Nadal se pregunta si «¿estamos locos?» por querer cerrar las nucleares a los 40 años y critica al PSOE

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, criticó la propuesta del PSOE de cerrar las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento y se preguntó si «¿estamos locos?», ya que consideró que se trataría de algo similar a decretar que se iban a derruir todos los edificios o las fábricas al llegar a esa antigüedad. En este sentido, Nadal arremetió contra los socialistas por tener un «enfoque corto» en sus propuestas energéticas.

Así se expresó Nadal analizando las medidas presentadas por el PSOE para alcanzar un acuerdo de Gobierno y cuestionó que vayan a permitir crecer, innovar y avanzar a la economía y al sector energético. Sobre las nucleares, tras recordar que producen el 20% de la energía sin emitir emisiones de CO2, rechazó que se pueda tomar una decisión sobre su cierre, sin tener en cuenta si cumplen los niveles de seguridad necesarios, ya que encarecerá un 20/25% los costes del sistema. Además, expresó sus dudas sobre la posibilidad de mantener la seguridad del suministro si se producen estos cierres, ya que el documento socialista no habla de interconexiones, que considera que serían la «única alternativa».

Nadal defendió su gestión y aseguró que la política energética, más allá de combatir el déficit, implica «hacer apuestas correctas en un mundo de continua volatilidad». Asimismo, defendió el modelo de autoconsumo energético regulado por la normativa aprobada por el Gobierno y aseguró que cambiarlo para que no pague los costes del sistema supondría que dichos costes deberían ser asumidos por el resto de consumidores. A este respecto, afirmó que «la mayor parte del autoconsumo es para calentar piscinas», por lo que tachó de «regresiva» dicha medida. Además, negó que el autoconsumo sea una medida de ahorro energético y afirmó que «está por ver que sea más eficiente porque no aprovecha las economías de escala».

En la misma línea, criticó también la propuesta del PSOE de prohibir la búsqueda de hidrocarburos porque «el petróleo no estará siempre a 30 dólares». «Nos convertiríamos en el único país que no tiene ningún interés en buscar hidrocarburos. España puede tener el récord de ser el único país de ni tiene nuclear ni busca hidrocarburos», ironizó. Por último, se mostró en contra del hecho de que la pobreza energética no esté vinculada a la política social y rechazó también la medida de permitir dejar de pagar la luz y el gas a las personas con problemas económicos, ya que supondría que dicho coste lo debería asumir el sector eléctrico.

En cuanto al programa energético de Podemos, se limitó a apuntar que «no es la realidad» porque va contra las directivas europeas. Frente a esto, abogó por mantener como propone el PP el equilibrio de las cuentas, fomentar la eficiencia energética, buscar hidrocarburos, desarrollar interconexiones y equilibrar generación convencional y renovables, en su opinión las claves para «la política energética para los próximos 50 años».

Podemos asegura que los «intentos» del PP para reabrir Garoña pueden suponer una indemnización de 900 millones de euros a sus propietarios

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Europa Press / EFE.- Podemos ha asegurado que los «intentos» del Gobierno del PP en funciones para «facilitar» la reapertura de la central nuclear de Garoña podrían costar «más de 900 millones de euros» a las arcas públicas en concepto de indemnización a sus propietarios, en caso de que un eventual Ejecutivo de otro partido decida revertir esa decisión y mantener cerrada la planta.

El diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, denunció las «decisiones» que está adoptando el gabinete de Mariano Rajoy para que la central de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima a Álava, pueda ampliar su permiso de actividad hasta 2031. El portavoz de Equo recordó que el Gobierno central se encuentra en funciones, por lo que, según la normativa que regula estas situaciones, su margen de acción debe ser «el despacho ordinario de asuntos públicos». En este sentido, López de Uralde considera que las decisiones que puedan dar lugar a la reapertura de Garoña por un período de 15 años exceden el ámbito de actuación que debería tener un Gobierno en funciones.

Asimismo, el portavoz de Equo argumentó que el PP logró a finales del año pasado el «control absoluto» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que hasta entonces estaba dirigido por dos personas propuestas por el PP, otras dos designadas por el PSOE y otra más nombrada a instancias de CiU. Ahora, el PP tiene 3 representantes «afines» sobre un total de 5, con lo que dispone de la «mayoría absoluta» del CSN. Uralde incidió en que este organismo, que es el encargado de dictaminar si las centrales nucleares cumplen o no los requisitos de seguridad para seguir operando, inició un procedimiento «específico» para «acelerar» los trámites que puedan llevar a la reapertura de la central.

En todo caso, indicó que aunque el CSN determine que Garoña reúne las condiciones necesarias para volver a funcionar, la decisión definitiva al respecto la debe tomar el Gobierno central, que puede negar el permiso de reapertura. López de Uralde subrayó que existe una amplia mayoría de diputados partidarios de que Garoña sea clausurada de forma definitiva. No obstante, advirtió de que si fructifican los «intentos» del PP para «facilitar» el visto bueno del CSN a la reapertura, esto podría llevar a los propietarios de la central (Nuclenor: Endesa e Iberdrola) a reclamar una indemnización por «lucro cesante», es decir, por el dinero que dejaría de ganar si un nuevo Gobierno decide revertir el proceso y mantener cerradas las instalaciones.

Aunque no ha podido precisar la cuantía exacta que podría reclamarse en esa situación, ha recordado que Nuclenor (la empresa coparticipada por Ibedrola y Endesa que es propietaria de Garoña), ya reclamó «más de 900 millones» de euros por este concepto cuando el Gobierno del PSOE decretó el cierre de la planta en 2012. La petición, sin embargo, fue rechazada por los tribunales de justicia. Ante esta situación, un grupo de diputados de Podemos se desplazará este miércoles a la sede del CSN, en Madrid, para entregar a su presidente, Fernando Martí Scharfhausen, una carta en la que piden que el proceso para la renovación de la licencia de Garoña se aplace hasta que se haya formado un nuevo Gobierno.

En el escrito, desde Podemos alertan de que «otorgar una nueva licencia para que Garoña sea comercialmente explotada hasta 2031, aunque esté sometida a un informe condicionado por el regulador, podría permitir a las compañías propietarias la reclamación de pérdidas por lucro cesante, en el caso de que el Parlamento o el próximo Gobierno decidiera» mantener el cierre«. Esto, según alerta Podemos, podría causar «graves problemas a la hacienda pública«.

La formación morada registró además una iniciativa para que el Congreso inste al Gobierno a cerrar Garoña definitivamente, a impulsar un plan de reactivación económica para la zona y a establecer un calendario público de desmantelamiento de la planta. Asimismo, Podemos registrará también en las Cortes Generales una proposición para impulsar la instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico mediante la eliminación de las «trabas» actuales, la simplificación de los trámites y la creación de una legislación que favorezca esta opción.

El PSOE denuncia la «actividad frenética» de Delgado autorizando parques eólicos antes de dejar su cargo en Castilla y León

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EFE.- El procurador socialista Javier Izquierdo denunció la «actividad frenética» de Rafael Delgado meses antes de abandonar el cargo de viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León a la hora de autorizar la instalación de parques eólicos en la comunidad ya que en sus últimos 6 meses dio el visto bueno a 41 y en el último 15.

«Había prisa antes de marcharse», ha dicho Izquierdo, miembro de la comisión de investigación constituida en las Cortes autonómicas sobre la denominada trama eólica y el supuesto pago de comisiones para facilitar la instalación de parques eólicos en la comunidad. El parlamentario socialista indicó que en Castilla y León existen 290 parques eólicos autorizados y explicó que a partir de 2004 se produce un «cambio radical» en la forma de autorización de estas instalaciones y se utiliza la fórmula de «avocación de competencias», fórmula que, aunque tiene un «carácter excepcional» en la administración, pasa a ser algo de «carácter general».

Izquierdo relató que a partir de ahí se autorizan 182 parques eólicos, el 63% del total, de los que 142 son autorizados en la etapa de Rafael Delgado como viceconsejero de Economía y Empleo. En cuanto a la tramitación de las autorizaciones de los parques, Izquierdo asevera que existe un «tufo de mala praxis y extorsión» que tendrá que ser esclarecido. Según explicó, en ocasiones, cuando las empresas que solicitaban la instalación del parque cambiaban la titularidad de los parques a otras de las que formaban parte compañías locales, como la perteneciente al que fue director de la empresa pública Excal, Alberto Esgueva, la tramitación de la instalación se aceleraba.

El representante socialista se pregunta por qué se producía ese cambio de titularidad cuando en muchas ocasiones ya se habían superado la mayoría de los trámites como la valoración de impacto ambiental y cuando compañías como la de Alberto Esgueva no tenía «capacidad financiera, ni técnica, ni realiza ninguna actividad vinculada». Izquierdo ha considerado al respecto que «da la sensación claramente» de ser «únicamente un intermediario conseguidor de las autorizaciones».

El procurador avanzó que el PSOE preguntará a las empresas el por qué de esas actuaciones y ha rechazado la manera en que la Junta de Castilla y León está aportando la información a los parlamentarios que forman parte de la comisión de investigación. Al respecto, explicó que la manera de consultar los expedientes de autorización de los parques será haciendo un «periplo» por las delegaciones provinciales y asegura que la Fiscalía solicitó la misma información, por lo que demanda que la Administración autonómica facilite esa información en soporte digital.

20 claves energéticas del PP para el 20-D: Continuismo desde la reforma

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El partido en el Gobierno presume de su gestión durante esta legislatura con la reforma en materia energética: se atribuye haber acabado con el déficit de tarifa del sector eléctrico, soslayando el impacto causado sobre consumidores, empresas y seguridad jurídica, así como subraya su impulso de la competencia en los carburantes. Siguiendo el mantra del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, de que «la energía más barata es la que no se consume«, la eficiencia energética parece cobrar protagonismo en su programa electoral junto a las renovables, una vez superada la moratoria que decretaron nada más llegar al Gobierno.

Así afronta el programa del PP para las elecciones las 20 claves de Energía Diario:

Ahorro energético: El PP propone programas específicos para los sectores industriales, de alumbrado exterior municipal, de agua y desalación ya que «estas áreas permiten fuertes ahorros energéticos que redundan en ahorros para los sectores productivos y para las administraciones públicas».

ATC: Se compromete a culminar la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).

Autoconsumo: No hay ninguna referencia al autoconsumo en el programa electoral del PP, pero se puede encuadrar en el decreto de autoconsumo energético aprobado en octubre por el Gobierno, que hace pagar con peajes los costes fijos al autoconsumidor que permanece enganchado al sistema eléctrico.

Bono social: No concreta más pero el PP anuncia que reforzará la protección del bono social garantizando que tengan acceso a él todos los consumidores en situación de vulnerabilidad. También habla de poner en marcha fondos para la protección de consumidores con riesgo de exclusión.

Carburantes: Tras las medidas aprobadas en la legislatura, el PP quiere «profundizar en la vigilancia de los precios» en el mercado de carburantes y habla de fomentar la competencia favoreciendo la implantación de gasolineras independientes.

Centrales nucleares: Sin concretar si se extenderá que las centrales nucleares puedan funcionar más allá de los 40 años, como por ejemplo Garoña, que solicitó licencia hasta 2031, el PP promete «mantener las centrales nucleares como parte integrante del mix energético al contribuir a reducir el coste de la electricidad».

Cogeneración: Se anuncia un plan renove para aumentar su eficiencia.

Consumidor: El programa apunta a «situar al consumidor como protagonista del mercado energético». Para ello culminará el despliegue de contadores inteligentes para 2018 a la par que impulsa medidas para facilitar que el consumidor disponga de la información de sus consumos en tiempo real para que pueda gestionar mejor su energía. El PP también pretende «aumentar la capacidad de elección y decisión del consumidor, mejorando la comparación y comprensión de las diferentes ofertas del mercado».

Deuda eléctrica: Relacionado con el consumidor, el PP se compromete a congelar la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno. Además, «garantiza» que no se volverán a generar déficits en el sector energético y se compromete a que los potenciales superávits que se generen en el sistema se destinarán a reducir la factura del consumidor, siendo esto contradictorio con el planteamiento de congelar la parte regulada del recibo.

Eficiencia energética: A través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y de otros mecanismos, compromete invertir 1.800 millones de euros en los próximos 4 años y realizar acciones que permitirán cumplir con los objetivos de ahorro energético a 2020, lo que supondrá un ahorro equivalente al consumo de los hogares españoles durante todo un año. La rehabilitación de viviendas será una de las claves. También impulsarán programas específicos de eficiencia energética para los servicios públicos y edificios de la Administración.

Fiscalidad: No concreta cifras, pero se compromete a reducir los impuestos sobre la generación eléctrica, lo que afecta al impuesto del 7% que introdujo el Gobierno al comenzar la legislatura.

Fracking: La palabra fracking no aparece recogida en el programa pero el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, han argumentado que, con las medidas puestas en marcha durante esta legislatura, no podrá ponerse en marcha ningún proyecto de este tipo sin la correspondiente declaración de impacto ambiental. También se han mostrado partidarios de explorar todos los recursos energéticos que pueda haber en España dada la dependencia energética del exterior.

Impulso a las renovables: El PP se compromete a introducir «progresivamente» nuevas instalaciones renovables mediante subastas competitivas. Incluso concreta un impulso a la incorporación de energías renovables en la climatización de edificios mediante el aumento del uso de la biomasa y de la energía solar térmica, así como con la incorporación progresiva de la geotermia.

Mercados energéticos: El programa del PP habla de «mejorar la eficiencia y el grado de competencia en los mercados de electricidad y gas, eliminando rigideces y restricciones y avanzando hacia una mayor integración de España en el mercado energético europeo».

Minería del carbón: Pretende un marco adecuado para que la minería energética competitiva «sea un sector de futuro», cumpliendo con la normativa comunitaria, que impedirá dar ayudas públicas al sector a partir de 2018. En este sentido, «garantiza» un marco de protección social de los trabajadores del sector y la financiación de las partidas a la reactivación de las comarcas mineras y su restauración medioambiental.

Mix energético: El PP dice que potenciará la penetración de las energías renovables en el mix energético, especialmente en los archipiélagos, «donde su coste es menor que las tecnologías convencionales».

Movilidad: El compromiso es mejorar la sostenibilidad en el transporte mediante una estrategia de despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos y de energías alternativas. Tal y como ha fijado en Consejo de Ministros, también se irán incrementando gradualmente el uso de los biocarburantes para cumplir con los objetivos fijados por la Unión Europea.

Respaldo térmico: No hay mención alguna al futuro de las centrales térmicas de carbón ni de ciclo combinado de gas. Por un lado las centrales de carbón tienen que acometer una serie de inversiones para modernizarse si quieren continuar funcionando, mientras que los ciclos combinados de gas aspiran a que el aumento de la demanda sirva para aumentar su funcionamiento, por lo que el Ministerio de Industria descartó en octubre que vaya a haber hibernaciones.

Seguridad jurídica: En una legislatura marcada por la judicialización del sector, con innumerables causas ante el Supremo e incluso una escalada sin precedentes de los arbitrajes internacionales, el programa del PP no hace referencia a la seguridad jurídica en el ámbito energético. En noviembre, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, advirtió nuevamente a los inversores en renovables que las garantías regulatorias son «limitadas».

Unión Europea: En continuidad a la labor desarrollada durante esta legislatura, un Gobierno del PP impulsará las interconexiones eléctricas con el resto del continente europeo, de forma que se cumpla el objetivo europeo del 10% de interconexión para 2020. Igualmente hará con las interconexiones gasistas a fin de reforzar el mercado interior europeo de gas.

Entrevista al PP

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Al igual que se realizó con el resto de las principales fuerzas políticas, el PP no ha querido sumarse a este ciclo de entrevistas previas a las elecciones generales de 2015, en las que pretendíamos analizar lo realizado por el Gobierno en esta legislatura en materia energética y sus propuestas para los próximos 4 años.

Desde Energía Diario agradecemos las gestiones realizadas por su equipo de comunicación.

El PP congelará la parte regulada del recibo eléctrico manteniendo las centrales nucleares y reducirá los impuestos sobre la generación

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Redacción / Agencias.- El PP propone para la próxima legislatura congelar la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno, los conocidos como peajes; reducir los impuestos sobre la generación eléctrica, y la introducción progresiva de nuevas instalaciones renovables mediante subastas competitivas. Son algunas de las propuestas en materia de energía, recogidas en el bloque económico Consolidar la economía para crear empleo y bienestar del programa electoral del partido con el que aspira a ganar los comicios del próximo 20 de diciembre.

De este modo, el PP se compromete a reducir los impuestos sobre la generación eléctrica, después de crear en 2012 un impuesto del 7% a la producción de electricidad, «garantizando en todo caso la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico», lo que «redundará también en un abaratamiento de la factura», y reforzará la protección del bono social. De hecho, el PP se compromete a congelar la parte regulada del recibo, que soporta costes como los del transporte, distribución o primas a renovables y depende del Gobierno, así como continuar garantizando que «no se volverán a generar déficits» en el sector energético.

Los superávits que se generen en el sistema «se destinarán a reducir la factura del consumidor», tal y como hizo el Ministerio de Industria el pasado verano, cuando rebajó la parte regulada un 4%, lo que abarató un 2,2% el recibo para la segunda mitad del año. De hecho, el ministro José Manuel Soria ya anunció la semana pasada que mantendrá esta bajada durante 2016 gracias a una rebaja de los peajes de electricidad. Hay que recordar que el sector eléctrico cerró el ejercicio 2014 con un superávit de 550,3 millones de euros, el primero en más de una década.

También seguirá mejorando la competencia en los mercados de electricidad y gas, eliminando «rigideces y restricciones y avanzando hacia una mayor integración de España en el mercado energético europeo». Para ello, profundizará las medidas de vigilancia y fomento de la competencia y de los precios en el mercado de carburantes, al tiempo que favorecerá la implantación de gasolineras independientes. El impulso de las interconexiones eléctricas y gasistas y el establecimiento de un marco adecuado para que la minería energética competitiva sea «un sector de futuro» son otras de las propuestas.

El proyecto de los populares en materia energética para la próxima legislatura pasa por mantener las centrales nucleares como «parte integrante» del mix energético al contribuir a reducir el coste de la electricidad. A su vez, culminará la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) para disminuir los costes asociados a la gestión de los residuos nucleares, paralizado a la espera de que se resuelva el recurso de la Abogacía del Estado contra la decisión del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de paralizar la autorización de construcción de las instalaciones.

Finalmente, el PP afirma que cumplirá los compromisos en materia de cambio climático «potenciando la penetración de las renovables en el mix energético«, con la introducción «progresiva» de «nuevas» instalaciones renovables mediante subastas competitivas. Se compromete también la incorporación de renovables en la climatización de edificios mediante el aumento del uso de la biomasa y de la energía solar térmica, así como la incorporación progresiva de la geotermia. Los populares proponen el establecimiento de la exención del impuesto del valor de la producción de energía eléctrica a las nuevas instalaciones de renovables que se introduzcan en el sistema sin subvención.

En cuanto al transporte, el programa electoral incluye la mejora de la sostenibilidad en el transporte, a través del despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos y de energías alternativas así como el aumento gradual de los biocarburantes para cumplir con los objetivos de la Unión Europea. Por otro lado, en el ámbito de la eficiencia energética, el PP promete invertir más de 1.800 millones en cuatro años, mediante el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y otros mecanismos y cumplir los objetivos de ahorro energético a 2020. Según cuantifica, esto supondrá un ahorro equivalente al consumo de los hogares españoles durante todo un año.

En este ámbito, el PP considera la rehabilitación de viviendas como un «pilar fundamental» para promover la eficiencia energética y, en coordinación con otras administraciones, ampliará las subvenciones disponibles para reducir los costes energéticos de las familias y se cometerá un plan de eficiencia en todos los edificios de la Administración General del Estado. En esta línea, también se compromete a incrementar la eficiencia mediante el impulso al vehículo impulsado con energías alternativas, la mejora de los consumos en el transporte por carretera, el aumento del peso del transporte ferroviario eficiente y un plan de actuación específico para mejorar la eficiencia en las infraestructuras ferroviarias.

Otro de los ámbitos de eficiencia energética en el que el PP ve posibilidades en la próxima legislatura es el desarrollo de programas específicos para los sectores industriales, de alumbrado municipal, de agua y desalación. Igualmente, se ampliarán los ámbitos del etiquetado energético, mediante la realización de auditorías y la certificación energética de empresas, sobre todo las PYMES y desarrollará un mercado de certificados de eficiencia energética. Finalmente, en este ámbito, en su programa, los populares se comprometen a renovar las instalaciones de cogeneración para aumentar su eficiencia pero también las instalaciones renovables existentes con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los  recursos disponibles.

La Comunidad de Madrid pacta con Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa contra la pobreza energética

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EFE / Servimedia.- La Comunidad de Madrid ha cerrado un convenio con las empresas Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa para establecer un sistema que impida que las familias sin recursos sufran cortes de electricidad y gas natural, especialmente en los meses de invierno. Según avanzó  la propia presidenta regional Cristina Cifuentes, la administración analizó y aprobó el convenio, negociado desde septiembre y que se ejecutará de forma «inminente» a falta de cerrar la fecha para la firma con las empresas comercializadoras.

El convenio establece un procedimiento para garantizar durante 6 meses el suministro energético en viviendas habituales ubicadas en la Comunidad de Madrid de personas o familias en situación de especial vulnerabilidad, particularmente durante el invierno, que no pueden afrontar sus facturas. A través de él, se evitará la suspensión o se restablecerá el servicio de electricidad y de gas en el plazo más breve posible cuando ya se esté tramitando una ayuda pública para pagar los recibos. La Comunidad de Madrid aportará para el fondo que recoge el convenio un millón para lo que queda de 2015 y otro para 2016, cuantía que se ampliará de ser necesario si hay mucha demanda de la ayuda.

Límites de potencia y consumo

Indicó Cifuentes que para asegurar la adecuada aplicación de los recursos públicos y garantizar un consumo responsable, se establecen unos límites de potencia y consumo por cada punto de suministro, en los que se han tenido en cuenta las medias obtenidas por diversas fuentes oficiales de consumo de un hogar equipado en la región en los meses de invierno. Así, la Comunidad de Madrid se hará cargo de las facturas de gas natural y electricidad de las familias más desfavorecidas, con una potencia máxima contratada de 4,6 kW en el caso de la electricidad, y un consumo máximo establecido en función del número de miembros de la unidad familiar por suministro para el gas natural y también para la electricidad.

En este sentido, Cifuentes añadió que «este acuerdo dará respuesta a una demanda de justicia social que requiere soluciones inmediatas». Los beneficiarios de este convenio serán las personas físicas titulares de contratos suscritos con dichas empresas comercializadoras de electricidad y gas natural. Cifuentes señaló que el objetivo del convenio es «garantizar el acceso a la energía suficiente para atender las necesidades básicas diarias, como son la luz, los electrodomésticos, el agua caliente y la calefacción».

Para poder acceder a esta ayuda los particulares deberán acreditar su situación de especial necesidad económica con un informe previo emitido por los servicios sociales de su ayuntamiento, documento que deberán remitir a la Consejería de Políticas Sociales y Familia, que se encargará de dar el visto bueno a la solicitud. A partir de ese momento, la empresa comercializadora se compromete a no suspender el suministro durante el plazo de un mes o a restablecerlo en un máximo de 48 horas en caso de que se haya suspendido el servicio.

PP, PSOE y Podemos coinciden en que es «esencial» un Pacto de Estado por la Energía pero discrepan por el fracking

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Europa Press.- PP, PSOE y Podemos han coincidido en que es «esencial» un Pacto de Estado por la Energía y en la importancia impulsar la geotermia en los usos residenciales, aunque discrepan respecto a la obtención de gas por fracturación hidráulica.

En un debate sobre energía organizado por el Ilustre Colegio de Geólogos de España, el PP cree que es «necesario» investigar todos los recursos naturales de los que dispone España, incluido el ‘shale gas’, mientras que PSOE y Podemos han expresado su rechazo a los proyectos de fracking y apuestan por aumentar la participación de las renovables en el mix energético.

En el evento han expuesto sus propuestas de gestión de recursos hídricos, protección del medio ambiente, prevención de riesgos naturales y, muy especialmente, gestión de recursos energéticos. Aunque con distintos matices, los representantes de las tres formaciones se manifestaron a favor de un pacto de Estado por la Energía que defina la política energética a largo plazo.

La portavoz medioambiental del PP en el Congreso, María Teresa de Lara, ha expresado su acuerdo en investigar todos los recursos disponibles en España incluido el gas de esquisto, mientras que el representante del PSOE, Álvaro Abril ha dicho que el PSOE es «contrario» al fracking y ha abogado por recuperar el liderazgo de España en energías renovables.

Abril ha dicho que el PSOE quiere crear una Comisión de Transición Energética que elaborará una ley para la transición hacia las energías renovables con medidas a corto, medio y largo plazo.

Al respecto, la coordinadora de Medio Ambiente de Podemos, Elena Méndez, ha explicado que su formación aspira a un mix energético 100 por 100 renovable y que en su modelo «no tiene cabida una técnica como la fracturación hidráulica». Méndez ha dicho que Podemos quiere derogar el Real Decreto de autoconsumo.

Entre las coincidencias de los tres partidos han destacado la necesidad de impulsar la energía geotérmica, especialmente la de baja entalpía para uso residencial, dado que se trata de una fuente de energía limpia, inagotable y eficiente.

Respecto al futuro del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas, Álvaro Abril ha lamentado que la decisión se haya tomado «atendiendo más a criterios políticos que técnicos» por lo que cree que es necesario «revisar la adjudicación» por su «excesivo sobrecoste». «Tenemos que construir el ATC, pero tenemos que hacerlo en el lugar adecuado», ha señalado.

De Lara ha rechazado la idea de que en la adjudicación no se hayan tenido en cuenta criterios técnicos, aunque se ha mostrado favorable a estudiar «una ubicación alternativa» si finalmente los estudios del terreno desaconsejan su construcción.

Al contrario de los representantes de Podemos y PSOE, la representante del PP considera «oportuno» prolongar la vida útil de las centrales nucleares «si así lo aprueban los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear«.

También han discrepado sobre la gestión hídrica. En este sentido, De Lara ha dicho que en esta legislatura se han aprobado varios planes hidrológicos que han garantizado el abastecimiento de las regiones con mayor riesgo de sequías, mientras que Abril estima necesario dar más papel a las desaladoras.

Por su parte, Podemos quiere impulsar una Ley del Agua que garantice su calidad y permita un uso eficiente y sostenible de los recursos hidrológicos.

Finalmente, sobre prevención de riesgos naturales, Méndez apuesta  por realizar estudios profundos, especialmente sobre riesgo de inundaciones y que los ciudadanos participen en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). El representante socialista opina que la prevención de riesgos naturales pasa por cumplir la actual Ley del Suelo, que establece la obligatoriedad de realizar mapas de riesgos naturales antes de aprobar nuevos PGOU.

El PP aboga por bajar los impuestos a los hidrocarburos mientras que el PSOE denuncia un «oligopolio» en las ventas

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Europa Press / Servimedia.- El PP asegura que en la próxima legislatura, si la situación económica mejora, propondrá bajadas de impuestos para el sector de los hidrocarburos para hacerlos «más competitivos» mientras que el PSOE aboga por conseguir una bajada de precios a través de «un mayor control del oligopolio», limitando a un máximo del 25% las ventas autorizadas para los operadores por provincia.

Así lo indicaron el popular Guillermo Mariscal y el socialista Román Ruiz Llamas durante la jornada Propuestas para el futuro del sector de los hidrocarburos y de las estaciones de servicio,  organizada por la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) y patrocinada, entre otros, por BP. Preguntados sobre la doble imposición (IVA e impuestos especiales) a la que están sometidos los combustibles fósiles, Mariscal argumentó que con la situación de déficit y caída de la recaudación que encontró el PP al principio de la legislatura era «muy complicado» reducir la presión fiscal, pero anunció que en la próxima legislatura habrá que «reducir la fiscalidad de la energía para hacerla más competitiva» aprovechando que «España está levantando cabeza».

En este sentido, Ruiz Llamas cree que si se quita el IVA habrá que «subir automáticamente» los impuestos especiales, porque las administraciones públicas necesitan recursos, y ha recordado que la fiscalidad sobre los carburantes en España es «de las más bajas» de la Unión Europea. Sin embargo, los precios que pagan los consumidores por los combustibles antes de impuestos se encuentran entre los más altos, lo que lleva al diputado socialista a considerar que hay que «seguir avanzando» en la introducción de competencia en el sector. Algo que, a su juicio, no se consigue aumentando el número de estaciones de servicio, que ya son suficientes, sino actuando en el mercado de los operadores mayoristas que «copan la mayoría» del mercado.

Por eso, el PSOE insiste en la necesidad de reducir del 30% actual al 25% las ventas máximas que cada petrolera puede tener en una provincia, profundizando así la «insuficiente» reforma aprobada por el PP durante esta legislatura. «Si todas las gasolineras deben beber de las mismas cuatro fuentes no habrá resultados. Hay que abrir el mercado a nuevos operadores. Con más competencia habrá mejores precios«, pronostica Ruiz Llamas. Además, cree que hay que armonizar las metodologías de cálculo de los precios del combustible en los estados miembros de la Unión Europea, para poder comparar con garantías, y también se deben auditar los costes y los márgenes comerciales «reales» de las estaciones de servicio y ver dónde se pueden reducir.

Mariscal, por su parte, cree que «se han dicho muchos disparates» sobre los márgenes de beneficios de las gasolineras e insistió en su convicción «firme» de que «más competencia lleva implícito directamente más competitividad», por lo que favorecer la apertura de nuevas estaciones redunda en menores precios. Por ello defendió las recientes reformas legislativas puestas en marcha por el Gobierno, que «han propiciado la apertura de 300 nuevas gasolineras. Sin embargo, reconoce que se debe seguir trabajando para garantizar a todos los operadores las mismas condiciones para competir, impulsando la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado para armonizar impuestos o exigencias normativas en todo el país, evitando así la competencia desleal entre operadores, sobre todo en territorios limítrofes.

Mariscal rechaza, no obstante, la «planificación constante y continuada de la economía» porque «no trae nada bueno», y defiende la necesidad de «redefinir conceptos para garantizar la seguridad de las personas y del medio ambiente» pero sin entrar a decidir cuestiones concretas sobre dónde debe ponerse una gasolinera o si hay que prohibirla porque su modelo no parece rentable. Éste es un asunto particularmente importante en relación con fenómenos nuevos como las estaciones de servicio low cost o las desatendidas, que se han regulado de manera diferente según la comunidad autónoma. En este sentido, el diputado valora que son opciones que pueden facilitar el suministro en zonas de baja población pero reconoce que en la próxima legislatura deberán estudiarse más.

El socialista, por su parte, considera que el modelo de red de estaciones de servicio español es «bueno» y que no se debe tener hacia uno basado en las low cost porque cualquier bajada de precios que propiciara sería en detrimento del empleo y de la seguridad. «Es mejor dar instrumentos comerciales a las gasolineras para poder competir», ha insistido, indicando que sí se podría estudiar una normativa básica dictada por el Estado para garantizar requisitos homogéneos en todo el estado. En lo que sí están de acuerdo ambos políticos es en que actualmente no parece haber riesgo de que ninguna área del país quede desabastecida por falta de estaciones.

Caso distinto es el de las cooperativas provinciales, que actualmente pueden vender la mitad de su producto a consumidores ajenos «sin cumplir las exigencias» que sí tienen las estaciones de servicio. Ruiz Llamas considera que se está generando una «red paralela» contra la que «no se han hecho avances suficientes», por lo que aboga por someter a estos entes a la misma regulación que el resto de instalaciones para que «compitan en igualdad de condiciones».

«Evidentemente hay que aplicar la ley. Las cooperativas deben tener las mismas obligaciones medioambientales y fiscales que el resto de operadores minoristas», coincide Mariscal. Con respecto a los nuevos combustibles, que a juicio del diputado del PP serán «fundamentales» para cumplir con las obligaciones de futuro en la lucha contra el cambio climático y para liberar recursos económicos para servicios sociales, Mariscal considera que el sector minorista «debe apostar por la eficiencia energética» y aliarse con otros actores como los fabricantes de vehículos para participar de este «desarrollo imparable». Para ello será clave la Estrategia para el Vehículo con Energías Alternativas, que incluye una batería de medidas para modernizar las infraestructuras de abastecimiento, algo fundamental.

Ruiz Llamas, por su parte, coincide en que estas fuentes de energía se irán incorporando «a futuro» pero no cree que en el corto plazo esto vaya a tener un impacto relevante. Ambos políticos reconocen que en todos estos «retos» las administraciones deben dialogar «con voluntad real» más y mejor con sus administrados para conseguir «regulaciones para todos». Mariscal fue un poco más allá y ha admitido incluso que esta legislatura se ha usado el decreto ley «en demasía», aunque lo ha justificado en la necesidad de tomar medidas urgentes ante la crisis; por lo que los próximos cuatro años habrá que «trabajar más juntos». A la jornada también estaban invitados representantes de Podemos y Ciudadanos que finalmente no acudieron.

El PP vería una «temeridad» que el futuro Gobierno central no vea el ATC como una «inversión de interés nacional»

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Europa Press.- El presidente de la Diputación Provincial y del PP en Cuenca, Benjamín Prieto, ha asegurado que, si el nuevo Gobierno que se constituya tras las elecciones del 20 de diciembre no considera la construcción del ATC de Villar de Cañas como una inversión «de interés nacional, como dice la coherencia«, sería «una irresponsabilidad y temeridad para el conjunto de España».

Prieto considera que se trata de una decisión «de calado nacional, que afecta incluso a la estructura económica nacional». Por esta razón, ha continuado, la «mejor novedad» en torno a este proyecto es que en los presupuestos generales del Estado para 2016, el Gobierno central » vuelva a apostar para que la infraestructura siga adelante» a través de una consignación presupuestaria de 140 millones de euros para impulsar una iniciativa, a su juicio, «modélica a nivel internacional, referente en la investigación del combustible nuclear gastado y lo que lleva asociado».

Asimismo, insiste, se trata de un proyecto «compatible con los usos tradicionales que el Gobierno de Emiliano García-Page no ha contemplado con esa declaración de ampliación de la ZEPA». «Esos son los líos que ha inventado Page en los tres meses de Gobierno que lleva en Castilla-La Mancha«, en los que «ha tenido tiempo para hacer eso, pero no para hacer los presupuestos de 2016», ha espetado. De esta forma, añade, «frente a la realidad de los PGE», que sitúan a Cuenca «muy por encima de la media nacional y regional, con casi 2.000 euros por persona», está la realidad «bien distinta» de los presupuestos regionales, «que no existen y, por tanto, no hay ningún motivo para hablar de ellos».

En este sentido, la senadora nacional del PP por la provincia de Cuenca, Marina Moya, criticó que, a través de una enmienda, el PSOE proponga «distribuir 100 millones de los 140 previstos para el ATC en su plan regional de empleo«. «No es que los lleven a Villar de Cañas ni a la provincia de Cuenca para mejoras en infraestructuras ni para inversiones de cualquier tipo», subrayó, «sino para financiar el plan de empleo de Page, que no tiene presupuesto ni partida presupuestaria para él».

«Mientras que desde el PP defendemos el que esa inversión se produzca en una comarca y una zona deprimida que interesa mucho el que no solo se mantenga sino que se promocione, que haya riqueza y fijación de población, el PSOE ha mantenido sus enmiendas en las que eliminan de un plumazo las inversiones para el ATC en la provincia de Cuenca», ha denunciado. Ello supone «que al año siguiente también lo eliminarían», concluyó Moya.