La reunión se celebró en Bruselas poco antes del inicio del último Consejo Europeo del año, en el que los líderes comunitarios debatieron sobre el futuro del «plan Juncker» y acordaron celebrar en febrero una cumbre entre los tres países dedicada a analizar los proyectos de interconexiones energéticas, a la que invitarán también al presidente de la Comisión Europea, y aunque no se cerró la fecha exacta de la cumbre si se sabe que se celebrará en Madrid, según informaron fuentes españolas.

España concede gran trascendencia al impulso de las interconexiones con el resto de la Unión Europea y, especialmente, las de carácter energético y la intención es que en la cumbre de febrero haya un amplio trabajo realizado ya sobre los proyectos susceptibles de beneficiarse del «plan Juncker», con todos sus detalles y el coste cerrado de su financiación.

En su última cumbre, en octubre, los jefes de Estado y de Gobierno europeos acordaron avanzar en las interconexiones pendientes en la Unión Europea, una decisión de especial relevancia para España porque, tal y como señaló Rajoy al término de aquella reunión, permitirá que la Península Ibérica deje de ser una isla energética.

Posteriormente, en la cumbre hispano-francesa que presidieron en París el pasado 1 de diciembre Rajoy y Hollande, ambos acordaron llevar adelante proyectos pendientes de interconexión de electricidad y gas entre España y Francia y pedir en el Consejo Europeo de este jueves que el «plan Juncker» se agilice y financie las obras de esos proyectos.

En principio, la Comisión Europea está dispuesta a apoyar cuatro proyectos de interconexión eléctrica y gasística en España con el plan de inversión de 315.000 millones de euros impulsado por Juncker para el periodo 2015-2017, según fuentes comunitarias.

La portavoz del Ejecutivo comunitario, Mina Andreeva, aseguró que los tres líderes «están de acuerdo sobre las interconexiones de España y Portugal con Francia». «Juncker acoge con satisfacción la ambición por lo que se refiere a la Unión de la Energía mostrada por Francia, España y Portugal», escribió Andreeva en su cuenta de Twitter.

Las mismas fuentes comunitarias adelantaron que la Comisión Europea ya se puso en contacto con Red Eléctrica y prepara para enero una reunión de reguladores de España, Francia y Portugal en Bruselas para impulsar las interconexiones y facilitar los trámites burocráticos, así como una cumbre a nivel político para trabajar sobre proyectos concretos.

«Estos proyectos si se presentan, la Comisión Europea los va a apoyar como prioritarios porque son los que pueden garantizar el objetivo de cumplimiento (de interconexión)«, sostuvieron, al tiempo que recordaron que los proyectos aún tienen que pasar por un proceso de selección.

«Tenemos un mandato muy claro del Consejo Europeo de que tenemos que conseguir un 10% de interconexiones para 2020 y un 15% en el 2030, no es fácil y para eso hay que ir a proyectos muy ambiciosos», agregaron.

España presentó a Bruselas un conjunto de proyectos, que no detalló públicamente, ya que sólo comunicó las cantidades que reclama por capítulo, valoradas en 52.133 millones de euros, de las que la mitad son energéticos, 14.449 millones para interconexiones y 10.683 millones para impulsar la eficiencia energética.

Según las fuentes, que restaron importancia a que el Gobierno español no haya comunicado públicamente una lista detallada de proyectos que aspiran a financiación del plan Juncker, «el Gobierno español lo tiene muy claro (…), una de las prioridades son las interconexiones eléctricas y gasísticas».

La Comisión Europea trabajará hasta junio para aprobar los instrumentos normativos que tienen que determinar cómo funciona el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI), cómo se seleccionan los proyectos, según su mérito y sin atender a cuotas por países o sectoriales, y en qué condiciones se financian. A partir de ese momento los Estados miembros podrán presentar sus proyectos

«Hay una serie de proyectos de interconexiones que son absolutamente prioritarios, ya no para el Estado español sino para la Comisión Europea», aseguraron las fuentes que a continuación apuntaron a los cuatro españoles.

En primer lugar mencionaron la interconexión eléctrica pirenaica entre la localidad española de Santa-Llogaiga y la francesa de Baixàs, que tiene que estar en marcha en mayo de 2015, y que podría duplicar la potencia de 1.400 a 2.800 MW.

La conexión entre el Golfo de Vizcaya y Aquitania (Francia) sería un segundo proyecto de interés, con un cable submarino de casi 400 kilómetros que tiene un coste estimado de 1.900 millones de euros, y que permitiría llegar a los 5.000 MW de capacidad en España.

Por otro lado figuran diversas conexiones eléctricas externas entre Navarra-Burdeos (280 km), Sabiñánigo-Marsillon (casi 100 km) y Monzón-Cazaril (160 km) de las que se está analizando su viabilidad.

En último lugar también figura la conexión gasítica de Midcat en Cataluña.

«Si hiciéramos eso tendríamos muy avanzadas las interconexiones con Francia y estaríamos cerca del objetivo», aseguraron las fuentes, pero a la espera de que en enero se apruebe el reglamento correspondiente para beneficiarse de ese plan, el Gobierno español se mostró muy esperanzado, ya que cree que los proyectos en materia de interconexiones energéticas cumplirán todos los requisitos para lograr esa financiación.

En paralelo, anunciaron que el comisario europeo de comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Jyrki Katainen, tiene previsto visitar Bilbao, Barcelona y Madrid para entrevistarse con inversores y explicar el plan de inversión Juncker.

«El Gobierno regional de Andalucía se ha dirigido a la Comisión para solicitar su visión de la interpretación de las provisiones de la ley europea pertinente para el caso de Doñana», señalaron fuentes comunitarias.

«Sin embargo, no se ha solicitado a la Comisión que actúe como mediadora», añadió.

La compañía Gas Natural Fenosa, promotora del proyecto, presentó una reclamación patrimonial de 358 millones de euros contra la Junta de Andalucía, que decidió el pasado mes de julio detener el proyecto ante las numerosas quejas ecologistas, y supeditar la concesión de cualquier autorización para llevar a cabo los trabajos a la realización de una evaluación adicional.

La Junta consideró que el estudio de riesgos debe hacerse con más precisión para garantizar que el proyecto, que sí cuenta con la declaración de impacto ambiental favorable del ministerio de Medio Ambiente, no afecte al espacio natural como Doñana.

El Ejecutivo comunitario pidió información a las autoridades españolas sobre la aplicación de la legislación medioambiental de la Unión Europea en el caso de Doñana, y reconocieron que aún no se han concedido las autorizaciones administrativas necesarias para la construcción de este proyecto, precisaron las mismas fuentes.

«Cada uno de los cuatro proyectos de extracción, transporte y almacenamiento de gas previsto en el área ha estado sujeto a una evaluación de impacto medioambiental, incluido un estudio específico de sus efectos sobre los ecosistemas y las especies presentes en los lugares de Natura 2000», añadieron desde Bruselas.

El proyecto gasístico promovido por Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural-Fenosa, plantea 14 pozos de extracción de gas, 20 kilómetros de nuevos gasoductos y el almacenamiento subterráneo de hidrocarburos.

Desde el principio fueron numerosos los colectivos, principalmente ecologistas, los que se opusieron a este proyecto al entender que convertiría a Doñana en un «almacén de gas natural» con los riesgos que ello comporta.

La Junta de Andalucía, por su parte, indicó a Bruselas que no se concederá ninguna autorización hasta que se hagan evaluaciones adicionales más específicas.

En este contexto, la Comisión Europea reclamó a España que notifique cualquier novedad en relación a nuevas evaluaciones y la autorización final del proyecto. Bruselas aseguró que según las últimas informaciones sigue sin concederse ninguna autorización medioambiental.

El Ejecutivo de la Unión Europea dio pasos en paralelo para contribuir a la protección del Parque Nacional de Doñana y abrió un procedimiento de infracción contra España por los problemas de sobre explotación y descenso de los niveles de agua y su impacto en el área protegida.

«Estamos pensando en convocar una especie de comité director que nos ayude a ver cuáles son los temas problemáticos, los escollos a resolver», indicó el vicepresidente de la Comisión Europea para la Unión Energética, Maros Sefcovic, en referencia a los proyectos para traer gas desde el Caspio al finalizar la reunión de los ministros. Sefcovic considera que el llamado Corredor Sur, una red de tuberías dirigidas a traer gas y petróleo desde el Caspio y reducir la dependencia de las importaciones rusas, podría ser una alternativa para los países comunitarios.

Sefcovic aseguró que las negociaciones con Baku avanzan y que en estos momentos se trabaja sobre el calendario con vistas a que el proyecto pueda materializarse en 2019. El Corredor Sur incluye proyectos como Nabucco, White Stream o el gasoducto transadriático, que conectan la Unión Europea con Georgia y Turquía. «Ayer hablé con el ministro turco de Energía y fue muy claro sobre las intenciones que tiene para este Corredor: quiere cumplir con plazos y fechas y es un proyecto muy importante para ellos», sostuvo.

«La Unión Europea tendrá que reforzar su estrategia para diversificar las rutas, pero sobre todo las fuentes», señaló, por su parte, la presidencia italiana de turno, a través de su secretario de Estado para Desarrollo Económico, Claudio De Vincenti. El titular italiano reconoció que South Stream, dirigido a evitar el problemático paso por Ucrania del gas ruso importado por la Unión Europea, era un proyecto importante para la diversificación de las rutas así como que Europa confiaba en llegar a un acuerdo con Moscú para que respetase las reglas comunitarias.

En vista del anuncio de la cancelación, que Rusia aún no notificó a Bruselas por cauces oficiales, el bloque comunitario estudia ahora las alternativas. En este contexto, Grecia, Bulgaria y Rumanía presentaron una declaración conjunta a sus homólogos europeos en la que proponen la creación de corredores verticales que se conecten con las distintas redes que engloba el Corredor Sur. «Vamos a estudiar esta cuestión con los ministros ahora para ver cómo acelerar todo lo que sea necesario», añadió Sefcovic.

El vicepresidente de la Comisión Europea insistió en la misma línea defendida por Bruselas en los últimos meses: «cualquier proyecto que se lleve a cabo en suelo comunitario tiene que respetar la legislación de la Unión Europea». Hay que recordar que el Ejecutivo comunitario consideró que los acuerdos intergubernamentales de los Estados miembros que participan en South Stream con Rusia no respetan el llamado «tercer paquete energético», el marco legal comunitario que fuerza la separación patrimonial de las actividades de producción, transporte y comercialización de la energía, y que Rusia considera lesivo para sus intereses.