Los países de la UE dejaron claro que los vehículos impulsados con electricidad y con hidrógeno se tendrán en cuenta dentro de su objetivo de lograr que el 10 por ciento de la energía usada en el transporte sea renovable en 2020.

Hasta ahora, en Europa se había hablado habitualmente de que la meta propuesta por la Comisión Europea era que el 10 por ciento de los carburantes en la UE fuesen biocombustibles. «No hay ningún cambio», aseguró el ministro francés de Ecología, Jean-Louis Borloo, que explicó que lo que han hecho los gobiernos es dejar claro que la propuesta de Bruselas habla de «energía renovable en el transporte» y no se limita a los biocombustibles.

Desde que la UE dio a conocer su objetivo de impulsar los biocarburantes, numerosas organizaciones han alzado la voz en contra, asegurando que su uso obligatorio amenazaría la oferta de alimentos y podría acelerar la destrucción de bosques y selvas en muchos países, todo sin aportar una gran reducción de emisiones de dióxido de carbono.

Los ministros de Energía de los Veintisiete analizaron estas preocupaciones en una reunión informal en las afueras de París. A su término, Borloo explicó en una rueda de prensa que tanto la electricidad como el hidrógeno son dos fuentes que se tendrán tan en cuenta como biocombustibles para tratar de reducir las emisiones del transporte en el marco de la lucha contra el cambio climático. En este sentido, aseguró que la UE apoyará las acciones para impulsar estas fuentes de propulsión, en las que trabajan varios fabricantes.

En lo referente a los biocombustibles, los ministros debatieron sobre los criterios de sostenibilidad, con los que se pretende garantizar entre otras cosas que el desarrollo de esta fuente de energía no dañe la biodiversidad, no cause escasez de alimentos en los países en desarrollo y aporte verdaderas ventajas para reducir las emisiones.

Borloo aseguró que los gobiernos apuestan por una vía «exigente» y estarían a favor de que, de cara al futuro, sólo se incluyan dentro del objetivo europeo del 10 por ciento aquellos biocombustibles que permitan un ahorro de las emisiones del al menos el 50 por ciento.

La propuesta de la CE sitúa este umbral en el 35 por ciento, que podría ser la cifra utilizada durante los primeros años de vigencia del paquete de clima y energía. Además, el texto de Bruselas plantea otras garantías, como que se prohíban las materias primas procedentes de bosques vírgenes, praderas o áreas protegidas, así como convertir humedales o zonas de selvicultura en productoras de biocombustibles.

Los ministros se mostraron favorables a la idea del ponente de la directiva en el Parlamento Europeo, Claude Turmes, para negociar un acuerdo bilateral sobre sostenibilidad de estos carburantes con Brasil, principal productor y exportador mundial de etanol derivado de azúcar de caña. Hasta ahora, la UE ha iniciado acciones para tratar de acordar criterios de sostenibilidad con Brasil, pero la intención sería ir más allá y pactar mecanismos de control del uso del suelo para proteger la Amazonía.

El Tribunal de Justicia de la UE sentenciará el día 17 si la ampliación de poderes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que ha permitido a este organismo imponer condiciones a, entre otras, las opas de E.ON y Enel y Acciona sobre Endesa vulnera la legislación comunitaria.

La Comisión Europea denunció la nueva regulación de la CNE ante la corte europea al considerar que restringe los principios de libre circulación de capitales y libertad de establecimiento.

El Gobierno español amplió los poderes del regulador en mayo de 2006, mediante un decreto urgente, tras conocerse que E.ON pretendía hacerse con Endesa.

Esta decisión dio comienzo a un largo enfrentamiento entre la Comisión y Madrid por la supuesta injerencia de las autoridades españolas en las distintas operaciones empresariales sobre Endesa.

Con sus nuevos poderes, la CNE tiene que autorizar a cualquier empresa que quiera comprar una participación significativa (de más del 10 por ciento o que conceda capacidad de decisión) en empresas españolas que operan en mercados regulados.

El Gobierno español asegura que su objetivo es evitar riesgos para la seguridad energética nacional, pero el Ejecutivo comunitario cree que el mecanismo de autorización previa puede desincentivar a los inversores de otros Estados miembros.

Para Bruselas, la nueva redacción de la «función décimo-cuarta» de la CNE es equiparable a la «ley Rato» -que condicionaba a la autorización gubernamental los derechos de voto en compañías energéticas de empresas públicas extranjeras con más del 3% del capital-, declarada ilegal por el Tribunal comunitario en febrero pasado por restringir la libre circulación de capitales.

El comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, se opone a aliviar la crisis del sector del transporte causada por los altos precios del crudo mediante la reducción de los impuestos a esa materia prima, y asegura que no hay riesgos de escasez en el sector.

Piebalgs, en declaraciones al semanario austríaco «News», asegura que la Comisión Europea está «muy preocupada» por la actual crisis de carburantes, ya que «afecta a toda la economía de la Unión Europea (UE)», aunque naturalmente golpea más fuerte a los sectores que más dependen del petróleo.

Asegura que Bruselas no se opone a «medidas específicas que protejan a los consumidores vulnerables», aunque la política energética de la UE debe abordar sobre todo «reformas estructurales»

Pero Bruselas, entre las medidas posibles barajadas por algunos políticos europeos para aliviar el bolsillo del consumidor, insiste en rechazar una rebaja de las cargas fiscales sobre el crudo y los productos petrolíferos. «La política fiscal sobre los carburantes no debe verse influida por el desarrollo de los precios. Sería, primero, una señal errónea a los países productores de crudo», advierte el comisario.

Los exportadores de crudo podrían impulsar un mayor aumento del precio de esa materia primera «si nosotros compensamos la subida con (una rebaja de) los impuestos», explica. «En segundo lugar, nuestra política fiscal y la fortaleza del euro protegen a los consumidores europeos de lo impredecible del mercado petrolero», añade.

Y por último, el comisario destaca que los altos precios «tienen una influencia muy positiva para incrementar la eficiencia energética de los automóviles europeos».

Por otro lado, asegura que actualmente no hay riesgos de una escasez de crudo y que la UE continuará firme con sus planes de reducir su dependencia de los hidrocarburos.

«Para dejarlo claro: actualmente no hay ninguna preocupación de que el abastecimiento de crudo pueda dejar de funcionar. Pero ya en enero de este año hemos fijado de forma clara los planes para el futuro energético de Europa», subraya.

La UE se ha propuesto lograr hasta el año 2020 una reducción del consumo energético de «los 27» en un 20 por ciento y un aumento del porcentaje del uso de fuentes renovables en el sector hasta un 20 por ciento.

El Parlamento Europeo reclamó la separación completa de las infraestructuras de transporte de electricidad de las actividades de generación, lo que va más allá de lo pactado por los Gobiernos de la UE, que sólo se comprometieron a que la gestión de las redes sea independiente.

Para satisfacer sobre todo a Alemania y Francia, que querían evitar la división de grandes grupos como E.ON y EDF, los ministros de los Veintisiete decidieron suavizar la propuesta inicial de la Comisión y se conformaron con que se garantice una gestión independiente de las infraestructuras de transporte.

Pero la Eurocámara rechazó en primera lectura, con 449 votos a favor, 204 en contra y 19 abstenciones, esa «tercera vía» y dejó como una única opción la separación patrimonial completa entre las actividades.

Los eurodiputados también mantuvieron la propuesta de Bruselas de impedir el control de las redes a entidades de terceros países. Aprobaron, asimismo, reforzar el papel de la agencia de cooperación de reguladores energéticos, frente al rol sólo consultivo acordado por los ministros.

Según el voto de la Eurocámara, el director de esta agencia deberá recibir el visto bueno del Parlamento y deberá comparecer periódicamente para informar de sus trabajos.

En un comunicado, el Parlamento destaca que esta institución también ha incorporado al texto diversas medidas de protección de los consumidores. En concreto, ha incluido el derecho a cancelar el contrato con su proveedor eléctrico sin cargo y a cambiar de suministrador en el plazo de dos semanas, así como a recibir información periódica sobre su consumo y costes.

El Parlamento también quiere regular la posibilidad de compensación si el servicio no cumple las condiciones establecidas y la capacidad de las autoridades nacionales de establecer precios máximos en mercados donde no haya suficiente competencia.

Los eurodiputados aceptaron, asimismo, una enmienda que pide a las autoridades nacionales que organicen sistemas tarifarios que penalicen el mayor consumo.

Tras la votación en el pleno, la parlamentaria española del PSE Teresa Riera destacó que el Parlamento Europeo aboga por seguir el modelo español de separar la propiedad de los activos generadores y de transporte de la energía. De esta manera, se consigue, entre otras cosas, dar capacidad de elección a los consumidores y estimular la inversión.

Riera también se ha mostrado satisfecha porque el texto recoja una propuesta del grupo socialista sobre la «pobreza energética», que los reguladores deben tener en cuenta y que protege a los «clientes vulnerables» que pueden tener problemas para pagar los altos precios de la energía.

Desde el grupo de los Verdes, también mostraron satisfacción por el rechazo de la llamada «tercera vía» apadrinada por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel.

Los ministros de Transporte de la Unión Europea decidieron variar la agenda de su reunión en Luxemburgo para analizar las protestas de los transportistas por el alto precio del combustible y advirtieron de que no existen «fórmulas mágicas» para aliviar a corto plazo la situación del sector.

El punto se introdujo de última hora durante el almuerzo del Consejo de Ministros que se celebra en Luxemburgo a propuesta del presidente de turno de la reunión, el esloveno Radovan Zerjav, quien lamentó en rueda de prensa la muerte del miembro de un piquete esta semana en Granada (sur de España).

En declaraciones telefónicas, el secretario general de Transportes, Fernando Palao, que representa a España en el Consejo, destacó la conveniencia de este debate ante la situación «caliente» que se vive en muchos países europeos. Según explicó, el diálogo tuvo un carácter «general» y en él se concluyó que resulta «complicada» una respuesta a corto plazo para satisfacer a los transportistas.

A medio y largo plazo, los ministros estudiaron formas de acompañar el «proceso de reestructuración que el sector en muchos casos necesita» y que requerirá de ayudas, indicó Palao. En su opinión, el objetivo final debe ser apoyar la creación de un sector «más fuerte y con más capacidad de resistencia frente a estas oscilaciones del mercado».

Por su parte, el ministro esloveno advirtió antes del almuerzo de que es necesario «prestar atención a lo que nos dicen los transportistas», pues los precios del carburante han aumentado «mucho» y «hay que encontrar una solución».

Durante la comida de trabajo, Palao expuso a sus colegas europeos la situación de las movilizaciones en España que, a su juicio, han «terminado convirtiéndose en un conflicto de orden público». «Empieza siendo una demanda de transporte, pero en el momento en el que se interrumpen las carreteras o se bloquean los centros estratégicos y se generan problemas de desabastecimiento, pues esto es un problema de orden público, como es el que se ha planteado en la situación española», opinó.

El secretario general consideró una «buena decisión» la de debatir sobre las preocupaciones de los gobiernos en esta materia y recordó que este tipo de conflictos «se contagian de unos países a otros». «Parece que si en un país un sector consigue algo eso incentiva a movilizarse al sector del país de al lado para conseguir algo semejante», afirmó.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE estudiarán en su cumbre de la próxima semana el problema de alza de los precios de los carburantes, que para algunas instituciones no está justificado, aunque no está prevista una referencia concreta al caso del transporte.