Las Cortes de Castilla y León dan el primer paso para retirar la normativa que prohibía las gasolineras desatendidas

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EFE.- Las Cortes de Castilla y León han dado el primer paso para volver a permitir que haya gasolineras desatendidas en la comunidad autónoma, después de prohibirlas en octubre de 2016, debido a los avisos al respecto de la Unión Europea y a algunos avances en seguridad y accesibilidad. Se trata de una propuesta del PP que apoya Ciudadanos, el único grupo que se opuso a que se prohibieran esas gasolineras desatendidas, y la abstención del PSOE, Podemos y el grupo mixto.

El procurador del PP, Salvador Cruz, ha detallado esa proposición de ley, presentada en un «ejercicio de pura responsabilidad», para derogar la modificación del Estatuto del Consumidor que se aprobó en octubre de 2016 y que, en la práctica, implicó la prohibición de la existencia de gasolineras desatendidas en esta comunidad. Cruz ha argumentado la derogación en 4 cambios que se han producido desde que se aprobó la ley, entre ellos la normativa estatal que ha regulado los objetivos de seguridad y de accesibilidad para personas discapacitadas y la amenaza de sanción europea que pesa sobre España en esta materia.

También la iniciativa legislativa popular impulsada por la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACyL) para que se haga una excepción a la hora de que pueda haber gasolineras desatendidas en los casos en los que el titular sea una cooperativa o ésta tenga mayoría. Esta iniciativa ha cumplido con todos los requisitos de firmas y representación, lo que sólo ha sucedido en otra ocasión en la comunidad, aunque Cruz entiende que, de aprobarse la ley para la que ha pedido el PP la toma en consideración, no tendría sentido seguir con la tramitación que pide URCACYL.

Evitar un procedimiento de infracción

El cuarto argumento procede del expediente informativo que ha anunciado la Unión Europea, que podía dar paso a otro de infracción, en la línea de lo que ha sucedido en Grecia o Italia, y Cruz ha recordado que otras autonomías, como Aragón o Valencia han derogado los decretos que también prohibían esas gasolineras desatendidas, lo que también han anunciado Navarra y Castilla-La Mancha, y en Asturias no se va a seguir con la regulación prevista.

El único grupo que respaldó este primer paso para la vuelta atrás fue Ciudadanos, que ya votó en contra del cambio anterior, ya que según el procurador David Castaño si de lo que se trataba era de proteger a los discapacitados no hacía falta prohibir las gasolineras desatendidas sino que quitaran los obstáculos y se adaptaran. Castaño ha reprochado al PP que legislara la prohibición de esas gasolineras «cuando ya había alertas» desde Europa y se conocían esas nuevas normativas para la mejora de la seguridad y acceso a las gasolineras y ha vuelto a pedir «prudencia» también ahora para dar seguridad jurídica al sector.

Por el contrario, desde Podemos, Félix Díez ve este nuevo cambio como «un paso atrás», y se ha preguntado si la libertad de mercado que esgrime la Unión Europea puede estar por delante de los derechos de las personas con discapacidad. De «ridículo» ha calificado el procurador del PSOE, José Francisco Martín, la vuelta atrás normativa que ha atribuido a las «presiones de las estaciones desatendidas», ya que la propia Comisión Europea ha calificado de «rumor» las sanciones y ha precisado que «no tenía intención de multar a las comunidades». Martín se preguntó si las estaciones de servicio de la comunidad, incluidas las de las cooperativas agrarias, cumplen esos nuevos requisitos de seguridad y accesibilidad.

El Gobierno asturiano rechaza el cierre de centrales térmicas propuesto por el consejo asesor del PSOE para la transición energética

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EFE / Europa Press.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamado un pacto por la energía en España que, entre otras cosas, suponga «considerar el carbón como reserva estratégica». Quién no parece satisfecho con las propuestas de Ferraz es el Gobierno asturiano, que se opone frontalmente a la propuesta de cierre ordenado de térmicas lanzada por el consejo de expertos creado por el PSOE para asesorar al partido para avanzar en la transición ecológica de la economía.

«El Gobierno asturiano está frontalmente en contra y esperamos que la dirección del PSOE también lo esté», aseveró el portavoz del Gobierno socialista asturiano, Guillermo Martínez, que se refería así al primer borrador que, tras 7 meses de trabajos, ha hecho ese Consejo Asesor para la Transición Ecológica creado por los socialistas. La veintena de expertos que integran el consejo también defiende para una transición justa que el abandono del carbón y cierre nuclear debe de ir acompañado de «un calendario intenso de instalación de nueva potencia renovable en el periodo 2020-2030 y de máxima electrificación de los sectores económicos».

Por su parte, para el portavoz de Izquierda Unida en el parlamento autonómico asturiano, Gaspar Llamazares, este informe es «inaceptable e inviable» para Asturias, para todo el sector energético y para la política industrial del conjunto de España. En su opinión, para Asturias no significaría una transición energética justa y equilibrada sino una ruptura tanto energética como industrial inasumible y desequilibrada, porque afectaría particularmente a territorios como las comarcas mineras y el occidente de Asturias.

Posición socialista sobre el carbón

Por su parte, el líder socialista Pedro Sánchez ha criticado al Gobierno por decir por un lado que apoya al carbón pero, al mismo tiempo, incumplir muchos acuerdos con los trabajadores de las explotaciones y con las cuencas mineras. Por ello, Sánchez ha exigido al PP que pase «de las musas al teatro» y que diga «cómo va a cumplir con los mineros» y qué va a hacer a partir de 2019 para garantizar las oportunidades «que merecen las cuencas mineras en Asturias, en Castilla y León y en Aragón».

Otro de los puntos que debe incluir ese pacto por la energía, según Sánchez, es el de hacer frente al desafío del calentamiento global, pero ha advertido que “cualquier cierre de la actividad energética que se produzca en cualquier lugar de nuestro país tiene que venir precedido de un acuerdo entre el Gobierno, los trabajadores, la empresa y las administraciones más próximas, es decir se tiene que propiciar una transición justa, con recursos económicos para que esa transición no signifique cerrar puertas a comarcas enteras».

Vara destaca las previsiones de inversión privada de 10.000 millones de euros en Extremadura con una importante parte en fotovoltaica

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EFE.- El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado convencido de las opciones de futuro que tiene Extremadura y ha indicado que las previsiones de inversión privada se sitúan aproximadamente en los 10.000 millones de euros hasta 2022, «lo que era impensable en esta región». Vara ha hecho un análisis de la situación y los retos a los que se enfrenta la comunidad autónoma en los próximos años.

En este sentido, Vara ha recordado las potencialidades en energía renovable, con «datos espectaculares», con 8.000 megavatios solicitados para desarrollo fotovoltaico lo que para él, reconoció, era impensable hasta «en el mejor de los escenarios». Además, ha especificado que 2.000 de ellos tienen hasta los avales presentados y «todas las garantías». En ese sentido, Fernández Vara ha recordado que cada uno de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz son 1.000 megavatios, «con lo cual tenemos ya 8 veces la potencia instalada en un reactor de Almaraz en energía renovable», lo que, a su juicio, abre un panorama de inversión de entre 1.500 y 2.000 millones de euros.

Lambán (Aragón) se muestra convencido de que el PSOE apoyará la ley para evitar el cierre de las centrales térmicas

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EFE.- Mientras la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reiterado en León el compromiso del Gobierno y del grupo parlamentario popular con la minería del carbón, como demuestran sus iniciativas, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, se ha mostrado «prácticamente convencido» de que el PSOE apoyará en el Congreso de los Diputados la proposición de ley para regular el cierre de las centrales térmicas anunciada por el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

Lambán ha explicado que los responsables socialistas de Asturias, Castilla y León y Aragón se han reunido con la dirección del partido para abordar este asunto. Sobre este encuentro, Lambán constató una «predisposición bastante favorable» por parte de su partido a apoyar la proposición de ley anunciada por el Gobierno para regular el cierre de las centrales térmicas, en el caso de que finalmente se lleve el texto al Congreso de los Diputados. En este sentido, el Gobierno de Aragón apoya «sin fisuras» que el Gobierno pueda intervenir para evitar el cierre de la central térmica de Andorra (Teruel). «Y estoy prácticamente convencido de que si el ministro Nadal lleva esa ley al Congreso, el PSOE la apoyará», ha resaltado.

El PP y el carbón

Por su parte, Sáenz de Santamaría ha criticado la postura de la oposición en el Congreso en lo que respecta al carbón y al mantenimiento de las centrales térmicas, y ha lamentado que no se les haya visto preocupados por este asunto. «Nuestro compromiso como grupo parlamentario está ahí y contamos con el apoyo, entre otros, del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera», ha precisado la vicepresidenta. «Ahora lo que nos gustaría es tener el apoyo del resto de grupos políticos a los que no hemos visto muy interesados por esta cuestión, pero trabajaremos para tener su apoyo en el Congreso«, ha apuntado.

Ha recordado que el grupo parlamentario popular, en contacto con el Ministerio de Energía, tiene previsto presentar una iniciativa para la pervivencia del sector a través del mantenimiento de las centrales térmicas. «Creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante y con una gran sensibilidad hacia un sector clave y en el ámbito de lo que es el futuro de nuestra energía podemos encontrar mecanismos para poderle dar la solución que siempre hemos buscado», concluyó.

Gas Natural Fenosa construye en Plasencia el primer parque eólico de Extremadura y los políticos pugnan por apuntarse el tanto

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EFE.- La construcción del parque eólico Merengue, promovido por Gas Natural Fenosa Renovables en el término municipal de Plasencia (Cáceres), el primero de estas características que se levantará en suelo extremeño. El futuro parque eólico contará con 15 aerogeneradores, una potencia de 40 megavatios (MW) y producirá alrededor de 155 GWh anuales, equivalentes al consumo eléctrico anual de 44.000 viviendas, lo que supone el doble del consumo eléctrico anual de Plasencia.

La inversión del proyecto alcanzará los casi 40 millones de euros y el parque eólico supondrá la creación de unos 250 puestos de trabajo entre las fases de construcción y operación y mantenimiento. Se prevé que los trabajos de construcción concluyan a finales de este año. Estos son los datos de un proyecto que ha echado a andar con la celebración del acto de colocación de la primera piedra del futuro parque eólico, en el que ha participado un nutrido grupo de representantes políticos extremeños, encabezados por el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara.

En su intervención, el presidente extremeño, que ha apostado por el protagonismo de Extremadura en el presente y el futuro de las energías renovables, ha apuntado que estas obras marcan un nuevo «hito» en la implantación de las renovables en la región. Fernández Vara ha afirmado que «los pueblos invencibles son los que son capaces de convertir el tú y el yo en nosotros», ya que este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración entre diferentes administraciones y el esfuerzo de la empresa. Por último, ha abogado por ponerse de acuerdo «entre todos» para decidir «qué fuentes energéticas queremos, ya que esto influirá en el futuro del país y de la región«, ha aseverado.

Por su parte, la directora general de Personas y Recursos de Gas Natural Fenosa, Rosa María Sanz, ha subrayado que gracias a este proyecto Plasencia se convertirá en una ciudad que consumirá 100% energía renovable este año. «En la actualidad solo existen 101 ciudades en el mundo, entre ellas Oslo o Vancouver, que disponen de un suministro de iguales características, por lo que la capital del Jerte podrá formar parte de esta exclusiva lista en apenas 9 meses», comprometió Sanz.

De igual forma, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha insistido en que el futuro parque eólico tendrá un impacto «muy positivo» en la ciudad, sobre todo en lo que a creación de empleo se refiere. En este sentido, ha recordado que el Consistorio ha aprobado recientemente un canon de 782.000 euros que la sociedad Gas Natural Fenosa Renovables tendrá que abonar como requisito previo a la licencia de construcción del parque. El alcalde resaltó que la capital del Jerte «vaya a hacer historia» al ser la primera ciudad de Extremadura en albergar un parque eólico en su término municipal. «La consecución de este proyecto viene precedido de un trabajo duro e intenso», aseguró Pizarro.

En Extremadura “gracias al PP”

Por su parte, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que la construcción de un parque eólico en Extremadura ha sido posible «gracias a una reforma» que hizo su gobierno autonómico durante la pasada legislatura. Tras mostrar su «confianza» en que se pongan más proyectos de este tipo en marcha, Monago ha recordado que el proyecto que se está construyendo ya «se venía gestando» durante la legislatura pasada con el PP.

«Y ha sido posible gracias a una reforma que hicimos y que suavizó algunas trabas que existían, como la exigencia de creación de 3 puestos de trabajo por cada megavatio», señaló el líder del PP. Monago ha insistido en que la reforma que impulsó el PP es la que ha permitido que el proyecto del parque eólico placentino sea «viable económica y técnicamente». «Es un día importante para una comunidad que tiene vocación energética pero en la que faltaba una energía como la eólica«, indicó.

Por ello, el presidente del PP ha mostrado su satisfacción porque se trata de proyectos que conllevan «una creación de puestos de trabajo importante» y también una tributación tanto para las arcas municipales como regionales, «y eso significa más oportunidades de desarrollo para la comunidad”, ha agregado. También se ha referido a las palabras de Fernández Vara, sobre la necesidad de ponerse de acuerdo «entre todos» para decidir «qué fuentes energéticas queremos, ya que esto influirá en el futuro del país y de la región». Monago ha señalado que «lo que tiene que hacer es hablar con Pedro Sánchez porque en las Cortes hacen justo lo contrario, el PSOE está en el me opongo permanentemente«.

Ciudadanos habla del retraso eólico

Por otro lado, la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Victoria Domínguez, lamenta que Extremadura «haya perdido empleo e inversiones» al incorporarse «con años de retraso» a la energía eólica. En este sentido, ha precisado que «debe ganar ese tiempo perdido porque el desarrollo de las renovables es un activo para el empleo y las inversiones como pone de manifiesto este proyecto«, ha dicho Domínguez. La portavoz reiteró que Ciudadanos siempre ha defendido la necesidad de «impulsar el cambio de modelo energético», de apostar por el desarrollo de energías renovables y por hacer «esa transición hacia las energías limpias como parte de la estrategia contra el cambio climático, de acuerdo con los objetivos marcados por la Unión Europea».

El PSOE se une a los trabajadores contra los despidos de Gas Natural Fenosa en su central térmica de Anllares

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EFE.- El PSOE de León expresó su «total apoyo» a los trabajadores de la central térmica de Anllares, en Páramo del Sil (León), que han iniciado un conflicto laboral con Gas Natural Fenosa tras el despido del 45% de la plantilla de mantenimiento y limpieza. Una representación de los trabajadores se reunió con una delegación socialista encabezada por el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón.

Los representantes de los trabajadores explicaron que la dirección de la central procedió recientemente a la extinción de 9 empleos en la sección de mantenimiento y limpieza, de un total de 21 trabajadores. En 2015 ya se redujo a la mitad la plantilla, que entonces estaba en 40 trabajadores, lo que la empresa justificó en la «reducción de contrato por parada prolongada». Este argumento, a juicio de la representación laboral, no se sostiene ya que, después de esta medida, se ha vuelto a contratar personal eventual para hacer frente a la demanda de actividad existente.

De hecho, los trabajadores denuncian que la empresa esconde un intento de afrontar el posible cierre de la térmica con eventuales. Los representantes de los trabajadores también trasladaron a la delegación socialista que la mayoría de estos empleados despedidos llevan cerca de 40 años en la empresa, lo que significa que se evitaría que sus pensiones se vean reducidas a la mitad si se mantuvieran en plantilla durante las labores de cierre de la central.

Asimismo, los sindicatos habían llegado a un acuerdo con Gas Natural Fenosa por el que la empresa se comprometía a no tomar ninguna medida contra los trabajadores mientras no se concrete el cierre anunciado por la compañía. En la reunión también salieron a relucir críticas a la actitud del alcalde de Páramo del Sil, secretario provincial del PP y vicepresidente de la Diputación, Ángel Calvo, al que se ha pedido que «deje de mirar para otro lado» y muestre de modo decidido su apoyo a los trabajadores de la central térmica ubicada en el municipio.

La Asamblea de Extremadura rechaza instar a la Junta a elaborar un Plan Regional de Energía a petición de Podemos

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EFE.- El pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado instar a la Junta a elaborar un Plan Regional de Energía, a impulsar un debate monográfico sobre la situación del sector y a legislar sobre la eficiencia energética en los centros educativos públicos. Se trataba de una moción subsiguiente a interpelación del grupo parlamentario de Podemos ante la que el PSOE se ha abstenido y el PP ha votado en contra.

Ha sido defendida por el parlamentario Eugenio Romero, que ha dicho que se han reunido con muchas empresas del sector para conocer la situación y que la propuesta del 35% de renovables que ha hecho la Unión Europea para 2030 no es ambiciosa ya que la Unión Europea podría alcanzar un mayor porcentaje. Además, ha indicado que, por ejemplo, la comarca de Campo Arañuelo (Cáceres) tiene una tasa de paro del 25% a pesar de que la central nuclear de Almaraz «mete en la zona» 2 millones de euros diarios, y además “es preciso” clausurarla.

Ha agregado que se intenta «pinchar» el modelo de energía verde con la continuidad de Almaraz y que es posible crear miles de empleos y cambiar el modelo productivo de la región mediante la potenciación de las energías renovables, entre las que las que ha mencionado la solar y la biomasa. Para esto, ha dicho, hay que activar un modelo de empleo en energía renovables y mejorar la eficiencia energética de los municipios y en el sector de la construcción.

Por su parte, el diputado del PP, José Antonio Echávarri, ha defendido una enmienda de modificación en el sentido de que la región no tiene todas las competencias en materia energética y que no se puede exigir al Gobierno el cierre de la central nuclear dentro de dos o tres años, aunque estaban de acuerdo en el resto de puntos.

A su vez, el del PSOE, Andrés Moriano, presentó una enmienda de modificación y ha aseverado que no pueden aceptar pedir al Gobierno regional a elaborar un Plan Regional de Energía ya que ya se ha trabajado y se trabaja en esta cuestión de apoyo a las renovables al igual que lo hace el Parlamento Europeo, mientras que el Ejecutivo central no hace lo mismo.

Ante ellas Podemos ha presentado una enmienda transaccional para «unificar los criterios» ya que los socialistas «lo dejan todo en manos del Gobierno central» a pesar de que la Junta tiene competencias, mientras que los populares no apoyan suficientemente a las renovables. Esta enmienda de la formación morada no ha sido aceptada ni por el PSOE ni por el PP.

Nadal asegura que el precio de la electricidad bajará en 2020 y carga duramente contra la política energética de Zapatero

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EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, criticó duramente el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, del que afirma sin dudar que «se cargó la política energética en dos años y medio» porque había que decir que España iba «a cumplir más que nadie con los objetivos de entonces del protocolo de Kioto». Asimismo, el ministro de Energía ha avanzado que en 2020 se producirá una rebaja sustancial de los costes de la electricidad entre un 5% y un 10%.

Nadal ha explicado que la bajada de la factura depende de los precios internacionales y de la meteorología, y ha mantenido que se va a revisar la rentabilidad de las actividades eléctricas en el 2020 según «el tipo de interés del bono». En esta línea, ha asegurado que el cierre nuclear supondría una subida entre un 18-25% del precio mayorista de la electricidad y «lo mismo pasa con las centrales de carbón» añadió Nadal, quien resaltó que el cierre conjunto podría subir un 65% el precio. Sobre la posibilidad de construir nuevas centrales nucleares, Nadal apuntó que es «bastante cara, sin embargo tenerla ya construida y actualizarla con las necesidades de seguridad de Fukushima es una inversión mucho más aceptable«.

Por otro lado, Nadal ha abordado el tema de la industria fotovoltaica y ha mantenido que hasta el año pasado esta energía «no ha podido competir con la producción de otro tipo porque era sustancialmente más cara». «El recurso es gratuito pero la placa era muy cara» subrayó Nadal, quien ha recordado que para «amortizar una placa en 2008 había que pagar 490 euros y ahora se paga cerca de 60 porque ha mejorado la tecnología muchísimo«. El ministro ha criticado que esta energía se vendiera como «un producto financiero«, y «no lo era». De hecho, añadió que «no es para ahorradores» sino para personas que sepan de energía. «No es un caso muy diferente al de las preferentes«, sentenció.

Críticas al Gobierno de Zapatero

Respecto a la etapa socialista, Nadal indicó que si se hubiera esperado 10 años para instalar la energía fotovoltaica, España se habría ahorrado 10.000 millones de euros de la deuda actual. Por este motivo ha acusado al Gobierno socialista de haber supuesto que los costes iban a caer, pero no lo hicieron, lo que «generó un sobrecoste enorme al conjunto del sistema». El ministro señaló que, como «no se subieron los precios al mismo tiempo que los costes porque la presión social habría sido enorme, se creó un déficit que fue acumulando una deuda de casi 30.000 millones de euros».

Por eso ahora el Gobierno es «tan estricto» y no se permite «ni un coste frívolo más», aseveró Nadal, quien ha mantenido que la reforma energética evitó una subida del 42% del precio final de la luz. Por otro lado, respecto al impuesto finalista de la electricidad, el ministro ha afirmado que existe «en todos los países europeos» y que «no está para otra cosa que para pagar servicios públicos, como hospitales, universidades o colegios».

«Siempre se puede plantear la posibilidad de hacer un cambio tributario, en este caso de tributación indirecta, pero a cambio de qué, qué bajamos y qué subimos», se ha preguntado Nadal, quien incidió en que «las cuentas tienen que cuadrar». «Como ministro de Energía me gustaría que hubiera la menor presión fiscal posible sobre los sectores energéticos», ha mantenido, pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, «diría que las cuentas tienen que cuadrar y los servicios públicos hay que pagarlos».

Asturias defiende en el Parlamento Europeo no acabar con el carbón mientras Castilla y León pide ayudas a las cuencas

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EFE.- Mientras la consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, defendió que se «reprogramen» los fondos europeos actuales para poder destinar más dinero a los municipios con fuerte implantación de la minería de carbón para revitalizar su economía, el consejero de Empleo e Industria de Asturias, Isaac Pola, reivindicó en el Parlamento Europeo que no se elimine la actividad minera del carbón y que la transición energética se haga con «el debido equilibrio ambiental, social, económico y técnico».

Pola participó en Bruselas en la reunión de la Plataforma de las Regiones con Minería de Carbón en Transición celebrada en la Eurocámara. «La postura de Asturias es completamente equiparable a la de Castilla y León. Siempre hemos propugnado una transición gradual, justa y equilibrada y que pasa por no eliminar la actividad minera; así se lo hemos hecho saber a la Comisión Europea», explicó. Pola afirmó que aunque esta visión no es «la corriente principal» en la Unión Europea, es algo «perfectamente compatible con el cumplimiento de sus objetivos»

Por otro lado, Pola pidió que las zonas mineras reciban más fondos de los instrumentos financieros de la Unión Europea. «Hemos planteado a los miembros de la Comisión Europea y la dirección general de energía, no sé si fondos adicionales, pero sí la necesidad de priorizar aquellos proyectos que se vinculen a través de esta plataforma«, expuso. El consejero aseguró que la Comisión Europea ha recogido la iniciativa y confió en que se puedan aplicar «más fondos a proyectos al desarrollo de comarcas mineras». «Estos proyectos pasan por una parte por el mantenimiento de una minería del carbón competitiva y por otra parte complementando con otras actividades de diversificación«, concluyó.

La Plataforma de las Regiones con Minería de Carbón en Transición, que representa a todos los territorios de la Unión Europea donde la minería del carbón sigue considerándose un motor económico, celebró su primera ronda de trabajo en Bruselas. La iniciativa fue lanzada por la Comisión Europea en diciembre en Estrasburgo y está integrada por 41 regiones de 12 estados miembros de la Unión Europea. En las jornadas se debatió sobre el cambio industrial y tecnológico en las regiones mineras del carbón, así como la transformación estructural y el diálogo social en esas mismas zonas.

Castilla y León pide ayudas

Del Olmo también participó en Bruselas en la primera reunión de trabajo de la Plataforma. La consejera incidió en la necesidad de crear instrumentos financieros en el próximo presupuesto de la Unión Europea que ayuden a las zonas mineras en su transición energética y palien los costes socioeconómicos. La consejera advirtió durante su intervención en la Eurocámara de las «dificultades» que sufren los municipios que integran las zonas mineras de Castilla y León debido a las condiciones orográficas, procesos de despoblación y falta de inversiones.

«Es muy difícil atraer nuevas empresas a los municipios mineros, porque la intensidad de las ayudas en esa zona es la misma que en otras áreas de Castilla y León. La aplicación de una discriminación positiva haría posible atraer compañías tractoras a las zonas mineras», incidió en referencia a la necesidad de un enfoque particular para estas regiones. Además, la consejera pidió que se permitan «excepcionalmente» las ayudas a grandes empresas que cubran una amplia tipología de sectores. Finalmente, también señaló la importancia de mantener un 5% de carbón dentro del «mix» energético y aseguró que esto «no afectaría al medio ambiente» porque mediante la investigación se puede conseguir que el carbón «sea más limpio».

Los colegisladores de la Unión Europea están inmersos actualmente en la negociación final sobre energías renovables para 2030, donde el Consejo defiende una tasa mínima del 27% de energías limpias y el Parlamento Europeo del 35%. Además, se espera que el acuerdo final avale los «mecanismos de capacidad», que permiten mantener centrales convencionales «de guardia» para que entren en funcionamiento en caso de que las renovables no sean capaces de abastecer la red por sí solas. Sin embargo, organizaciones ecologistas como la Red de Acción Climática consideran que el carbón debe desaparecer de la generación energética de la Unión Europea.

Castilla-La Mancha recurrirá al Tribunal Constitucional la suspensión de la ejecutividad de la ley antifracking aprobada por las Cortes autonómicas

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Europa Press.- El Gobierno de Castilla-La Mancha va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional solicitando el levantamiento de la suspensión de la ejecutividad de la ley antifracking aprobada por las Cortes regionales el año pasado, «mientras no exista un plan estratégico regional sobre la fractura hidráulica» que impida esta práctica en la región. Así lo puso de manifiesto el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha apoyado a las plataformas antifracking de la región.

«Esperamos que el Tribunal Constitucional levante la suspensión de la ejecutividad de la Ley porque de ellos depende que en Castilla-La Mancha se puedan realizar prácticas de fractura hidráulica y queremos impedirlo a través de ese recurso que vamos a presentar ante el Tribunal Constitucional», ha señalado. Y es que, ha incidido, la Ley aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha «no invade competencias estatales» ya que, ha recordado, «se apoya en dos competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma: el medio ambiente y la salud pública», en las que «tenemos las competencias para legislar y no estamos de acuerdo con esa posición manifestada desde el Gobierno central a través del recurso que se ha admitido por el Tribunal Constitucional», explicó.

En suspenso por el recurso

En este sentido, ha indicado que, además de garantizar la salud pública y el medio ambiente, en Castilla-La Mancha se apuesta por un «modelo energético sostenible muy alejado de prácticas como el fracking y las energías nucleares y vamos a defenderlo siempre» porque «garantiza la viabilidad de nuestro territorio«. En la Ley aprobada por las Cortes regionales, actualmente en suspenso por el recurso admitido a trámite del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, se establecen las medidas adicionales de protección de la salud pública y el medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la fractura hidráulica.

El Gobierno regional entiende que deben prevalecer las garantías de la salud pública y medio ambiente sobre una práctica «de la que se desconocen con precisión sus efectos» según resaltó el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, quien reitera que «hay argumentos suficientes para que en Castilla-La Mancha podamos legislar sobre esta materia apoyándonos en competencias exclusivas de Castilla-La Mancha y así vamos a defender los intereses en la región en este sentido».