El Senado insta al Gobierno a impulsar la economía circular y apostar por la valorización energética de los residuos

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado acordó instar al Gobierno a «impulsar y a colaborar «con todas las administraciones públicas, agentes económicos y sociales el paquete europeo de economía circular y todas las medidas necesarias para que España pueda «llevar a cabo las premisas y objetivos» de este y cumplir los objetivos en gestión de residuos para 2020 y los siguientes años.

La moción del PP sólo ha conseguido el respaldo de los populares, el voto en contra del PNV tras una discusión entre los senadores Cazalis y Pons, y la abstención del resto de grupos. A la iniciativa se habían propuesto dos enmiendas, una del PSOE, para hacer más «explícita» la moción, según ha explicado el senador socialista Félix Montes, y otra del PNV, que pedía la creación de una Comisión Especial de Economía Circular que sirviera, según el senador José María Cazalis, para dar una clara señal del impulso parlamentario a esta aspiración ciudadana. Ambas fueron rechazadas por el grupo parlamentario popular, cuya senadora Juana Francisca Pons ha defendido el «carácter general de la moción».

Así, Pons expuso que la iniciativa destaca que el modelo económico lineal actual es agresivo con el medio y advierte de que agotará las fuentes de suministro, tanto materiales como energéticas, si no hay un cambio en dicho modelo. Precisamente, Pons ha apuntado como alternativa a la economía circular, que define como aquella en la que se maximizan los recursos disponibles, tanto materiales como energéticos, para que estos permanezcan el mayor tiempo en el ciclo productivo, y en la que se reduce la generación de residuos y se aprovecha al máximo los que no se haya podido evitar su generación.

El texto recuerda que, para potenciar la economía circular, en diciembre de 2015 la Comisión europea presentó su plan de acción, que incluye 54 medidas en las que los Estados miembro deben avanzar. La senadora popular considera que este objetivo es «beneficioso» y afecta a todas las etapas del ciclo de vida del producto. Las medidas afectan al diseño y producción, el consumo, la gestión de los residuos, el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos y a 5 áreas prioritarias como son los plásticos, el desperdicio alimentario, las materias primas, la biomasa y los productos con base biológica.

Así, insiste en que el nuevo modelo debe concebir los productos para que sean reutilizables, reparables, actualizables, con mayor tiempo de vida útil y reciclables y que reduzcan las sustancias nocivas en los materiales. En cuanto a la etapa de residuo, la senadora cree que el Gobierno debe avanzar en la «correcta separación en origen de los residuos, tanto en los hogares como en el sector servicios y en el sector industrial» para poder aprovechar «adecuadamente» el preciado recurso material.

Para los residuos sin aprovechamiento, la moción ve «preferible» la valorización energética antes que el vertido a través de la combustión convencional en incineradoras con recuperación energética, coincineración en otras instalaciones o mediante tratamiento para obtener combustibles similares a los obtenidos del petróleo. En este contexto recuerda que la propuesta de la Comisión para 2030 es reciclar el 65% de los residuos municipales; el 75% de los envases en 2030 y reducir la eliminación en vertedero hasta un máximo del 10% de todos los residuos generados. «Son optimistas y estamos lejos en este momento pero vale la pena trabajar», indicó.

En España se recogió en 2014 de forma separada el 19% de los residuos municipales; se recicló el 31%; se incineró el 11% y el 58% se destinaron al vertedero. La iniciativa del PP admite el «prácticamente nulo avance» en preparación para la reutilización, reciclaje y valorización energética, lo que supone mantener el vertedero como «opción mayoritaria para los residuos». Ante las conclusiones de la Ponencia parlamentaria de residuos y la nueva propuesta de la Comisión Europea en economía circular, la Comisión de Medio Ambiente ve «indispensable impulsar medidas» para que se avance en materia de economía circular y dar cumplimiento de los objetivos en materia de gestión de residuos para 2020 y los que puedan establecerse en el futuro.

Energía reivindica que el coste anual de indemnizar a Castor es la mitad de lo que suponía el almacén funcionando

/0 Comentarios/en , , , , , /por

Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha defendido que el mecanismo de financiación para afrontar la compensación de 1.350 millones de euros por la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas Castor recogido en el real decreto ley aprobado en 2014, algunos de cuyos artículos han sido anulados por el Tribunal Constitucional, permitió una «reducción sustancial» en la factura de los consumidores de gas al recortar su coste anual de 214 millones de euros a 94 millones de euros.

Navia reconoció que lo deseable hubiera sido evitar el pago de esa compensación a Escal UGS, empresa promotora de Castor y participada por ACS, pero indicó que, a pesar de que la vía judicial fue lo primero que se intentó, el Tribunal Supremo «no atendió a las reclamaciones» del Gobierno. «Lo primero que hizo el Gobierno fue solicitar la lesividad de las cláusulas que obligaban a estas indemnizaciones, y lamentablemente no fue posible anularlas«, añadió el secretario de Estado de Energía, quien destacó que «asumir las sentencias» es una obligación.

Así, aseguró que si el Gobierno hubiera tenido «un grado de arbitrariedad» se hubiera suspendido este pago de 1.350 millones de euros, pero consideró que «no es posible». «Este tipo de situaciones no son agradables, pero al cumplimiento de las leyes nos tenemos que atener», apuntó. Además, Navia afirmó que si el Gobierno no hubiera pagado las indemnizaciones por Castor «en tiempo y en forma» se hubiera generado una situación «muy seria» con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que respaldó el proyecto. «Ahora es fácil abstraerse del ámbito financiero, pero en aquella época había presiones financieras muy importantes«, señaló.

El secretario de Estado de Energía también apuntó que el Tribunal Constitucional «en ningún momento» cuestiona el pago de la indemnización ya que, si hubiera sido así, el Gobierno «habría actuado en consecuencia», y sí que reconoce que corresponde la extinción de la concesión. «Y el real decreto dice que si hay extinción, en ese caso hay que pagar», destacó.

Por otra parte, el secretario de Estado de Energía insistió en que el almacenamiento de Castor «no va a volver a entrar en funcionamiento» y afirmó que se procederá a su desmantelamiento cuando «se pueda producir en condiciones de seguridad«. A este respecto, afirmó que «lo lógico» es atender al criterio de los expertos para ver de qué forma se podrá realizar este desmantelamiento del almacenamiento. «No puedo dar una fecha de desmantelamiento sin saber cuál es el momento óptimo en que la seguridad de las personas no se comprometa. Es una decisión que se sale del ámbito económico», concluyó.

La mayoría del Congreso muestra su preocupación por las prospecciones petrolíferas de Marruecos en aguas próximas a Canarias

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- Todos los partidos de la oposición expresaron su preocupación por las prospecciones petrolíferas que planea Marruecos frente a las aguas de las Islas Canarias y se mostraron a favor de una moción en la que Podemos pedía explicaciones al Gobierno respecto a la reciente concesión de permisos de exploración a la multinacional petrolera italiana ENI en la Cuenca de Tan Tan, en Marruecos, que supondrá unas prospecciones que «pondrán en riesgo» a Canarias, según la parlamentaria de Podemos, María del Carmen Pita.

La diputada ha criticado que «nadie en el Gobierno se haya dirigido al Ejecutivo marroquí para mostrar su rechazo a unas prospecciones que ponen en riesgo el medio ambiente y la principal actividad económica en Canarias, el turismo, para mantener la búsqueda de energías contaminantes». Pita ha acusado al Gobierno de que «no conciba el bienestar de los canarios como una cuestión de Estado», y ha recordado que las aguas españolas que se encuentran frente a las futuras prospecciones están a la espera de ser declaradas santuario mundial de cetáceos, algo que respaldaron el resto de grupos de la oposición.

El diputado del PP, Antonio González, ha acusado al grupo de Podemos de «falta de rigor» y de «ganas de crear alarmismo» con esta moción, alegando que España «respecta» las leyes internacionales y las decisiones «soberanas» del Reino de Marruecos, que mantiene informado al Ejecutivo español de todo lo que le atañe. El diputado ha recordado que una concesión para hacer prospecciones no implica necesariamente «la destrucción del lecho marino».

Frenar las prospecciones petrolíferas marroquíes

En este sentido, el objetivo de Unidos Podemos era que el pleno del Congreso de los Diputados exigiera al Gobierno que emprenda «vías diplomáticas» para «instar a Marruecos» a «desistir» de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura, cerca de donde la española Repsol hizo sondeos en 2014. Unidos Podemos quiere que el Gobierno español se movilice, y movilice también a la Unión Europea contra «este tipo de actividades altamente contaminantes» a pesar de que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, alegó que Marruecos estaba actuando en el marco de su soberanía: «Tiene derecho a gestionar su territorio y sus recursos en la forma que considere oportuno y no cabe objeción posible», afirmó.

Podemos, en cambio, cree que la decisión de la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas (ONHYM) marroquí puede ser objeto de acciones judiciales internacionales por considerar que la zona afectada, entre Sidi Ifni y Tan-Tan, justo al norte del Sáhara Occidental, corresponde a la plataforma continental del Sáhara Occidental. Asimismo, el grupo morado avisa de las consecuencias que puede tener una actividad petrolera para el turismo y, además, del riesgo de este tipo operaciones en el mar. Por eso, además de expresar su rechazo a las operaciones y reclamar medidas diplomáticas para frenarlas, pide «información veraz y transparente» sobre la situación generada por la concesión, especialmente a la población canaria.

Es más, pide que la información y consulta previa a las instituciones canarias sea «requisito ineludible» en el proceso de tramitación de cualquier actividad de investigación en el entorno de Canarias. También propone crear un grupo de trabajo con la Comisión Europea y las naciones limítrofes para «paralizar las actividades mineras en el canal Canarias-África» y plantear alternativas energéticas limpias. A su modo de ver, el Gobierno debe «anteponer la suprema defensa de los intereses del archipiélago canario y, por ende, del Estado en su conjunto, ante cualquier actividad que se produzca en sus fronteras» y que ponga en riesgo el desarrollo económico y la conservación del medio. Para ello, pide medidas como planes de impacto ambiental y de contingencia.

Además, quiere que el Congreso inste al Gobierno a promover la ampliación a las aguas que separan Canarias de Marruecos del acuerdo ACCOBAMS, para crear allí un área de protección especial de cetáceos, y cooperar con Marruecos en el desarrollo de energías renovables. También incorporar zonas propuestas por los científicos, hasta la costa africana, al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) del proyecto LIFE 07, que derivó en la designación del «Espacio Marino Suroriental de Lanzarote-Fuerteventura».

El PP lamenta que Unidos Podemos y Ciudadanos pongan en riesgo en Europa la interconexión eléctrica con Francia

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- El PP lamenta que Unidos Podemos y Ciudadanos pongan en riesgo el proyecto de interconexión eléctrica entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya al someter a votación en el Parlamento Europeo una iniciativa que busca anular el listado de proyectos de interés común sujetos a subvención del programa Conectando Europa.

En este sentido, el portavoz energético de los populares en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha criticado que detrás de esa propuesta «desgraciadamente» hay eurodiputados españoles de Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida y Equo, por lo que ha pedido a estos partidos que «llamen la atención a sus eurodiputados para que también piensen en el país que los ha elegido». «Está muy bien firmar documentos, pero no han sido conscientes de la enorme problemática que tiene esto. Pueden perjudicar gravemente los intereses del país que les ha votado como eurodiputado», ha aseverado.

Mariscal ha defendido este proyecto de interconexión energética que, en principio, iba a contar con una subvención de 578 millones de euros de los 1.750 millones a los que ascenderá la inversión. «Eso quiere decir que los españoles iban a ver reducido el pago de esa cantidad por esa ayuda«, ha explicado, señalando también que el tráfico energético a través del cable permitirá recuperar la inversión en tan solo dos años, que prácticamente duplicará el volumen de interconexión, pasando de 2.800 MW a 5.000MW, y que así «España dejará de ser una enorme isla energética».

«Si eres una isla, la posibilidad de que un fallo afecte a todo el sistema es mayor que si estamos conectados», ha señalado, abundando que, al no contar con estas conexiones, España depende de tecnologías más caras para prevenir el sistema de posibles colapsos por picos de demanda y escasez de oferta, dada la variabilidad de la producción de energía renovable. Además, ha señalado que el «excedente» de energía renovable que España produjera en los momentos de mayor producción podría colocarse a través de esta conexión, convirtiendo al país en «un hub eléctrico para Europa».

Equo pide a Nadal que exija a Enagás la retribución abonada por el mantenimiento de la regasificadora de El Musel

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- Equo reclama al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que deje de pagar a Enagás el mantenimiento de la regasificadora de El Musel (Gijón) y que exija los pagos abonados hasta el momento, pues señala que estaban condicionados a una autorización válida que ya no existe.

La formación ecologista, integrada en el Congreso dentro del grupo confederal de Unidos Podemos, recuerda que la Justicia anuló la autorización de esta planta, por lo que creen que el Gobierno debe recuperar los 120 millones de euros que, aproximadamente, ha abonado a la gasística por los costes de operación y mantenimiento en la instalación. En este sentido, aseguran que estas retribuciones estaban condicionadas a la validez de una autorización que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a instancias de Los Verdes, en una decisión confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo. Esto hace que, según denuncia Equo, deba tramitarse de nuevo una autorización desde el inicio.

Todo ello tras recibir respuesta por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ante la que el portavoz de Equo, Juan López de Uralde, solicitó que informara al Gobierno de que no debía abonar las retribuciones previstas a Enagás y que reclamara las ya abonadas. El macrorregulador se remitió a la opinión ya dada sobre la retribución de los costes de operación y mantenimiento para los años 2013-2015 y recuerda que es competencia del Ministerio establecer o modificar las retribuciones al titular de cada instalación.

Equo señala que en ese informe la CNMC condiciona los pagos a Enagas a la existencia de una autorización válida algo que, señalan, «a día de hoy no existe». Por ello, reclaman al ministro Nadal que «asuma las decisiones judiciales y actúe en consecuencia», reclamando a la gasística el reintegro de pagos provisionales que hasta ahora ha recibido. «En el caso de que no actúe en este sentido», abundan, «sus responsables podrían incurrir en responsabilidades contables por alcance en razón del perjuicio causado al sistema».

Tejerina admite que le «chocó» que Madrid no le informara de nuevas medidas anticontaminación para defenderlas ante la Unión Europea

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, admitió que les sorprendió «mucho» que el Ayuntamiento de Madrid no informara al Ministerio de sus nuevas medidas anticontaminación, en relación a la prohibición de los vehículos más contaminantes, de cara a defender su actuación ante Bruselas.

«Nos sorprendió mucho porque después de estar reunidos con el Ayuntamiento de Madrid, no oculto que nos chocó un poco que mientras teníamos la reunión en Bruselas con su información, contaran a la prensa unas nuevas medidas que no nos habían facilitado para defender su actuación ante Bruselas», ha declarado la ministra, que ha recalcado que “lo más serio” no es “lo que cuento a la prensa sino cómo cuido la salud de los ciudadanos sobre los que tengo una responsabilidad porque gestiono la calidad de su aire», ha indicado la ministra en relación a las nuevas medidas que plantea el Consistorio de la capital.

Respecto a la calidad del aire en España y el incumplimiento de la normativa europea, la ministra defiende que la calidad del aire «mejora» desde el año 2001 y que si en 2010 el país tenía 10 infracciones, en la actualidad se han reducido a 5. García Tejerina ha afirmado que no hay un problema generalizado de calidad del aire, sino que se concentra en Madrid y Barcelona donde, sin embargo hay «mucha» población afectada. Ante esta preocupación, Tejerina ha esgrimido que en la pasada legislatura se aprobó el Plan Aire y ahora se ha aprobado el Plan Aire 2.

Incentivos a la movilidad alternativa

Sobre esta temática, ha reconocido que les «preocupa» en cuanto al medio ambiente y a la salud de los ciudadanos y que por ello han diseñado dos planes, que, entre otras cosas, contemplan la renovación de la flota de vehículos. En este sentido, ha asegurado que en España seguirá habiendo un «incentivo importante» a los vehículos impulsados con motores alternativos, con el fin de mejorar la calidad del aire. Tejerina ha recordado que ya habido ayudas a la adquisición de vehículos impulsados con energías alternativas que se agotaron «rapidísimo», por lo que confirmó que el Gobierno seguirá apoyando estas tecnologías con nuevos planes de incentivo.

«Me consta que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, tiene encima de la mesa muchas propuestas que iremos viendo porque, efectivamente, el problema no solo es medioambiental sino también para la salud de las personas», ha añadido. En esta línea, la ministra ha resaltado que hay que seguir trabajando en el campo del coche eléctrico, aunque también en el apoyo a otros vehículos «más limpios», como los impulsados con gas.

Tejerina recordó que, a través de los planes PIVE, se destinaron cerca de 1.200 millones de euros a la renovación del parque automovilístico español, e indicó que gran parte de estos fondos fueron a parar a modelos con motores «no convencionales«. Finalmente, ha resaltado que todavía «quedan muchas cosas por hacer» a la hora de mejorar la calidad del aire y subrayó que al final son los ciudadanos los que deciden si utilizan el transporte público u otras soluciones de movilidad, como las motos y coches eléctricos compartidos que existen en la ciudad de Madrid.

El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra la ley antifracking de Castilla-La Mancha

/0 Comentarios/en , , , , , /por

Europa Press.- El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra varios preceptos de la Ley de Castilla-La Mancha por la que se establecen medidas adicionales de protección de salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, más conocida como fracking.

El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a las Cortes y a la Junta autonómica de Castilla-La Mancha, que dispondrán hasta mediados de febrero para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes. El pleno acuerda también la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, decisión que es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución.

Dicho precepto establece que “el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses». La admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá una vez que esté concluso el proceso.

El PP respeta la admisión

Por su parte, el portavoz regional del Partido Popular, Lorenzo Robisco, ha asegurado, en relación a la admisión a trámite por parte del Constitucional del recurso del Gobierno central que «las decisiones judiciales se respetan». «Eso no es ni a favor ni en contra«, ha manifestado, donde ha apuntado que este asunto «lleva un curso» y que, «en ese curso, unos proyectos han salido adelante y otros no”. Dicho esto, ha incidido en que el PP no se va a mostrar «ni a favor ni en contra de las decisiones judiciales» y que será el tribunal «el que se pronunciará».

Tejerina invita a Podemos a trabajar por el aire de Madrid y Barcelona tras el toque de atención de Bruselas

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- La Comisión Europea ha pedido a España y otros 8 países de la Unión Europea que presenten medidas que garanticen el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de contaminación atmosférica. En este sentido, la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, invitó a Unidos Podemos a «asumir sus responsabilidades» en materia de calidad del aire y trabajar por reducir la contaminación en Madrid y Barcelona, los dos únicos problemas que, a su juicio, tiene España en cuanto a emisiones.

«Está en manos de su partido arreglar el problema», ha respondido Tejerina en la Comisión de Cambio Climático del Congreso a las críticas del portavoz de la formación morada, Juan López de Uralde, sobre la posición de España dentro de Europa en materia de calidad del aire. La ministra ha asegurado que se «sonroja» ante la posibilidad de que Unidos Podemos le hable de esta cuestión porque, aunque ha reconocido que «España tiene problemas» con la calidad del aire, ha precisado que estos son «puntuales» y corresponden a Madrid y Barcelona, en donde gobiernan confluencias de la formación morada. «Hable con su partido y tómeselo en serio. Son muchos los millones de ciudadanos afectados en estas dos ciudades», ha insistido.

Tras su intervención en la Cámara Baja, Tejerina ha aclarado que la labor del Gobierno en este tema es la de ayudar a las administraciones locales a que cumplan con sus competencias, a través del segundo Plan del Aire aprobado el pasado mes de diciembre, y con una financiación «de más 275 millones de euros». Del mismo modo, ha recordado que existen otras medidas como los 1.200 millones invertidos para renovar el parque automovilístico del país o medidas de mejora energética en las viviendas, con las que el Ejecutivo está aportando soluciones para los municipios.

Estas iniciativas han sido trasladadas a la Unión Europea en una reunión ministerial a la que España ha sido citada, junto a otros países, para explicar sus incumplimientos en materia de calidad del aire. Tras la reunión, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, ha confiado en que la Comisión Europea tenga en cuenta las medidas adoptadas a nivel nacional, así como las mejoras logradas y «las mejoras que las administraciones responsables prevén conseguir a corto plazo«. García indicó además que el Ministerio informará por escrito al Ejecutivo comunitario del material que ha recibido por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos afectados.

En cualquier caso, la secretaria de Estado subrayó que en España no existe «un problema generalizado» de contaminación, sino que se trata de un problema «en determinadas zonas geográficas bien acotadas». En concreto, ha indicado que se trata de Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), ambos municipios afectados por contaminación de partículas finas (PM10) y de la ciudad de Madrid y conurbación de Barcelona, con altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2).

García también ha señalado que durante la reunión ha trasladado a Bruselas «todas las medidas en las que las que todas las administraciones vienen trabajando desde hace mucho tiempo». Asimismo, ha aprovechado la reunión para pedir a la Comisión reforzar el trabajo conjunto mediante visitas sobre el terreno para «conocer de cerca qué problemas hay y qué medidas se están poniendo en marcha», por ejemplo, por la administración asturiana para reducir en la zona de Avilés la contaminación por partículas en suspensión y la procedente del manejo de graneles en el puerto de esta localidad.

Hay 5 incidencias en España

También se ha referido al incumplimiento de material particulado que se ha registrado en Villanueva del Arzobispo (Jaén), en la que se han establecido mejoras en la planta de biomasa e implantado restricciones de funcionamiento a las industrias de la zona para solucionar esta situación. «La calidad del aire en España mejora respecto al año 2001, cuando tenía 8 incumplimientos. Ahora tiene 5″, explica Tejerina sobre este tema, para aclarar que dos de estas incidencias corresponden a «medidas incorrectas» en Avilés y otra a Villanueva de Arzobispo. «Sí, hay dos problemas en los que hay que abordar la situación en mayor profundidad, que son Madrid y Barcelona, y ahí es donde tienen que poner el acento los ayuntamientos», ha insistido.

En relación a las dos grandes ciudades, Medio Ambiente ha trasladado a la Unión Europea que desde la Generalitat se puso en marcha en 2014 un Plan de Actuación y el Ayuntamiento de Barcelona está implantando un Plan de mejora y un Programa de medidas. Además, el pasado año, se firmó un acuerdo entre Cataluña y 40 entidades locales de la conurbación de la Ciudad Condal con actuaciones adicionales al Plan de Actuación Horizonte 2020.

«Como resultado de todo ello, la situación en cuanto a partículas en suspensión en Barcelona y alrededores ha mejorado sensiblemente desde 2010 hasta 2016, en los que ya no se superan los valores límites de este contaminante y, en cuanto al dióxido de nitrógeno (NO2), se prevé que en 2020 se garantice el cumplimiento de los objetivos», explica el Ministerio.

También destaca que en Madrid el Ayuntamiento ha implantado, desde el 2017, un protocolo que se aplica de forma gradual cuando se producen episodios de alta contaminación por este contaminante. El Plan prevé una inversión de 543,9 millones y, de acuerdo con las estimaciones del Ayuntamiento, permitirá una reducción en la concentración media anual de dióxido de nitrógeno del 23%, alcanzando el cumplimiento en 2020.

Toque de atención a España

«Insto a todos los Estados miembros a abordar este problema con la urgencia que merece. La inacción tiene consecuencias y los Estados miembros tienen la responsabilidad de actuar. La inacción también tiene consecuencias legales para los Estados miembros», ha advertido el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, antes de tomar la decisión sobre una eventual denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) contra los países a los que el Ejecutivo comunitario ha abierto expediente por la calidad del aire de algunas áreas, que son España, República Checa, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido.

Vella ha señalado que se han presentado «algunas sugerencias positivas», aunque también ha subrayado que «a primera vista no son suficiente sustanciales para cambiar la imagen completa». «Sin medidas nuevas y efectivas, en muchos casos los estándares de calidad del aire seguirán superándose durante meses y años«, auguró. El comisario ha remarcado una vez más que cada año mueren de forma prematura 400.000 personas en la Unión Europea por la contaminación atmosférica, mientras que otros muchos sufren enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire.

«Estoy seguro de que los presentes en la reunión comparten mi frustración», indicó Vella, aunque posteriormente reconoció que ese «sentido de urgencia» no siempre es «evidente» entre Estados miembros, a los que ha reclamado «adoptar todas las medidas posibles sin retrasos». Además, Vella ha insistido en que Bruselas denunciará a los países si no adoptan estas medidas para atajar el problema. «Lo único que puede evitar que la Comisión vaya al TUE) es que las medidas y acciones que los países pongan sobre la mesa sean suficientes para alcanzar nuestras metas sin retrasos», ha garantizado.

Page cree que hay una razón económica muy poderosa para que el Gobierno central quiera seguir construyendo el ATC nuclear

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido al Gobierno “prudencia” con respecto a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) y ha insistido en que tiene que haber «alguna razón económica muy poderosa» para que el Ejecutivo «siga planteándosela», después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) haya desestimado el recurso del Ayuntamiento de Villar de Cañas contra la resolución que declaró nulo el Plan de Ordenación Municipal (POM).

El presidente regional ha contestado de esta forma al ministro de Justicia y diputado por Cuenca, Rafael Catalá, que reiteró el «compromiso» del Gobierno central con el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares, considerando «muy importante» que salga adelante. García-Page ha reiterado que España «tiene que plantearse la estrategia de gestión de residuos«, al tiempo que se ha mostrado «satisfecho» de que el TSJCM haya dado la razón a la Consejería de Fomento, asegurando que el  POM es «tan ilegal que el Ayuntamiento no va a hacer reclamación, salvo que haya intereses más radiactivos que lo que se quiere enterrar».

El presidente regional ha criticado la «demagogia barata» de «ver al ministro Soria y a Cospedal intentar decirle a la gente que les había tocado la lotería porque hacían un agujero donde se enterraban residuos nucleares», asegurando que al instalar el ATC en la provincia conquense «se espanta el turismo y además se hace correr riesgo a la población en los cientos de tránsitos de camiones peligrosos». «Hubo en el aire muchas instalaciones posibles y no se eligió la primera, la segunda ni la tercera, se eligió la cuarta», ha recordado, manifestando que «hay opciones posibles y alternativas» al almacenamiento centralizado de los residuos nucleares.

En referencia a los tres informes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que informan desfavorablemente al respecto de la suficiencia de recursos hídricos para las demandas que contempla el pueblo y el ATC, García-Page considera que «que falte agua para el ATC puede ser hasta conveniente para que no salga adelante», aunque ha reconocido que podría ser malo «para otras inversiones positivas» en la zona.

PP pide soluciones a Page

Por su parte, el PP de Castilla-La Mancha ha señalado que respeta las decisiones judiciales respecto al ATC de Villar de Cañas, al tiempo que ha pedido a García-Page, que aporte soluciones y no confrontaciones con el Gobierno central. Así ha reaccionado la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, que ha recordado que el presidente castellano-manchego dijo «hace tiempo» en relación al ATC que el Gobierno de Castilla-La Mancha tenía la capacidad de crear 1.000 puestos de trabajo en Villar de Cañas. «Estamos esperando esos puestos de trabajo que Page prometió, ¿Dónde están?», se ha preguntado la diputada popular.

PSOE pide un debate autonómico

Por otro lado, el PSOE de Castilla-La Mancha ha registrado en las Cortes regionales un debate general relativo a la situación del ATC de Villar de Cañas. Así lo anunció el diputado regional del PSOE, Fernando Mora, quien lamenta que el ATC «sea consecuencia» de una decisión política y no técnica, en donde se prevé una inversión de 700 millones de euros. «Esa inversión daría solución inmediata a la vida de mucha gente en nuestra región, sin embargo nos meten basura nuclear con un cementerio que está teniendo todas las dificultades del mundo, incluso ante los tribunales», ha argumentado Mora.

Bajo su punto de vista, esa es la «consideración» de la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, con Castilla-La Mancha. «Los ciudadanos no le importaban nada y su único objetivo era quedar bien con Rajoy para ser ministra. Le importa un pito esta región», sentenció. Con todo, y tras la sentencia del TSJCM, Mora se mostró confiado en que el Gobierno de España sea «sensato de una vez».

El PSOE seguirá pidiendo paralizar los proyectos de almacén gasista en Doñana porque “los ciudadanos están antes que la especulación»

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- El senador socialista por Huelva, Amaro Huelva, asegura que el PSOE va a seguir pidiendo al Gobierno central en las distintas Cámaras la paralización de los proyectos para el almacenamiento de gas natural en el subsuelo del entorno de Doñana ya que «los ciudadanos deben estar antes que la especulación».

Amaro Huelva ha remarcado que «el Gobierno tiene que velar por el bienestar de los ciudadanos y no por el de Gas Natural», por lo que asegura que el PSOE «seguirá en la brecha para pedir que se paren», sobre todo tras las peticiones de los Defensores del Pueblo, del CSIC y el reciente informe realizado por el Instituto Geológico y Minero (IGME) sobre los estudios aportados por la empresa, cuyas conclusiones alertan de que uno de los almacenes subterráneos tiene un riesgo de inundación «más elevado del inicialmente admitido».

«No sabemos qué organismos tienen que pronunciarse más al respecto», ha señalado el socialista, que ha dejado claro que realizarán más acciones para que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, «dé la cara», para lo que insta también al PP onubense y al andaluz, ya que «no pueden ser cómplices de las aberraciones contra Doñana». Amaro Huelva expresó su preocupación por «la obsesión del Gobierno por seguir adelante con el proyecto del gas haciendo caso omiso a todas estas sugerencias», incidiendo en el convencimiento de que el proyecto en conjunto «es perjudicial y contrario a la integridad del espacio natural«.

Tras recordar que su grupo ha presentado una proposición no de Ley para pedir la paralización de estos proyectos, el socialista ha asegurado que el Gobierno, con estos subproyectos, «quiere convertir a Huelva en un gran almacén de gas porque se convertiría en receptora de casi la tercera parte del gas almacenado en España». En esta línea, ha dejado claro que el PSOE ya alertó de que «la división en 4 subproyectos era un gravísimo error y ha supuesto que no valoren el impacto ambiental del proyecto en su conjunto».