«En un mundo globalizado necesitamos ser más grandes para ser competitivos», dijo Barroso en la inauguración de una conferencia organizada por la Comisión Europea en Bruselas sobre el Fondo para conectar a Europa (CEF), en la que añadió que la inversión en estas redes puede contribuir al «crecimiento sostenible a largo plazo que la Unión Europea necesita».

La Comisión Europea propuso el año pasado la creación de este fondo en el marco del próximo presupuestario plurianual de la Unión Europea (2014-2020), con vistas a estimular la inversión en redes transeuropeas de conexión esenciales.

Así, Bruselas propuso dedicar 50.000 millones de euros del presupuesto comunitario a lo largo de esos siete años para desarrollar nuevas infraestructuras o mejorar las existentes, de forma que esos fondos públicos sirvan también para movilizar la inversión privada.

De ese montante, 31.600 millones de euros irían dirigidos a las redes de transporte (incluyendo 10.000 millones procedentes de los fondos de cohesión); 9.100 millones, a las de energía, y 9.200 millones, a las de telecomunicaciones.

Barroso recordó que hace un año, cuando la Comisión Europea presentó esta propuesta, «el crecimiento ya estaba formalmente en la agenda de la Comisión», aunque esa meta «no recibía en todas partes la misma atención».

En cambio, aseguró que, desde el Consejo Europeo del pasado junio, en el que los líderes de la Unión Europea sacaron adelante un «pacto por el crecimiento y el empleo», se ha asentado un «consenso general» para combinar consolidación y reformas con políticas que fomenten el crecimiento y la creación de empleo.

En ese contexto, aseguró que el Fondo para conectar a Europa puede tener un papel esencial para hacer frente a los desafíos de la Unión Europea.

«Somos el mayor mercado único del mundo en términos de valor, pero en la última década hemos perdido competitividad. En muchas áreas el mercado único sigue fragmentado», alertó Barroso.

Recordó que las redes de energía, transporte y digitales en la Unión Europea suelen ser nacionales en lugar de paneuropeas, y advirtió de que «necesitamos nuevas redes de distribución», ya que muchas son «redes incompletas, insuficientes o simplemente inexistentes».

Barroso aludió a los graves cortes de gas o petróleo que afectaron a numerosos países europeos en enero de 2009 por las diferencias entre Rusia y Ucrania, y afirmó que son necesarias fuertes interconexiones paneuropeas para evitar esos problemas.

«No es por ideología, por que sea bonito, sino que tiene sentido también desde una perspectiva de mercado», apuntó.

Así culmina el proceso de gestación de la directiva sobre eficiencia energética, que mantuvo enfrentados a la Comisión Europea, los Estados miembros y a la Eurocámara, y que terminó por ser aprobada en una versión menos ambiciosa de lo inicialmente previsto, debido a la oposición de los Veintisiete a asumir más compromisos medioambientales.

Los eurodiputados, reunidos en la sesión plenaria que se celebra esta semana en Estrasburgo (Francia), mostraron su respaldo a este texto con 632 votos a favor, 25 en contra y 19 abstenciones.

Las nuevas normas obligan a la administración central de cada país a renovar un 3% de sus edificios con una superficie útil de más de 500 metros cuadrados (250 a partir de julio de 2015) cada año para hacerlos más eficientes, lo que descarta a las instalaciones de administraciones regionales y locales.

Los Estados miembros también lograron imponer una importante flexibilidad a la norma, ya que les permite adoptar medidas alternativas para lograr un ahorro energético equivalente, en lugar de ceñirse a las descritas en la directiva.

La norma exige además que las compañías de gas y electricidad ahorren al año el 1,5% de sus ventas de energía en volumen a clientes finales entre 2014 y 2020. Para ello, deberán financiar a los consumidores medidas de eficiencia energética como la instalación de ventanas con doble acristalamiento o de tejados aislantes.

Además, las grandes empresas tendrán que someterse cada cuatro años a una auditoría energética, que se iniciará tres años después de la entrada en vigor de la directiva y correrá a cargo de expertos acreditados en el ámbito de la energía.

No obstante, la directiva deja libertad a los Estados miembros para proponer mecanismos de ahorro alternativos.

Además, los Gobiernos deberán fijarse un objetivo de eficiencia energética y presentar un plan de acción cada tres años, en 2014, 2017 y 2020. Bruselas evaluará en junio de 2014 los progresos alcanzados.

La normativa apuesta por el uso de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión para incentivar la inversión en medidas de eficiencia energética, al igual que el Fondo Europeo Agrícola y el Fondo Europeo de Eficiencia Energética.

Los Veintisiete tienen un año y medio de plazo para trasponer esta normativa a sus legislaciones nacionales.

El ponente del texto, el eurodiputado luxemburgués de los Verdes, Claude Turmes, recalcó la importancia de esta normativa, que establece los primeros objetivos de ahorro energético en la Unión Europea y destacó la gran dependencia energética de los Veintisiete, que gastan 480.000 millones de euros en 2011 en importaciones de gas, petróleo y carbón, el 4% de su PIB.

Por su parte, la negociadora de los Socialistas y Demócratas, la danesa Britta Thomsen, lamentó que se haya descafeinado el texto y afirmó que su grupo seguirá trabajando para establecer medidas a favor de la economía verde, de unos precios de la energía mejores para los ciudadanos y para reducir las importaciones de gas y petróleo.

La eurodiputada de los Liberales y Demócratas, la británica Fiona Hall, pidió al comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, que proponga más medidas en otoño para avanzar hacia el objetivo europeo de ahorrar un 20% de energía para 2020.

De parte del Partido Popular Europeo (PPE), Markus Pieper, señaló que los nuevos estándares de eficiencia energética «traerán menos trámites burocrático y más flexibilidad» a los Veintisiete.

El objetivo de esta norma es garantizar que la Unión Euroepa logre el objetivo que se marcó de aumentar la eficiencia energética un 20% de aquí a 2020. No obstante, la propia Comisión reconoció que si sólo se aplican los requisitos mínimos previstos en la directiva, el ahorro será únicamente del 17%.

El Ejecutivo comunitario lanzó una investigación formal para confirmar que las importaciones de los paneles solares y los componentes aparejados (células o módulos solares) originarios del país asiático están accediendo a la Unión Europea a precios inferiores al valor de mercado, primer paso para imponer sanciones.

La iniciativa responde a una denuncia presentada el pasado 25 de julio por la patronal europea del sector, EU ProSun, que representa a empresas españolas, alemanas o italianas.

Milan Nitzschke, presidente de EuProsun, dijo que confía en que Bruselas actúe «inmediatamente» para restablecer unas «reglas de juego uniformes» entre los productores de la Unión Europea y China.

Nitzschke aseguró que los precios de los paneles y módulos solares chinos, inferiores al valor de mercado, son el resultado de una política de subsidios impulsada por China para que sus fabricantes inunden con sus productos el mercado mundial.

Hasta la fecha, se trata de la investigación antidumping «más importante» que ha iniciado la Comisión Europea, y es que el año pasado, el 60% de la producción de las fábricas de paneles solares en China tuvo Europa como destino, al exportar paneles solares y sus componentes claves por valor de alrededor de 21.000 millones de euros.

Según informó la Comisión Europea, la investigación se prolongará durante 15 meses, aunque la Comisión recordó que las normas de defensa comercial permiten imponer obligaciones «antidumping» en un periodo de 9 meses, siempre que existan suficientes pruebas de que se ha producido una competencia desleal.

Hace unos días la ministra francesa de Comercio Exterior, Nicole Bricq, dijo en Bruselas que su país respalda que la Comisión Europea abra una investigación a China por los paneles solares.

Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, instó recientemente en su visita a China a actuar contra la política de precios artificialmente bajos que, según Europa, practican las manufactureras chinas.

La principal fabricante de paneles solares en Alemania, Solarworld, lidera un grupo de una veintena de productores europeos que presiona para que la Comisión abriese una investigación.

Pekín «lamenta profundamente» investigación de la Comisión Europea

Por su parte, el Gobierno chino expresó su «profundo pesar» por la decisión de la Comisión Europea de abrir una investigación «antidumping» sobre las importaciones de paneles solares de China para determinar si viola las normas europeas.

Según indicó el portavoz del Ministerio de Comercio chino, Shen Danyang, citado por la agencia Xinhua, dijo que «restringir los productos de paneles solares chinos no sólo perjudicará los intereses tanto de las industrias chinas y europeas, sino que también dañará el desarrollo saludable del sector de las energías limpias y solares globales».

Pekín pidió a la Unión Europea que «se plantee seriamente la posición y las propuestas de China y que resuelva las fricciones en torno al comercio de los paneles solares mediante las consultas y la cooperación».

El portavoz comunitario de Comercio, John Clancy, recalcó que esta decisión forma parte de una relación comercial «madura» con un socio «clave» de la Unión Europea y que la defensa en materia de comercio forma parte de la misma. «No lo hacemos en base a motivos políticos, sino en base a fundamentos legales y jurídicos», explicó.

Recordó que tras una denuncia, la Comisión Europea tiene 45 días bajo las normas de la Unión Europea y de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para decidir si hay suficientes pruebas para abrir una investigación y así lo hizo en este caso.

«Saludaríamos la plena participación de nuestros socios chinos y de sus empresas y que se mostraran abiertos y transparentes y nos proporcionaran toda la información relevante que se les pida, con el fin de dar a todas las partes la oportunidad de participar» en la investigación, señaló Clancy.

Paolo Gianese, secretario general de Comitato IFI, asociación que representa al 80% de la industria fotovoltaica italiana, indicó que la Unión Europea «aún está a tiempo» de salvar a una industria gravemente dañada por la competencia desleal puesta en marcha por el país asiático.