Tejerina asegura que «la decisión futura» sobre el proyecto de almacenamiento gasista en Doñana «dependerá de la Junta de Andalucía»

Europa Press.- La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que su departamento ya realizó la valoración que le correspondía respecto al proyecto de almacenamiento y explotación de gas natural en el espacio natural de Doñana, por lo que ha apuntado que «la decisión futura» sobre el mismo «dependerá de la Junta de Andalucía» que es la que tiene que conceder o no la Autorización Ambiental Unificada (AAU).

García Tejerina ha recordado que el Ministerio entre los años 2010-2013 efectuó «la declaración de impacto ambiental de manera agrupada y no en 4 proyectos». Así, ha precisado que «se hace de manera fraccionada para poder evaluar el efecto conjunto», incidiendo en la valoración agrupada para ver el impacto global. Por ello, ha dejado claro que la evaluación que se ha realizado es «importante» y contó con «informes favorables de la Junta emitidos en 2008», por lo que se ha trabajado «agrupando los proyectos para valorar los efectos conjuntos» y en esa línea van a responder al Defensor del Pueblo.

De este modo, en cuanto al informe del Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, que pide al Gobierno que evalúe de forma conjunta el impacto de los 4 proyectos para inyectar y almacenar gas en Doñana, y sugiere que se suspenda el proyecto Marismas Occidental hasta que no se termine la citada evaluación ambiental conjunta, la ministra ha explicado que la evaluación se realizó «de manera agrupada» para poder evaluar el proyecto en conjunto e incluso «se evaluaron proyectos que no van a tener una realidad». Por ello, ha ensalzado «la importante» valoración efectuada por su departamento ministerial.

De otro lado, la titular de Medio Ambiente ha indicado que para emitir la Declaración de Impacto Ambiental se tienen en cuenta muchos parámetros, entre ellos, el informe favorable de la Junta, que es un acto administrativo y no político y por tanto, «no se puede modificar». Así las cosas, respecto a la carta que le remitió la Consejería de Medio Ambiente para solicitar la paralización del proyecto, García Tejerina ha indicado que la Junta de Andalucía es «la responsable» de conceder o no la Autorización Ambiental Unificada a este proyecto. Por su parte, «el Ministerio ha actuado conforme a la legislación española y la legislación ambiental europea», ha proseguido.

El Congreso pide facilitar la reapertura de las plantas de purines y extender a 25 años su vida útil regulatoria

Europa Press.– El Congreso ha aprobado una iniciativa en la que insta al Gobierno a facilitar la reapertura de las plantas de tratamiento de purines (residuos de origen orgánico, fundamentalmente procedentes de los estiércoles de los cerdos) y extender de nuevo su vida útil regulatoria a los 25 años. La iniciativa ha sido aprobada en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV, mientras que el PP ha optado por abstenerse.

Los socialistas, que llevaron esta iniciativa al Congreso, alegan que los recortes a la energía renovable aprobados por el Gobierno provocaron que todas estas plantas se fueran a la quiebra y que, a pesar de la restitución de las ayudas tras la sentencia del Tribunal Supremo, el recorte de 25 años a 15 de las mismas provocó que 3 plantas tuvieran que detener su actividad.

Marco adecuado para estas plantas

El texto aprobado por el Congreso pide establecer un marco adecuado para el desarrollo de estas plantas y del sector, pues «disponen de los permisos necesarios, la infraestructura adecuada y una localización estratégica, adoptando las garantías necesarias para preservar la calidad del aire, la salud pública, el respeto a las zonas naturales protegidas y la lucha contra el cambio climático».

Asimismo, el Congreso insta también al Gobierno a elaborar en 6 meses un Plan nacional de Tratamiento de Excedente de Purines y de Reducción de su Impacto Ambiental, en coordinación con las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, y con los departamentos ministeriales implicados. Este plan deberá de prever el desarrollo de sistemas alternativos e incluir medidas que incentiven la biodigestión y el tratamiento sostenible de purines. Además, también pide diseñar un plan que permita al sector autofinanciar todos los procesos de tratamiento de los purines, mediante un sistema integrado de gestión en el que se aplique el principio de responsabilidad del productor a través de la gente que tiene el control económico efectivo del proceso productivo.

El Congreso reclama que las compañías de distribución eléctrica compartan con sus clientes la información de los nuevos contadores inteligentes

Europa Press.- El Congreso ha aprobado una iniciativa en la que pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que las empresas de distribución eléctrica compartan con los clientes la información de consumo que les proporciona los nuevos contadores telegestionados o digitales. La propuesta, llevada a la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital por el PP, ha sido respaldada además por el PSOE, Ciudadanos, PNV y Foro Asturias, mientras que los diputados de Unidos Podemos han decidido votar en contra.

La finalidad es poder comparar su consumo con el de otros consumidores o establecer un análisis por períodos de tiempo, así como la realización de cuantas acciones sean necesarias para que esto llegue a los consumidores finales. Por otro lado, el Congreso pide potenciar el desarrollo de aplicaciones que permita a los usuarios aprovechar todo el potencial de los datos de los contadores inteligentes e impulsar la adquisición de electrodomésticos eficientes que permitan aprovechar los datos de los contadores para una mayor eficacia energética y menor coste para los usuarios.

También llama a que las empresas de distribución publiquen en abierto los datos de consumo, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos, para que a partir de ellos puedan sacar conclusiones sobre tendencias de consumo eléctrico. Por último, el Congreso reclama que las empresas comercializadoras establezcan una mayor información acerca de los conceptos incluidos en la factura eléctrica, como las cláusulas especiales de permanencia y penalizaciones, servicios adicionales, o información en relación al Precio Voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y al Bono Social, con el fin de que los consumidores puedan evaluar y comparar las ofertas con las de otros competidores «con información veraz, transparente, completa y sencilla».

El pleno del Congreso acepta tramitar la ley del PSOE para extender el bono social al consumo de gas natural

Europa Press / Servimedia.- El pleno del Congreso ha aceptado tramitar la proposición de ley del PSOE para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, que sería cofinanciado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas. La iniciativa de los socialistas fue respaldada por Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Foro Asturias, mientras PP, PNV y UPN se abstuvieron. Ningún partido se posicionó en contra de su admisión a trámite.

La propuesta pasa por financiar este bono en los mismos términos que el bono social de la electricidad, recordando que varias administraciones autonómicas y ayuntamientos dedican partidas a costear el suministro energético. Asimismo, la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y nunca a aquellos servicios considerados esenciales o personas consideradas como consumidores vulnerables severos. Además, el PSOE propone ampliar de 2 a 4 meses el plazo para cortar el suministro a otros hogares vulnerables.

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior aunque, según señalan desde el PSOE, su propuesta es que se considere como tal a toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM. El bono social recogido en la proposición socialista cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como vulnerables, pudiendo ser distinta esta cobertura en función del consumidor. Los porcentajes de financiación que deberá asumir cada suministradora serían calculados anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En su defensa de la iniciativa, la portavoz de los socialistas de Energía, Pilar Lucio, defendió su importancia porque «la situación económica de las familias españolas no está para grandes fiestas, ya que nada ha mejorado para las familias con mayores dificultades económicas». A este respecto, denunció que entre 2007 y 2014 el precio del gas se ha encarecido un 67%, que España es el tercer país europeo con el precio del gas más caro, y que, en la actualidad, un 11% de los hogares no puede mantener su casa a una temperatura adecuada. Además, recordó que entre los consumidores de gas natural hay muchos pensionistas, viviendas de protección oficial y familias con hijos pequeños.

Asimismo, ha recordado que la Unión Europea obliga a través de su directiva a la protección de los clientes vulnerables como un servicio público, directiva que, ha dicho, «el Gobierno sigue desoyéndola pese a estas dificultades». Por último, ha recordado que el Ejecutivo se comprometió a desarrollar en 3 meses el reglamento del bono social, donde debería definir el perfil de consumidor vulnerable. «Han pasado 10 meses desde la publicación de decreto ley. Se acerca el invierno y no sabemos ni cuándo ni cómo se va a articular», ha lamentado.

En nombre del PP, Guillermo Mariscal, mostró su apoyo a un mecanismo que refuerce la posición de los consumidores, aunque ha instado a abandonar la política a corto plazo en cuestiones energéticas y ha afeado los «graves errores técnicos» de los que, a su juicio, adolece la ley.  Por ello, ha llamado a evitar «medidas de este tipo buscando únicamente el populismo» y a tener en cuenta la sostenibilidad financiera de cada medida propuesta, un extremo que, ha defendido, su bancada lleva «en el ADN». «Lo que aprobemos, que se pueda pagar. No traslademos la deuda al futuro», ha aseverado.

Pese al apoyo manifestado, la iniciativa ha despertado duros reproches desde Unidos Podemos y ERC. Así, la portavoz deEn Marea, Yolanda Díaz, criticó que se encargue al Gobierno en un desarrollo la definición de consumidor vulnerable para el gas, lo que considera «un cheque en blanco» y «absolutamente cómodo para el PP«.  «No sé cómo se fían cuando llevamos 10 meses sin reglamento», aseveró. En este sentido, ha desmentido que los ayuntamientos hayan contado con financiación complementaria para abordar la pobreza energética, tal y como prometió el Ministerio, y pidió «intervenir en el precio de la energía sin cortarse». «O estamos de lado de las multinacionales o de lado de los derechos fundamentales«, sentenció.

Mientras, Joan Capdevila, de Esquerra Republicana de Cataluña, ha lamentado que la propuesta se quede «muy lejos» de la legislación catalana, suspendida por el Tribunal Constitucional, y que no se haya apostado por un modelo energético renovable y más democratizado, que favorezca a productores más modestos. «Votaremos a favor, pero esperando no enmendar, ya que si gana el en el referéndum, la Ley energética volverá a estar en vigor manteniendo una mínima dignidad a las víctimas de sus políticas energéticas y sociales», ha dicho.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, acusó al PSOE de oportunista por lanzar esta iniciativa que ya fue aprobada en Comisión a propuesta de Ciudadanos y que no fue tenida en cuenta por el PSOE al negociar el bono social eléctrico, por lo que ha manifestado no saber si los socialistas están interesados en resolver la pobreza energética o en convertir esta cuestión en «propaganda política». En sus intervenciones también anunciaron su voto favorable el PDECat y Foro Asturias. Por parte del PDeCAT, Miriam Nogueras también ha recordado la legislación catalana, que ya recogía las medidas contenidas, mientras que desde Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca ha calificado de «razonable dotar de amparo legislativo a familias que están sumidas en la pobreza energética».

Idoia Sagastizabal, del PNV, tachó la propuesta socialista de «parches» y ha recordado que en el País Vasco existe un compromiso de las compañías para no suspender el suministro y que se articulan medidas entre diferentes instituciones. «Reconocemos esta realidad y no queremos dejar a nadie atrás», ha dicho, avanzando su abstención, pues ha justificado que los ayuntamientos ya se ocupan de estas medidas y que en la mesa de transición energética se abordan igualmente.

El Parlamento balear acudirá al Constitucional para defender la tramitación nacional de la prohibición de prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo

Europa Press / EFE.- La diputada autonómica de Gente por Formentera, Silvia Tur, anunció que el Parlamento de las Islas Baleares acudirá al Tribunal Constitucional en defensa de la tramitación de la proposición de Ley para prohibir los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar Mediterráneo. Según explicó es el siguiente paso después de que la Mesa del Congreso se pronunciara de nuevo en contra de la iniciativa legislatura que fue refrendada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara balear.

Críticas a PP y Ciudadanos

En este sentido, el PSOE, Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi y Gente por Formentera han exigido a PP y Ciudadanos, los otros partidos con representación en el Parlamento de Baleares, que levanten el veto de la Mesa del Congreso que impide la tramitación de la ley antiprospecciones propuesta desde Baleares. Representantes de los 6 partidos han comparecido para instar al PP y a Ciudadanos a que reclamen a sus representantes en el Congreso que respeten el acuerdo unánime del Parlamento balear, que remitió la proposición de ley para la prohibición de trabajos de búsqueda de hidrocarburos en todo el Mediterráneo español.

Al persistir el veto a la iniciativa, establecido en junio a instancias del Ministerio de Energía, estos partidos promoverán que la cámara legislativa autonómica recurra la decisión ante el Tribunal Constitucional. Los partidos de izquierdas y regionalistas consideran que el informe del Ministerio en que se basó el rechazo «se fundamenta en premisas arbitrarias y en parte falsas» y lamentan que la petición de reconsideración del veto remitida a la Mesa por el Parlamento fuera rechazada tras argumentar que este rechazo se debió a que el reglamento de la cámara no considera que los grupos del Parlamento de Baleares estén legitimados para que su solicitud pueda ser tenida en cuenta.

PP: “No habrá prospecciones petrolíferas”

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario popular, Margalida Prohens, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos de Baleares y ha insistido en que «no habrá prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo y que además no costará ni un euro público en indemnizaciones«. Así lo aseveró al ser preguntada por la iniciativa conjunta que han presentado miembros del Parlamento balear pidiendo al PP y Cs que «levanten el veto que mantiene la Mesa del Congreso para impedir la tramitación de la Proposición de Ley para prohibir las prospecciones en el mar Mediterráneo».

En este punto, Prohens ha recordado que «las autorizaciones las hizo el Gobierno de Zapatero con el visto bueno del actual senador socialista Francesc Antich» y ha añadido que el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, David Abril, que era en aquel momento director general, «no alzó la voz» en contra de los proyectos de prospecciones en aguas de Baleares «por miedo a perder su cargo«, ha afirmado. Con todo, la popular ha recalcado que el Gobierno de Rajoy «ha ido revocando, una tras otra, todas las licencias que fueron concedidas», y todo ello, ha dicho, «gracias a los informes de impacto medioambiental que fueron enviados por Biel Company (PP) en su etapa de consejero».

Ciudadanos: “Mediterráneo libre de prospecciones”

Por otro lado, la diputada autonómica de Ciudadanos, Olga Ballester, ha asegurado que su partido trabaja «por un compromiso político para lograr un Mediterráneo libre de prospecciones, así como un modelo energético sostenible». Ante el nuevo veto del Gobierno a que el Congreso debata la proposición de ley balear contra las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo, Ciudadanos Baleares critica dicha decisión, que «demuestra que el PP no está por la labor de lograr un Mediterráneo libre de prospecciones«, según Ballester.

Ballester ha precisado que el veto del Gobierno, con el apoyo de Ciudadanos, ha sido ejercido «dentro de las facultades que le otorga la Constitución». «Desde Ciudadanos ya hemos explicado en repetidas ocasiones que no nos vamos a oponer a esa facultad constitucional que tiene un gobierno pues entra dentro de las normas del funcionamiento del Congreso», reivindicó Ballester. Según Ballester, que la Mesa del Congreso se oponga a que el Gobierno pueda ejercer esa facultad que le otorga la Constitución «solo conlleva que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional y éste paralice la iniciativa hasta que dicte resolución«.

Ante las críticas de los partidos del pacto de gobierno en Baleares al voto en contra de la propuesta por parte del PP y de Ciudadanos, Ballester ha dicho que «PSOE, MÉS y Podemos continúan con la política inútil de la confrontación, y no la de la solución y el acuerdo» y les acusó de «volver a señalar y confrontar». Ha defendido que Ciudadanos no hará política de cara a la galería y sigue trabajando por otras vías para conseguir un Mediterráneo libre de prospecciones.

Ballester explicó que Cs registró una iniciativa en el Congreso que está pendiente de debate, «pidiendo que se aplique una moratoria a nuevas solicitudes de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas mediterráneas españolas, así como la aceleración de la declaración del Corredor de Migración de Cetáceos como zona ZEPIM, que llevaría implícita la prohibición de las prospecciones«. La diputada mencionó también varias preguntas registradas en el Congreso de los Diputados para clarificar los criterios del Gobierno en el veto a la proposición de ley balear contra las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo.

El PP quiere que las eléctricas compartan con sus clientes la información de los nuevos contadores

Europa Press.- El Partido Popular quiere que todas las empresas de distribución eléctrica compartan con los consumidores la información de consumo que les proporciona los nuevos contadores telegestionados o digitales.

Así figura en una proposición no de ley que los ‘populares’ han registrado en el Congreso para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital de la Cámara Baja.

En la iniciativa, destacan que aunque algunas de las compañías comparten con sus clientes la información de consumo que le suministran los nuevos contadores, no todas ellas lo hacen, «sobre todo las más pequeñas», critican.

Además, recuerdan que la propia Comisión Nacional de la Competencia considera que los sistemas de medición inteligente deberían disponer de dispositivos adicionales para proporcionar información directamente al cliente más allá del propio visor, que está incluido por defecto en el aparato.

Mejora en la eficiencia energética

Los nuevos contadores proporcionan información de manera instantánea a las compañías eléctricas sobre distintos aspectos y sobre el consumo energético de sus clientes, permitiendo visualizar el consumo horario, la potencia máxima y el envío de nuevas tablas tarifarias.

Además, también es posible la realización a distancia de la lectura del propio contador, limitar la potencia y modificar parámetros asociados a los contratos. Según datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aludidos por el PP, en España se están instalando un total de 27 millones de contadores inteligentes.

El PP considera que el conocimiento de esta información permitiría al consumidor planificar mejor su consumo diario, el control de sus consumos residuales y una mayor precisión a la hora de elegir su potencia contratada, lo que, a su juicio, «contribuiría de manera notable a una mejor eficiencia energética y ahorro en la factura de los consumidores».

Castilla y León descarta que crear un impuesto al desmantelamiento de Garoña afecte a otras decisiones de Endesa e Iberdrola

EFE.- La consejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha considerado que el impuesto que prevé crear sobre las actividades de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña vayan a perjudicar a otros puntos de Castilla y León en forma de decisiones empresariales de desinversiones.

Preguntada por los planes de su departamento para incluir este impuesto en los Presupuestos de Castilla y León para 2018, Del Olmo prefirió no dar detalles sobre las características que tendrá y la «potencia recaudadora» que estiman, ya que está a expensas de negociarlo con los grupos de la oposición. Tampoco aclaró si se tratará de un nuevo impuesto o si se incluirá como un nuevo hecho imponible dentro del impuesto medioambiental que ya tiene en su cartera fiscal la Junta de Castilla y León.

En lo que confía la consejera es en que las decisiones empresariales que pueda tomar Endesa, copropietaria de Garoña junto a Iberdrola, se vean condicionadas por este futuro impuesto a la hora de tomar decisiones en otros puntos de la comunidad, como en el caso de la central térmica de Compostilla, en León, con dudas sobre su continuidad. «Las empresas deciden por criterios de rentabilidad económica», explicó Del Olmo, para quien si Endesa compra o no carbón autóctono depende de si le resulta rentable o no, independientemente de la fiscalidad que se aplique en Garoña.

Nombrados los 14 expertos de la comisión sobre transición energética con las críticas de Ciudadanos y el ausente sector gasista

EFE / Europa Press.- El Ministerio de Energía aprobó la designación de los 14 expertos que compondrán la comisión encargada de elaborar un informe sobre los diferentes escenarios de transición energética y las alternativas de combinación de las distintas fuentes de energía. Estos expertos son Jorge Aragón, Javier Arana, Luis Atienza, Jose Luis de la Fuente O’Connor, Miguel Duvison, Cristóbal José Gallego Castillo, Ignacio Grangel, Oscar Lapastora, Pedro Linares, Diego Rodríguez, Txetxu Sáenz de Ormijana, Josep Sala i Prat, Jorge Sanz y Guillermo Ulacia.

La comisión de expertos «independientes y de reconocido prestigio», que será presidida por Sanz, fue nombrada tras consultar al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales. El objetivo de este grupo es analizar las posibles alternativas de política energética, para lo cual tendrán en consideración su impacto medioambiental y económico, así como que permitan cumplir con los objetivos establecidos. Su informe recogerá alternativas sobre la combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) para que se pueda llevar a cabo «una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono«, según explicó el Ministerio.

El Gobierno aprobó en julio la creación de este grupo para elaborar un informe en 6 meses. El Gobierno enviará el informe al Congreso para que este se pronuncie sobre el mismo. También evaluará el objetivo de penetración de renovables en función de diferentes niveles de interconexión con el continente europeo y la contribución de las políticas de eficiencia energética.

Ciudadanos denuncia falta de independencia

La portavoz de Energía del grupo parlamentario Ciudadanos, Melisa Rodríguez, envió una carta al ministro Álvaro Nadal en la que lamenta la «falta de independencia» de los integrantes del grupo de expertos. En su opinión, la composición del grupo cuenta con un peso «notablemente político», en lugar de caracterizarse por la independencia de sus miembros, como exigen los requisitos aprobados en el Congreso. «Dudamos de que con la composición propuesta por el Ejecutivo se pueda consolidar esa imparcialidad», ha apuntado.

Melisa Rodríguez ha apostillado que la iniciativa aprobada en el Congreso exige que este grupo esté compuestos por «especialistas de reconocido prestigio» que aseguren la independencia y la pluralidad de opiniones. Por ello, ha instado al Gobierno a que asegure «la mayor independencia y rigor posibles» en la elaboración del grupo de expertos y en el conjunto del proceso normativo para el cambio climático y la transición energética, con el fin de garantizar que las decisiones que se tomen en política energética estén avaladas de manera suficientemente objetiva e informada.

De los 14 miembros que conforman esta comisión, 4 debían ser designados por el Gobierno, (7) uno por cada grupo parlamentario y 3 por los agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE). Ante las objeciones de Ciudadanos, cabe recordar que son Luis Atienza, exministro de Agricultura durante el último Gobierno de Felipe González y expresidente de Red Eléctrica de España; el actual director general de Operación de REE, Miguel Duvison; el expresidente de Carbunión, Oscar Lapastora; y el actual presidente de la Comisión de Industria y Energía de la CEOE y expresidente de Gamesa, Guillermo Ulacia.

Junto a Atienza, Ulacia, Duvison y Lapastora, también forman parte del grupo Jorge Aragón Medina, elegido por CCOO; Pedro Linares, profesor de Organización Industrial de la Escuela Técnica de Ingeniería ICAI y de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad y propuesto por Ciudadanos; Cristóbal José Gallego, investigador en energía eólica, miembro del Observatorio de la Energía y elegido por Podemos; Txetxu Sáenz de Ormijana, director del Ente Vasco de la Energía y opción del PNV; y Josep Sala i Prat, empresario del sector de renovables y propuesto por ERC.

Además, figuran Javier Arana, exsubdirector general de Energía Nuclear; Ignacio Grangel, exjefe de gabinete de la secretaría de Energía en la época de Alberto Nadal y actual director de la Asesoría Jurídica de REE; Jorge Sanz Oliva, exdirector general de Política Energética y Minas; José Luis de la Fuente O’Connor, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid y responsable de Vigilancia Estratégica e Inteligencia Tecnológica de Iberdrola; y Diego Rodríguez, exconsejero de la CNMC.

Ausencia del sector del gas

Por su parte, el sector gasista ha lamentado su ausencia del grupo de expertos. En este sentido, fuentes del sector indicaron que su presencia en esta comisión de expertos es «fundamental» con el fin de «poder trasmitir su conocimiento en esta fase preparatoria de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética». Por ello, subrayaron que es «esencial» contar con la visión de expertos «en todas aquellas energías limpias que van a ocupar, ineludiblemente, un papel importante en la futura Ley». «Y el gas es una de ellas», añadieron.

Así, lamentaron que el sector del gas no esté representado en un grupo donde sí que tienen presencia a través de sus miembros otros sectores implicados en la transición energética, como el carbón, la electricidad, el petróleo o la nuclear. De esta manera, consideran que el sector podría aportar para ese comité a expertos como María Sicilia, directora de Estrategia de Enagás y que anteriormente trabajó en el Ministerio de Energía, en Iberdrola Renovables o en la Agencia Internacional de la Energía; o Marta Margarit, que ocupa desde hace 10 años el cargo de secretaria general de la patronal Sedigas.

Navia (Energía) y los sindicatos de la minería CCCO y UGT tratarán este jueves el futuro del sector del carbón

EFE / Servimedia.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, se reunirá este jueves con los sindicatos de la minería del carbón para tratar sobre el futuro del sector y la necesidad de establecer nuevas medidas sociales y de reactivación que releven a las actuales a partir de 2018. Acudirán representantes de UGT-FICA y CCOO, que expondrán al secretario de Estado sus planteamientos para el mantenimiento de la actividad en el sector y en las comarcas mineras.

UGT-FICA ha señalado que en el encuentro pedirán de nuevo que se adopten decisiones para mantener una producción de carbón autóctona competitiva en España y que aseguren una participación suficiente del carbón nacional en el mix (combinación de diferentes fuentes que cubren el suministro) de generación eléctrica. Además, solicitará que se persevere en la continuidad de las explotaciones mineras durante los años 2017 y 2018, y de las que sean competitivas más allá de esa fecha. También demandará que se acuerden medidas sociales y de reactivación (infraestructuras, empresariales, formación) que releven a las actuales a partir de 2018, cuando finaliza el Marco de Actuación para la Minería del Carbón 2013-2018.

UGT-FICA pedirá que se analice la posibilidad de aplicar un IVA superreducido, así como que se acuerden mecanismos para la mejora medioambiental y la desnitrificación de las emisiones en instalaciones de producción de electricidad con carbón autóctono, como el céntimo verde (que exime del pago del Impuesto Especial del Carbón a las empresas que lo producen cumpliendo requisitos medioambientales). Además, reclamará que se impulsen proyectos de captación, secuestro y almacenamiento de CO2 para cumplir con el Acuerdo de París, el fomento de proyectos empresariales generadores de empleo en las comarcas mineras y proceder al pago de los fondos mineros paralizados.

Por su parte, CCOO indicó que su intención es «aprovechar la voluntad de diálogo de Daniel Navia para volverle a exigir que cumpla el Marco de Actuación de la Minería del Carbón». Algunas cuestiones que trasladará el sindicato a este encuentro son qué piensa hacer el Gobierno con las empresas mineras que están en concurso de acreedores o en liquidación y qué pasará con sus trabajadores. Además, pedirá que se regule el hueco térmico, para dar más cabida al carbón nacional en la producción eléctrica, y que se afronte la reactivación de las comarcas mineras.

El PSOE pide que Nadal explique sus planes para intervenir el cierre de las centrales de generación de electricidad

EFE.- El grupo socialista ha pedido la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en la Comisión de Energía del Congreso con el fin de que explique sus planes para regular el cierre de centrales eléctricas, según indicó esta formación. Nadal expresó su intención de regular por la vía reglamentaria el proceso de cierre de las centrales de generación eléctrica al no encontrar apoyos en el resto de las fuerzas políticas, en concreto en el PSOE, para hacerlo con rango de ley.

La portavoz de Energía del grupo socialista, Pilar Lucio, ha criticado que resulta «difícil» apoyar una iniciativa legislativa que no conocen. En su opinión, resulta «imprescindible» que Nadal dé explicaciones y aclare «qué es lo que propone y cómo pretende hacerlo». «Nadal está haciendo declaraciones que no se corresponden con la realidad, ya que el PSOE nunca ha conocido de manera formal cuáles son sus intenciones respecto a la intervención de estas centrales», ha indicado.

Nadal explicó que el objetivo de la normativa que pretende elaborar es que el eventual cierre de centrales sea ordenado y tenga en cuenta, además de la seguridad del suministro, criterios medioambientales, de flexibilidad del sistema y de precio de la energía eléctrica. Según Nadal, el cierre de las centrales no puede depender únicamente de decisiones empresariales porque influye en la configuración del mix energético, una cuestión que, a su juicio, es competencia del Estado.