Javier Fernández buscará una posición común en Asturias sobre el carbón y las térmicas antes de reunirse con Pedro Sánchez

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EFE.- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, comparecerá en la Junta General en julio durante un pleno extraordinario de la Cámara autonómica para explicar la postura del Gobierno y buscar una posición común ante el riesgo de cierre de las centrales térmicas y el futuro del sector del carbón.

La comparecencia fue solicitada por PP, Izquierda Unida y Foro después de que no fuese posible sacar adelante la declaración institucional propuesta por el PP en defensa de la presencia del carbón en el mix energético nacional y de la continuidad de las centrales térmicas. Previsiblemente, la comparecencia se llevaría a cabo antes de que Fernández mantenga su primer encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de la ronda de reuniones con todos los jefes de Ejecutivos autonómicos.

Para el diputado y secretario general del PP, Luis Venta, aunque Fernández ha expresado ya su criterio contrario a la postura defendida por el nuevo Gobierno, el objetivo debe ser «que lo diga y lo pelee» dado que la postura «radicalmente ecológica» del nuevo gabinete conllevaría un adelanto del cierre de las térmicas. «Es el Gobierno socialista y no vale con decir que Pedro Sánchez conoce muy bien Asturias y que ponga a ministros para cerrar las térmicas», ha apuntado tras reiterar sus críticas a Podemos, y en especial a Ciudadanos, por impedir la aprobación de una declaración institucional conjunta.

Según el portavoz de Podemos, Emilio León, en este asunto y en todo lo relacionado con el sector minero el PP y el PSOE «juegan a la cerilla» de forma que los socialistas pensaban que se la quedaría los populares y viceversa «y la cerilla es cada vez más corta«. A su juicio, el PP ni siquiera ha aportado las cantidades previstas en el último Plan de la Minería para afrontar la situación de un sector cuya desaparición paulatina requiere previamente de «un plan de choque» que genere empleos alternativos.

Para la diputada de Izquierda Unida, Concha Masa, la comparecencia de Fernández debería servir para fijar una posición común y que pueda defenderla ante el Gobierno central mientras que Ciudadanos reprocha a PSOE y PP «lanzarse la pelota» mutuamente en torno al futuro del carbón dada la «imparable» transición ecológica del sector energético que requiere de un pacto de Estado.

En Comú (Unidos Podemos) exige a Ribera que frene el gasoducto MidCat entre Francia y España a través de Cataluña

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Europa Press.- En Comú Podem ha exigido a la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la paralización del proyecto MidCat de interconexión energética a través del gasoducto entre España y Francia, tras el informe remitido a la Comisión Europea que cuestiona su viabilidad económica y su impacto sobre el medioambiente.

Para ello, el diputado Josep Vendrell ha registrado una proposición no de ley para su debate tanto en el Pleno del Congreso como en la Comisión de Energía, en la que reclama al Gobierno rechazar esta interconexión. Asimismo, Vendrell pide al nuevo Ejecutivo que promueva reuniones con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para que rechace la solicitud de inversión de Enagás, recordando que en junio del año pasado el regulador condicionaba la entrada de este proyecto en el sistema gasista a su aprobación definitiva, y esta a las decisiones que se tomaran, de forma coordinada, entre España y Francia.

«Ante la no idoneidad del proyecto demostrada por el análisis independiente coste-beneficio desfavorable entregado a la Comisión Europea, el propio regulador debería rechazar las solicitudes de inversión de Enagás», considera Vendrell, que señala que la propia Comisión de Regulación de la Energía de Francia informó de que el proyecto aumentaría los precios de la energía, sin que la infraestructura incidiera en la seguridad de suministro.

MidCat, gasoducto que uniría Francia con España a través de 450 kilómetros en su tramo por territorio español, está reconocido como Proyecto de Interés Común (PIC) por parte de la Comisión Europea, una condición que la formación catalana de Unidos Podemos busca revisar. Así, pide al Gobierno que solicite a la Comisión que no proporcione fondos públicos a este proyecto.

En su iniciativa, Vendrell se apoya en el último informe realizado por la consultora Pöyry en el que, critica, no queda acreditada la posible reducción de las tarifas y se cuestiona la viabilidad económica. Es más, sostiene que la consultora «explicita que el proyecto obedecería, en todo caso, a intereses de Francia, y que la apuesta por combustibles fósiles tendría para España un importante impacto sobre el territorio«. Por otro lado, también apunta a la «contradicción» que supone, a su juicio, la apuesta por un mayor peso de las energías renovables y apoyar infraestructuras gasísticas.

Además, Vendrell incide en la división del proyecto original, ya que primero se desarrollaría el denominado STEP I, que uniría España con Francia, y después se conectaría la parte sur de Francia con el norte del país, con el proyecto STEP II. Un «troceo» que Vendrell critica porque «dificulta los controles y trámites administrativos” y el riesgo que expone a España ya que la posibilidad de que la segunda fase no se desarrolle «dejaría un agujero económico y medioambiental que volvería a ubicar a España en la vanguardia de Estados con infraestructuras en desuso y abandono» que, además, acabaría repercutiendo en la correspondiente factura energética.

Monago pide «certezas» a Pedro Sánchez y al presidente extremeño Vara sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz

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Europa Press / EFE.- El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ofrezcan «certezas» a los extremeños, especialmente a los que residen en la comarca de Campo Arañuelo, sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz.

Así lo ha indicado teniendo en cuenta que el PSOE de Pedro Sánchez llevaba en su programa electoral el cierre de las centrales nucleares, por lo que ha preguntado, en caso de llevarse a cabo, si tiene una «alternativa» a la planta de Almaraz para la generación de riqueza y empleo en la zona. «Los municipios del norte de Cáceres necesitan certezas en este tema y conocer la alternativa de Sánchez y Vara, y no valen los casinos», espetó Monago.

«Tiene que haber una planificación de futuro», ha remarcado sobre esta cuestión Monago, que resaltó además que la central ha puesto en marcha recientemente el almacén temporal de residuos nucleares. Asimismo, ha subrayado que el cierre de las nucleares supondrá un incremento del 20% de la factura de la luz, porque las energías verdes «no están produciendo las 24 horas y las aventuras del socialismo ecologista tienen su repercusión en el recibo«. Monago se refirió a este asunto en Navalmoral de la Mata (Cáceres), donde cuestionó qué está haciendo el presidente de la Junta sobre el futuro de la comarca ante el «horizonte negro» que se le avecina a las nucleares con el nuevo Gobierno.

En este sentido, ha recordado que el PP planteó un plan de regeneración, que superaba los 90 millones de euros, que se recaudan a través del impuesto de instalaciones que incidan en el Medio Ambiente. También ha apuntado que el PP presentó enmiendas a los últimos presupuestos por valor de 2,5 millones de euros «pero el PSOE y Podemos las rechazaron», ha criticado. «Caminamos hacia el cierre de la central nuclear que genera bienestar en la zona y no hay un plan alternativo», ha añadido.

Unanimidad en el Congreso para pedir un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares y soluciones urgentes para el ATC

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso reclamó por unanimidad al Gobierno un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares, así como las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamientos que contemple, entre otras medidas, una correcta estimación de costes. Además, le exige soluciones urgentes para el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).

Estas medidas se incluyen en un dictamen acordado con anterioridad por la mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara en la ponencia creada para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para analizar las actividades realizadas por el CSN durante 2016. Este informe se divide en varios puntos, entre los que destaca el destinado al desmantelamiento de las centrales. El Congreso exige al Ejecutivo que los cierres se hagan con garantías de seguridad, tanto para las personas, como para el medioambiente y le propone la creación de un plan de desarrollo de las comarcas cercanas a las plantas, para paliar la pérdida económica que suponen los cierres.

En el texto, se habla concretamente de la planta de Garoña, cuyo desmantelamiento ya ha sido comunicado ante su cierre definitivo, y ha instado al Gobierno a impedir que esta instalación se convierta en un centro de alojamiento permanente de residuos y a elaborar un plan de desarrollo de la comarca, situada en el norte de la provincia de Burgos, para paliar las futuras pérdidas económicas. Pero, además, la comisión ha instado al CSN a hacer informes de seguimiento de las implicaciones de la parada en la central de Vandellós II (Tarragona), tras detectarse un aumento de caudal del agua recogida en los sumideros del edificio de contención, debido a la rotura de una válvula.

Sobre este tema se ha referido el portavoz de Unidos Podemos en esta comisión, el diputado de Equo Juan López de Uralde, quien ha mostrado su preocupación por el «envejecimiento» de un parque nuclear que, a su juicio, registra «cada vez un mayor número de incidentes«. En este sentido, ha denunciado la «falta de voluntad del CSN para afrontar esta situación», sobre todo en materia de transparencia y comunicación. «Con estas propuestas de resolución pretendemos poner orden y que el cierre se haga ordenado y de forma progresiva para que se sustituyan por otras fuentes de energía sin que esto tenga consecuencias en el precio de la energía o en las emisiones», ha declarado durante su intervención en el debate.

Uralde mostró también su preocupación por el proyecto del ATC y la falta de resolución en esta materia. De hecho, el dictamen aprobado tiene un apartado específico sobre esta iniciativa. En concreto, reclama «una solución organizada» al problema del combustible gastado entre Gobierno y CSN para su gestión, con un análisis de la instalación que se lleve a cabo «en el plazo más breve posible» y con el objetivo de clarificar, antes de 3 meses, la situación relativa al proyecto y su calendario de ejecución.

También a este tema se refirió la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Melisa Rodríguez, quien ha recordado el dato del que alertaron expertos participantes en la ponencia: que las piscinas de residuos están a más del 90% de su capacidad. A su juicio, hay que tener especial atención a los sobrecostes que esto supone y a la necesidad de una planificación, empezando por la reanudación del proyecto del ATC.

Previsión contra terrorismo y ciberataques

El informe insta además al CSN a informar sobre las necesidades de almacenamiento de residuos en las diferentes centrales nucleares con Almacenes Temporales Individualizados (ATIs). En cuanto a la seguridad, las propuestas del Congreso se centran en la necesidad de potenciar la regulación, una medida que dejan al Gobierno. Según apuntan, hay que actualizar los protocolos de emergencia y contemplar los planes de prevención y actuación ante ataques terroristas. Además, piden mecanismos de difusión hacia la ciudadanía que convive con las instalaciones y a que se transponga, durante 2018, la directiva europea sobre esta materia.

Especial es la mención que se hace a la ciberseguridad en las plantas. Los miembros de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, se han mostrado preocupados por la vulnerabilidad de las centrales respecto a ciberataques y riesgos externos. Por ello, han pedido al CSN que remita, antes de abril de 2019, un informe sobre esta materia para establecer mecanismos de mejora y a reforzar las medidas de ciberseguridad para todas las instalaciones nucleares.

Por otra parte, el dictamen recoge algunas de las propuestas del Congreso para cambiar algunas prácticas internas del CSN, comenzando por la elección de sus miembros. El informe propone que los directores técnicos sean elegidos de modo colegiado «con las garantías de independencia exigibles a un consejero, valorando su capacidad de liderazgo y exigiendo elevadas y reconocidas aptitudes técnicas«. El texto también exige que no se prorrogue «en ningún caso» el mandato del «actual y reprobado presidente del CSN» que expira el 28 de diciembre.

También Rodríguez, ha mostrado su «preocupación» en este aspecto, y, en concreto, por «los problemas de gestión de personal del CSN», así como la falta de independencia del Consejo. «Seguimos reclamando que el nombramiento de los miembros se haga de otra manera y no a dedo por algunos partidos políticos«, ha denunciado. Finalmente, el dictamen exige también explicaciones sobre el traslado de dióxido de uranio radiactivo de larga duración al almacén de residuos de baja y media actividad de El Cabril (Córdonba), entre otras medidas.

La mayoría de los grupos han coincidido en criticar la falta de compromiso del CSN ya que, según han apuntado, muchas de las propuestas de resolución incluidas en el dictamen son iguales a las recogidas años anteriores y no se llegaron a cumplir. Entre ellos, el portavoz de Energía de ERC, Jordi Salvador, quien ha reconocido que algunas propuestas se repiten con respecto al informe anterior, el de 2015. Así ha mostrado su «decepción» con el presidente del Consejo. De forma similar se ha expresado la representante de PNV, Idoia Sagastizabal, para quien esta falta de rigor «pone en cuestión» al organismo; y el portavoz de Energía de PDeCAT, Ferran Bel, para quien «habría que distribuir responsabilidades» por esta actitud.

Precisamente, como nuevo partido que sustenta el Gobierno, el PSOE ha señalado que su intención es que la actualización del plan de residuos se produzca en los próximos meses, así como aquellas cuestiones que se puedan resolver y aún no se han hecho. La portavoz socialista en esta materia, Pilar Lucio, ha reconocido su preocupación por las centrales que presentan más incidencias y por el hecho de que el Consejo «no siempre haya atendido» a las informaciones que se le han pedido sobre este tema.

Por parte del PP, su portavoz, José Alberto Herrero Bono, ha defendido que su formación «jamás» va a poner en cuestión la objetividad del Consejo debido a la «enorme responsabilidad» y «sensibilidad social» que supone la seguridad nuclear. Por eso quiso separar la ponencia de «cuestiones ideológicas» y ha recriminado que algunas propuestas de resolución se inmiscuyan en el funcionamiento y las decisiones del CSN.

Ribera dice que buscará «soluciones justas» para las regiones del carbón mientras Castilla y León cuestiona tal concepto de justicia

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EFE / Europa Press.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, confía en dialogar con la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para ponerse de acuerdo en lo que se considera como una «transición energética justa» después de que Ribera insistiera en su intención de que España se aleje del carbón como fuente de energía, para lo que aseguró que el Gobierno buscará «soluciones justas» para la reconversión de la estructura productiva de las regiones afectadas.

«Confío en que podamos encontrar soluciones justas y que podamos reforzar el mensaje de que estamos con la gente, de que no hay ningún tipo de conflicto, y que con esas regiones que hoy se sienten preocupadas, inquietas, al revés, tenemos que ponernos manos a la obra generando oportunidades para las personas«, afirmó la ministra. Ribera se expresó en ese sentido en el marco de un consejo de ministros de la Unión Europea sobre Energía. «Es muy importante entender que no es posible facilitar un cambio, modernizar la política energética, obviando a las comarcas y a las personas más afectadas por ese cambio», señaló Ribera.

Además, Ribera destacó que «España está de vuelta» en la Unión Europea a través del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, así como que el Ejecutivo socialista quiera «contribuir» a que el bloque comunitario responda «de manera positiva» a sus desafíos. «El mensaje más importante es: España está de vuelta. España es un actor fundamental en la construcción europea, es un actor de progreso. Entiende que en este mundo completo e interdependiente en el que vivimos, posicionar a Europa de manera progresista y sólida, construyendo confianza entre sus ciudadanos pero también fuera de los límites europeos sobre un modelo económico social y ambiental para el siglo XXI, es capital», ha afirmado.

«Queremos contribuir en este año tan crítico para Europa a responder a los desafíos que tenemos por delante», afirmó la ministra, que añadió que «el Gobierno está comprometido con la gente, con las comarcas». «La transición justa debe de formar parte de ese proceso», agregó la ministra, quien aseguró que abogará por «la generación de empleo» y pedirá «el respaldo de una sociedad solidaria a un proceso de cambio que conlleva la generación de nuevos empleos, de nueva riqueza y de nuevos procesos industriales«. Ribera, que lamentó el «tiempo perdido» en el pasado para acelerar ese proceso, insistió en que esa transición «requiere de una participación de los directamente afectados».

¿Qué es una transición justa?

Castilla y León acepta el concepto de transición justa pero Del Olmo sostiene que habrá que ver que entiende cada parte al respecto. Asimismo, ha defendido que Castilla y León tiene una gran cantidad de energía a través de renovables, más de la que necesita, por lo que no ha admitido que el carbón sea el problema de contaminación en el país, donde hay «muchos coches y otras cosas». Asimismo, la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha reclamado de la nueva ministra de Transición Energética que decida qué porcentaje va a otorgar al carbón en el «mix» energético nacional y el papel en la estrategia nacional que se va a conceder a las plantas térmicas.

El PSOE reclama un plan de transición energética con alternativas económicas para Cofrentes ante el posible cierre de la nuclear

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Europa Press.- El grupo socialista en Les Corts ha presentado una Proposición No de Ley en la que insta al Consell y al Gobierno de España a diseñar y aprobar «un programa plurianual de actuaciones de transición energética en el área de influencia de la central nuclear de Cofrentes» que tenga como objetivo «anticiparse y evitar los posibles efectos negativos» que podrían conllevar el cierre de la misma previsto para 2021, cuando finaliza su permiso de explotación.

Así, el PSOE ha pedido que este plan sirva para «dotar de alternativas industriales y económicas en una zona cuyo empleo y actividad económica depende en gran medida de la central».

La diputada socialista Noelia Hernández ha señalado que «ni España ni la Comunidad Valenciana cuentan con un programa que garantice una transición justa en los territorios más vulnerables» por lo que «sería conveniente alcanzar un acuerdo que implicase a todos los organismos y administraciones implicados para conseguir anticiparse y evitar cualquier efecto no deseable de la transición energética».

En esta línea ha recordado que el área de influencia de esta central tiene una alta dependencia económica de la misma, ya que la zona carece de alternativas industriales y gran parte de los empleos están ligados de forma directa o indirecta a la central.

«Es muy importante que las administraciones se pongan en marcha para que de forma coordinada aborden desde ya y se anticipen al cierre fomentando alternativas para la diversificación de la economía en la zona«, ha señalado Hernández.

Por todo ello la iniciativa presentada desde el grupo socialista recoge establecer incentivos para «favorecer la inversión privada en este área» así como medidas específicas de I+D+i «tanto ligadas al cambio climático o que fomenten la diversificación a la transición energética». También se señala la «aplicación de fondos europeos y programas de financiación del Banco Europeo de Inversión para fomento del emprendedurismo como alternativa a la transición energética».

Otra de las políticas que se reclama en la PNL es establecer «una planificación energética sustitutiva que sea equiparable a la capacidad de producción eléctrica de la central nuclear», que 2017 produjo el 3% de la producción eléctrica nacional y el 13’19% de la producción eléctrica de origen nuclear, «así como implantar las medidas que faciliten y agilicen las instalaciones renovables».

Por último, desde el grupo socialista proponen «solicitar al Gobierno de España su participación financiera y estratégica» y «derogar normas que dificulten la transición energética hacia un modelo más sostenible».

En este sentido, la diputada socialista ha recordado que la Ley del Sector Eléctrico que aprobó el Gobierno del PP en 2013 «no supuso ningún avance en materia de cambio climático y tuvo consecuencias nefastas» como fue la pérdida de unos 70.000 empleos en el sector de las energías renovables así como las pérdidas cuantiosas de muchos pequeños inversores.

El Parlamento de Cataluña crea una comisión para investigar “las posibles negligencias” en la explotación e indemnización del almacén Castor

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Europa Press / EFE.- El Parlamento de Cataluña ha aprobado crear una comisión de investigación sobre las «posibles negligencias» en el almacén de gas Castor, tanto al concederse la explotación como en la gestión posterior y la indemnización que concedió el Gobierno. Es una iniciativa de JxCat, ERC, En Comú Podemos y la CUP que ha prosperado con los votos de todos los grupos: 131 a favor y 1 en contra, ya que el diputado del PSC, Jordi Terrades, se ha equivocado al votar.

Los impulsores han expuesto que el fin es «evaluar las causas, los antecedentes, las incidencias directas e indirectas y las posibles negligencias o incluso actuaciones dolosas» de esta polémica infraestructura. Ven «muchas sombras» en la adjudicación del proyecto, critican que las inyecciones de gas en el depósito submarino provocaron centenares de movimientos sísmicos en la costa y recuerdan la polémica que rodeó la indemnización posterior.

El trabajo del almacén fue paralizado y suspendido definitivamente, y el Gobierno central decretó una compensación de 1.350 millones de euros para las empresas adjudicatarias, que luego el Tribunal Constitucional anuló. La comisión deberá constituirse en las próximas semanas y tiene previsto citar a expertos, responsables políticos de la época, ya que el proyecto va de 1996 a la actualidad, y movimientos sociales que alertaron de los riesgos del proyecto.

También se analizará la documentación referente al proyecto y de «dictámenes, auditorías o contra-informes», y se valorarán «los posibles daños, consecuencias y responsabilidades» así como «una posible vulneración del principio de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica«. Finalmente, la comisión de investigación estudiará «el coste y el impacto medioambiental del proyecto, así como de las fases de sellado y desmantelamiento».

“Que Florentino devuelva el dinero”

Mònica Sales (JxCat) ha recordado todas las molestias y agravios que el almacén causó para los habitantes de la comarcas del sur de Cataluña, con terremotos incluidos, y ha advertido: «Queremos llegar hasta el final». El diputado de ERC, Lluís Salvadó, cree que la historia del almacén no ha acabado, porque queda desmantelarlo, y ha pedido que «por salud democrática, Florentino Pérez, presidente de ACS, una de la adjudicatarias, devuelva todo lo que ha cobrado».

David Cid (CatECP) ha dicho que Castor es «uno de los fracasos más sonados de la política de infraestructuras del Estado», y ha recordado que la responsabilidad recae tanto en ministros populares, Josep Piqué y José Manuel Soria, como socialistas como José Montilla, Joan Clos y Miguel Sebastián. La cupaire Maria Sirvent ha asegurado que la historia del almacén de gas está repleta de corrupción y prácticas mafiosas, y ha criticado que fue la futura ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, quien, como secretaria de Estado, dio «luz verde a la estafa del proyecto Castor».

Marina Bravo (Cs) ha coincidido en que el caso Castor es «vergonzoso», pero también ha recriminado a los impulsores de la comisión que las políticas energéticas del PP y el PSOE se han hecho históricamente gracias a los votos de los partidos nacionalistas en el Congreso. Jordi Terrades (PSC) ha admitido que la cuestión merece ser investigada, y ha recordado a los impulsores de la comisión que ahora se muestran indignados que no olviden que previamente hubo consejeros de ERC en el Gobierno catalán «que estaban a favor del proyecto».

Pese a anunciar el voto a favor de su grupo a la iniciativa, se ha equivocado al votar y ha sido el único diputado en hacerlo en contra, y el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ironizó: «Pese a la oposición de un diputado, la comisión se ha aprobado». Santi Rodríguez indicó que el PP ve con buenos ojos la comisión, pero le vaticina dificultades porque el almacén de gas «no es competencia de la Generalitat» y esto supondrá un obstáculo para el Parlamento de Cataluña.

Ribera agradece a Sánchez su «confianza» para afrontar la descarbonización de España tras ser nombrada ministra para la Transición Ecológica

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Europa Press.- Teresa Ribera, la exsecretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, regresa al Gobierno de la mano de Pedro Sánchez como nueva ministra para la Transición Ecológica, un gran ministerio que aglutinará todas las competencias energéticas y medioambientales con el que pretende acelerar la senda de la descarbonización de España para un futuro próximo.

En este sentido, la nueva ministra para la Transición Ecológica ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su «confianza» después de que este anunciase la nueva composición de su Ejecutivo. «Gracias Sánchez por la confianza, gracias a los que cada día trabajáis por un mundo más justo, en el que prosperidad no esté reñida con equidad ni límites ambientales. #TransiciónEcológica #ConstruyendoUnFuturoComún», ha sido el mensaje que Ribera ha compartido en la red social Twitter. La nueva ministra de Transición Ecológica fue secretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, además de directora de la Oficina Española de Cambio Climático desde 2004 a 2008 y entre 2008 y 2011.

Ribera, que presidía en el PSOE el Consejo Asesor para la Transición Energética hasta ahora, sentará las bases de acuerdo a las propuestas socialistas en esta materia que pasan por, entre otras cuestiones, abandonar el carbón y cerrar las centrales nucleares a medida que cumplan sus 40 años de vida útil. Recientemente, Ribera ha manifestado que la transición ecológica es un desafío «complejo» puesto que requiere visión de conjunto coherente en «todos los ámbitos» de la vida, tanto en el marco constitucional y financiero como en el sistema fiscal y en las políticas de empleo.

En base a esta concepción, a finales de marzo, hace apenas 2 meses, el Consejo Asesor presentó su esquema a este respecto, que pasa por alcanzar un sistema energético eficiente y sostenible que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050 y reducir las emisiones de CO2 según los compromisos del Acuerdo de París.

Además, quiere promover un «gran Pacto de Estado» de la Energía que permita una política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética. Para ello, el documento contempla aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización. Además, se prevé modificar la Ley de Contratación Pública para que ésta incluya los nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas.

Entre las medidas energéticas más concretas, según la propuesta socialista, también está prohibir el fracking y nuevas exploraciones de hidrocarburos así como el cierre progresivo de las centrales nucleares cuando éstas vayan cumpliendo 40 años de vida útil. Apuesta igualmente por el autoconsumo energético y reformar el denominado Impuesto al Sol, así como acometer una reforma del mercado eléctrico que incluya una auditoría de los costes regulados que están integrados en la tarifa eléctrica, así como el nuevo mercado gasístico.

Por otro lado, plantea la creación de un Fondo Verde para la transición energética que se alimente con parte del nuevo impuesto al CO2 y que se destine a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a una transición justa. En cuanto a las ciudades, el consejo ve necesaria la aprobación de un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos en el sector.

Los geólogos ya ponen deberes

Por su parte, el Ilustre Colegio de Geólogos ha celebrado la creación de un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de Transición Energética y Medio Ambiente a cuyos titulares, Pedro Duque y Teresa Ribera, pide que impulsen la descarbonización en España. En este sentido, el colectivo profesional celebra la creación de ambos Ministerios con los que espera que se impulse «con decisión» las energías renovables, la descarbonización y que se apueste por un pacto por la energía. Además, desea al nuevo Gobierno que apoye a la energía geotérmica a la que considera que es «la gran olvidada hasta ahora» por «todos» los responsables políticos.

Los geólogos piden a Ribera que impulse «decididamente» las energías renovables y aproveche para firmar un pacto por la energía para cumplir con los compromisos ambientales europeos. Además, el Colegio espera de Ribera que muestre su apoyo por la energía geotérmica que en la actualidad se cita «muy de pasada» en el informe de expertos sobre la descarbonización de la economía española. En ese sentido, los geólogos esperan que se revierta esta situación porque la geotermia es además una «energía cuyos costes de implantación son asumibles y no debería dejar de considerarse en ningún proyecto de construcción que requiera de suministro energético limpio y continuado».

Teresa Ribera apunta a ministra de Transición Energética y Medio Ambiente con el cambio climático en el punto de mira

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Europa Press / EFE.- La ex secretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, Teresa Ribera, ha aceptado la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para encargarse del área de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático del nuevo Gobierno, según han confirmado fuentes de la dirección socialista.

Este nuevo gran Ministerio aglutinará las áreas de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático. Falta por perfilar el nombre definitivo de la cartera ministerial; se barajan dos alternativas: o bien Transición Ecológica o bien Transición Energética y Medio Ambiente. Teresa Ribera fue directora de la Oficina Española de Cambio Climático desde 2004 a 2008 y ocupó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático desde 2008 hasta 2011. En la actualidad, Ribera es directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), con sede en París, desde junio de 2014 y es una gran conocedora de las negociaciones internacionales en materia de cambio climático y medio ambiente.

Las organizaciones ecologistas valoran a Teresa Ribera como una persona adecuada para este puesto. Así, las principales organizaciones como Ecologistas en Acción, WWF o SEO/BirdLife han acogido con agrado la propuesta para esta cartera. Entre otros, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, destaca que Teresa Ribera es «sensible» a los temas ambientales y «muy competente«. «Con ella, aunque no está claro que la correlación de fuerzas en el Congreso permita grandes cambios, al menos la cosa no iría a peor«, ha manifestado.

Desde WWF, su secretario general, Juan Carlos del Olmo, ha valorado su experiencia como secretaria de Estado; su visión internacional «única en España» y el hecho de que ha trabajado con Pedro Sánchez en el diseño de la transición energética. «Es respetada por todos los sectores y creo que sería un buen comandante para este barco. Es idónea para dar un giro y cuenta con el suficiente apoyo para hacer cambios necesarios con gran respaldo«, sentencia. Finalmente, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha destacado su «capacidad de sobra para trabajar en cambio climático».

Más renovables y mayor eficiencia

Por su parte, la Fundación Renovables ha pedido al nuevo Ejecutivo que haga avanzar a España hacia un cambio de modelo energético en el que las energías renovables y la eficiencia deben tener el papel protagonista. La Fundación declara que la situación energética del país es «insostenible«. Según sus datos, ha afirmado que España padece un 83% de dependencia exterior de la demanda final energética, que registra un aumento del 20% de las toneladas métricas equivalentes de dióxido de carbono (MtCO2) entre 1990 y 2015 y ha sufrido un parón en la instalación de potencia renovable entre 2013 y 2018.

Fundación Renovables resalta que estos datos muestran cómo España «no sólo ha perdido el liderazgo que mantuvo hasta el 2010», tanto en el desarrollo de las energías renovables como en la creación de un tejido industrial del sector. Por ello, la organización aseguró que sería imprescindible que España se sume a la «senda» de los Estados miembros que están liderando la transición energética en la Unión Europea y apruebe la Ley de Cambio Climático, alcanzando un pacto político que permita al sector renovable «recuperar la legalidad y la seguridad jurídica».

Asimismo, Fundación Renovables ha instado a llevar a cabo una reforma real del sistema eléctrico que permita reducir el coste de la electricidad, eliminando y modificando las distintas partidas que lo forman con racionalidad y transparencia, como por ejemplo haciendo desaparecer el impuesto del 7% para la generación de electricidad con fuentes de energías renovables. Además, ve necesaria la puesta en marcha de una política fiscal activa con herramientas que favorezcan aquellas prácticas que aceleren y faciliten un cambio de modelo energético y penalicen las que lo ralentizan u obstaculizan.

De la misma forma, la Fundación defiende un cambio de modelo energético que ha de ser también social y económico y que conlleva la democratización de la energía, colocando al ciudadano como actor principal. En este sentido, ha declarado que para llegar a la descarbonización consensuada a nivel mundial para 2050, es «imprescindible» plantearse ya metas a 2030 y actuar «de forma prioritaria» sobre la demanda. En cuanto a la oferta, la Fundación Renovables insiste en que la tecnología renovable está lista para asumir el papel que le corresponde en un modelo sostenible y que «nadie tiene dudas sobre su competitividad», tras el «espectacular» descenso de costes que ha experimentado..

El sector renovable espera cambios

En este sentido, el Clúster de la Energía de Extremadura ha expresado la «esperanza» que tiene depositadas el sector de las renovables en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, para que las impulse con un cambio de rumbo, y ha pedido medidas contundentes que lleven a su desarrollo. Según expone su presidente, Vicente Sánchez, el sector tiene puestas sus miras en la promulgación de una ley que ponga en valor las energías renovables, para que éstas sean un motor económico, tal y como acontece en la mayoría de países occidentales.

A tenor de lo que han venido diciendo los partidos políticos en relación con este sector durante los últimos meses, cree que el PSOE no debería tener problemas para encontrar la mayoría suficiente para impulsar las energías renovables y el autoconsumo, ámbito este último que generaría una gran riqueza y puestos de trabajo en la comunidad extremeña. En su opinión, si se tiene en cuenta que el PSOE buscará algunas leyes de impacto durante este tiempo, y a tenor de las dificultades con las que se encontrarán los socialistas en otros ámbitos, las energías renovables debieran ser uno de sus objetivos, a juicio de Sánchez.

Por este motivo, el sector extremeño estará «expectante» e instará a la Junta de Extremadura, que ha mostrado en múltiples ocasiones su apoyo a las renovables, a que ponga este tema sobre la mesa en sus reivindicaciones al nuevo Gobierno. Sin embargo, Sánchez ha reconocido que al inicio de la legislatura de Mariano Rajoy también se pensaba que se abría una nueva etapa en el ámbito de las renovables y luego se «quedó en nada».

El temor a que se repita la situación, unido a la «inestabilidad» del nuevo Gobierno, hace que el sector extremeño sea «prudente», según Sánchez, aunque «es verdad que el PSOE posee más interés que el PP, que tiene cero en este ámbito». «Pese a las trabas puestas hasta ahora, el sector que más empleo genera en España hoy son las renovables y la eficiencia energética, y por este motivo es fundamental que se impulse», insiste.

Equo avisa al presidente Sánchez de que estarán «vigilantes» con la política medioambiental y «darán caña» si no hay cambios

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Europa Press.- Equo ha avisado al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que estarán «muy vigilantes» con lo que su Ejecutivo, que previsiblemente se nombrará esta semana, haga en materia medioambiental, aunque aseguran que ofrecen su «mano tendida» para que haya «cambios», ya que se muestran confiados con los socialistas.

«Peor que estábamos no vamos a estar, creemos que el PSOE puede hacer muchos cambios», ha afirmado el miembro y coportavoz del partido ecologista Juan López de Uralde, que apunta que Equo «quiere creer» a Sánchez cuando este les trasladó que escucharía sus propuestas, pero que si, por el contrario, su periodo de mandato es un «lavado de cara», el partido estará «dando caña».

«El medio ambiente no puede esperar, tiene que cambiar desde el minuto uno», ha insistido la también coportavoz de Equo, Marta Santos. Tanto López de Uralde como Santos insisten en que hay «cosas concretas que tienen que hacerse sí o sí» en lo que queda de legislatura con un nuevo Gobierno, como es el caso de la eliminación del impuesto al sol, la creación de un Ministerio específico de Medio Ambiente desligado de Agricultura y la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Ambos han presentado en Madrid las Diez propuestas ecologistas para frenar la crisis medioambiental de Equo, un documento que en principio se trataba de una «crítica» a las actuaciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy en materia de medio ambiente y que, ahora, van dirigidas al nuevo Gobierno de Sánchez con el objetivo de que haya «verdaderamente un cambio», según ha manifestado López de Uralde.

De la decena de sugerencias que hace Equo, la «primera prioridad» es la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pues critican que hasta la fecha no hay siquiera un borrador de dicha ley. En concreto, Equo reclama que esta Ley sea «ambiciosa», que tenga objetivos concretos, que sea transversal y que implique a todos los sectores afectados. Además, insisten en que se establezca un calendario concreto para el cierre de centrales nucleares y de carbón.

Igualmente, hacen hincapié en la necesidad de electrificar el transporte para reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero, un mayor control y transparencia sobre las emisiones de vehículos, y que el Gobierno central impulse medidas como las que ya realizan los ayuntamientos de Madrid, Barcelona o Valladolid de restricción del tráfico.