuesto de forma simplificada ha sido burda, torpe y desafortunada, pero el tema, se quiera o no, se ha reabierto.

Así, el encarecimiento del oro negro se desmarca de la horquilla que la propia organización consideraba hasta hace unos meses como idóneo, tanto para productores como consumidores, entre los 70 y 80 dólares, y pone en peligro la frágil recuperación económica mundial.

Con esta última subida, el crudo de la OPEP superaba, por primera vez, los 90 dólares alcanzados en octubre de 2008.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) pedía esta semana a la OPEP que incremente la producción para frenar el encarecimiento del crudo, en contra de lo decidido en su última conferencia ministerial, celebrada en Quito el 11 de diciembre.

Allí los doce miembros acordaron mantener inalteradas las cuotas nacionales, tras analizar que la demanda mundial de petróleo en 2011 será probablemente inferior a la de 2010.

Adujeron para ello la delicada recuperación económica mundial, el alto nivel de desempleo en el mundo industrializado, posibles conflictos en los tipos de cambio y una nueva crisis bancaria en Europa.

La AIE recordaba en un análisis publicado en el diario «Financial Times» que en el último año los costes derivados de la importación de crudo para los países de la OCDE han pasado de 200.000 millones a 790.000 millones de dólares debido al incremento del precio del crudo.

Este aumento es equivalente a una pérdida de ingresos en torno al 0,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) de la OCDE, según la agencia.

«Los precios del petróleo están entrando en una zona peligrosa para la economía global», manifestó a este diario Fatih Birol, el economista jefe de este organismo internacional.

Por el momento, la OPEP no ha dado muestras de querer cambiar la asignación de cuotas nacionales, cuyo cumplimiento individual ha sido siempre controvertida, ni de querer adelantar la fecha de la próxima conferencia ministerial, fijada para junio.

Es más, el ministro kuwaití de Petróleo consideraba que un precio en una horquilla entre los 80 y 100 dólares por barril es correcto.

La única esperanza para un relajamiento de los precios es un menor consumo en el segundo trimestre del año, tanto por un crecimiento rezagado como por un clima más benigno en el invierno del hemisferio norte, apuntan los expertos.

El precio del Brent, de referencia en Europa, se disparaba también a 95,50 dólares por barril el 5 de enero, el mayor nivel desde el 30 de septiembre de 2008, para cerrar el viernes a 93,3 dólares.

A su vez, el WTI, de referencia en EEUU, se colocaba a solo 3 dólares de la barrera mágina de los 100 dólares, el precio más elevado en 8 meses, y concluyó la semana también más moderado, a 88,03 dólares.

En EEUU, la demanda cayó a los niveles más bajos en tres semanas, ante una creación de empleo menor que la esperada en diciembre, con un índice de paro del 9,4 % en lugar del 9,7 % previsto por los expertos, lo que presionó los precios bursátiles y de materias primas.

Un argumento a favor de la subida de los precios del crudo ha sido que EEUU ha vivido el invierno más frío en 25 años, pero el tope de demanda de fuel de calefacción está a punto de llegar, con lo que ahora se espera que los precios se relajen ligeramente.

La subida del precio de la electricidad fue el argumento recurrente en los medios de comunicación ayer. Evidentemente se apiñaron tres tipos de argumentos: el primero, el que señalaba que se trataba de la mayor subida en 28 años, al que se le podría añadir todos los argumentos del tipo, que la luz habría acumulado subidas de un 44% desde que comenzó la crisis; el segundo, la atribución de la subida al déficit tarifario acumulado (poniendo más énfasis en qué gobierno tiene más responsabilidad dependiendo del partido político emisor, es decir, quién puso más, Aznar o Zapatero, que decía la canción) y, finalmente, en tercer lugar, quienes atribuyen la misma a las primas a las renovables y su peso en el recibo de la luz. Un signo de que el debate es demagógico es que hasta Esperanza Aguirre se apunta a opinar.

Por reacciones, los consumidores están que braman y utilizan adjetivos de trazo grueso respecto a la subida: intolerable y desproporcionada, incitando a una respuesta ciudadana a través de las Asociaciones. Además en sus argumentaciones, utilizan las declaraciones unipersonales del Presidente de la Comisión Nacional de Competencia, Luis Berenguer contra el mercado eléctrico y los lamentables documentos emitidos por la CNE, el Informe de Costes y Precios y derivados, opúsculo de un sector ideológico retroprogresivo de la energía, nostálgico del franquismo y de la intervención paternal de precios, costes y retribuciones, que cuestiona el mecanismo de formación de precios a través del mercado, la liberalización del sector energético y las Directivas Europeas respecto al mercado de la energía, con argumentos teóricos, de presunta ‘justicia redistributiva intertecnológica’ (¿?) y sin información económica, financiera, contable y de los mercados y sus dinámicas.

En todo caso, es bueno recordar que los precios del mercado de generación en España hoy soy de los más bajos de Europa, mientras que las tarifas finales crecen sustancialmente y escalan posiciones en nuestro entorno gracias a los costes regulados (sobre los que estos colectivos, por cierto, no dicen ni pío, seguramente porque les molan más al ser discrecionales). Y, finalmente, para alimentar el mito de que África empieza en los Pirineos, en pocos países occidentales, cuando llegan las facturas pasadas y se ha estado mirando hacia otro sitio, aparecen cuestionamientos al mercado y enmiendas a la totalidad en los mecanismos de formación de precios por parte, primero, de algunos representantes institucionales poco responsables y, después y por extensión, de quien se apoya en sus argumentos.

Además, de forma paradójica, los medios de la derecha sociológica acuden a los criterios intervencionistas antiempresariales y antiliberales, de trazo y números gordos: las eléctricas distribuirán 4.500 millones de euros y siguen alimentado la idea de que el precio de la electricidad debe ser un precio intervenido políticamente como hizo Rodrigo Rato. En todo caso, estas cifras de dividendos se profieren de forma global, sin referencias a su volumen, margen de ingresos, rentabilidad, etc… Oportunamente se efectúa sin comparación. Y, es más, no se profundiza en si los resultados de nuestras compañías, fuertemente internacionalizadas, proceden del mercado español o son consolidados incluyendo sus filiales internacionales (a lo mejor nos podrían pagar el déficit tarifario los consumidores extranjeros). En un país con una concepción empresarial, que oscila entre el mayo del 68 y la guitarra o, en sentido contrario, modelo caciquil y en la capacidad de intervenir en su gestión o en sus nombramientos, todo alimenta a la hora de laminar los argumentos que nos recuerdan que hay que pagar las deudas pasadas y que hay que pagar el suministro energético al precio que cuesta. Por cierto, los accionistas, grandes y pequeños, ¿no son ciudadanos?

Uno a uno, de todos estos argumentos se podría decir lo siguiente:

Se trata de la mayor subida en 28 años: probablemente sea así, ¿y qué ha pasado con todas las decisiones precedentes tomadas en esos años y acumuladas de gobiernos de uno y de otro signo evitando y conteniendo artificialmente la subida para engañar a los españoles? Recordemos que nuestro país, sin tener fuentes de energía propia, se ha endeudado para pagar un suministro para evitar absorber que los consumidores asumieran ese precio. Franco hizo lo mismo, acumuló las subidas de los costes energéticos: el voluntarismo político no puede impedir que los precios al final se tengan que pagar.

El déficit. En segundo lugar, el déficit tarifario español es consecuencia de un conjunto de decisiones iniciadas por el Partido Popular y su política de ajustar los precios de la electricidad a la inflación (¿qué razón existe, si no política, para que el precio de un suministro o un bien o servicio se aleje de comportamientos de oferta y demanda, para seguir la senda administrativa de la decisión política del IPC? ¿Quedan liberales en el Partido Popular? ¿A eso se refiere en su caso Esperanza Aguirre?). Estas decisiones han ido sumándose a la política tarifaria de Zapatero, en sus seis años y medio de mandato y que, en su conjunto, han determinado un problema embalsado que había que afrontar irremediablemente. En todo caso, esta tarifa, con tener una subida considerable (para nuestras tradiciones) sigue siendo insuficiente.

El peso de las renovables en la tarifa: evidentemente nuestro país tiene que cumplir con unos criterios de eficiencia energética y generación limpia en 2020. La inversión en energías renovables y generación limpia es y ha sido necesaria, pero en su desarrollo han influido no sólo criterios económicos y medioambientales, sino intereses asociados a los mismos que han cebado la bomba y han disparado la factura desorbitadamente. Por tanto, lo primero es atajar el origen de los excesos en estas tecnologías garantizando su sostenibilidad económica y medioambiental. Se debe reflexionar sobre el coste y el volumen de determinadas tecnologías con primas muy altas, incorporando la posibilidad de una moratoria y de un frenazo en seco en la autorización de nuevas instalaciones, hasta que la demanda crezca, con sustanciales rebajas en las primas. A ello hay que incrementar los efectos de otra modalidad de subvención, el consumo obligatorio de carbón nacional para la producción de electricidad y el efecto sobre el resto de instalaciones de generación.

En todo caso, hay que volver insistir en por qué hoy que tenemos precios baratos en el mercado de generación (gracias a la abundancia, exceso de capacidad y diversificación tecnológica), siguen creciendo desbocadamente los precios para el consumidor: por la deuda, por la retribución del transporte y por las primas a las renovables. Es decir los costes regulados. Todo eso, se le debe explicar bien a los consumidores para que tengan una idea precisa y no ideológica de la razón de esta subida.

Conclusiones: La subida realizada es importante respecto a nuestra tradición de no hacerlas para no alborotar a los ciudadanos, haciendo un uso político de las mismas (tanto por parte del Partido Popular como del PSOE). La energía o cualquier suministro no sigue en su comportamiento de precios la senda del IPC. El voluntarismo político o la negación de la realidad acaba por aparecer. Los dos partidos son responsables de la situación actual: ninguno de ellos se puede desimplicar o hacer bandera política de la misma. La subida aprobada es insuficiente y seguramente se deberán producir más subidas de esta índole, lo que implica asumir con menos escándalo el problema, intentando objetivizar causas y responsables de las mismas en sus debidas proporciones. Nos hemos endeudado para no pagar la luz en su momento y hoy no caben excusas de mal pagador. El precio de la energía en el mercado mayorista en España es bajo. Los precios y tarifas a los ciudadanos empiezan a ser altos por los costes regulados (deuda, transporte y primas) y hay que ponerlos en observación en lugar de censurar el mercado. Se puede invertir en renovables pero con más ojo, más atención y menos despilfarro pensando en la factura energética global. Se debe pensar el mix energético futuro de forma que sea sostenible económica y medioambientalmente. La subida para los beneficiarios del bono social es neutra y la absorben las empresas. Un calendario creíble de subidas para la adecuación de la deuda tarifaria y el desfase existente no estaría mal. La no subida engaña a los ciudadanos, les hace consumir más y aumenta la deuda y las subidas futuras que tarde o temprano llegarán. La no subida no es una opción ya.

El Gobierno ha aguantado este primer envite y hay que confiar en que aborde el problema con determinación hasta su ajuste completo. Había preparado, en parte, el camino en la opinión pública con el decreto de Navidad contra las empresas eléctricas. Pero necesita una política energética que no tiene y, por su parte, el Partido Popular, además, de hacer bandera política y demagógica del problema, debe garantizar el mercado, la liberalización del sector y presentar sus propuestas para solucionarlo en lugar de inflamar a la opinión pública y ejercer de Don Tancredo. Es un partido de gobierno que debe ser responsable con soluciones y propuestas acordes con su capacidad de ser alternativa de gobierno.

En todo caso, hoy corresponde apoyar al Ejecutivo en una decisión que era irremediable y que, seguramente, es consecuencia de muchos errores políticos previos, inclusive de información, comunicación y concienciación.