El Supremo bloquea cautelarmente las medidas de Obama sobre las centrales eléctricas para reducir sus emisiones de CO2

EFE / Europa Press.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos bloqueó las regulaciones federales implementadas por el presidente Barack Obama para reducir las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas, lo que supone un duro golpe para el mandatario ya que eran una pieza clave de su estrategia para combatir el cambio climático. Con una votación 5 a 4, el tribunal accedió a una solicitud presentada por 27 estados, varias compañías y grupos empresariales para bloquear el Plan De Energía Limpia de la Administración.

La decisión implica que las regulaciones no entrarán en vigor mientras continúe el litigio sobre su legalidad, algo que la Casa Blanca lamentó. «No estamos de acuerdo con la decisión del Supremo de suspender el Plan De Energía Limpia mientras continúa el litigio», dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest. El llamado Plan De Energía Limpia impulsado por Obama pretende que Estados Unidos reduzca para 2030 en un 32% las emisiones de carbono de las centrales termoeléctricas respecto a los niveles de 2005.

Los Estados Unidos están desunidos

Los 27 estados, encabezados por el gran productor de carbón, Virginia Occidental, y el productor de petróleo, Texas, y varios de los principales grupos de empresas del sector lanzaron varias demandas el pasado octubre para detener la iniciativa del presidente. Más de una docena de otros estados y la Liga Nacional de Ciudades, que representa a más de 19.000 ciudades de Estados Unidos, presentaron documentos judiciales que respaldan al Gobierno y a la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA).

No obstante, esta decisión del Supremo no es definitiva sobre la regulación, ya que el caso está pendiente del veredicto de una corte de apelaciones. Aun así, es probable que tras su veredicto el caso se eleve de nuevo al Supremo y esta decisión sea un síntoma del escepticismo de los jueces sobre la regulación. La corte de apelaciones aún debe escuchar los argumentos orales el próximo junio y decidir si las regulaciones son lícitas.

La Casa Blanca defendió que el plan de Obama se apoya «en una base legal y técnica muy sólida» y que concede a los estados «el tiempo y flexibilidad que necesitan para desarrollar planes a medida y lo menos costosos posibles para reducir sus emisiones«. «Estamos seguros de que prevaleceremos en cuanto a los méritos» del plan, aseguró Earnest. Mientras avanza el litigio, la EPA «trabajará con los estados que elijan seguir adelante con el desarrollo de sus planes y preparará las herramientas que necesiten». «Al mismo tiempo, esta Administración seguirá dando pasos agresivos para hacer avances en la reducción de emisiones de carbono», subrayó.

Acuerdo internacional para reducir las emisiones de CO2 de los aviones

Europa Press / EFE.- Los principales países del mundo han llegado acuerdo para, por primera vez en la historia, establecer un estándar de reducciones de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para la aviación comercial, informaron los participantes. El acuerdo, alcanzado en Montreal (Canadá) por 23 países en el seno de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), tiene que aprobarse por el consejo de gobierno de este organismo de la ONU, pero se espera que entre en vigor en el 2017.

Este estándar para las emisiones de CO2 guiará la certificación de aviones hacía una mayor eficiencia en el uso del combustible. La severidad y las fechas de aplicación que impone el estándar dependerán del peso del avión y de si concierne a un «nuevo tipo» de aparato o a un avión «en producción». Para aviones nuevos grandes, se fijó un estándar ambicioso para incentivar un rendimiento más eficiente del combustible en futuras flotas de aviones. Para este tipo de aviones, el estándar se aplicará a partir de 2020, mientras que desde 2028 aparatos ya existentes también lo tendrán que implementar.

La OACI dijo que las normas tendrán especial impacto en los aviones de mayor tamaño dado que los aparatos que pesan más de 60 toneladas son responsables por el 90% de las emisiones de la aviación. Según Estados Unidos, «cuando estén totalmente implementados, se espera que los estándares reduzcan las emisiones de carbono en más de 650 millones de toneladas entre 2020 y 2040». Esta cifra equivale a retirar más de 140 millones de vehículos de la carretera durante un año. El acuerdo llega tras 6 años de negociaciones internacionales.

La Comisión Europea ha dado la bienvenida al acuerdo y destacó que se trata de un «paso importante para frenar las emisiones de la aviación», tal y como subrayó la comisaria de Transporte, Violeta Bulc, que señaló que una política climática «ambiciosa» es «una parte integral» del plan del Ejecutivo comunitario para crear una Unión Energética, así como una «prioridad de la nueva estrategia de aviación». En el mismo sentido, añadió que la Unión Europea «jugó un papel central» para alcanzar este acuerdo. «Espero que suponga un impulso para la creación de un mecanismo global de mercado para reducir las emisiones de CO2 de la aviación internacional, que queremos alcanzar este otoño en la Asamblea General de la OACI», concluyó.

Bruselas asegura que las emisiones del sector aéreo crecerán un 45% hasta 2035 ante el «lento» avance de los biocarburantes

Europa Press.- La Comisión Europea publicó su primer informe medioambiental sobre transporte aéreo en la Unión Europea, en el que destaca que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se incrementaron un 80% entre 1990 y 2014 y que crecerán un 45% hasta 2035. En este sentido, el informe también subraya que las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) se doblaron, mientras prevé un crecimiento de las mismas del 43% hasta 2035.

Asimismo, el estudio también apunta que las emisiones y la exposición al ruido de 2014 se mantenían en niveles de 2005, debido a factores como las mejoras tecnológicas, la renovación de la flota, una mayor eficiencia de la gestión del tráfico y la crisis financiera. Por otro lado, un total de 2,5 millones de personas estaban expuestas en 2014 a contaminación acústica provocada por los 45 aeropuertos europeos más grandes, y la previsión es que esta cifra aumente un 15% en los próximos veinte años.

La Comisión Europea reconoce que la asimilación de combustibles sostenibles en la aviación es «muy lenta», aunque asume que jugarán un papel importante en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el futuro. Finalmente, aunque los vuelos europeos comerciales ya han probado el uso de combustibles alternativos, desde Bruselas esperan que la producción regular de los mismos sea «muy limitada», por lo que es «improbable» cumplir el objetivo marcado para 2020.

Los retos del sector energético hasta 2030 centran el simposio anual de Funseam

La Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam), en cuyo patronato están presentes las principales empresas energéticas como ACS, Cepsa, CLH, EDP Renovables, Enagás, Endesa, la Fundación Repsol y Gas Natural Fenosa , centrará la cuarta edición de su simposio internacional en El sector energético frente a los retos del 2030, para lo cual reunirá a numerosos expertos del ámbito empresarial y académico en el Auditori Antonio Caparrós del Parc Cientific de Barcelona los próximos días 1 y 2 de febrero.

En su primera jornada tendrá lugar el simposio empresarial, estructurado a partir de una sesión inaugural y diferentes mesas temáticas, donde se analizarán las formas de abordar los objetivos fijados por la Comisión Europea en el horizonte del 2030. Entre estos objetivos, destacan la reducción en un 40% de las emisiones de gases efecto invernadero con respecto a los existentes en 1990, el aumento hasta el 27% del peso de la energía generada a partir de fuentes renovables en el consumo de energía primaria así como un 27% no vinculante de mejora en eficiencia energética.

El simposio empresarial será inaugurado por Dominique Ristori, director general de Energía de la Comisión Europea, y por Antonio Llardén, presidente de Enagás y de Funseam. Posteriormente, la primera conferencia será de Pedro Miró, presidente del Club Español de la Energía (Enerclub) y consejero delegado de Cepsa. Posteriormente será el turno de Teresa Ribera, directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales (IDDRI) y exsecretaria de Estado de Cambio Climático en la primera legislatura de Zapatero. Posteriormente habrá 4 mesas de debate en las que participarán representantes de las principales empresas del sector energético, entre otras, como Acciona, Cepsa, CLH, EDP Renovables, Endesa, Gas Natural Fenosa, Repsol, cuyo presidente, Antonio Brufau, presidirá la clausura de esta jornada.

En el segundo día, la jornada académica versará sobre la relación existente entre la energía y la política energética y climática, prestando atención a los temas regulatorios y al efecto de la sostenibilidad sobre los mercados energéticos. Entre estos académicos destaca la presencia de Andreas Löschel, de la Universidad de Münster, Mike Waterson, de la Universidad de Warwick, y Cristoph Böhringer, de la Universidad de Oldenborg, que analizarán diversas cuestiones relacionadas con los mercados, las redes de distribución de la energía, la inversión en I+D y las alternativas al carbón.

La plataforma Empresas por la eficiencia energética ahorra más de 3 millones de toneladas de CO2 en 4 años

Europa Press.- La Plataforma Empresas por la eficiencia energética, promovida por Endesa en 2011 e integrada por 10 grandes compañías, ha reducido las emisiones de CO2 en más de 3 millones de toneladas en 4 años, lo que supone mejorar en un 20% el compromiso adquirido por la plataforma para 2015, según Endesa.

Las 10 compañías que integran la plataforma son Endesa, Cepsa, Philips Ibérica, Renfe, Meliá, Telefónica, Toyota España y Unibail Rodamco España, que fundaron la plataforma, junto con Cemex y Mango, que se unieron posteriormente, con el objetivo de aunar esfuerzos para conseguir una mayor eficiencia energética. También se impulsan acuerdos de colaboración. En este sentido, la Fundación Juan XXIII ha logrado ahorrar, gracias al apoyo de la plataforma, hasta un 40% en su consumo gracias a una iluminación más eficiente.

Los países de la Unión Europea en bloque serán los primeros en ratificar el acuerdo sobre el clima de París

Europa Press.- Los países de la Unión Europea en bloque serán los primeros del mundo en ratificar el Acuerdo sobre el Clima adoptado en la Cumbre Mundial en París el pasado 12 de diciembre, después de que se firme en la sede de la ONU en Nueva York el 22 de abril de 2016, según la directora general de la Oficina de Cambio Climático española, Valvanera Ulargui.

«En la Unión Europea vamos a ser los primeros en ratificarlo, que no quepa la menor duda. Vamos a ir todos los países en bloque. El compromiso que hemos realizado en París es el de reducir las emisiones en 2030 a un 40% respecto a 1990», explicó. El acuerdo internacional, jurídicamente vinculante, adoptado por 196 países para luchar contra el cambio climático en París, requiere de 55 países que supongan al menos el 55% de las emisiones mundiales de CO2 para entrar en vigor. Los países deberán ratificar el texto en el plazo máximo de un año a partir del 22 de abril de 2016.

El documento cubre las principales áreas identificadas como esenciales para alcanzar conclusiones relevantes. Según informa la Convención, en materia de mitigación requiere de una reducción de emisiones «lo suficientemente rápida» para lograr el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a 2 grados centígrados. Con respecto a esto, Ulargui recordó que la Unión Europea está ahora mismo en un 23% frente al 40% que pretende alcanzar en 15 años, en relación a los niveles de emisiones de 1990. «Ahora estamos en un 23%, con lo cual el salto es enorme. hay que poner todas las maquinarias en marcha para reducir las emisiones en todos los sectores, no solo los sectores típicos», ha subrayado Ulargui.

Energía, eficiencia energética y transporte

Por ello, ha explicado que a mediados del próximo año los países europeos comenzarán a negociar un paquete de reformas en los ámbitos de la energía, la eficiencia energética y el transporte y ha recordado que ya existe una propuesta de la Comisión Europea para regular el comercio de emisiones, en la que figura la mayor parte de la industria. «Ahora lo que hay que dividir es la parte de sectores difusos. Ahí es donde el reparto todavía no se ha hecho entre Estados miembros y esa parte es un 30% de las emisiones que tenemos que empezar a repartir entre los Estados miembros», señaló.

La directora de la Oficina de Cambio Climático indicó que ya se sabe que el reparto se llevará a cabo conforme a un criterio de reparto per cápita, por lo que ha indicado que las estimaciones de reducción de emisiones en este sector que baraja el Gobierno de España es de entre un 28% y un 30%. «Tenemos ya una hoja de ruta 2020 y esa ruta la estamos revisando con vistas a que en 2030 tenemos que reducir un 30% más. Estamos trabajando ya dentro del Gobierno para identificar nuevas políticas y alcanzar ese objetivo independientemente de cómo vaya la negociación en Europa», aseguró.

Renovables no tienen marcha atrás

Al ser preguntada por un incremento de los incentivos a las renovables, Ulargui señaló que, a su juicio, lo que se ha hecho durante los últimos cuatro años ha sido «poner orden en el mercado, que estaba un poco desordenado en términos económicos«. De hecho, incidió en que las renovables han mantenido un 7% de rentabilidad y que el país «no ha dejado de cumplir objetivos» en cuanto a sus compromisos en la materia. Por otra parte, indicó que durante las próximas semanas sacará a subasta la instalación de 700 megavatios de energías renovables. «Estamos en la senda para cumplir con los objetivos», ha asegurado.

Por otra parte, en cuanto al Ejecutivo que se pueda formar tras las elecciones generales, la directora de Cambio Climático se mostró convencida de que la apuesta por las renovables es «un camino que no tiene marcha atrás». «Tendremos que ver cómo se plantea. Las renovables tienen que ser parte de la política de descarbonización de la Unión Europea y también de la política de descarbonización de España», concluyó Ulargui.

El acuerdo de París contra el cambio climático, en 10 puntos

EFE.- La cumbre del clima (COP21) de París adoptó el primer acuerdo universal de lucha contra el cambio climático; repasamos los 10 puntos más destacados:

1. Objetivo: Mantener la temperatura media mundial «muy por debajo» de dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, aunque los países comprometen realizar «todos los esfuerzos necesarios» para que no rebase los 1,5 grados y evitar así «los impactos más catastróficos del cambio climático».

2. Forma legal: El acuerdo adoptado es legalmente vinculante pero no la decisión que lo acompaña ni los objetivos nacionales de reducción de emisiones. No obstante, el mecanismo de revisión de los compromisos de cada país sí es jurídicamente vinculante para así garantizar el cumplimiento.

3. Reducción de emisiones: 187 países de los 195 que forman parte de la Convención de cambio climático de la ONU han entregado compromisos nacionales de lucha contra el cambio climático que entrarán en vigor en 2020 y se revisarán al alza cada cinco años. Los países que no lo han hecho deberán presentarlos para poder formar parte del acuerdo. Cada Estado se compromete a tomar las medidas necesarias para cumplir con su contribución, y los que quieran podrán usar mecanismos de mercado (compraventa de emisiones) para cumplir sus objetivos.

4. Revisión: Los países revisarán sus compromisos al alza cada cinco años, con la idea de ir aumentando la ambición con el tiempo para asegurar que se alcanza el objetivo de mantener la temperatura «muy por debajo» de dos grados.

5. Cumplimiento: No habrá sanciones, pero habrá un mecanismo transparente de seguimiento del cumplimiento para tratar de garantizar que todo el mundo hace lo prometido, y que advierta antes de que expiren los plazos si los países van o no por la senda del cumplimiento.

6. Meta a largo plazo: Las naciones se proponen que las emisiones toquen techo «tan pronto como sea posible», reconociendo que esta tarea llevará más tiempo para los países en desarrollo, y que se efectúen reducciones rápidas a partir de ese momento. Además, los países se comprometen a lograr «un equilibrio entre los gases emitidos y los que pueden ser absorbidos» en la segunda mitad de siglo, lo que viene a suponer cero emisiones netas, o dicho de otro modo: no se pueden lanzar más gases que los que el planeta pueda absorber por sus mecanismos naturales o por técnicas de captura y almacenamiento geológico.

7. Financiación: El acuerdo dice que los países desarrollados «deben» contribuir a financiar la mitigación y la adaptación en los Estados en desarrollo, y anima a otros países que estén en condiciones económicas de hacerlo a que también aporten voluntariamente. La intención de financiar debe ser comunicada dos años antes de transferir los fondos, de manera que los países en desarrollo puedan planificar con qué cantidades podrán contar. Las naciones ricas deberán movilizar un mínimo de 100.000 millones anualmente desde 2020 para apoyar la mitigación y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo, así como revisar al alza esa cantidad antes de 2025.

8. Pérdidas y daños: Se reconoce la necesidad de poner en marcha el «Mecanismo de Pérdidas y Daños» asociados a los efectos más adversos del cambio climático, pero no detalla ninguna herramienta financiera para abordarlo.

9. Adopción: Tendrá lugar en una ceremonia de alto nivel en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, el 22 de abril de 2016.

10. Entrada en vigor: El nuevo acuerdo de París entrará en vigor cuando al menos 55 partes, que sumen en total el 55% de las emisiones globales lo hayan ratificado.

Satisfacción y prudencia ante el acuerdo de París que marca un camino aún por andar

EFE.- Tras la firma del primer acuerdo global contra el cambio climático, políticos, científicos, ONG y asociaciones del mundo analizan, entre la satisfacción y la prudencia, las consecuencias de un consenso que abre un camino hacia economías libres de emisiones aún por recorrer. «El acuerdo de París es un hito. Ahora el destino de la Tierra depende de cómo de rápido y con qué solidez lo apliquemos», afirma el profesor Ottmar Edenhofer, del instituto Potsdam de Investigación sobre el Cambio Climático.

Más cauto se muestra el portavoz de Equo en el Parlamento Europeo, Florent Marcellesi, quien asegura que el éxito de un pacto que considera «insuficiente» dependerá ahora de «cómo se interprete y se ponga en práctica en cada país y de la movilización social y política para exigir que se cumpla correctamente». El acuerdo está revestido de un complejo envoltorio legal que hace que sea legalmente vinculante en su conjunto, pero no en buena parte de su desarrollo (las llamadas decisiones), ni en los objetivos nacionales de reducción de emisiones.

Su fuerza reside en el mecanismo con el que periódicamente se revisarán los compromisos de cada país, que sí es jurídicamente vinculante, y coloca una alta presión internacional sobre los países para que hagan los esfuerzos necesarios. Aunque su efectividad está aún por ser demostrada. Las revisiones serán claves porque los objetivos puestos sobre la mesa no garantizan que el calentamiento global se quede «muy por debajo» del objetivo de los 2 grados Celsius ni del deseable de 1,5 grados, sino que llevarán a que a finales de siglo la temperatura se haya elevado en 2,7 o incluso 3 grados.

El acuerdo de París es un «punto de inflexión histórico» que por primera vez ha puesto de acuerdo tanto a los mayores países emisores como a los más vulnerables, a los más ambiciosos y los más escépticos, a los ricos y los pobres, contra el cambio climático. Pero una vez disipada la emoción que ha provocado esta victoria del multilateralismo en una época en la que la cooperación internacional está de capa caída, el experto de Carnegie Institution, Chris Field, avisa de que «no es el momento de la autocomplacencia», sino de actuar en innovación, energías limpias y desarrollo sostenible.

En este sentido, se antoja fundamental movilizar sumas que alcancen los «trillones», en palabras de Nigel Topping, director ejecutivo de We Mean Business, una coalición de empresas y organizaciones que ya trabajan en la acción climática. Por su parte, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, dice que el acuerdo «manda una muy necesitada señal para disparar las inversiones públicas y privadas necesarias para llevar las economías hacia un mundo neutro en carbono» y reconoce que ejecutar el trabajo es ahora «una responsabilidad común».

El director ejecutivo de Greenpeace, Kumi Naidoo, va un paso más allá al proclamar el «fin de la era de las energías fósiles» tras la cumbre del clima de París (COP21). «Los inversores tienen que empezar a sacar el dinero del carbón, el petróleo y el gas. Y la gente que esté pensando en invertir tiene que hacerlo en renovables», señala Naidoo, quien agrega que «en los palacios de los países petroleros va a cundir el pánico, como debe ser».

El sector privado también ha participado de la COP21 y ha buscado mostrarse favorable al clima, como con el anuncio hecho por diez multinacionales, incluidas Dell, Kellogg, Sony, Thalys y Coca Cola, que durante la cumbre se comprometieron a fijarse objetivos de reducción de dióxido de carbono. O el paso dado por Google, que desveló durante la cita de París la compra de 842 megavatios de energías limpias para sus centros de datos, con el objetivo final de triplicar sus renovables de aquí a 2025.

Como nota negativa, dos de los sectores que más emisiones generan, la aviación y el transporte marítimo, se han quedado finalmente fuera del acuerdo, pese a que la Unión Europea defendió introducir una mención en el texto que sirviera como trampolín para impulsar las negociaciones internacionales en torno a esos dos ámbitos. «Que no se mencione la aviación y el transporte marítimo es una debilidad clave del acuerdo: sin acción en estos sectores, limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados es imposible», afirma Andrew Murphy, de Transport & Environment. Murphy recalca que ahora ambos sectores tendrán que hacer de algún modo «una contribución justa» a los objetivos del acuerdo.

El nuevo borrador de París abre la reducción de emisiones a entre un 40-95% en 2050 respecto a 2010

Redacción / Agencias.- El nuevo borrador del acuerdo que estos días se está negociando en la Cumbre del Clima de París (conocida como COP21) adelgaza el texto de 48 páginas en inglés a 29 y abre la puerta a una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de entre un 40 y un 95% para 2050 con respecto a los niveles de 1990. El acuerdo parece más cercano, eso sí, aún mantiene escollos como la financiación de la lucha contra el calentamiento global.

El último borrador se presentó en la reunión del Comité de París, el segmento ministerial de alto nivel encargado de cerrar el acuerdo el próximo viernes. El texto cuenta ahora con 29 páginas (por las anteriores 48) y 47 opciones recogidas entre 366 corchetes (antes eran 228 entre 1.609). El borrador sigue dejando abierto si los países se marcan como objetivo que la temperatura no suba más de 2 grados o más de 1,5 grados, o una fórmula mixta que suscriben ya 120 países: que no suba más de 2 pero reconociendo que lo ideal sería que no aumentara más de 1,5. A las dos últimas opciones se oponen rotundamente los países productores de petróleo.

En cuanto a la mitigación, el documento indica que las emisiones globales de efecto invernadero deben rebajarse “a la mayor brevedad posible”, y apuntó que esas reducciones deben estar entre un 40-70% o entre un 70-95% en 2050 respecto a 2010, además mencionar por primera vez el término “descarbonización”, es decir, no usar combustibles fósiles, lo que deja para “el transcurso de este siglo”, con lo que desaparece la mención del anterior borrador de que las emisiones globales deberían ser “igual a cero en el periodo 2060-2080″. También se descarta regular las emisiones de la aviación y el transporte marítimo.

En este texto, el futuro acuerdo climático adopta ya la forma legal perseguida por potencias como Estados Unidos, India o China, que han logrado eliminar un artículo, el 17, que hacía referencia a que los compromisos de reducción de emisiones presentados por los países fueran legalmente vinculantes. Para conseguir que las 186 contribuciones nacionales de lucha contra el calentamiento se cumplan sin que sean legalmente vinculantes, el texto prevé la fórmula planteada por Estados Unidos: un mecanismo de revisión de los compromisos al detalle y transparente, que sí sería jurídicamente vinculante.  Además, los países expresan también su voluntad de revisar esas contribuciones nacionales «al alza», y se emplazan a celebrar una nueva conferencia en 2018 o 2019 a tal efecto.

Pugna entre ricos y pobres

El presidente de la COP21, Laurent Fabius, señaló en el Comité de París que el texto tiene ahora tres cuartas partes menos de opciones recogidas entre corchetes y destacó que, “por supuesto, no es la versión final del acuerdo” ya que aún no han salvado algunos desacuerdos. Los tres principales puntos conflictivos son la diferenciación a la hora de asumir responsabilidades entre países ricos y pobres, la ambición del futuro acuerdo y la transferencia financiera para la mitigación y adaptación al calentamiento en los países en desarrollo. “Nada está aprobado. Hemos hecho progresos, pero queda aún mucho trabajo”, añadió, convencido de que las delegaciones terminarán la tarea encomendada de cerrar el documento para este viernes.

Entre los escollos, Fabius indicó que la mayor controversia viene de determinar quien debe asumir buena parte del coste de dirigir la economía mundial a un sistema de bajo consumo de carbono y cada cuánto se debe urgir a los países a acelerar e incrementar sus esfuerzos. Las naciones siguen divididas respecto al texto después de 11 días de negociaciones. Por ello, Fabius pidió a los negociadores que encuentren soluciones lo más rápidamente posible”. Por último, la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, destacó que “el texto no está cerrado” y que “hay cuestiones que desaparecen y luego vuelven a aparecer”, por lo que evitó profundizar en el borrador.

«Nuestro mensaje sobre el texto es claro: no es lo suficientemente contundente y necesitamos presionar a favor de la ambición», afirmó el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. «Hay muchas cosas abiertas importantes encima de la mesa, pero creo que lo importante es que al final logremos ese consenso y este significa, ni más ni menos, que unanimidad, que nadie se oponga al texto», dijo la ministra García Tejerina.

La ex secretaria de Estado de Cambio Climático española, y miembro de la delegación francesa, Teresa Ribera, opinó que «el nuevo documento es un termómetro para saber cuáles son los puntos de desencuentro más duros, pero sin duda es un texto más simplificado que nos sitúa en el camino del acuerdo». Estados Unidos, la Unión Europea, México, Colombia y varias decenas de países de una «alianza» a favor de sellar un pacto «ambicioso» el viernes.

Por su parte, las organizaciones ecologistas creen que en el acuerdo está todavía «lo bueno, lo malo y lo peor» y que habrá que trabajar duro en las próximas horas para que los países petroleros «no tiren hacia lo peor», apuntó Kaisa Kosonen, portavoz de Greenpeace. En la misma línea, el representante de Equo en la Eurocámara, Florent Marcellesi, consideró que «los cambios no van por buen camino; es peligroso que estén desapareciendo los artículos que hacía referencia a la defensa de los derechos humanos».

La OCDE pide elevar el precio del carbono y los impuestos de las energías contaminantes

Redacción / Agencias.- El 90% de las emisiones contaminantes por el uso de la energía en los países ricos y las economías emergentes tienen un precio inferior al daño que causan al clima, según un estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), coincidiendo con la segunda y definitiva semana de la Cumbre del Clima de París (COP21).

Esta organización analiza las tasas de carbono efectivas (la suma de impuestos al carbono, impuestos específicos sobre el consumo de energía y sistemas del comercio de emisiones) de sus 34 países miembro (que son los países desarrollados) y 7 economías asociadas del G-20 (Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, Rusia y Sudáfrica). Por tanto, evalúa cuánto pagan los usuarios por las emisiones contaminantes procedentes de la energía. El estudio concluye que el 90% de las emisiones en estos 41 países, que representan el 80% del consumo energético mundial, están tasadas en menos de 30 euros por tonelada equivalente de CO2, que la OCDE cifra como coste mínimo por sus repercusiones climáticas, y el 70% cuestan menos de 5 euros por tonelada.

Impuestos o comercio de emisiones

A juicio de la organización, estos datos muestran la necesidad que existe de poner precio al carbono, a través de impuestos o a través de los sistemas de comercio de emisiones, «como una de las herramientas más eficaces para reducir las emisiones de CO2 por el uso de la energía». «Los precios pueden reducir el consumo de energía, mejorar la eficiencia energética, e impulsar un cambio hacia formas menos dañinas de energía», apunta la OCDE.

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, indica en el estudio presentado que es necesario «un precio efectivo de las emisiones de carbono si queremos hacer frente al cambio climático». «La aplicación del principio de que quien contamina paga es insuficiente lamentablemente«, señala, antes de añadir: «No podemos seguir así si la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de manera efectiva es un verdadero objetivo político».

Sólo un 10% funciona correctamente

El informe indica que, en los 41 países analizados, el 60% de las emisiones de CO2 equivalente por el uso de la energía no están sujetas a ningún precio, un 30% cuestan hasta 30 euros por tonelada y sólo un 10% supera los 30 euros fijados como coste mínimo por sus daños al clima. Excluyendo el transporte por carretera, la tasa es cero para el 70% de las emisiones contaminantes y el 96% valen menos de 30 euros por tonelada equivalente de CO2. Un 46% de las emisiones del transporte por carretera tienen un precio superior a 30 euros, por lo que es el sector con los precios más altos.

La OCDE constata, además, que en casi todos los países se tasan las emisiones con impuestos relacionados con el sector energético, no con una tasa al carbono en sí. «Ese informe evidencia que las políticas de precios de carbono no están utilizando todo su potencial», indica el documento, que subraya que hace falta «un precio del carbono más elevado y de cumplimiento más estricto para conseguir los objetivos climáticos». Ese precio traería beneficios colaterales como «la reducción de la contaminación del aire o la elevación de los ingresos públicos», subrayaron.