El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar el Mediterráneo como zona libre de prospección de hidrocarburos

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Redacción / Agencias.- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley del PSOE cuyo objetivo es instar al Gobierno a declarar al Mar Mediterráneo como zona libre de prospección de hidrocarburos, y por otro lado, aplicar una moratoria de efecto inmediato sobre nuevas solicitudes de permisos de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos que se hagan en el mar Mediterráneo y archivar los expedientes en marcha.

La iniciativa ha salido adelante con los 23 votos a favor de PSOE, Podemos, Democracia y Libertad, ERC y PNV; con los 15 votos en contra del PP; y las 5 abstenciones de Ciudadanos. El PSOE recuerda que Francia ya tomó medidas en su momento declarando el Mar Mediterráneo francés libre de prospecciones. «Desde hace años, la sociedad civil se manifiesta en contra de las mencionadas actividades en el Mediterráneo, dando lugar a multitud de iniciativas impulsadas por organizaciones ecologistas, instituciones locales y autonómicas», argumentó la diputada socialista Sofía Herranz.

Hernanz indicó que «el peligro de prospecciones no ha desaparecido del mar Mediterráneo» pese a que hace unos meses la petrolera Cairn Energy renunció a un proyecto en el golfo de Valencia, frente a la costa oeste de Ibiza y de Formentera. «Existen otras compañías con proyectos de prospecciones petrolíferas en diferente estado de tramitación que afectarían a las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares», añadió. La diputada socialista calificó de «justicia poética» que José Manuel Soria, «el principal valedor de las prospecciones», haya dimitido hace pocos días como ministro de Industria, Energía y Turismo. «En Baleares no vamos a llorar la pérdida del señor Soria», apuntó.

En este sentido, indicó que la iniciativa aprobada puede suponer un «viaje necesario en materia de política energética y de protección de nuestra biodiversidad y patrimonio natural». «Soria ya no está, pero el peligro de prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo sigue presente mientras este Gobierno a la deriva no cambie su rumbo», apostilló. A su juicio, la exploración de hidrocarburos representa «una seria amenaza para los ecosistemas y la fauna y flora marina” y representan «una gran amenaza» para la industria turística del Mediterráneo, «una actividad dependiente del mar y poco compatible con que se extraiga petróleo en el mismo hábitat donde se hallan ubicadas sus puertos y playas».

En este sentido, el PSOE alerta en su iniciativa de que se trata de «peligros y amenazas» que en un mar cerrado, como el Mediterráneo, se agravan ya que los efectos negativos pueden trasladarse con facilidad de una zona a otra. «Máxime cuando los citados permisos o autorizaciones son tramitados, a menudo, encadenados unos a otros, o solapándose espacialmente entre sí, sin tener en cuenta los efectos sinérgicos que significa todo ello, ni en cuanto al conjunto del Mediterráneo, ni en cuanto a cada una de las zonas afectadas», sostuvo.

Además, Herranz señaló también que “muchas de estas actividades de exploración petrolífera se hallan muy cerca o solapadas con zonas protegidas o con zonas en las que existen estudios que solicitan su protección, atendiendo su alto valor natural”. Desde Podemos apoyaron la iniciativa, si bien su portavoz, Sofía Castañón, planteó no sólo declarar al Mediterráneo como zona libre de prospecciones, sino a todo el litoral español. «Continuar con las prospecciones es mantener la constante amenaza de mareas negras», advirtió. A su juicio es una «vergüenza que se permitan proyectos de prospecciones» en espacios marinos por su «altísimo riesgo de vertidos». «No confiamos en las supuestas medidas correctoras y preventivas que proponen las petroleras porque sabemos que no son eficaces», sentenció.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, José Antonio Calle, explicó que su grupo se abstuvo en la votación porque aunque su formación está a favor de preservar el medio ambiente y de favorecer las renovables, España en la actualidad es dependiente del petróleo, puesto que sólo produce un 0,5% de lo que consume, y es “insustituible”. “Pensar lo contrario sería autoengañarnos”, agregó. A su vez, apostó por que cada investigación que se realice en búsqueda de hidrocarburos debe respetar «siempre» el medio ambiente. Sobre Francia, ha dicho que no es comparable la situación del país galo con la de España, porque estos no son dependientes energéticamente como España, dado el peso que la energía nuclear tiene en el país.

Calle señaló que España gastó 37.000 millones de euros en importar 59 millones de toneladas de petróleo en 2014, aproximadamente un 77% de los ingresos por turismo, por lo que abogó por aumentar la capacidad de producción petrolífera, que ese año ascendió a 305.000 toneladas. «Paralizar sin más cualquier actividad dirigida a la investigación de nuestros potenciales yacimientos es un sinsentido, equivalente a lo que supondría en su día el enfrentamiento al ferrocarril, la automoción y cualquier actividad de progreso de nuestra sociedad», dijo, antes de añadir que los sondeos de hidrocarburos deben mantenerse «como actividades de interés estratégico nacional.

Por otro lado, María Teresa de Lara, del PP, criticó que la declaración es «una petición demagógica de una figura jurídica que no existe en el ordenamiento español» y argumentó que el PP modificó en 2013 la legislación de impacto ambiental y estableció que los proyectos de exploración mediante sísmica marina debían someterse «siempre» a una evaluación ambiental. Además, criticó «la demagogia y la desinformación» que encierra la proposición no de ley por varios motivos, entre ellos que el segundo gobierno de Rodríguez Zapatero concedió permisos de investigación de hidrocarburos, “una actividad de innegable interés estratégico para España» y no hubo ninguna contestación de los socialistas.  «Solicito al PSOE una mayor coherencia en sus iniciativas y en sus actuaciones», sentenció.

El mandato de Soria al frente de Industria, marcado por el agujero del sistema eléctrico y las prospecciones en Canarias

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Redacción / Agencias.- El mandato de José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo estuvo marcado, en el ámbito de las políticas relacionadas con su departamento, por aspectos como las medidas puestas en marcha en la llamada reforma energética para acabar con el déficit de tarifa del sistema eléctrico, un lastre de 30.000 millones de euros de agujero que por lo menos no ha crecido en los dos últimos años, o la polémica por las prospecciones petrolíferas en Canarias.

Soria también ha tenido que abordar otras cuestiones como la expropiación de YPF a Repsol en 2012, el preconcurso de Abengoa, la reforma de la Ley de Hidrocarburos, los sucesivos planes Pive de apoyo a la compra de vehículos, la apuesta por el fracking o las controversias acerca de Castor, el autoconsumo, Garoña o el proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC). En la parte final de la legislatura, la caída del precio del petróleo marcó el pulso del sector y se presentó como un «viento de cola» para la economía. Soria abandona el departamento tras no haber sido capaz de dar explicaciones sobre su aparición en los papeles de Panamá y su relación con empresas offshore, cayendo en numerosas contradicciones.

El mandato de Soria comenzó con la aprobación, en enero de 2012, de la llamada moratoria verde, por la que se suspendía de forma temporal la instalación de nueva potencia renovable incentivada mediante primas. Dos meses después, Industria aprobó un primer recorte de costes regulados del sistema eléctrico, especialmente a la distribución y a los pagos por capacidad, para contener el déficit de tarifa. También en marzo de 2012, Industria se vio forzada a aplicar una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a refacturar el recibo de luz a millones de consumidores para repercutir las subidas que no aplicaron ni el PSOE en su última revisión trimestral antes de salir del Gobierno ni el PP nada más llegar al poder.

Para acabar con el déficit de tarifa, el departamento dirigido por Soria abordó dos grandes reformas, una en 2012 bajo el mandato de Fernando Marti como secretario de Estado de Energía, consistente en una batería de impuestos eléctricos que contribuyó al cierre temporal de Garoña, y otra en 2013 acometida por el sucesor de Marti, Alberto Nadal, y centrada en los costes regulados. Tras alertar en varias ocasiones del riesgo de quiebra del sistema eléctrico, Nadal presentó un conjunto de medidas por las que los contribuyentes asumirían 900 millones de costes extrapeninsulares, los consumidores una subida del 3,2% en el recibo y las empresas del sector un recorte de 2.700 millones, además de un nuevo esquema retributivo para las renovables.

Este recorte a las tecnologías renovables, que se sumó a los aplicados en la última etapa del PSOE, puso al sector en pie de guerra. Los inversores han presentado recursos ante distintas instancias en España y ante los organismos de arbitraje internacional, que por el momento ya han avalado las medidas aplicadas por el exministro Miguel Sebastián. En todo caso, la reforma energética puso fin al déficit de tarifa que se generaba cada año y permitió que en 2014 el sistema eléctrico arrojase un superávit de 550 millones de euros, que podría verse incrementado en otros 900 millones en 2015. Está por ver si las medidas serán capaces de revertir las subidas del recibo de la luz iniciadas en 2005.

Tras la reforma, se produjo en diciembre de 2013 la polémica de las subastas eléctricas. El mercado mayorista de electricidad, conocido como pool, alcanzó ese mes cotas históricas e hizo que la subasta del 19 de diciembre para fijar la tarifa de luz para el primer trimestre de 2014 concluyese con un alza del 11% del recibo. El Gobierno suspendió la puja alegando las «circunstancias atípicas» detectadas por el recién creado regulador, la CNMC, y puso en marcha el nuevo Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y la nueva tarifa por horas, que se ha convertido en todo un reto tecnológico, al permitir, para el caso de los contadores inteligentes, la facturación hora a hora.

En el sector eléctrico, la legislatura también ha estado marcada por la subida del término fijo de la electricidad, con la que el Gobierno garantizaba los ingresos del sistema pese a empeorar la señal de ahorro en el consumo, y por el real decreto de autoconsumo, especialmente criticado por el llamado impuesto al sol, por el que estos productores también deben sufragar los costes regulados del sistema. Finalmente, Industria eximió provisionalmente a los consumidores domésticos de pagar cargos por la parte variable de la electricidad autoproducida. El decreto sigue siendo objeto de polémica por incluir fuertes multas y trabas administrativas.

En gas, el Ministerio también reformó los aspectos fundamentales del sistema para atajar un incipiente déficit aunque con menos polémica y en menos tiempo; mientras que en carburantes se introdujeron algunos cambios legislativos para intentar elevar la competencia. En este capítulo energético, Industria se ha dejado, no obstante, algunos temas pendientes como la reforma del mercado mayorista eléctrico, el refuerzo de la eficiencia energética o de los proyectos de interconexiones. También una promesa electoral del PP de 2011: la reapertura de la central nuclear de Garoña, instalación que sigue a la espera de conocer su futuro mientras lleva parada desde 2012. Por otro lado, ha mantenido un conflicto constante durante la legislatura con el carbón.

Por otro lado, la decisión del Gobierno de permitir a Repsol la exploración del subsuelo en aguas canarias generó un fuerte encontronazo entre el Gobierno de Paulino Rivero y la Administración central. La movilización en contra de las prospecciones vino acompañada de la convocatoria de un referéndum cuyos términos anuló el Constitucional y que a efectos prácticos no tuvo mayor repercusión, ya que en enero de 2015 Repsol anunció que bajo las aguas de Canarias hay gas, pero sin el volumen ni la calidad suficientes para valorar una posible extracción. Además, tampoco llegó a realizar otros dos sondeos para los que tenía permiso, uno opcional.

Durante la etapa de Soria al frente de Industria se han aprobado un total de 8 ediciones del Plan PIVE, de incentivo a la compra de automóviles nuevos a cambio de achatarrar uno antiguo, con un importe total de 1.100 millones de euros. Asimismo, se ha impulsado la adquisición de vehículos eléctricos con el Plan Movele, dotado con 20 millones de euros, y del actual Movea, con 10 millones de euros. Igualmente, el Ministerio ha participado en el Plan PIMA Aire (38 millones de euros).

Soria renuncia a sus funciones como ministro de Industria, Energía y Turismo y abandona la política; De Guindos lo reemplaza

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Europa Press / Servimedia.- El BOE publicó el decreto mediante el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, consumó el traspaso de funciones al ministro de Economía, Luis de Guindos, tras la renuncia de José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Soria también renunció a su acta de diputado y a la secretaría general del PP canario y anunció que abandona la vida política “tras los errores cometidos en los últimos días” en relación a los papeles de Panamá.

En concreto, Soria comunicó a Rajoy su “decisión irrevocable” de renunciar a sus funciones, según explicó. Asimismo, el ministro comunicó también a Rajoy su decisión de dejar su acta de diputado, y a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que renuncia a la presidencia autonómica del PP canario, abandonando así “todo tipo de actividad política”. El ya exministro se refirió a los “errores” que cometió en sus explicaciones tras aparecer su nombre vinculado a empresas opacas en los Papeles de Panamá. “La política es una actividad que debe ser en todo momento ejemplar también en la pedagogía y en las explicaciones. Cuando así no ocurre, deben asumirse las responsabilidades correspondientes”, afirma Soria.

Soria ha admitido sus «errores» al explicar sus vínculos con sociedades en paraísos fiscales por «la falta de información precisa sobre hechos que ocurrieron hace más de 20 años», si bien aclaró que «ninguna de tales actividades empresariales ha tenido relación ni vínculo de tipo alguno con el ejercicio de sus responsabilidades políticas«. Por ello, ha adoptado la decisión de dejar «todo tipo de actividad política», teniendo en cuenta «el daño evidente que esta situación está causando al Gobierno de España, al Partido Popular, a los compañeros de militancia y a los votantes, singularmente grave en el momento político actual».

Nacido el 5 de enero de 1958 en Las Palmas de Gran Canaria, casado y con dos hijos, Soria es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y pertenece al cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Entre 1995 y 2003 fue alcalde de las Palmas, y presidente del Cabildo de Gran Canaria entre 2003 y 2007, así como consejero de Economía y Hacienda y Vicepresidente del Gobierno canario (2007-2010).

Tras la derrota electoral de 2008, se convirtió en uno de los apoyos fundamentales de Mariano Rajoy, participando activamente en la renovación del PP iniciada en el Congreso de Valencia de 2008, donde fue uno de los autores de la ponencia política, cuya redacción provocó la retirada de la entonces presidenta del PP vasco, María San Gil. Soria asumió la cartera de Industria en diciembre de 2011. Rajoy valoró para su elección la sólida experiencia económica del canario, curtido en Ejecutivos de muy distinto color político, comenzando en su tarea como analista de mercado para Venezuela y el Caribe en la Embajada de España en Venezuela entre 1980 y 1981.

En 1984 Soria fue nombrado jefe del Servicio de Importaciones del Ministerio de Comercio y, en 1985, jefe del Servicio de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio. Posteriormente, pasó a ser asesor del Gabinete del Ministro de Economía y Hacienda entre 1986 y 1987, de donde pasó a dirigir el Gabinete de la Secretaría General de Comercio entre 1988 y 1989. Además, entre 1995 y 1999 fue vicepresidente de la Caja de Ahorros de Canarias.

Traspaso de funciones a Guindos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el real decreto mediante el que el ministro de Economía en funciones asume a partir de ahora «el despacho ordinario de los asuntos del Ministerio de Industria». Guindos ejercerá desde ahora estas funciones. De este modo, Guindos se encargará de despachar con los secretarios de Estado y demás altos cargos del Ministerio de Industria, que físicamente se encuentran en el mismo edificio que el Ministerio de Economía, en la plaza madrileña de Cuzco.

PP: la renuncia es «coherente»

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, valoró como «muy coherente» la decisión de José Manuel Soria de renunciar a sus funciones de ministro y señaló que, al haber dejado ese puesto, ya no comparecerá el lunes ante la Comisión de Industria, como estaba previsto. «Es una decisión muy coherente, José Manuel Soria ha ejercido la actividad política de manera ejemplar y quiero reconocerle, como vicesecretario de Organización, nuestro agradecimiento», apuntó.

Maillo destacó que Soria ha renunciado por haber cometido «errores de explicación» tras figurar como administrador de sociedades en paraísos fiscales, no por ninguna irregularidad, de manera que el PP «no cuestiona para nada su honorabilidad». Es más, ha asegurado que en sus muchos años de actividad política ha desempeñado una gestión en la que «nadie le ha podido acusar de nada». Ha recordado además que los papeles se refieren a su actividad profesional previa a dedicarse a la política.

Soria apareció en primer lugar como administrador, durante dos meses de 1992, de una sociedad en Bahamas con la que negó tener ninguna vinculación. No obstante, posteriormente se supo que una empresa familiar, Oceanic Lines, tuvo como accionista mayoritario una sociedad en el paraíso fiscal de Jersey en la que Soria figuraba también como administrador. Así, el PP apoyó inicialmente al ahora exministro, pero Maillo reconoció que a lo largo de los días hubo «un goteo» ante el que había que actuar de alguna manera.

Montoro es tajante contra Soria

Por otro lado, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, afirmó que «nadie puede estar en el Gobierno si ha operado en paraísos fiscales» en referencia a la renuncia de José Manuel Soria. El responsable de Hacienda señaló que aún hay que confirmar si es cierta esa vinculación, aunque subrayó que en estos asuntos hay que ser «claro y rotundo», ya que los miembros de un Gobierno deben ser conscientes de las «obligaciones que asumimos y de los límites». De esta manera, reiteró que sin conocer el detalle concreto, «si hay cualquier indicio legítimo de sospecha, no se puede estar en el Gobierno en esas condiciones«.

Los datos fiscales del exministro

Soria pagó un total de 24.395,47 euros por IRPF en 2014, según su declaración de bienes publicada en la web del Congreso de los Diputados. El salario de Soria como ministro alcanzó los 73.497,24 euros, a lo que se suman unos ingresos de 669,4 euros por acciones bancarias, 3.460,5 euros por intereses en cuentas bancarias, 1.175,09 euros como renta de actividades agrarias y 12.646,25 euros por venta de fondos de inversión. Así, los ingresos totales se situaron en 91.448,48 euros.

Podemos-Equo, PSOE y Ciudadanos exigen el «cierre definitivo» de la central de Garoña con el voto en contra del PP

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados ha respaldado una proposición no de ley impulsada por Podemos-Equo, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, que «aboga por el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña (Burgos) y que se elabore un plan de reactivación económica de la zona, así como una comisión de seguimiento de su desmantelamiento».

Así lo anunció el impulsor de la iniciativa, el diputado de Podemos-Equo, Juan López de Uralde, quien también subrayó que la propuesta promueve un pacto de Estado entre las distintas fuerzas políticas para transitar hacia un nuevo modelo energético, basado en las renovables y en la eficiencia y el ahorro energético. La propuesta también contó con el apoyo de Democracia y Libertad, PNV, y EH Bildu. Precisamente, existe un pacto parlamentario desde diciembre de 2014, sellado por PSOE, Izquierda Plural, PNV, ERC, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Amaiur, BNG, Geroa Bai y el propio Equo, en el que se comprometían a clausurar la planta atómica burgalesa en cuanto cambiase la mayoría parlamentaria.

La práctica totalidad de los diputados aludieron a los rumores de que la planta no reabriría por motivos económicos. Uralde también señaló que Garoña es la planta más antigua del parque nuclear español, que en 2011 cumplió 40 años, y que lleva cerrada 3 años «sin que haya habido ningún tipo de problema de abastecimiento energético» porque es «prescindible«, un aspecto que a su juicio «hace dudar de si todo lo que hay detrás de este proceso es reclamar el lucro cesante» de la misma.

Entre otros puntos, ha recordado que la planta atómica es «peligrosa», «está recalentando el Ebro», carece de espacio para almacenar sus residuos radiactivos, y avisa de que su reactor es gemelo al del accidente nuclear de Fukushima. «La industria nuclear experimenta con Garoña para alargar la vida útil de las centrales hasta los 60 años de funcionamiento. Sólo Soria quiere mantenerla abierta, no la quieren tener abierta ni sus propietarios», indicó el parlamentario, señalando también que los municipios de la zona también han reclamado su cierre definitivo, así como los parlamentos vasco, navarro y aragonés.

«Garoña ya cumplió y lleva 4 años sin actividad sin perjuicio para el suministro eléctrico», resaltó también Enrique Bueno, diputado de Ciudadanos, quien apostó por un Pacto de Estado de energía con la participación de todas las fuerzas políticas y agentes económicos. Ese pacto debe apostar por una transición hacia un modelo energético basado en las renovables, en el autoabastecimiento, el ahorro y la eficiencia, añadió el diputado de Ciudadanos, que también recordó las recientes palabras del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, señalando que las centrales nucleares «se cerraban por motivos económicos y no por políticos». Tampoco se mostró partidario de prolongar la vida útil de las instalaciones atómicas más allá de 40 años.

En la misma línea se pronunció la diputada del PSOE, Adriana Lastra, quien subrayó que la energía nuclear de Garoña no es «ni necesaria, ni barata ni garantiza la seguridad«. Esther Peña, diputada del PSOE por Burgos, espera que sea la última vez que se habla de Garoña y que la energía nuclear se vaya sustituyendo por otras energías sostenibles en el futuro modelo energético.

Desde el PNV, Pedro Azpiazu repasó las numerosas iniciativas que se han defendido en la Cámara Baja en favor del cierre de la planta atómica, una central «pequeña», que «está obsoleta» y que es «innecesaria para la generación eléctrica». «Su cierre, aparte de mejorar la seguridad y preservar el medio ambiente, evitaría peligros innecesarios«, apostilló, indicando que el PP vasco también aboga por el cierre de Garoña, pero no el PP en el Gobierno central.

Por parte del PP, el diputado Juan Bravo, ha defendido que sí es necesario un pacto de Estado por la energía, pero no el cierre de Garoña, como solicita la iniciativa. «Somos los únicos” que no apoyan su cierre», reivindicó. Según argumentó, es necesaria la continuidad de la energía nuclear en España dadas las circunstancias económicas actuales y teniendo en cuenta que el país mantiene una dependencia energética exterior del 76%. Además resaltó que la industria nuclear da 30.000 puestos de trabajo en la actualidad y subrayó la importancia de Garoña para la comarca burgalesa en la que se ubica.

«Mientras una nuclear cumpla con los criterios de seguridad, que les sean impuestos por el CSN, no se puede, ni se debe prescindir de ninguna fuente energética, y la nuclear debe continuar con la optimización de los costes energéticos, y favorecer en la emisión cero de gases de efecto invernadero«, añadió. Además, Bravo preguntó a los diputados cómo se va a compensar la pérdida de producción de Garoña, tras su cierre, a pesar de que en su día aportaba el 1,6% de la producción energética.

A su vez, advirtió que favorecer el cierre de las centrales nucleares a sus 40 años de vida útil conllevaría el cierre en 8 años de 5 plantas atómicas, que actualmente aportan el 13% de la producción energética en España, que no se puede obtener de otra forma. También cuestionó de qué manera los otros partidos van a defender si se cierran las nucleares una rebaja de la tarifa eléctrica, un 33% más alta que en Europa según indicó, al tratarse de la fuente de energía con menor coste y que además no realiza emisiones de gases de efecto invernadero.

CCOO pide un plan B

Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) llamó a recuperar el Plan de Dinamización de la Economía y el Empleo en la comarca burgalesa de Garoña ante las noticias de posible cierre de la central nuclear, así como la convocatoria del Consejo creado para su seguimiento y que «también fue desactivado«. El sindicato pide el cierre de Garoña por haber sobrepasado «con creces» su período de vida útil y representar «un riesgo para el entorno» y defiende que «debe aprobarse un plan ordenado de cierre de todas las centrales nucleares al cumplir los 40 años de su vida útil».

Para CCOO, los sucesivos cambios de posición respecto a la continuidad de la central nuclear de Garoña «han perjudicado» las perspectivas de empleo para la comarca norteña burgalesa. Según recordó el sindicato, el Plan establecía ayudas para la creación de empresas y la activación económica de unos 100 millones de euros para el periodo 2010-2013 (25 millones por año, 6 en subvenciones directas y 19 en anticipos reembolsables sin interés). El Plan funcionó en 2010, poniendo en marcha 37 proyectos, y en 2011, con otros 17 proyectos, pero el nuevo Gobierno paralizó los fondos para 2012 e interrumpió las inversiones.

El Congreso pide por primera vez facilitar el autoconsumo y ampliar hasta diciembre el plazo para registrar las instalaciones

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Europa Press.- La Comisión de Industria del Congreso exigió al Ejecutivo que elimine las “trabas” administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo, incluido el llamado impuesto al sol, y que promueva un marco regulatorio estable para la generación a pequeña escala. Aunque el texto original había sido presentado por el PSOE, finalmente se ha votado una iniciativa consensuada también con Podemos, Ciudadanos, ERC y Democracia y Libertad al que sólo se opuso el PP.

Según la propuesta finalmente aprobada, el Gobierno deberá impulsar esta fórmula de generación y consumo de energía, apostando por el balance neto como sistema de compensación de créditos en un periodo de tiempo tasado. Además, se solicita que el autoconsumo se incorpore al Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020 del IDAE, priorizando las viviendas de familias vulnerables, y que se auditen los costes reales integrados en la tarifa eléctrica para facilitar su «progresiva adecuación al nuevo modelo energético».

En la iniciativa también se reclama al Gobierno que prorrogue hasta el 31 de diciembre los plazos para adecuarse a la normativa de autoconsumo, dado que el periodo transitorio finalizó hace unos días sin que muchas instalaciones se hayan adecuado todavía, lo que podría conllevar multas. En esta misma línea, se aprobó una propuesta de Ciudadanos para eximir a las instalaciones desaladoras de Canarias, que funcionan en régimen de autoconsumo a partir de renovables, del pago de peajes hasta 2020.

Soria pide comparecer en el Congreso y mantiene estar desvinculado de paraísos fiscales mientras recibe el respaldo de otros ministros

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Servimedia / Europa Press.- El ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, salieron en defensa de su compañero de Gabinete. El ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, anunció que solicita comparecer en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre su aparición en los llamados papeles de Panamá y que lo hará el próximo lunes.

Así lo anunció el ministro, que reitera que «todo es falso». En cuanto a la aparición de su nombre en el registro mercantil británico como secretario de la sociedad de ese país UK Lines, lo calificó como «un error» y aseguró haberlo conocido este martes. Sin embargo, explicó que cuando dejó de funcionar dicha empresa británica, que prestaba servicios de asistencia portuaria a Consignataria Oceanic, compañía que sí presidía Soria y que compartía oficina, decidieron crear Oceanic Lines, compañía en la que también participó el ministro. Además, admitió que UK Lines fue una empresa que formó su padre junto a otro socio y que se mantuvo al frente hasta que falleció en el año 90.

De esta manera, según Soria, este error se suma al que se produjo al aparecer su nombre como administrador de la empresa de Bahamas llamada también UK Lines. Además, pidió a la Fiscalía que investigue su participación en alguna sociedad de Bahamas. Por otro lado, defendió que va a comparecer pese a que cualquier vinculación con estas empresas no está relacionada con su condición de ministro ni con ninguna de sus condiciones como político a lo largo de los últimos 21 años. Por último, reiteró que «es totalmente falso que tenga o haya tenido nunca relación con una compañía, empresa, entidad financiera o fundación radicada en Panamá, Bahamas o ningún lugar considerado un paraíso fiscal«.

De Guindos cree en Soria

Por su parte, el ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, salió en defensa de Soria y apuntó que «le conozco desde hace más de 30 años» y «creo en él». Además explicó que Soria le ha comentado en privado «exactamente lo mismo que lo que ha comentado en público». Según De Guindos, el ministro Soria le aseguró que no tiene «ningún tipo de relación, empresarial, ni gerencial, ni de accionista con una sociedad en un paraíso fiscal y, por supuesto, yo le creo». Además, valoró que esté dispuesto «a dar todo tipo de explicaciones, y si a alguien le viene bien la transparencia es al ministro y tiene toda mi confianza».

Montoro considera «pertinentes» las explicaciones

Asimismo, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, considera que su homólogo de Industria ha dado «explicaciones pertinentes» sobre su aparición como secretario de una empresa offshore en Bahamas. Montoro indicó que las explicaciones de Soria se resumen en que «eso no es así porque no tiene ni ha tenido ninguna sociedad». Además, valoró que Soria solicite a la Fiscalía a realizar una investigación sobre la existencia de alguna sociedad a su nombre en Panamá. «Tenemos que confiar en las palabras del ministro y valorar que sea él mismo el que ofrezca todas las opciones a la posibilidad abierta de una investigación», concluyó.

Álvarez (UGT) cuestiona a Soria

Sin embargo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aseveró que si el ministro está mintiendo, al negar su participación en una empresa offshore, debería dimitir y «dedicarse a otra cosa». De hecho, Álvarez subrayó que «cuesta creer» que Soria pudiera «ser tan cínico como para estar negándolo» si fuera verdad que participó en ese tipo de empresas. Así, insistió en que «no sólo es grave que una persona con cargo público no declare a la Hacienda Pública española lo que ha ganado durante toda su vida, sino que sería más grave que nos esté engañando». No obstante, reiteró que prefiere «esperar» a que haya más información ya que le «extraña» la «contundencia» de Soria «a la hora de desmentirlo».

Villalobos aplaude la contundente respuesta

Desde el PP, la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, defendió la honestidad de Soria y aplaudió que haya dado explicaciones sobre su presunta vinculación en los papeles de Panamá mientras «otros, como el director de cine Pedro Almodóvar, con esconderse en su casa lo tienen todo resuelto». «Por la resonancia mediática y política que tiene un ministro creo que debería intervenir rápidamente para salvar su nombre», apuntó Villalobos, recordando que Soria negó cualquier relación con la sociedad UK Lines Limited, al parecer constituida en 1992 en un paraíso fiscal y en la que figuró como administrador durante unos meses. En este punto, Villalobos ha subrayado que los políticos, «además de ser honestos, deben parecerlo”.

El debate energético se sume en la ideología y los dogmas

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Paisaje para después de unas elecciones sin mayorías estables, esa falacia que viene a denominar la inexistencia de mayorías absolutas con capacidad de rodillo. El debate energético deviene en ideológico y dogmático, amplificado con las herramientas pop. En realidad no es ideológico, sino ideologizado de forma publicitaria, es decir, a partir de la nueva política y sobre la base de distintas posturas de carácter ideológico a falta de una política energética coherente, construida en términos de equilibrio económico, medioambiental y de seguridad de suministro. Ideologías pro o anti algo.

Esto se traduce en tomas de posiciones de los agentes, en presiones para un Parlamento recién elegido con necesidad de afirmarse y, así, empiezan a proliferar declaraciones de intenciones políticas para una etapa de la que todavía no se ve salida inmediata en el proceso de negociación para formar gobierno, que eso es otro cantar. La nueva política, a golpe de titular, abuso de la función mediática, de performance parlamentaria, de políticas declarativas y de Twitter. Estos son algunos ejemplos:

Aprobación de una iniciativa parlamentaria en contra de la fractura hidráulica en nuestro país; el fracking, técnica cuya implantación se está aplazando en la coyuntura actual de precios del petróleo. En el fondo de esta confrontación discursiva, se enfrenta a los promotores de este tipo de inversión, sin un claro retorno económico o necesidad en la actual coyuntura de oferta y demanda, con el movimiento ecologista más beligerante. Dos ideologías.

También hay propuestas para solicitar al Parlamento de un país sin Gobierno instar a que España se convierta en un país con una generación 100% renovable, a la voz de ya. Es decir, a qué abrace en este interregno ejecutivo un programa de “transición energética” y de descarbonización, de eliminación de los combustibles fósiles a pelo, sin más análisis económico, temporal o transicional que el procedente de los elementos discursivos.

Unidos a ellos, revitalizados posicionamientos en contra de energía nuclear sobre el discurso del miedo y del peligro, alimentados por la torpeza en la gestión del ejecutivo popular en la construcción del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas, por una parte, y la actuación del Consejo de Seguridad Nuclear en el proceso de reapertura de la central de Santa María de Garoña. En definitiva, la necesidad de un mix diversificado y sostenible económica y medioambientalmente frente a la ideología. Y también está lo que vendrá, como la revisión sumaria del fracasado decreto de autoconsumo, una promulgación realizada sin necesidad.

Como guinda folclórica, pero no exenta de relevancia, la declaración municipal de persona non grata a Rajoy por el affaire de la planta de celulosa de Ence en Pontevedra, consistente en una ampliación del plazo de operación por compensación en sus cuentas de los efectos de la revisión retributiva de la cogeneración operada en el marco de las medidas incluidas en la reforma energética para la absorción del déficit tarifario.

Política de declaraciones y de pronunciamientos ideologizados que, eso sí, conforma un frame del que es muy difícil escapar. Declamaciones pop a través de la venta de relatos propios de cada grupo de presión con sus argumentaciones que han advertido con su olfato el desgobierno, la desvertebración institucional general y la utilidad de la política de gestos, a la vez que virtualmente se constituye en un intento de trazarle el camino en lo energético al Ejecutivo que salga de los pactos o de las segundas urnas. Es en este escenario en el que se producen las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno. Y la energía tiene su papel.

Nadal denuncia que todas las medidas energéticas acordadas por PSOE y Ciudadanos «incrementan la factura»

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, criticó el acuerdo de Gobierno alcanzado por el PSOE y Ciudadanos por su contenido energético ya que «todas las medidas propuestas incrementan la factura» al subir los costes del sistema, lo que tendría impacto tanto en la competitividad de las empresas como en la creación de empleo. En la presentación del balance Energético de 2015, elaborado por el Club de la Energía, Nadal mostró su preocupación por el futuro de la política energética en España.

Entre otras cosas, según advirtió, el cierre de las centrales nucleares a los 40 años provocará un encarecimiento del 25% del coste de generación eléctrica. Según Nadal, el cierre progresivo de las centrales nucleares a partir de los 40 años tiene «un coste brutal» para el país porque supone renunciar a activos energéticos que podrían funcionar correctamente sin que causas de seguridad justifiquen el cierre. Además, denunció que supone suprimir el 20% de la producción eléctrica que además es libre de generación de emisiones de CO2, algo que solo se puede paliar comprando derechos para gas y carbón o incrementando la capacidad renovable, algo que considera imposible porque «no se puede soportar a largo plazo».

Por otro lado, admitió que dicha medida es «un canto al sol» ya que ninguna central cumplirá los 40 años durante la legislatura. «Es una declaración de cara a la galería, ya que en la próxima legislatura no se va a cerrar ninguna nuclear, pero sienta un peligroso precedente», dijo. También calificó de «canto al sol» otra de las medidas acordadas por PSOE y Ciudadanos, la de que toda la generación eléctrica sea 100% renovable en 2050 ya que, a su juicio, es inviable tecnológicamente y tendría un coste elevado para el sistema. «Por la noche no hay energía solar y durante buena parte del año tampoco hay eólica», sentenció.

Pide un «pacto nacional» energético

Por ello, Nadal ha pedido un «pacto nacional» en materia energética basado en «consensos básicos», que trascienda a las legislaturas, y que tenga como objetivos principales la competitividad y la creación de empleo, todo ello teniendo en cuenta «los objetivos medioambientales y la seguridad de suministro«. En este sentido, el secretario de Estado de Energía manifestó que la política energética se debe basar en la «sensatez en la introducción de renovables», en las interconexiones, en el mantenimiento de las nucleares y en la eficiencia energética.

Así, en materia renovable, consideró que lo que hay que hacer es «pactar una senda razonable de objetivos», que mida bien el coste y la curva de aprendizaje. Junto a esto, un refuerzo de las interconexiones internacionales, hasta alcanzar entre un 8% y un 9% de capacidad en el horizonte de 2030. Para Nadal, las interconexiones deben ser «una materia de Estado» a defender por todos y criticó el objetivo que el pacto PSOE-Ciudadanos plantea para las interconexiones, acerca de exportar los excedentes de energía,

También llamó a agotar la vida útil de las nucleares «mientras sean rentables» y, por último, apostó por la «eficiencia, eficiencia, eficiencia», una política que «no tiene una sola contraindicación». Con estos ejes, aseveró, solo se necesita gente sensata en una mesa para que España pueda afrontar de forma adecuada sus retos energéticos. Eso sí, también criticó del pacto PSOE-Ciudadanos planteamientos «más a la izquierda» sobre el tamaño de las empresas energéticas españolas. «El problemas de las empresas españolas no es que sean muy grandes son más bien medianas-pequeña, lo que hace falta es hacer el mercado más grande», esgrimió.

Asimismo, el secretario de Estado de Energía defendió también el decreto para el autoconsumo aprobado por el Gobierno y que pone «límites» para que unos «consumidores no vivan a costa de otros». Finalmente, aseguró que España tampoco puede renunciar a las prospecciones, ya que «no sé cómo se puede avanzar en la independencia energética sin saber lo qué tienes de hidrocarburos». «Renunciar a la nuclear y a la búsqueda de hidrocarburos solamente se propone aquí. Todo el mundo en Europa está buscando, salvo Francia, que tiene nucleares, y España», afirmó.

Tras la intervención de Nadal, la subdirectora de Planificación Energética y Seguimiento de Industria, María Teresa Velasco, desgranó los datos de 2015 y avanzó las previsiones de 2016. Para este año ve «crecimientos moderados» en los consumos energéticos por las menores previsiones del PIB, la consolidación de la eficiencia energética o el clima suave en lo que va de año.

Soria augura que cerrar el parque nuclear y una energía 100% renovable encarecería un 40% el precio de la luz

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Europa Press / EFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó que las propuestas en materia energética de la izquierda de cerrar el parque de centrales nucleares cuando cumplan 40 años y fijar un objetivo del 100% de energías renovables en la generación supondría un incremento «superior al 40%» de la factura de la luz. A su juicio, estas propuestas del PSOE y Podemos representan una «involución» y sólo llevarán al «incremento de precios y déficits en los distintos sistemas».

El ministro de Industria subrayó que cerrar el parque de centrales nucleares representaría prescindir de aproximadamente el 21% de la generación, lo que llevaría «a incrementos importantes de precios». Asimismo, señaló que optar por 100% de renovables en la generación «es lo más contrario a un objetivo de disminución de precios», ya que para ellosería necesario contar con un backup que garantice la sostenibilidad del sistema, por el «cual hay que pagar y que va también repercutido a las facturas». Soria criticó también que se apuesta a la vez por descarbonizar la economía y usar más carbón nacional, algo «incompatible entre sí», y que se propone eliminar el impuesto al sol sin decir «cómo».

Así, el titular de Industria subrayó que la apuesta energética del Gobierno de Rajoy es la del «equilibrio, basado en la sostenibilidad económica, financiera y medioambiental» del sistema. Soria reconoció que han quedado «retos» en la legislatura por abordar en materia energética, como introducir una mayor competencia en los mercados mayoristas, tanto del mercado eléctrico como de combustibles. Sin embargo, afirmó que espera que «por el bien de España no haya un volantazo» en el signo de la política económica que revierta la situación del país. «Hacer un acuerdo de Gobierno es actuar por el bien de España, hacer un acuerdo para derogar todo lo hecho es una frivolidad«, recalcó.

Por su parte, el presidente del Club Español de la Energía (Enerclub) y consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, destacó que el actual entorno de precios bajos del petróleo llevó al sector a recortar a la mitad sus inversiones, «desde los 800 billones americanos a sólo 400 billones», y ha producido más de 300.000 despidos en el sector. Además, Miró señaló que la COP21 de París marcará «un antes y un después» en la lucha contra el cambio climático y en la consideración de los combustibles fósiles, aunque subrayó que «la volatilidad y la incertidumbre» son factores que influyen en el petróleo y el gas.

Mientras, Alberto Martín, socio responsable de Energía y Recursos Naturales de KMPG, valoró que el sector está viviendo un momento de «gran incertidumbre», con un derrumbe en los precios del crudo que no se veía en los últimos 30 años. Para Martín, existe una gran incertidumbre sobre cuándo se va a producir ese reequilibrio dentro del mercado, a pesar de que existen señales que indican que la oferta está reaccionando.

Todos los grupos del Congreso salvo el PP se comprometen a modificar el decreto de autoconsumo en cuanto haya Gobierno

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Europa Press / EFE.- Todos los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados salvo el PP se han comprometido por escrito a aprobar un decreto ley en los primeros 100 días de Gobierno con el que modificar parte del real decreto de autoconsumo aprobado en octubre de 2015, incluida la derogación del impuesto al sol, así como a iniciar una negociación para aprobar un nuevo reglamento.

En concreto, el PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, Democracia y Libertad, el PNV, EH Bildu, Compromís, IU, Coalición Canaria y Nueva Canarias, que suman 227 diputados, firmaron un acuerdo en el que plasman este compromiso con 26 organizaciones de consumidores, ecologistas, sindicales, sociales y de empresas de renovables. El documento constituirá el texto del decreto ley que el próximo gobierno, siempre y cuando lo constituyan algunas de estas formaciones políticas, aprobará en sus primeros 100 días y cuya convalidación en la Cámara Baja será apoyada por todos los firmantes. Fuera han quedado, junto a los populares, los diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias, socios electorales del PP.

El vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, ha explicado junto a representantes de los partidos políticos que el principal cambio que conllevará la aprobación de este decreto ley será «reconocer el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo». Esto supondrá en la práctica eliminar de forma inmediata los peajes de respaldo, el llamado impuesto al sol, por consumir energía autoproducida instantáneamente o almacenada en baterías y consumida con posterioridad, si bien se seguirán cargando peajes sobre la energía vertida u obtenida de la red al mismo nivel que se pagan por la generación convencional.

En un futuro reglamento se podrán desarrollar mecanismos de compensación simplificada, es decir, procedimientos de balance neto con los que los generadores puedan compensar sus excesos de producción puntuales con energía en momentos de déficit. «Hay que negociar cómo hacerlo», indicó Morales, reconociendo que de momento cualquier vertido o compra se pagará a precio de mercado. Preguntado sobre si merecerá la pena entrar en este tipo de comercio, señaló que la intención es fomentar el autoconsumo y no el «negocio» de los excedentes. En cualquier caso, Morales considera que a largo plazo tampoco debería incentivarse una producción excedentaria porque el objetivo debe ser la eficiencia y el ahorro, no el rédito económico del pequeño productor.

Por otra parte, el decreto ley habilitará de forma inmediata la posibilidad de que varios consumidores compartan instalaciones de autoconsumo y se simplificará la tramitación administrativa de este tipo de pequeñas instalaciones (hasta 100 kW de potencia), para las que «bastará una notificación», quedando suprimido el Registro Administrativo de Autoconsumo. Con el mismo objetivo se adaptará el régimen sancionador de modo que los pequeños autoconsumidores no se tengan que enfrentar en ningún caso a multas multimillonarias por incumplimientos administrativos. Así, se fija un límite máximo del 10% de la facturación anual por consumo de energía eléctrica como sanción máxima por infracciones relacionadas con el autoconsumo.

Estos cambios de aplicación inmediata no supondrán una derogación de todo el real decreto de autoconsumo del PP, sino únicamente un «primer paso» antes de empezar a negociar un nuevo reglamento «consensuado» entre partidos políticos y sociedad civil, que permita conseguir un sistema que incentive el autoconsumo como instrumento de eficiencia energética.  «La normativa en vigor frena la lucha contra el cambio climático, va en contra de la democratización energética, contradice la normativa europea y lastra de manera innecesaria al autoconsumidor», consideran los firmantes del acuerdo, que abogan por un cambio de modelo en el que se generalicen las energías limpias y la generación descentralizada.

Sin embargo, alcanzar un consenso en torno a esos objetivos será un proceso «largo» que llevará «al menos un año» y, desde luego, «no menos de seis meses», en opinión de Morales de Labra, tanto por la dificultad de la reglamentación como por la oposición que prevé planteen las compañías eléctricas. Por eso, hasta que se consiga ese acuerdo político y social, es necesario mantener gran parte del reglamento actual, ya que derogar todo el real decreto «generaría más incertidumbre».

«Pero la redacción que proponemos permitirá muchas más instalaciones de las que son posibles ahora», insistió Morales, que recomienda a quienes ya están embarcados en este tipo de proyecto que cumplan la norma y se adapten al actual reglamento en el plazo señalado, pero invirtiendo lo mínimo posible porque «previsiblemente se cambiará» la normativa. El texto del decreto ley precisa asimismo que el cambio no supondrá un aumento de gasto ni una disminución de ingresos para el sistema porque el pequeño tamaño de las instalaciones de autoconsumo hacen que el impacto sobre los ingresos sea «despreciable» durante los primeros años.