El PP castellano-manchego afirma que «nunca» ha habido «motivaciones» para paralizar el ATC y el PSOE le reprocha su «entusiasmo»

Europa Press.- La diputada autonómica del PP, Claudia Alonso, ha asegurado que «nunca» ha habido «motivaciones» para la paralización de la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas ya que, según la popular, fue el PSOE quien puso en marcha esta cuestión durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En este sentido, Alonso reivindica que el PP «siempre ha sido coherente» respecto a esta instalación, al tiempo que ha aseverado que el presidente regional, Emiliano García-Page, «debe pintar poco» en el PSOE ya que «le hacen bastante poco caso». Para Alonso, esta infraestructura es «necesaria» para una zona «deprimida económicamente». La diputada se pregunta dónde está el «famoso plan» que García-Page anunció «poco después de la investidura» que iba a realizar en esta zona de Cuenca para ayudarla a crecer económicamente. «No ha hecho nada, anunciar, vender, pero hacer no ha hecho nada», recriminó.

Por su parte, el diputado socialista, Fernando Mora, ha aseverado que el PP está «entusiasmado» con que un «basurero venga a Castilla-La Mancha» para que los vecinos de Villar de Cañas se pongan «amarillos como Los Simpson«. Mora cree que quien piense que esta instalación es desarrollo «se está equivocando» y «no sabe por dónde va», ya que Castilla-La Mancha «no puede ser una tierra de basureros, una tierra abandonada», que es lo que quieren, a su juicio, los populares.

El PSOE defiende que el Gobierno elaborará una estrategia global del sector energético antes de decidir sobre el ATC nuclear

EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista ha pedido al PP la retirada de la solicitud de comparecencia ante el Congreso de la ministra Teresa Ribera, ante la propia solicitud presentada por la encargada de la cartera de Transición Ecológica para explicar la resolución que paraliza el Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y de los residuos de alta actividad (ATC) en Villar de Cañas, en Cuenca.

Así lo ha explicado la diputada socialista Pilar Lucio ante los miembros de la Diputación Permanente del Congreso en relación a las preguntas del PP sobre el ATC. Lucio ha señalado que la suspensión se ha adoptado ya que, después de 6 años de Gobierno del PP, se encontraron con «una falta de previsión para la gestión de los residuos nucleares, fruto de la inacción y a falta de una estrategia global del sector energético«.

La socialista ha destacado que el Gobierno se ha limitado a solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación para analizar la situación». Por ello indicó que en el Ministerio se está a la espera de un «estudio sobre el volumen total de residuos, el mix energético y la idoneidad de los terrenos». «Hay que garantizar una gestión segura, algo que no hizo el PP», ha remarcado Lucio.

El Gobierno socialista, según indicó, «ha asumido la descarbonización, con una transición energética» a corto y largo plazo, por ello está concluyendo el Plan nacional integrado de energía y clima, que «deberá presentar a la Unión Europea a finales de 2018». Asimismo, consideran necesario actualizar el cuarto Plan de residuos de 2006, algo que «no se hizo» durante la anterior legislatura, y que estaba prevista su puesta en marcha para 2010, por lo que han sido necesarios los almacenes individualizados.

«No es el propósito gastar más dinero», ha remarcado en relación al coste de 70.000 euros diarios de almacenamiento en Francia de los residuos nucleares españoles, pero es una «cuestión de política energética y gestión de residuos global». Finalmente, ha concluido que, para explicar todo ello, la solicitud ya la presentó la ministra, por lo que ha pedido la retirada de la solicitud del PP.

Por su parte, la diputada del PP por Castilla-La Mancha, Rosa Romero, reiteró la solicitud de comparecencia de Ribera al señalar que durante su comparecencia del pasado julio la ministra “ocultó la decisión adoptada con anterioridad y que ya se había comunicado al CSN”. Además, señaló que el ATC es “un proyecto fundamental para la seguridad nuclear nacional y para el desarrollo de la comarca, que incluiría la construcción de un parque de desarrollo e investigación y la inversión de 1.000 millones de euros”. Asimismo, instó a la ministra a que ponga encima de la mesa las «alternativas» al ATC.

El diputado por Ciudadanos, Antonio Roldán, ha apoyado la solicitud del PP y ha señalado que el ATC «estaba aprobado en el sexto plan de residuos» y la «posición de Ribera no se ha explicado de forma amplia«. Por ello, Ciudadanos ve necesario que explique «en detalle» esta decisión, y especialmente «una alternativa» y «plan» para el almacenamiento de esos residuos, más allá «de ocurrencias».

Desde Unidos Podemos, Josep Vendrell acusó al PP de «cinismo» por reclamar esta comparecencia de la ministra que, a su juicio, «acumula chapuza tras chapuza» del Gobierno anterior. «Seremos exigentes, es necesario un plan de cierre de centrales nucleares», resaltó. Por ello, Vendrell ha apoyado la suspensión del ATC porque «es un primer paso» para el cierre de las centrales nucleares. Vendrell ha achacado al PP haber tomado la decisión de construcción del ATC «más por razones políticas que económicas«, y ha añadido que varios informes desaconsejan la ubicación del ATC en Villar de Cañas.

José Luis Navarro, consejero del Gobierno de Extremadura, es el nuevo presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa)

EFE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atendido las peticiones del presidente socialista de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara: el extremeño José Luis Navarro, hasta ahora consejero de Economía e Infraestructuras del gobierno autonómico de Extremadura, es el nuevo presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), entidad pública encargada de recoger, tratar, acondicionar y almacenar los residuos radiactivos que se generan en cualquier punto de España.

Navarro ha estado al frente de la Consejería de Economía e Infraestructuras de Extremadura desde julio de 2015 y formó parte del anterior Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara como consejero de Industria y Medio Ambiente, entre julio de 2007 y julio de 2011. Enresa, como empresa pública, está sometida al control regulador de diversos organismos de la Administración General del Estado, que validan la planificación de sus actividades y controlan sus actuaciones. Es también su cometido garantizar la seguridad a las personas y al medio ambiente de los residuos radiactivos, el desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas en desuso, así como la restauración ambiental de las minas de uranio.

Vara ve cumplidos sus deseos

Por su parte, Guillermo Fernández Vara ha confesado que cuando Pedro Sánchez conformó su nuevo gobierno él, como presidente de la Junta y líder regional del PSOE, tenía «muy claro donde quería que hubiera dos extremeños: en Cetarsa y Enresa», tal y como ha ocurrido. Por ello, Vara ha indicado que ahora que ya han sido nombrados José Andrés Tovar y José Luis Navarro como presidentes de Cetarsa y Enresa, respectivamente, puede decir «con toda claridad» cuáles eran sus preferencias con respecto a la cuota extremeña en el nuevo Gobierno.

Fernández Vara ha destacado la importancia de la toma de decisiones en Enresa para Extremadura por todo lo relacionado con la energía nuclear y la central de Almaraz. En este sentido, ha puesto de relieve la importancia de que el Gobierno haya decidido poner al frente de Enresa a quien ha sido hasta ahora su consejero, José Luis Navarro, una persona «enormemente capaz y conocedora desde el minuto uno de lo que tiene entre manos»

Vara hizo hincapié en lo que significa «colocar a un extremeño con pleno conocimiento de causa en el núcleo de decisiones que tendrán que tomarse en los próximos años en nuestro país» en relación con la política energética. En ese sentido, reiteró la necesidad «de abrir un diálogo sincero y franco de todas las partes afectadas para que este país no legisle a golpe de intuición ni de invención, sino que defina cuál va a ser su mapa energético de futuro y en base a eso se establezca un calendario adecuado de finalización de la vida de las centrales nucleares».

«Son energías del pasado, pero a las que habrá que buscarles alternativa de futuro», ha dicho Vara, quien se ha mostrado «plenamente convencido y decidido a que en ningún caso permitiremos que eso ocurra hasta que no haya alternativas claras» para suplir la actividad económica y el empleo que genera Almaraz en el norte de la provincia de Cáceres. Por ello, recalcó que le da «bastante tranquilidad» que Navarro vaya a estar en la toma de decisiones en ese ámbito.

Denuncian el “premio” a Navarro

Desde la oposición, el PP ha dado un «suspenso» a la gestión de José Luis Navarro por sus decisiones económicas y por dejar esta consejería como la que menos ejecuta sus presupuestos de la Junta de Extremadura. De hecho, el portavoz de Economía e Infraestructuras del PP de Extremadura, Víctor del Moral, ha criticado que «el consejero de la no economía y las no infraestructuras» haya sido premiado con un «sueldazo» en Enresa. Finalmente, Del Moral ha recordado que Navarro se opuso en su momento al almacén temporal de Almaraz que permitiría alargar su funcionamiento.

Ribera ve necesario definir “cuántos residuos y en qué condiciones se pueden almacenar» antes de avanzar con el ATC nuclear

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, justificó la petición del Gobierno al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para paralizar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) en que se desconoce el volumen de residuos nucleares que se generará en un futuro ya que hay centrales pendientes de solicitar su prórroga de funcionamiento o bien su cierre en los próximos meses.

«Uno se pregunta hasta qué punto sabemos cuánto, qué y en qué condiciones, en materia de residuos nucleares, debemos almacenar. Por tanto, la petición al CSN, por ahora, ha sido un discúlpeme, pero yo no sé cuál es el volumen de residuos«, ha señalado la ministra, al tiempo que justifica también esa petición en que tampoco se conoce «en qué condiciones de seguridad» se deben almacenar esos residuos, por lo que considera que la petición es «cauta» y «neutra» por esa falta de información. Así lo ha expresado tras la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Para la responsable del Ministerio, «una de las cosas más sorprendentes» que se han encontrado los socialistas tras su llegada al Gobierno es «la práctica ausencia de escenarios que permitan entender cuál es el desafío» al que se ha de enfrentar España en materia de generación de residuos nucleares. «Esos escenarios me parecen absolutamente críticos en el ejercicio responsable de una cierta capacidad anticipatoria», agrega.

En este sentido, vincula esa falta de información al desconocimiento de los planes de futuro de las centrales, pues ha recordado que hay determinadas plantas que tendrán que solicitar su prórroga de funcionamiento o bien su cierre en los próximos meses lo cual tiene, para Ribera, «una incidencia importante en el conjunto del parque nuclear pero también en términos de seguridad y gestión de residuos». Asimismo, ha recordado que España está inmersa en un «procedimiento de infracción muy avanzada» por la ausencia de un Plan de Residuos Nucleares que debería haber tenido disponible en 2002.

La Diputación de Cuenca reclama

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto (PP), instó al actual Gobierno central a que siga adelante con el ATC de Villar de Cañas «por responsabilidad ya que ningún informe ha determinado que el sitio no reúna las condiciones«. Así se expresó tras la aprobación por parte del pleno del CSN del plan presentado para paralizar la emisión de los informes de evaluación relativos a la solicitud de autorización de construcción del almacén de residuos.

En su opinión, gracias a este proyecto en los últimos 8 años se han mejorado 40 kilómetros de carreteras y se ha hecho un vivero de empresas: «además de un silo nuclear se contemplaba un Centro Tecnológico para investigar el combustible nuclear gastado, algo que nos iba a convertir en referente a nivel internacional y que demuestra que caben las dos posiciones, en pro y en contra de las nucleares».

Según ha indicado, el ATC «es un recurso necesario tanto si tienes una postura pronuclear como antinuclear», al tiempo que ha ratificado que la Diputación mantiene que no se pare. «Sería una pérdida de tiempo, de recursos, y no se está poniendo sobre la mesa ninguna otra alternativa para esta zona de Cuenca animando a otro desarrollo. El ATC es una cuestión que sí o sí hay que incorporar, no es un antojo de nadie, es una necesidad», ha puntualizado.

Sobre la resolución que podría emitir en breve el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre el recurso que se interpuso contra la ampliación de la zona ZEPA, Prieto se ha mostrado convencido de que será contraria a esa ampliación. «Si no es así respetaremos las decisiones judiciales, pero es algo que no quieren los vecinos y que se hizo con un abuso de poder y autoridad por parte del Gobierno regional», ha apuntado.

Ribera defiende ante responsables del PSOE la necesidad de presentar cuanto antes un borrador de Ley de Transición Energética

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reiterado en la sede madrileña del PSOE que su primera prioridad es presentar «cuanto antes» un primer borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, según confirmó el PSOE. Ribera ha explicado que el Gobierno quiere para esta Ley un «acuerdo sólido, amplio y participado, que atienda todas las necesidades, de todos los sectores, del ámbito público y del ámbito privado, y que garantice una transición ecológica justa y equitativa».

Así, señaló que esta norma servirá de marco para acomodar las leyes y todas las iniciativas en materia de cambio climático que ya se están adoptando por las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PSOE. La ministra anunció que también se presentará próximamente un borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, exigido al conjunto de los Estados Miembros por el Marco de Clima y Energía del Consejo Europeo. Este Plan, según el PSOE, impulsará medidas de eficiencia energética y una alta penetración de las energías renovables.

Transición justa para cada región

La segunda prioridad del nuevo Ministerio es ejecutar un Plan Estratégico de Transición Justa. Para ello, Ribera propone trabajar con agentes sociales y territorios para promover en las zonas vulnerables políticas activas de empleo y de formación, la protección social específica necesaria y planes de transición. «El inmovilismo no crea empleo; al contrario, el inmovilismo supone un lastre para la economía, la competitividad y la modernización«, ha apuntado Teresa Ribera. Según el PSOE, los responsables de gobiernos autonómicos y ejecutivas regionales han dado su respaldo al reforzamiento en las acciones para cumplir el Acuerdo de París a una nueva estrategia de creación de empleo verde.

Susana Díaz pedirá a Pedro Sánchez que paralice el proyecto del almacén gasista de Naturgy (Gas Natural) en Doñana

Europa Press.- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, adelantó que de entre las peticiones que trasladará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su encuentro que tendrá lugar en La Moncloa el próximo 23 de julio, estará la petición de que paralice el proyecto de Gas Natural en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

Díaz se pronunció así en el Parlamento andaluz donde el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, le ha preguntado por las propuestas y demandas a trasladar al Gobierno central. Ante esta cuestión, la presidenta ha dejado claro que sus reivindicaciones «no han cambiado» a pesar del cambio de color en el Ejecutivo central y trasladará «las mismas» exigencias a Sánchez que ya trasladó a Mariano Rajoy cuando acudió a Madrid hace 2 meses. En definitiva, la presidenta trasladará a Sánchez las misma reivindicaciones «de justicia» para la comunidad que ya trató con Rajoy el pasado mes de abril.

En este sentido, ha manifestado que espera que el Gobierno de Sánchez «apoye» la «defensa» de la Junta de Andalucía de paralizar el proyecto gasístico que Gas Natural pretende instaurar en el suelo de Doñana. Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida ha apuntado que el marco de interlocución con el Gobierno «ha cambiado» pero la situación de Andalucía «es la misma» y en ella está incluida la «amenaza» del proyecto gasístico en Doñana.

IU solicita al Gobierno que aclare qué pasará con el proyecto Castor y si reclamará los 1.350 millones de euros ya abonados

Europa Press. – Izquierda Unida ha reclamado al Gobierno que aclare qué piensa hacer ante el desmantelamiento del proyecto Castor y, específicamente, si contempla reclamar los 1.350 millones ya abonados a la concesionaria Escal UGS en concepto de indemnización.

Así, su diputado Ricardo Sixto, que preside la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso, ha registrado una batería de preguntas en la Cámara Baja, en la que también pregunta al Ejecutivo si contempla promover una auditoría con la que evaluar «posibles negligencias y responsabilidades» en este proyecto.

Sixto, diputado encuadrado en el grupo confederal de Unidos Podemos, recuerda además que el propio Tribunal Constitucional anuló a finales del pasado año varios de los artículos del decreto ley que cubrió esta indemnización a la mercantil Escal UGS, participada por ACS (66,7%) y la canadiense CLP (33,3%).

Una indemnización aprobada «a toda prisa» por el Gobierno del PP tras la paralización del almacén submarino Castor, critica el diputado de la coalición de izquierdas, y anulada porque el Constitucional consideró incorrecto la utilización de un decreto ley «al no existir justificación para no recurrir a una norma ordinaria».

En este sentido, Sixto señala que al anular toda la parte del decreto ley que calculaba la cuantía de la indemnización, fijaba el mecanismo de pago y lo concretaba, el Tribunal Constitucional «declara nulos los artículos que preveían la indemnización y también puede entenderse que deroga todos los efectos que pueda haber producido, en particular la propia indemnización».

Esto anularía no sólo los 1.350 millones, cifra ya entregada a las empresas y financiada por distintas entidades financieras, sino los casi 4.700 millones que, contabilizando los intereses, deberán devolver los usuarios de gas en España a través de sus recibos en los próximos 30 años, según concluye el diputado de IU.

El Gobierno estudia el borrador de la Ley de Cambio Climático de Tejerina y presentará una norma para completarlo

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado en el Congreso que está trabajando en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que quiere presentar, en una primera versión, antes del verano. Para ello, está estudiando el borrador que ha dejado la exministra popular Isabel García Tejerina, aunque ha apuntado que este texto era «insuficiente» y propone mejoras.

Ribera explicó que se trata de una norma en la que ha trabajado parte del equipo del anterior Ministerio de Medio Ambiente y que su contenido coincide «bastante» con la ley sobre esta materia que registró en la Cámara Baja el PP. Sin embargo, la titular de Transición Ecológica ha calificado el contenido de insuficiente y ha apuntado la necesidad de fortalecer objetivos y reforzar algo que, a su juicio, está «ausente» en la actualidad y que es «la voluntad de participación» y de que la norma pueda someterse «a crítica y análisis externo por parte de la comunidad científica».

Para la ministra es «fundamental» llevar a cabo este proceso porque, según ha defendido, el cambio climático no puede «sustraerse del debate público» y de las garantías procedimentales a la hora de aprobar normas. «No se debe venir con un texto sin haberlo trabajado antes, cuando el Gobierno tiene la ocasión de abrir este debate respetando a las instituciones y a la sociedad», ha apuntado Ribera, que respondía así al portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde.

Uralde llamó a la ministra a incluir objetivos ambiciosos en materia de reducción de emisiones y no quedarse en los que son obligación por parte de la Unión Europea, objetivos también en renovables y eficiencia energética. Además, le pide un plan de cierre de centrales nucleares y carbón, con una transición «justa» para que no se pierdan empleos en este proceso. «Apostamos por la recuperación, por parte de la Administración Pública, de las centrales hidráulicas en cuando las concesiones caduquen», añadió el diputado, quien también aboga por una reforma del mercado eléctrico y la democratización de este mercado, así como medidas contra la pobreza energética.

Ribera, por su parte, acogió estas ideas con agradecimiento y ha asegurado que tratará estos temas con Uralde y otros grupos para lograr el mayor consenso posible en esta materia. En este sentido, apuntó que espera contar con la colaboración de todos los partidos y que estos sientan «el mismo entusiasmo y necesidad por este asunto», algo que no duda después «de que el PP haya mostrado su interés» por el cambio climático con la presentación reciente de su ley.

Vara asevera que no va «a permitir que se cierre» la central nuclear de Almaraz «si no hay una alternativa»

Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aseveró que no va «a permitir que se cierre» la central nuclear de Almaraz «si no hay una alternativa», tras lo que señaló que «obviamente que algún día cerrará, pero no va a ser ahora«.

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta al líder del PP, José Antonio Monago, sobre «las medidas previstas por la Junta de Extremadura para la comarca de Campo Arañuelo ante la confirmación del nuevo Gobierno de España de cerrar las centrales nucleares que cumplan 40 años de vida». En la formulación de su pregunta, el presidente del Grupo Popular, José Antonio Monago, ha señalado que «la moción de censura trae» como consecuencia que «Almaraz cierra», ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recoge «en su programa electoral el no a la energía nuclear«.

Ante esta situación, Monago ha criticado a Fernández Vara porque «en este tema lleva 3 años de siesta, no ha hecho nada» cuando «la central se va a cerrar porque cumple los 40 años de vida, y Sánchez ha dicho que a los 40 años se cierran las centrales nucleares». Monago ha recordado que el PP ha «ofrecido alternativas», como que el impuesto sobre la incidencia en el medio ambiente, que tiene un importe de 98 millones de euros, se destinara a la comarca de Campo Arañuelo en la que radica la central, mientras que ha lamentado que el presidente extremeño «no ha planteado nada«.

Con esta actuación, Monago ha alertado que el Gobierno «va a hacer una moción de censura al Campo Arañuelo y al norte de Cáceres», una «moción de censura en definitiva a nuestra tierra y a los trabajadores de la planta». Así, Monago ha señalado que Vara «sigue así, sin hacer absolutamente nada en esta materia», tras lo que «llegará el cierre y no hay alternativa».

En su respuesta, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aseguró que el cierre de Almaraz «no va a ocurrir», ya que «primero, el Gobierno no lo va a plantear, porque no lo puede plantear» porque existen factores como la posición de las empresas propietarias, del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) o del Parlamento, entre otras cuestiones.

«Obviamente que algún día cerrará, pero no va a ser ahora, y eso se lo puedo asegurar, porque eso no lo ha dicho el Gobierno de España», ha reafirmado el presidente de la Junta, quien ha explicado que «hay por medio muchos factores que influyen», como que él no va «a permitir que se cierre si no hay una alternativa«.

Además, el presidente extremeño ha recordado que la central nuclear «tiene unos dueños» que tienen que pedir la continuidad o no de la planta, por lo que su cierre «dependerá» de factores como qué dicen los dueños de la empresa, el Consejo de Seguridad Nuclear y la ley de cambio climático. En cualquier caso, Vara considera «razonable y obvio que se establezca un calendario de cierre de las centrales nucleares», para que esto se haga «de una manera armónica y habiendo alternativas energéticas y económicas», y «en definitiva, para que las cosas se hagan bien».

Almaraz realiza su simulacro anual

Por otro lado, Almaraz ha realizado su simulacro anual de emergencia, conforme a los requerimientos establecidos en su Plan de Emergencia Interior, con la participación de la Organización de Respuesta ante Emergencias del CSN. El ejercicio se inició con la declaración de una emergencia en el emplazamiento debido a la parada automática del reactor y la pérdida de refrigeración del reactor en la unidad II.

Durante el ejercicio se ha simulado, además, un incendio en cuya extinción han resultado heridos dos trabajadores, de los que uno ellos ha sido dado de alta en el momento y el otro atendido por el servicio médico de la planta para proceder a su descontaminación, y posteriormente trasladado al Hospital de Navalmoral de la Mata para tratar las quemaduras de su brazo izquierdo. A lo largo del simulacro se ha llegado a declarar la «Emergencia General» (Categoría IV) del Plan de Emergencia Interior (PEI) debido a la pérdida temporal de capacidad de refrigerar el reactor de la unidad II.

El CSN ha participado en dicho ejercicio, tanto desde la Sala de Emergencias (SALEM) como desde el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Cáceres, «realizando el seguimiento de la instalación y de las actuaciones del titular para la recuperación de las condiciones de seguridad y para la adopción de medidas de protección radiológica». Siguiendo criterios radiológicos, el CSN ha recomendado a la Subdelegación del Gobierno de Cáceres la evacuación de las poblaciones situadas en un radio de 3 kilómetros de la central, ampliado hasta 5 kilómetros para las que están localizadas en el sector preferente en la dirección del viento al oeste de la planta.

Para esta última zona se ha recomendado la preparación de profilaxis radiológica, mientras que en el resto de la zona 1, que supone el entorno a los 10 kilómetros de la central nuclear, se ha llevado a cabo el confinamiento de la población y el reparto, pero no ingesta, de profilaxis. Como medida adicional el CECOP ha activado en este simulacro, las Estaciones de Clasificación y Descontaminación y el CSN activó los apoyos externos para la realización de los controles radiológicos pertinentes, y además, la crítica situación en la que se vería la instalación obligaría al titular a evacuar a todo su personal no imprescindible.

Durante el ejercicio el CSN ha llegado a activar su Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE) llegando hasta el modo 3, que implica la activación de los grupos operativos de SALEM y de los apoyos externos. Explica el CSN que sucesos de esta naturaleza habrían sido clasificados como Accidentes de consecuencias de mayor alcance de nivel 5 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

El Gobierno desconoce cuándo estarán los informes medioambientales que dilucidarán si hay riesgo en desmantelar el almacén de gas Castor

Europa Press / EFE.- La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que no sabe cuándo estarán disponibles los informes medioambientales que demuestran si existe o no riesgo para desmantelar las instalaciones del almacén de gas submarino de Castor porque desconoce dichos documentos. Así lo ratificó ante el senador de ERC, Miguel José Aubà Fleix, sobre la fecha prevista por el Gobierno para que estén estos informes disponibles.

«Todavía no lo sé y le voy a explicar por qué», ha iniciado su intervención Ribera, que recordó que la información disponible que hay sobre Castor es la elaborada por la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que le llevaron a paralizar definitivamente ese proyecto al relacionar la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de seísmos. A la vista de los resultados de esos informes, según recuerda Ribera, se anunció el «compromiso» del anterior Gobierno para ver en qué condiciones de seguridad se podía desmantelar el almacén.

«No conozco esos informes, no los tengo, no los he encontrado», reconoció. Y ha añadido que tampoco sabe a quién se han encargado pero que espera «tener respuesta lo antes posible». «Mi compromiso es ver dónde estamos, entender las conclusiones que se derivan de esa información, llevar la información al Parlamento y compartirla con diputados y senadores, y si no hay informes, encargarlos rápidamente», reiteró la ministra. «Espero tener respuesta lo antes posible y los mantendré informados», ha añadido la ministra, que también cuenta con los grupos parlamentarios para «oír sus reacciones, comentarios y recomendaciones».

En cualquier caso, el senador de ERC ha pedido al nuevo Gobierno que sea «coherente» en este asunto, dado que ha recordado que el PSOE reclamaba un «calendario transparente» para desmantelar Castor. Aubà Fleix también aprovechó para pedir al nuevo Gobierno que no cargue en la factura del gas la indemnización interpuesta a la empresa promotora del proyecto y que impulse una Comisión de investigación sobre el mismo. En su réplica, Ribera se comprometió a «recabar toda la información» sobre el almacén de gas, «a consolidar la que existe y a encargar la que no existe», pero también a compartirla.

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, participada por ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. El Ejecutivo, mediante un real decreto-ley, estableció una indemnización de 1.350,7 millones para Escal UGS, promotora del proyecto, que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Escal UGS cobró de una sola vez la indemnización a través de Enagás, que transfirió esa deuda a Santander, Caixabank y Bankia, entidades que adquirieron el derecho de cobro de la indemnización, que percibieron hasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia paralizó los pagos con cargo al recibo del gas, a raíz de que el Tribunal Constitucional anuló parte del real decreto-ley que fijó la indemnización.

Marco regulatorio “para dar confianza”

Por otro lado, Ribera se ha comprometido a recuperar un marco regulatorio «que otorgue confianza a los inversores», sin depender de vaivenes políticos, y anticipe cómo hacer el proceso de la transición energética. A una pregunta del senador por ERC, Miquel Angel Estradé, sobre las previsiones del Gobierno para revertir todos los recortes y obstáculos establecidos a las energías renovables,

La ministra ha reiterado que esa transición energética debe tener en cuenta los aspectos sociales para «no dejar a nadie atrás». En este sentido, ha recordado que aún «no hay escrita ni una sola línea» del futuro Plan de Energía y Clima, que debe presentarse antes de final de año. Ribera subrayó que España «no puede seguir perdiendo oportunidades» y no se debe retrasar el impacto de incorporar «una estrategia de modernización, innovación y equidad».

En este sentido, la ministra indicó que ya se pudo constatar la posición de este Gobierno de Pedro Sánchez, «pocas horas después de su entrada en funcionamiento», en el pasado Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea, dejando clara su apuesta por los objetivos máximos planteados en la implantación de renovables y eficiencia energética y posicionándose «claramente» en contra del impuesto al sol.

Ribera adelantó que estos pasos dados en Bruselas contarán también a nivel nacional con su respaldo por medio de iniciativas parlamentarias, algunas de las cuales cuentan con el apoyo de todos los grupos, «con excepción del PP». «La transición energética por la que ha apostado el mundo y Europa nos lleva a un modelo diferente», afirmó la ministra, quien aseguró que es necesario «recuperar un marco que otorgue confianza a los inversores y anticipe cómo hacer ese proceso de cambio«, después de un periodo «en el que se ha abandonado».

El senador de ERC ha reclamado un «impulso decidido» a las energías renovables y un marco normativo «que no esté a merced de los vaivenes de la política», para recuperar la confianza de los inversores y «restablecer la credibilidad del Estado español». Estradé criticó al PP por cambiar las reglas del juego en el ámbito de las energías renovables «en medio del partido», algo que calificó de «abusivo e inmoral».