El Congreso debate este martes la creación de una comisión de investigación sobre el almacén Castor y su indemnización

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Europa Press / EFE.- El pleno del Congreso tiene previsto debatir y votar la creación de una comisión de investigación para esclarecer las responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor, situado frente a Vinaroz (Castellón), y encontrar vías a partir de las cuales recuperar dinero de las indemnizaciones previstas.

La propuesta, impulsada por Unidos Podemos y Compromís, reclama «poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras» pues, argumentan estas formaciones, no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicataria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad. Estas formaciones enumeran varios puntos a investigar en la comisión parlamentaria, como posibles irregularidades vinculadas a la financiación del proyecto, el sobrecoste de ejecución, la aprobación de disposiciones «para blindar» la inversión, la supuesta ocultación de informes que alertaban de posibles movimientos sísmicos o «la no observancia de las declaraciones de impacto ambiental».

Precisamente por esta razón, la actual ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, podría tener que rendir explicaciones ante la comisión, en caso de que saliera adelante su constitución, por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén. Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.

Además de la afectación que causó este proyecto, en forma de más de 500 seísmos registrados en 2013 en el litoral de Castellón, Unidos Podemos y Compromís buscan investigar la legalidad de la indemnización recibida por el concesionario y el coste que supondrá para los consumidores de gas, así como la gestión de la hibernación del proyecto, y su desmantelamiento.

Precisamente, el pasado diciembre el Tribunal Constitucional anuló el procedimiento por el que se estableció la indemnización para las empresas promotoras del proyecto en 2014 por fijar la compensación, de 1.350,7 millones de euros, a través de un decreto ley. En su sentencia, el Constitucional estimaba parcialmente los recursos presentados por el Parlament, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acordaba declarar «inconstitucionales y nulos» los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén tras los seísmos registrados.

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo confederal Ione Belarra calificó Castor como «un monumento al país de la corrupción, del ladrillazo y de los contratos a dedo que nos dejó el PP», y saludó la posibilidad de dirimir responsabilidades políticas, «ahora que la Audiencia Nacional ha dicho que no hay responsabilidades penales». Belarra confió, además, en que pueda recuperarse la indemnización prevista en el contrato Castor a la concesionaria Escal UGS, controlada por la constructora ACS, y ha criticado que este contrato «se hizo para que lo ganara ACS, propiedad de Florentino Pérez».

Por otra parte, Compromís ha reclamado a PP, PSOE y Ciudadanos que “permitan depurar responsabilidades políticas derivadas desde el inicio de este proyecto”, momento desde el cual esta formación, sostiene su diputada Marta Sorlí Fresquet, advirtió de que «era una estafa para la ciudadanía y un proyecto peligroso para el medio ambiente«. «Por desgracia, los sucesivos gobiernos priorizan los intereses de las grandes empresas frente a los de nuestros pueblos y comarcas», critica Sorlí, que recuerda que la solicitud de una investigación se produjo al evidenciarse que «el concurso público fue redactado expresamente para adjudicar la concesión a Florentino Pérez».

El PSOE sostiene que los impuesto a los residuos nucleares de Garoña puede convertir su almacenamiento temporal en definitivo

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EFE.- La diputada socialista burgalesa Esther Peña considera que establecer un impuesto a los residuos nucleares en la zona de Garoña, como plantea la Junta de Castilla y León y que sería único en España, puede convertir esos depósitos en definitivos y atraer residuos de otros lugares.

«El impuesto puede ser una excusa para un almacenamiento permanente porque es más fácil pagar y saber que los residuos se pueden depositar en Garoña que llevar los residuos a otros lugares, con un coste mucho mayor, como los de la central de Vandellós, depositados en Francia», ha explicado Peña. Por ello el grupo socialista llevará a las Cortes de Castilla y León una enmienda a la totalidad y 7 parciales contra la ley para gravar los residuos nucleares que plantea la Junta. Una de ellas plantea que cada año se dupliquen los tipos impositivos, de manera que cada vez resulte más caro el almacenaje.

El portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, el procurador José Francisco Martín, se ha mostrado convencido de que el impuesto no se llegará a aplicar porque «al día siguiente será recurrido por la propietaria de la central nuclear de Garoña y seguramente por la Administración General del Estado, que ya grava con un impuesto los residuos de toda España”. En su opinión, el proyecto es «una chapuza» que se apoya en que lo que gravaría son los riesgos de contaminación ambiental y no los propios residuos, aunque «eso no se sostiene» porque la cuantía a pagar se pretende fijar en base al volumen de residuos.

«Solo se puede gravar un negocio o un hecho, pero no un riesgo y eso lo sabe la Junta de Castilla y León, para la que este impuesto es solo una excusa para no aportar fondos para la dinamización del entorno de Garoña tras el cierre de la central nuclear», explicó el procurador. Por esa razón, los procuradores socialistas presentarán una iniciativa en cuanto se apruebe el impuesto para que la Junta de Castilla y León se comprometa a invertir en el entorno de Garoña al menos los 10 millones de euros que prevé recaudar, independientemente de que ese impuesto llegue a cobrarse o no, ha anunciado José Francisco Martín.

Para el portavoz socialista en el Senado, Ánder Gil, crear un impuesto autonómico que grave los residuos es «una ocurrencia absurda, única en el mundo». En su opinión, la Junta de Castilla y León y el PP solo quieren «lavarse la cara» con este proyecto de ley porque no quisieron atender a las reiteradas peticiones del PSOE para gravar a la planta nuclear cuando generaba beneficios millonarios y quieren hacerlo ahora que la planta está parada, argumentando los daños ambientales y para la salud que hasta ahora venían negando. El senador ha insistido en que el Gobierno actual si tiene una estrategia de transición energética y ya estudia medidas para apoyar al entorno de Garoña.

José Antonio Monago, líder del PP extremeño, augura que «la central nuclear de Almaraz la van a cerrar los socialistas»

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EFE.- El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que la central nuclear de Almaraz «la van a cerrar los socialistas y van a hundir tanto a una comarca entera como a la producción industrial de la comunidad autónoma».

Cuestionado por el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central, Monago ha afirmado que «el problema no es el almacén, el problema es la central, la cual hundirán los socialistas».

Monago le ha pedido al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que se pronuncie sobre este tema y sobre la inexistencia de alternativas para la comarca.

En este sentido, ha recordado que el PP ha hecho una propuesta en las Cortes para evitar el cierre unilateral por parte de una empresa en este ámbito, por ejemplo en el caso de Almaraz, en la que no han contado con el apoyo ni del PSOE, formación cuyos máximos dirigentes son «antinucleares», ni de Cs, partido que se ha puesto «de perfil».

El almacén recoge los residuos que produce la central, ha indicado, pero lo que «interesa saber es que pasará con los miles de empleos directos e indirectos y con la actividad y tributación que genera, y cómo se resolverá el aumento previsto en un 20% del precio del recibo de la luz tras el cierre de las nucleares».

El Gobierno eliminará el impuesto al sol que impone cargos al autoconsumo de energía antes de que acabe el año

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Europa Press.- La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que el Gobierno eliminará el llamado impuesto al sol, que grava el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y el autoconsumo en España, antes de que acabe el año mediante un anteproyecto de ley.

Según ha avanzado la ministra en el pleno del Senado, esta medida forma parte de una de las prioridades del Gobierno y, pese a que en un principio la decisión está respaldada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, que introdujo el impuesto, también ha tenido en cuenta un plan B.

Se trataría de sacar adelante un Real Decreto que permita el acceso al autoconsumo el próximo mes de diciembre ya que, para Ribera, este impuesto solo supone una «traba absurda» para no autoconsumir energía, además de que va unido a una recaudación «ridícula que no tiene ningún sentido».

Además, la ministra ha añadido que prevé facilitar que este consumo se comparta en el ámbito urbano y doméstico y se eliminen las «dificultades burocráticas» en las que incurre el actual sistema.

Así lo ha avanzado Ribera en respuesta a una pregunta formulada por la senadora de Podemos Vicenta Jiménez García, quien ha subrayado que, siendo España el país que más radiación solar tiene en los países del entorno, sea la única economía que cuenta con una ley para bloquear su consumo.

El Congreso rechaza dificultar el cierre de centrales de generación eléctrica ya que para el PSOE es un “despropósito jurídico”

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EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista ha definido la Proposición de Ley del Partido Popular para ampliar los criterios para denegar el cierre de las centrales de generación eléctrica como «un despropósito jurídico», cuyo único fin es hacer campaña «desleal y engañosa» para ganar votos en territorios «abandonados por el PP durante 40 años». En consecuencia, la mayoría del Congreso de los Diputados rechazó tramitar esta ley para dificultar el cierre de estas centrales de generación eléctrica.

Además del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV han criticado la proposición de Ley porque va en contra del marco regulatorio europeo y no aboga por un cambio en el modelo energético. La proposición proviene del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuando el Ministerio de Energía quiso elaborar un real decreto que dificultaba con nuevos criterios el cierre de centrales térmicas y también nucleares. Energía quería impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales, después de tener que permitir el cierre de Garoña, al decidir su propietaria Iberdrola desistir de solicitar la renovación de su licencia de explotación.

El debate se ha producido después de que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez haya expresado su intención de cerrar las centrales nucleares y en medio de un fuerte repunte del precio de la luz. Precisamente el diputado del PP, José Alberto Herrero, indicó que la iniciativa persigue impedir que el recibo de la luz suba ante la inseguridad actual en torno al cierre de las centrales de generación eléctrica por parte de las empresas. Actualmente sólo puede denegarse la autorización si la clausura de una planta de generación eléctrica afecta a la seguridad del suministro y el anterior Ejecutivo quería impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales.

«Es una propuesta que pretende establecer condiciones óptimas para hacer llegar la energía a las casas, como bien de primera necesidad y de servicio público», apuntó, al tiempo que el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, apoyó la proposición para salvaguardar los puestos de trabajo que genera la minería y el carbón en su región. Sin embargo, el resto de grupos parlamentarios han reprochado al PP que en esta proposición no se mencione ni un plan de transición para las comarcas mineras ni para salvaguardar los puestos de trabajo.

La portavoz de Energía del PSOE, Pilar Lucio, ha subrayado que la iniciativa es un «fiasco y un despropósito» ya que incide en valorar nuevos criterios provenientes de informes de varios organismos para poder autorizar el cierre, pero no aclara qué dictamen es más importante, si el de la CNMC o el de la Oficina de Cambio Climático, por ejemplo. Ha reprochado que subyace la intención de mantener abiertas las centrales nucleares y que vaya en contra del nuevo marco regulatorio de la Unión Europea.

En este sentido, criticó que el PP ha querido «utilizar» la incertidumbre de las cuencas mineras tras 6 años de Gobierno del PP para atacar al Gobierno socialista, al tiempo que lamentó que durante su etapa al frente del Ejecutivo «no se tomaron medidas en favor de las cuencas mineras y siguen sin tener propuestas viables». «El PP dice que el objeto de la norma es que las decisiones de cierre guarden coherencia con los instrumentos de planificación energética», apuntó Lucio, quien considera que dicha previsión «no existe» tras «6 años pidiéndola los agentes implicados».

Del mismo modo, ha asegurado que los criterios del PP para impedir el cierre de instalaciones de generación eléctricas son «contradictorios entre sí», al tiempo que ha reprochado que «no dan pistas de cómo piensan hacer la valoración de estos nuevos criterios». Además, ha subrayado que «su propuesta puede contradecir los principios generales de libertad de empresa». En definitiva, la diputada aseguró que no es más que una historia de «órdagos políticos, de deslealtades en las negociaciones democráticas entre partidos, de astucias y personalismos y menosprecio a los oponentes políticos«.

Finalmente, ha acusado al PP de «utilizar el parlamento para fines electoralistas», de la utilización de la «desesperación» de muchos trabajadores y de «un gran engaño que ha convertido un propósito electoralista en un texto legal lleno de errores de bulto». Mientras tanto, «las comarcas mineras tienen futuro porque el PSOE está en el gobierno y es el garante de una transición justa y lleva 40 años defendiendo sus intereses».

En esta misma línea, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha señalado que el PP «no piensa en un nuevo modelo energético ni en los ciudadanos» y ha criticado que se aborden «parches» cuando más del 70% de la factura eléctrica se vincula a «errores electoralistas«. Ha recordado que Ciudadanos aboga por un plan de transición energética y por invertir en las zonas que deben rehabilitarse así como en investigación y desarrollo para que la industria sea menos contaminante. «El precio de la luz sube por las toneladas de CO2 que también van subiendo», explicó.

Desde el PNV la diputada Idoia Sagastizabal basó su voto en contra a que la competencia estatal no puede obviar las de otras administraciones territoriales para sustituirlas y ha aludido a la indefinición de los criterios que pide aplicar. La proposición abogaba por denegar el cierre de una central si su clausura incidía negativamente en los precios, en la competencia en el mercado eléctrico, en las emisiones de gases de efecto invernadero o en el cumplimiento de los objetivos de energías renovables y eficiencia energética. También contemplaba que se pudieran establecer medidas para hacer posible que una central siguiera funcionando, entre ellas un procedimiento de concurrencia competitiva o subasta para transmitir la titularidad de la instalación a un nuevo propietario.

“En manos de las eléctricas”

Por su parte, Guillermo Mariscal, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ha denunciado que PSOE, Podemos y Cs quieren dejar en manos de las compañías eléctricas la decisión sobre el cierre de centrales de generación sin tener en cuenta ni las emisiones, ni el precio ni la garantía de suministro. «Queremos que a la hora de cerrar una central eléctrica, sea de la tecnología que sea, las compañías tengan que solicitarlo de forma adecuada tanto para los que emitan más o menos gases de efecto invernadero o si perjudica a la garantía de suministro», ha explicado Mariscal.

Mariscal ha cuestionado que PSOE, Podemos y Cs «se oponen y por tanto, prefieren que sean las propias compañías las que tomen la decisión de si cierran esas centrales sin tener en cuenta ni las emisiones ni el precio ni la garantía de suministro». El diputado popular ha explicado que esta iniciativa está dirigida a garantizar el servicio público de acceso a energía eléctrica y fundamentalmente, conseguir precios que permitan la competitividad de las empresas y que sean «sostenibles y adecuados» para las familias. Además, ha abogado por una energía que garantice siempre el suministro.

Pedro Sánchez garantiza una transición energética «justa y dialogada» con los agentes económicos y sociales de los territorios más afectados

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EFE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que la transición energética será «justa» y que en este proceso la empresa pública Hunosa estará «a la vanguardia». Sánchez hizo esta promesa con motivo de sus primeros 100 días de Gobierno e incidió en que la transición energética también va a ser «dialogada» con los agentes económicos y sociales de Asturias, desde donde se reclama que el proceso no ponga en riesgo el empleo de la región ni la competitividad industrial.

Transición sin ganadores ni perdedores

Por su parte, el SOMA-FITAG-UGT ha reafirmado la necesidad de un mensaje y un escenario «claro, inequívoco y dialogado» sobre la transición energética, que no condene ni confunda a la industria ni a la sociedad y en el que no haya ni ganadores ni perdedores. Este sindicato ha anunciado además que en la reunión sobre el futuro del sector minero, prevista para el 13 de septiembre, manifestará su postura inequívoca en defensa del carbón autóctono. El sindicato ha reiterado la importancia de la presencia del carbón autóctono dentro de un mix energético diversificado, sobre todo ante el incremento considerable del precio del carbón de importación.

El sindicato destaca que todos los agentes coinciden en la defensa de una transición justa, que no penalice a los territorios mineros, y que respete los plazos temporales acordados de proporcionar una energía neutra en carbono para el 2050. Asimismo, señala que cualquier otra derivada supondrá que se ha impuesto el individualismo y los intereses de unos pocos frente al bien común, profundizando en la desigualdad, en la pobreza y fomentando un caldo de cultivo que será un polvorín en lo social. Sobre este asunto, el sindicato reconoce que el futuro avanza hacia un modelo energético neutro en carbono, que garantice la sostenibilidad sin comprometer los recursos de generaciones futuras.

Diversas velocidades en la transición

Sin embargo, recalca que esta senda hacia una economía baja en emisiones se puede hacer con mayor o menor velocidad. Para el Soma, el inexplicable adelantamiento de los plazos para el cumplimiento de las reducciones de emisiones supondría un peligro gravísimo para la economía asturiana, que se acentuaría aún más en las comarcas mineras, y que acarrearía problemas relacionados con el suministro energético, el encarecimiento de la energía o la caída de la competitividad de la industria. Una situación que desembocaría en unas consecuencias desastrosas en términos de pérdida de miles de empleos, acelerando la despoblación de las cuencas mineras.

Ante este problema, el sindicato ha hecho pública su propuesta concreta: el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras de España 2019-2027. En caso de que el Gobierno estatal se niegue a negociar un proceso de transición justa, optando por adelantar plazos de manera caprichosa o por presiones, el sindicato anuncia medidas de presión, recurriendo si es necesario a la convocatoria de movilizaciones sociales.

Greenpeace pide al Gobierno «hechos» como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tras cumplir sus primeros 100 días

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Europa Press.- Greenpeace ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez, que cumple 100 días desde que asumió el Ejecutivo, que pase de las «buenas intenciones» a los «hechos» concretos para proteger el medio ambiente como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la introducción de impuestos verdes para que esta no sea otra «legislatura fallida». La ONG recuerda también al Ejecutivo que debe abolir el impuesto al sol, pese al «reiterado» anuncio de su derogación.

El balance de Greenpeace sobre estos primeros 100 días de Gobierno es que a pesar de los gestos positivos, las medidas tomadas en materia de protección del medio ambiente en este período han sido «pocas y no están a la altura de la amenaza del cambio climático«. Por ello, insiste en que es «necesario» acometer acciones concretas y contundentes antes de que finalice el año.

En el lado positivo, la ONG valora el cambio de posición española en las negociaciones europeas del Paquete de Invierno inmediatamente tras formar Gobierno, pero advierte de que tres meses después «aún no se ha abolido el impuesto al sol» ni hay una hoja de ruta para desbloquear el autoconsumo. También considera positiva la decisión del Gobierno de paralizar el permiso de construcción del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca). Por el contrario, insiste en la falta del borrador de la Ley de Cambio Climático ni del Plan de Energía y Clima con fecha de cierre para el carbón y la nuclear antes de 2025.

El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, denuncia que en estos 100 días se ha hablado mucho pero no se ha tomado ninguna decisión efectiva para la reducción de la demanda de petróleo para el transporte y la mejora de la calidad del aire en las ciudades, que debería empezar con el fin de los privilegios fiscales para el diesel, tal y como anunció Pedro Sánchez, y determinar un calendario para el fin del uso de combustibles fósiles en automoción.

CCOO y el Gobierno socialista de Asturias acusan a Ribera de poner «en jaque» a la industria con sus «devaneos»

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EFE.- El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha reclamado que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética no debe definir una senda de descarbonización «que fuerce una nueva reconversión» en Asturias, dado que afectaría a la viabilidad futura de la industria regional. Más duro se mostró el sindicato CCOO, que ha asegurado que los «devaneos» del Gobierno en política energética están poniendo «en jaque» a la industria y ha acusado al Ejecutivo de cometer «errores estratégicos».

El sindicato ha criticado la «vehemencia» de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha anticipado medidas “sin tener en cuenta” cuál será su impacto en un sector básico para la economía como es la industria y que “se ha equivocado” al hablar del carbón y al referirse al diesel. «Teresa Ribera ignora que su desconocimiento de la realidad industrial tendrá consecuencias en las personas, en las empresas y en regiones enteras», ha afirmado CCOO de Industria. En este sentido, el sindicato reclama al Gobierno «cordura, sensibilidad, flexibilidad y voluntad» para conseguir un consenso entre las partes afectadas.

CCOO ha tachado de «irresponsabilidad temeraria» la «política antidiesel» del Gobierno, cuando, ha apuntado, no existen razones técnicas que la justifiquen. Así, ha insistido en que no se justifica la subida de impuestos al carburante diésel por cuestiones medioambientales y que no comparte que, para proceder al cambio energético, haya que prescindir del carbón sin tener presente el impacto que puede conllevar para la actividad económica, social y medioambiental. Por ello, ha defendido que los objetivos que se propongan para limitar las emisiones estén acompañados de medidas industriales, financieras, educativas y sociales y que se maneje «con inteligencia» la transición.

Por otro lado, ha agregado que tanto el paquete de movilidad como el de transición energética que ha avanzado el nuevo Gobierno no tienen en cuenta cuáles serán las consecuencias de su implantación e ignoran a algunas tecnologías. «Consideramos que, antes de tomar una decisión que pueda perjudicar de forma irreversible estas expectativas, es preciso facilitar los instrumentos y las soluciones necesarias para que el resultado no suponga un proceso traumático para las personas, las empresas y las regiones», insistió.

Asturias, preocupada por su industria

Por su parte, el presidente de Asturias ha rechazado una descarbonización que «suponga el fin de las centrales térmicas de carbón entre 2020 y 2025 con el empleo y la logística a ellas asociado» y que afecte también al precio de la electricidad. En este sentido, ha reiterado que en un sector regulado como el eléctrico «no parece sensato que las empresas tengan libertad de decisión para proceder al cierre de instalaciones de generación» y es al Gobierno de España «al que le corresponde decidirlo como regulador». «No deben ser las compañías eléctricas las que interpreten el interés general, y menos aún las que regulen el sector a través del Gobierno», ha puesto de manifiesto.

El PP de Aragón pide un pacto nacional para la transición energética que apueste por mantener el carbón hasta 2030

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EFE.- La diputada autonómica popular en las Cortes de Aragón, Dolores Serrat ha planteado una iniciativa para que el Gobierno de Aragón solicite a su homólogo nacional un pacto de Estado por la transición energética que incluya una «descarbonización» más lenta y un Plan Miner que apueste por el carbón hasta 2030.

Con esta iniciativa los populares pretenden que las palabras de «transición justa» expresadas por la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, se traduzcan en «hechos reales», ha explicado Serrat.

Este pacto deberá recoger los cambios legislativos necesarios, coordinación y una apuesta por la investigación en nuevas tecnologías para dotar de viabilidad al llamado «carbón limpio».

La diputada del PP, quien ha confiado en mantener la unanimidad entre los grupos parlamentarios aragoneses en la defensa del carbón en la provincia de Teruel, ha indicado que la transición energética es uno de los procesos fundamentales para cumplir los objetivos marcados en la cumbre por el clima de París en 2016, pero no el único.

Además, a su juicio, es un «error» plantear la transición energética como un «proceso de descarbonización» o como una «confrontación» entre el carbón y las renovables, así como actuar con prisas, sin una perspectiva global y sin analizar las consecuencias de todo tipo que se puedan derivar.

Por ello, ha considerado un «error» que el Gobierno de Sánchez haya centrado su política energética en la «descarbonización exprés», que ha generado una situación de «temor e incertidumbre», ha desincentivado a las empresas para tomar medidas para reducir sus emisiones y ha dejado en evidencia las «profundas discrepancias» dentro del PSOE.

«Muy lamentablemente», ha alertado, si el Gobierno no actúa «de inmediato», 7 de las 15 centrales que queman carbón cerrarán, entre ellas la de Andorra, y se pondrán en jaque más de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Del mismo modo, Dolores Serrat ha apuntado que el Ejecutivo central no ha tenido en cuenta la dependencia que el sistema tiene todavía del carbón, dado que las renovables todavía no son capaces de suplir toda la demanda en determinados momentos.

Además, ha asegurado que el carbón de Aragón es el más competitivo de España y que, de sustituirlo por el gas, que es más costoso, algunos estudios indican que encarecería hasta un 16% la factura eléctrica.

En su opinión, una transición energética justa y coherente requiere de una estrategia global, que analice consecuencias para los territorios y para la economía y, sobre todo, que recabe consensos.

A este respecto, ha llamado la atención sobre las discrepancias mantenidas desde el Gobierno autonómico, que se han expresado «con voz baja» y «con sordina», de igual forma que los representantes del sector.

No obstante, la diputada ha confiado en que de la reunión prevista para el próximo 11 de septiembre entre la ministra y los representantes sindicales del sector salga una vía más lenta para eliminar el carbón, así como que se materialice la oferta a Ribera para que conozca las cuencas mineras aragonesas.

Ribera dilata 20 días las explicaciones en el Congreso por la subida en el precio de la luz

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparecerá en el Congreso de los Diputados el próximo 19 de septiembre para explicar las circunstancias que están determinando el incremento en el precio de la electricidad registrado en los últimos meses, que se ha agudizado en agosto con un encarecimiento del 35,5% con respecto al mismo mes del año pasado y ha registrado su nivel mensual más alto desde enero de 2017. El Ministerio promete abordar “cambios estructurales” necesarios para acometer esta situación.

Ante la subida de los precios de la electricidad, el Gobierno ha asegurado estar trabajando en políticas que permitan una “evolución racional de los precios, en un futuro con un incremento de las energías renovables, prestando al mismo tiempo especial atención a los consumidores más vulnerables”, según ha indicado el Ministerio para la Transición Ecológica. El departamento ha señalado que la coyuntura actual es consecuencia de un modelo energético y de funcionamiento de mercado “caracterizado por la volatilidad de precios y la desprotección a los colectivos más vulnerables”. Por ello, asegura que está preparando “reformas sustantivas” que faciliten la transición energética, al tiempo que “garantiza la protección de estos colectivos”.

Para trasladar al Congreso su intención de abordar «con valentía» los cambios estructurales que considera como necesarios para acometer esta situación, Ribera comparecerá el 19 de septiembre en comisión parlamentaria. En su comparecencia, Ribera abordará este encarecimiento en el precio de la luz y aprovechará también para tratar el estado actual del bono social eléctrico y la pobreza energética, según indicaron fuentes ministeriales. La ministra tiene también previsto acudir a la Cámara Baja la próxima semana, el día 6 de septiembre, para explicar la paralización del almacén de residuos nucleares (ATC) en Villar de Cañas.

El precio medio del mercado eléctrico español ha alcanzado en agosto los 64,3 euros por megavatio/hora, un 35,5% más que en el mismo mes de 2017 (47,46 euros) y es su nivel mensual más alto desde los 71,4 euros registrados en enero de 2017, mes que estuvo marcado por los picos en el precio de la electricidad, después de la ola de frío en la segunda quincena del mes que llevó a tocar los registros más elevados desde diciembre de 2013, superando en algunos momentos de puntas la cota de los 100 euros por MWh.

Así, a lo largo de agosto se han llegado a registrar los diez precios diarios del pool más altos en lo que va de 2018, superando el pasado 29 de agosto los 70 euros por MWh. El Ministerio considera que la evolución de los precios en los últimos meses se debe al “incremento muy significativo de los costes de los combustibles y los derechos emisión de CO2 en los mercados internacionales; a una reducción de la participación de la energía eólica; a una producción nuclear inferior a lo habitual debido a operaciones de mantenimiento, y al incremento de la demanda por las altas temperaturas estivales”.

Situación similar a nivel europeo

Asimismo, el Ministerio subraya que desde el pasado junio se está realizando un seguimiento «exhaustivo» de la situación, y para ello se está recabando información periódica del Operador del Mercado Ibérico (OMIE) y se mantiene contacto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en virtud de sus funciones de supervisión como garante de la transparencia y la competencia en el mercado. No obstante, subraya que esta evolución de precios crecientes no es «una situación aislada al sistema español», siendo similar en los principales mercados europeos, que están viéndose también afectados por los costes de combustibles y derechos de emisión de CO2.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno congeló para 2018, por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

De esta manera, este incremento en el precio mayorista de la electricidad supondrá un aumento de casi el 3% con respecto al pasado mes de julio en el recibo de electricidad de este mes de agosto de los consumidores, encadenando así su cuarto mes al alza. Con respecto al mismo mes del año pasado, el encarecimiento registrado este agosto en el recibo es de un 12% y en lo que va de año es un 0,89% más caro que en el mismo periodo de 2017.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya mostró su preocupación durante este verano por el “alto” precio actual de la energía, a pesar de tratarse de una “situación coyuntural”, y aseguró estar preocupada por si había “algo más” detrás de este encarecimiento en la electricidad, por lo que anunció que estaba realizando un “análisis del comportamiento” para “garantizar que el mercado funciona correctamente“, una investigación para la que el Ministerio de Transición Ecológica ofreció su “colaboración”.

En los últimos meses, el Gobierno señala que ha mantenido a nivel europeo importantes encuentros para enfocar cuestiones sobre la energía, como el del pasado 27 de julio, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, participaron en la cumbre sobre Interconexiones junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, donde abordaron proyectos para que la Península Ibérica deje de ser una «isla energética» en la Unión Europea.

Además, el secretario de Estado de Energía se reunió en agosto con su homólogo portugués, Jorge Seguro, para tratar el alza de los precios de la electricidad en ambos países, «una situación que preocupa y ocupa a los Gobiernos de España y Portugal». Ambos países acordaron hacer un seguimiento e intentar coordinar medidas para paliar, en lo posible, los altos precios del mercado mayorista que redundan directamente en las facturas que deben abonar los consumidores.