Ricardo Sixto (Unidos Podemos) es el nuevo presidente de la Comisión de Industria del Congreso mientras apenas cambian los portavoces

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Javier Angulo / Europa Press.- Izquierda Unida logró situar a uno de los ocho diputados que tiene en el Congreso como presidente de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, un puesto para el que el parlamentario de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Ricardo Sixto, fue elegido sin votación, por simple asentimiento del resto de grupos. Se trata de un puesto que en la anterior legislatura correspondió al PP y ejerció Fernando Martínez Maillo, que pasa a presidir la Comisión del Tribunal de Cuentas.

En el reparto de presidencias de las distintas comisiones parlamentarias pactado por los grupos, a Unidos Podemos se le reservó las de Industria, Energía y Turismo, Empleo y Seguridad Social y la de nueva creación que, a instancias del partido morado, se ocupará de los asuntos relativos a la infancia y la adolescencia. El reparto de portavocías de comisión en el grupo de Unidos Podemos generó tensiones internas porque ninguno de los diputados de IU logró una portavocía titular. Al final, tras denunciarlo públicamente, se decidió dar al coordinador federal de IU, Alberto Garzón, la de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por tanto, con el nuevo reparto, Sixto presidirá la comisión de Industria, Energía y Turismo, en la que ejercerá como portavoz de Unidos Podemos la diputada de En Marea y dirigente de IU, Yolanda Díaz. Es previsible de todas formas una rotación en las voces parlamentarias de Unidos Podemos para los temas relativos a la energía, por lo que se espera que el parlamentario de En Comú Podem, Josep Vendrell, y los representantes de Equo también jueguen un papel importante.

Sixto es junto con Garzón el diputado con más experiencia parlamentaria de Unidos Podemos, porque ya tuvo escaño entre 2011 y las elecciones generales del pasado mes de diciembre. Entonces, volvió a concurrir pero no logró revalidar su acta, lo que sí consiguió el pasado 26 de junio, tras integrarse EUPV en la candidatura A la valenciana, con la que Compromís y Podemos concurrieron a aquellos comicios. El cargo de presidente de comisión está remunerado con 4.245,18 euros al mes, los que suman los 2.813,87 de la asignación que perciben todas sus señorías, y el complemento para gastos de representación fijado en 1.431,31 euros. Además, al ser de fuera de Madrid, Sixto también cobra una indemnización de 1.823,86 al mes.

Sin cambios en otros partidos

En el resto de los principales partidos políticos no se han producido cambios en lo que respecta a sus portavoces en materia de Energía en la Comisión de Industria del Congreso. Al frente de la portavocía de Energía del PSOE seguirá la diputada por Cáceres, Pilar Lucio, que es también la secretaria federal de cambio climático y sostenibilidad del partido.

Por otro lado, el acento canario de esta comisión se mantiene en las figuras de Guillermo Mariscal y Melisa Rodríguez, que repiten nuevamente como portavoces de Energía en la Comisión. De hecho, el diputado popular ha ejercido esta función desde el último trimestre de 2014, momento en el que heredó el puesto del exdiputado gallego Antonio Erias, que abandonó su acta de diputado para presidir MibGas. Continúa así el toque insular aportado por el anterior presidente, Pablo Matos, y el experimentado portavoz socialista, José Segura.

El Gobierno propone a Soria como director ejecutivo del Banco Mundial, donde se dirimen los arbitrajes internacionales de las renovables

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Redacción / Servimedia.- El Gobierno en funciones presidido por Mariano Rajoy ha propuesto al exministro José Manuel Soria, que dimitió tras aparecer su nombre en los conocidos como papeles de Panamá como cotitular de una sociedad ubicada en el paraíso fiscal de Jersey, como candidato para ocupar el cargo de director ejecutivo del Banco Mundial, donde se dirimen los arbitrajes internacionales por las modificaciones retributivas en España a las energías renovables en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Según informó este viernes el Ministerio de Economía y Competitividad en un comunicado difundido tras el debate de la fallida investidura de Mariano Rajoy, la Comisión de Evaluación de candidaturas a las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) ha seleccionado a los candidatos para cubrir los puestos que corresponden a España en el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD).

En el caso del Banco Mundial, el puesto a cubrir es el de director ejecutivo para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de este año y el 31 de octubre de 2018 y el candidato propuesto es José Manuel Soria. El plazo para presentar candidaturas terminaba este viernes y su nominación, junto a los otros 24 directores ejecutivos propuestos por el resto de países, será votada por los 189 Gobernadores del Banco Mundial.

Soria dimitió después de que se difundiera que era cotitular de la empresa UK Lines Limited con sede en el paraíso fiscal de Jersey. Aunque en un principio lo negó, posteriormente reconoció la existencia de la empresa, creada por su padre y gestionada por su hermano sin que él, según afirmó, supiera nada, aunque en los papeles de Panamá aparecieron documentos firmados por el propio ministro. Finalmente, dimitió en abril.

El Gobierno destacó que «José Manuel Soria tiene una dilatada experiencia sobre todo en la Administración Pública, aunque también en el ámbito docente y en el sector privado. Como alto funcionario del Estado, ha sido ministro de Industria, Energía y Turismo durante la X Legislatura y ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en el Ministerio de Economía, en especial, en el área de comercio exterior».

La Comisión de Evaluación, presidida por la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la que forman parte también la Secretaría de Estado de Comercio, la Secretaría General del Tesoro, la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional y la Dirección General de Política Económica, también ha seleccionado a Fernando Jiménez Latorre para el FMI y a Pablo Gasós y Casao para el BERD.

Lecturas de otro pacto prescindible

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Es más que probable que el pacto suscrito ayer por los representantes de Ciudadanos y Partido Popular, no sirva para garantizar una investidura o un programa de Gobierno, a la vista de los acontecimientos, por lo que la virtualidad del acuerdo está condicionada por la propia dinámica de los partidos. Por otra parte, es cierto que, en nuestro país, estamos en una situación política insostenible e inaudita por su petrificación que, por otra parte, no tiene solución fácil. El caso de lo que se recoge en dicho Pacto en lo que se refiere a energía así lo acredita.

El pacto, en este ámbito, pivota en tres niveles: una trasposición casi palabra por palabra del Pacto suscrito PSOE-Ciudadanos en la materia, un cierto aire de programa electoral destinado a satisfacer lo que son los supuestos ‘marcos mentales’ de la sociedad española en materia de energía, expurgando los titulares más reconocibles de la comunicación política (la abolición del mal llamado “impuesto al sol”, el más evidente y llamativo) y, consecuentemente, la voluntad de que la energía sea uno de esos ámbitos dónde pueda acampar la presión a los socialistas dada la identidad de postulados de este Acuerdo con el precedente.

Por tanto, en estas 150 medidas, de las cuales 100 estaban pactadas anteriormente con los socialistas, se percibe el síndrome del copiar y pegar del pacto suscrito entre Ciudadanos y los socialistas en energía, poniendo más acento en éste recién presentado en la unidad de mercado, dado que el PSOE buscaba elementos de distinción federalista en su concepción.

El pacto contiene una enmienda a la totalidad respecto a una cuestión que fue una de las actuaciones más vergonzantes de la última legislatura popular, que fue el diseño y configuración de la actual CNMC, causante de que este organismo no tenga correlato en los países occidentales con economía de mercado y además que el organismo esté sumido en una crisis de gobernabilidad salvaje. El ensañamiento en desmontar el sistema de órganos reguladores independientes en la última legislatura popular (después del desmadre final socialista) fue evidente y, además, ya había sido criticado de forma muy severa por las autoridades europeas, a la vez que vapuleado desde el Ejecutivo durante la ejecutoria Soria/Nadal. Abandonar, al menos nominalmente, por la vía del Pacto, el verticalismo popular en esta materia, puede servir para positivizar los cuestionamientos recibidos desde Bruselas y que el Gobierno absorbía impasible al ademán.

Por la propia traslación del acuerdo precedente, se aprecian dos apartados en que el influjo del colectivo retroprogresivo de la energía ha transmutado en el acuerdo: la reverberación de los CTC’s y la tarifa eléctrica. En lo que se refiere a los CTC’s, cuestión casi calificable como la “memoria histérica” del sector eléctrico, una vez deshauciada en el ámbito legal y jurídico, se reverberan las voces que reclaman la revisión de los mismos desde la política politizada.

Respecto a la tarifa eléctrica continua sin apreciarse, en este caso ni por PP, ni por PSOE, ni por Ciudadanos, el dimensionamiento correcto del impacto de los costes regulados y de los costes impropios que absorbe la tarifa, verdadero causante de las diferencias de precios con la UEM y que conllevan la articulación de un sistema muy tupido de subsidios cruzados. Un desenfoque completo en esta cuestión. A cambio, se recoge el postulado retroprogresivo de correlacionar costes y precios en el sector energético, de forma que paradójicamente, en un acuerdo no aparece nunca la palabra “mercado”. Ciudadanos, un partido supuestamente liberal, de la mano de los populares, escoran así la palabra “liberalización” y otras cuestiones, muy peligrosas como “seguridad jurídica” (¿para qué es necesario dos autoridades independientes de mercados o de competencia con esas ideas?).

En estos dos casos, dichas medidas también son una enmienda a la totalidad de la actuación de los sucesivos gobiernos populares, no se sabe si ha sido producto de la factoría de Jorge Fabra padre (por su inclusión en el pacto con el PSOE y su inspiración de los ideólogos de Podemos) o de Natalia Fabra (y sus relaciones con los economistas de Ciudadanos).
Otra coincidencia respecto a los dos pactos, son las ausencias de los mismos: ningún elemento respecto de la gobernanza de los TSO españoles, Red Eléctrica y Enagás. Tampoco de la participación de todos los sectores energéticos en la denominada y vaporosa “transición energética” sin concreción. Y, debajo de las alfombras, un silencio estruendoso en ambos acuerdos respecto a las consecuencias, conflictos jurídicos y arbitrajes en que está inmerso el sector tras el ajuste contable del déficit tarifario (otra expresión tabú del Pacto).

Finalmente, como se anunciaba, en una enmienda a la totalidad, Partido Popular y Ciudadanos abominan del mal llamado “impuesto al sol”, cuando lo que sería razonable sería comprometerse a la elaboración de un cálculo de los costes reales de utilización de los servicios de la red de forma transparente, auditada, sin penalizaciones, ni sobrecargos para los autoconsumidores, pero tampoco subsidiando los mismos por el resto de los consumidores, cargando la exoneración pactada como incentivos a los PGE.

Sea lo que sea, el pacto presentado tiene poco recorrido, y lo demuestra, que el Partido Popular, por cálculo o indiferencia, haya accedido a incluir todos estos, quien sabe si conscientes de que una vez conseguida la investidura se puede resistir y continuar ejerciendo el poder con los mismos formatos políticos. Por su parte, la casta del colectivo retroprogresivo frotándose las manos al haber intercalado sus papeles en los dos pactos en todas las formaciones políticas, del PSOE a Podemos, pasando por Ciudadanos, llegando al PP, desde el sol hasta el ocaso. Y, por su parte, Ciudadanos evidencia notables carencias en la energía traspapelando de forma textual el Acuerdo pasado en éste.

Quizá por esto (o en parte el síntoma sea esto) estemos así.

Encuentro Rivera Rajoy

El Pacto PP-Ciudadanos en materia de energía

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Reproducimos a continuación, las medidas relacionadas con el sector energético que se contienen en el pacto PP-Ciudadanos, conocido hoy. Se pueden resumir en tres:
– En lo que se refiere a los efectos de la gobernanza sectorial el pacto establece la separación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en dos organismos diferenciados (uno de mercados y otro de competencia)
– Promover un Pacto de Estado por la Energía.
– Aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, medida a la que se asocia al ajuste de la tarifa a los costes para fomentar la competitividad de los precios eléctricos, a la realización de una auditoria y liquidación definitiva de los CTC’s y a la eliminación de las barreras al autoconsumo eléctrico.
A nivel general también busca promover el reforzamiento de la unidad de mercado reduciendo las diferencias en las regulaciones de las Comunidades Autónomas, reduciendo las barreras existentes en las mismas en los ámbitos medioambientales, culturales, o de seguridad e higiene, y promoviendo el reconocimiento mutuo entre Comunidades Autónomas.
Textualmente estas son las medidas incorporadas en el texto del acuerdo:
13. Separar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos entidades independientes, siguiendo el modelo vigente en la mayoría de países de nuestro entorno:
– Una Autoridad Independiente de los Mercados (AIReM) que asumirá las funciones de supervisión y control de los sectores económicos regulados (en especial, el sector energético, telecomunicaciones y audiovisual, transportes, y servicios postales, a los que se sumará el juego) y de resolución de conflictos entre operadores económicos.

– Una Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo) que asumirá las funciones de promoción de la competencia, de aplicación de la normativa española y europea de defensa de la competencia y de garantía de la unidad de mercado. La AIDeCo asumirá además las funciones de protección y defensa de los consumidores y usuarios, siguiendo el modelo imperante en la Unión Europea, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas.

14.Reformar la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para incorporar mecanismos de colaboración entre diferentes Administraciones basados en la lealtad institucional. Se avanzará decididamente en la armonización de licencias y permisos en todo el país, eliminando las excepciones y barreras regulatorias injustificadas, incluyendo las medioambientales, culturales, o de seguridad e higiene, y promoviendo el reconocimiento mutuo entre CCAA. Crearemos la Secretaría General de Unidad de Mercado, con la finalidad de fortalecer los medios destinados a atender las demandas de los operadores económicos, y de que las empresas puedan desarrollar su actividad en un mercado interior más amplio e integrado.
18.Impulsar un Pacto de Estado por la Energía, conciliando una planificación de objetivos a corto, medio y largo plazo, siempre en sintonía con las políticas energéticas europeas y apostando por la innovación. Este Pacto ha de dotar al sistema de seguridad jurídica, fomentar la competencia y apoyar la estrategia española de interconexiones internacionales.
19.Aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que regule de forma coherente y estable las políticas que afectan al clima, que incorpore objetivos ambiciosos y realistas para 2030 y 2050, además de los recogidos en la Agenda Europea 2020 y los adoptados en la Cumbre Mundial del Clima COP21. Se elaborará un Plan de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética, y para reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. Se apostará por la movilidad eléctrica con la finalidad de reducir el nivel de las emisiones y seguir trabajando para cumplir los diferentes objetivos europeos marcados para 2030-2050.
20.Avanzar en la reforma del sector eléctrico para conseguir tener precios competitivos (“tarifa eléctrica”) ajustados a los costes. De esa forma los precios españoles se irán aproximando a los precios medios de la UEM. La política energética se realizará en función de los compromisos europeos, favorecerá la penetración de energías renovables, manteniendo la competitividad de la economía española y el poder adquisitivo de los hogares. Se llevará a cabo una auditoría y liquidación definitiva de los Costes de Transición a la Competencia (CTC), así como todos los costes del sistema. Se eliminarán las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico eficiente (coloquialmente conocido como “impuesto al sol”) con el fin de promover un marco regulatorio estable y propicio para la generación a pequeña escala, promoviendo la reducción de precios. Se tendrán en cuenta particularidades adicionales de los sistemas extra-peninsulares, tratándolas de manera específica atendiendo a sus condiciones especiales y siempre con el objetivo de reducir los costes y contribuir a la estabilidad del sistema.

 

Cañete asegura que se siente «plenamente legitimado» para seguir como comisario aunque los partidos de la izquierda piden su dimisión

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Europa Press.- El PSOE, Izquierda Unida, Podemos e ICV han reclamado la dimisión del comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, tras escuchar sus explicaciones sobre su presunta vinculación con casos como el de Acuamed y los Papeles de Panamá. Cañete aseveró que no ha incurrido en ningún conflicto de interés y ha cumplido el Código de Conducta del Ejecutivo comunitario y por tanto se siente «plenamente legitimado» para continuar en el cargo.

«Yo no tengo ninguna compañía, no tengo intereses en ninguna compañía petrolífera, mi mujer tiene todos sus bienes y derechos declarados en España y, por lo tanto, me siento plenamente legitimado para seguir ejerciendo mi función de comisario«, ha dicho Cañete. Respecto al caso de Acuamed, el comisario ha rechazado «absolutamente» que haya condonado siendo ministro de Agricultura una deuda a FCC de 40 millones de euros como ha afirmado la eurodiputada socialista, Iratxe García.

Por lo que se refiere a la empresa mencionada en los Papeles de Panamá, Rinconada Investments Group, en la que aparecía como apoderada su mujer y que algunos eurodiputados le han preguntado por qué no figuraba en su declaración de intereses, Cañete recalcó que la compañía «estaba inactiva» desde enero de 2010 y dado que «no realiza ninguna actividad, no puede dar lugar a ningún tipo de conflicto de intereses«. En este asunto indicó que le consultó a su mujer «sobre sus intereses financieros» cuando apareció la empresa en los papeles y ésta le dijo que «no tenía ninguno que incurriera en conflictos de intereses».

Vendió sus acciones en petroleras

Cañete ha dejado claro además que vendió «la totalidad» de sus acciones en compañías petrolíferas «tan pronto» le nombraron comisario en aras de «una mayor transparencia» porque «no tenía obligación de hacerlo». «Mis declaraciones de intereses reflejan la totalidad de actividades profesionales de mi mujer. No reflejan ningún otro interés financiero porque no había ningún interés financiero susceptible de generar un conflicto de intereses«, ha dicho, tras dejar claro que durante su «carrera política» sólo ha «presidido» dos empresas «españolas» con domicilio en Ceuta y en Las Palmas de Gran Canaria. «De una de las compañías era accionista, que se llamaba Havorad, estaba establecida en Ámsterdam», ha explicado, insistiendo en que es «una situación absolutamente normal» en el «mercado interior».

Cañete aseguró que la comparecencia le ha permitido «aclarar muchas afirmaciones inexactas» y que su situación como comisario «es intachable» y tiene la conciencia «absolutamente tranquila», defendiendo su trabajo en Bruselas como su contribución para lograr el acuerdo sobre cambio climático en París, para avanzar en la Unión Energética o en el fin de las subvenciones a los combustibles fósiles.

Críticas de partidos de izquierdas

Por su parte, el PSOE, Izquierda Unida, Podemos e ICV han reclamado la dimisión del comisario. «Cañete debe asumir sus responsabilidades políticas y dimitir como comisario», ha exigido la jefa de la Delegación del PSOE en la Eurocámara, Iraxte García, cuyo grupo le ha preguntado por la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP de la que se benefició la esposa del comisario y la deuda que condonó presuntamente siendo ministro de Agricultura a FCC en el caso Acuamed. En el caso de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy, García ha dejado claro que «es totalmente inadmisible, moral y políticamente que posteriormente su esposa se haya acogido a esta amnistía fiscal».

El eurodiputado del PP, Luis de Grandes, dejó claro que Cañete compareció «con toda transparencia» y ha respondido sin «ningún tipo de objeción» a cualquier cuestión. Asimismo señaló que «hay que respetar un hecho que es incontrovertible» como es que «el Señor Cañete tiene separación de bienes desde el año 1978″ y se le quiere «linchar» porque «su mujer es rica». «No voy a pedir que comparezca Felipe González y su mujer a pesar de que es notorio que tiene una sociedad offshore en Panamá. Me parecería irregular, una extralimitación, una falta de respeto si tiene una separación de bienes», subrayó, insistiendo en que «todo esto es un montaje político para linchar a un comisario».

Izquierda Unida, Podemos e ICV han dejado claro que sí han pedido la dimisión de Cañete. «Desde Izquierda Unida, hemos pedido en directo la dimisión del señor Cañete inmediatamente porque no puede seguir ocupando el cargo», ha dicho la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López. López ha explicado que su grupo ha centrado sus preguntas en las declaraciones de Francisco Valiente y Federico Armas de Ramos que «apuntan directamente al ministro Cañete en las decisiones que se han tomado» en Acuamed, según aparece en el expediente instructor del caso, algo que «tendría que ser suficiente para que presentara su dimisión».

El eurodiputado de Podemos, Xavier Benito, ha defendido que «el comisario Arias Cañete debería dimitir» porque la «extensa retahíla y maraña de empresas offshore y casos» en los que está implicado «difícilmente» se ajustan «a la legalidad». Su colega de ICV, Ernest Urtasun, señaló que «todos los grupos salvo el PP han expresado que tienen poca confianza en este comisario», al tiempo que considera que no ha dado «toda la información» y la empresa en la que figura como apoderada su mujer no está disuelta «jurídicamente». «Vamos a seguir pidiendo la dimisión», ha dicho, tras recordar que es el comisario que «más» casos polémicos acumula.

Nadal asegura que España será un líder energético conforme se abaraten las renovables en 10 años

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, asegura que España tiene un «futuro energético brillante» que derivará en que toda Europa quiera aprovechar su capacidad. Sin embargo, habrá que esperar 10 o 15 años hasta que los costes de las energías renovables converjan con los de las convencionales.

Nadal destacó la necesidad de consenso de todas las fuerzas políticas para poder llevar a cabo la transición energética de España, «lo más segura y con menos incertidumbre posible». «No podemos dejar de aprovechar las oportunidades que surjan», subrayó, tanto para el desarrollo industrial como en la implantación de las renovables, al tiempo que insistió en «mirar el coste». «El reto futuro es crear una transición donde las renovables pesen más en el conjunto de la energía primaria», aseguró Nadal, que apuntó que en los próximos años «las renovables pesarán más de lo que pesan en la actualidad», tanto para generación eléctrica como para transporte.

Según afirmó, las dos fuentes de energía renovable con mayor potencial son la solar y la eólica, porque «son las que pueden alcanzar mayor volumen», de las que España posee «recursos abundantes» por su situación geográfica de península entre dos mares, lo que le permite aprovechar la energía del viento, y en el sur de Europa, que le facilita hacer uso de la energía del sol. «España está llamada a ser una potencia energética, está ubicada en el paralelo correcto y tiene un nivel de desarrollo del sistema energético capaz de incorporar esas energías», resaltó.

Nadal reconoce que estas «prometedoras» energías renovables aún no tienen el precio de las convencionales, pero sus costes «se van reduciendo cada día«, principalmente gracias al desarrollo tecnológico, y «en 10 o 15 años dejará de ser así». De esta manera, destacó que la necesidad actual de importar energía de otros países puede invertirse y que «toda Europa quiera aprovechar la capacidad de energías renovables que tiene el sector español».

Asimismo, ha señalado que «hay que aprender de los errores del pasado para hacer la mejor regeneración energética europea» y «no traer el futuro a costa del consumidor español». En este sentido, subrayó en la necesidad de mejorar las interconexiones para que España no sea «una isla energética respecto al continente» y porque «es carísimo» mantener el sistema de respaldo de las renovables actual, un mecanismo que, en cualquier caso, hay que optimizar. Además, incidió en que la mentalidad de los consumidores energéticos ha cambiado con la recuperación económica hacia la necesidad de ahorro de energía. «El incremento de precios nos ha hecho buscar la eficiencia energética como país, y esto es muy positivo», concluyó.

A este respecto, apuntó que en los últimos tres años la demanda eléctrica ha dejado de crecer de forma paralela al PIB, ya que, por ejemplo en 2015, apenas creció pese a que la economía se incrementó alrededor de un 3%. En esta línea, valoró que la eficiencia energética es «un pilar fundamental» en la transición que debe llevar a cabo España, entre otros aspectos como intentar aprovechar las curvas de aprendizaje para evitar sobrecostes que generen déficits eléctricos, impulsar el papel de España como hub de gas entre África, América y Europa o impulsar el desarrollo del vehículo eléctrico.

Los mineros encerrados en el Pozo Aurelio (León) realizan una huelga de hambre con el apoyo de políticos y sindicatos

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Europa Press / EFE.- Los 4 mineros encerrados desde el pasado día 13 de junio en el Pozo Aurelio (León), realizaron una huelga de hambre de 3 días, aunque se inició con el propósito de ser indefinida, cuando se cumplen 18 días de su encierro para presionar al Gobierno Central y conseguir que desbloquee las ayudas para el cierre de las explotaciones de interior.

Los mineros presentaron esta propuesta al Comité de Empresa, a quienes pidieron que se retirase la comida del interior del pozo. Los propios familiares de los cuatro mineros explicaron que la decisión de comenzar la huelga de hambre perseguía el objetivo de «llevar al límite una protesta para reclamar a los organismos oficiales una decisión firme que permita liberar el dinero prometido para el cierre».

Herrera defiende una «causa justa»

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, defendió «de forma muy intensa y personal» la que considera «causa justa y justificable» de los cuatro mineros de la Hullera Vasco-Leonesa que reclaman al Gobierno central el pago de las ayudas que fomentan el cierre de explotaciones mineras y que fueron suscritas en octubre de 2013. Así se pronunció Herrera en el debate sobre el estado de la Comunidad.

El primero en referirse expresamente al caso de estos mineros encerrados en el Poco Aurelio ha sido el socialista Luis Tudanca, quien les ha enviado «todo el calor y aliento» porque son un «símbolo de la dignidad de las cuencas«. Posteriormente también el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se refirió a los mineros para mostrar su solidaridad con su situación, pero fue el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien profundizó más en la situación que atraviesan. Lo hizo tras una alusión del procurador leonesista Luis Mariano Santos, quien ha planteado como «dramático» y «terrible» que los mineros tengan que estar en huelga de hambre para pedir ayudas que promueven el cierre de explotaciones.

Herrera explicó que la situación de las explotaciones mineras de la Hullera Vasco-Leonesa en La Pola de Gordón tienen dos planos diferentes, ya que la mina de interior carece de viabilidad en el proceso concursal en que se halla al no haber potenciales compradores, mientras que la mina a cielo abierto sí puede contar con inversores que mantengan el empleo.

El presidente detalló que la entrega de las ayudas, para lo que ha ofrecido a la propia Junta de Castilla y León como intermediara, serviría por un lado para dar empleo al menos durante 3 años a los mineros en los trabajos de desmontaje de la mina, y por otro para dar tiempo a que fructifiquen las gestiones de venta del cielo abierto. «Hay que mover a un Gobierno que no puede justificar su inacción en el hecho de estar en funciones», ha adelantado Herrera antes de calificar de «causa justa y justificada» la defendida por los mineros de la Hullera y de comprometerse a reclamar de forma «muy intensa y personal» el cumplimiento de lo pactado ante el Gobierno.

Tudanca arremete contra el PP

A su vez, el portavoz del grupo socialista, Luis Tudanca, criticó que las «lágrimas de cocodrilo» del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con relación a la minería del carbón «no han dado de comer a ni una sola familia de las cuencas». Tudanca preguntó al presidente qué va a hacer la Junta para acabar con la despoblación en las comarcas mineras y le advirtió que en esta materia «se acabaron las bromas». “Un año después de sus golpes de pecho hoy quedan dos minas de interior abiertas con tan solo 60 trabajadores y el futuro del carbón es más negro que nunca», insistió.

En este punto, Tudanca ha acusado a Herrera y al PP de firmar «la defunción de un sector sin el cual estas comarcas no tienen futuro», en una coyuntura en la que los socialistas están «hartos» de que en Castilla y León «digan una cosa y en Madrid otra». Herrera ha replicado que le parecía «poco objetivo» que el PSOE le pueda «endosar» al PP el fin de la minería del carbón en el año 2016, cuando, en su opinión, fue en 2010 cuando se empleó la «guillotina» contra el sector por parte de los socialistas. «Nos podemos y debemos entender», ha planteado el presidente, especialmente en el principio de defender que se mantengan abiertas las explotaciones que resulten rentables.

USO exige evitar los «dramas”

Asimismo, el sindicato USO ha reclamado al Ministerio de Industria que evite el «drama humano» que supone la situación de los mineros encerrados en el pozo Aurelio y conceda las ayudas al cierre que contempla y regula el Plan del Carbón 2013-2018. El sindicato reclama del Instituto del Carbón y del Ministerio de Industria que, de una vez por todas, resuelvan la interpretación sobre «las deudas con Hacienda o Seguridad Social» a los efectos de poder percibir ayudas del Estado.

USO considera que en el caso de la Hullera Vasco-Leonesa, así como ocurre también con Astur-Leonesa (antigua Coto Minero del Cantábrico), se debe dar una interpretación legal en el sentido de favorecer el empleo. «Lo contrario supone un contrasentido total y absoluto sobre los fines de salvar las empresas que entran en concurso de acreedores y a la vez se les niega la percepción de ayudas del Estado por situaciones ajenas al nuevo adjudicatario», señala USO. También advierte del contrasentido que supone que en situaciones como las que atraviesa la Hullera, por entrar en quiebra y mantener deudas con Hacienda y Seguridad Social, se niegue las ayudas para realizar un cierre ordenado y con seguridad.

Cita política en el Congreso Eólico

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Dos días después de la resaca de la noche electoral, la cita anual con el Congreso Eólico reunía a los partidos políticos que habían competido en estas recientes elecciones españolas en una mesa ad hoc en materia energética. Evidentemente, con la cuestión de los pactos encima de la mesa, también tenía su morbo periodístico.

Los comicios pesaban en el ambiente de las intervenciones, casi como si se tratase de la prolongación de una campaña en la que la energía no pasó de un discreto segundo plano en los argumentarios electorales. Por un lado, la representante del PSOE, Pilar Lucio, utilizando un pasado cuasi nostálgico, iniciaba sus intervenciones con un manido «nosotros llevábamos en el programa…». Sorpresa y desparpajo por la representante de Ciudadanos, la canaria Melisa Rodríguez, reclamando una energía al servicio de la competitividad y con ganas de promover un pacto de Estado en energía. También estaba Juan López de Uralde, candidato de Podemos y coportavoz de Equo; voluntarioso pero previsible y desfondado, apelando a afilar la fiscalidad energética que premia y castiga.

Hasta entonces el Congreso del sector eólico discurría por las vías esperadas, sesión de CEO’s, reflexión sobre el papel de la tecnología eólica en el cumplimiento de los compromisos medioambientales españoles para 2020 y 2030, reuniones más técnicas sobre financiación de proyectos, project finance en el argot. México como monográfico dada la actualidad internacional para este sector en este país.

Como proscenio de la actualidad energética, un ambiente raro en el que ya se empiezan a producir nuevos ejercicios de declamación al «futuro Gobierno», una fórmula muy elíptica para decir «el Gobierno que venga» o el Ejecutivo que resulte y como resulte, tan abundantes durante el primer interinato de Gobierno. Fórmula que sirve para distribuir visiones ideologizadas: desde el cumplimiento de los compromisos medioambientales, según su calendario temporal y posibilidades financieras, a la mistificación dogmática de la transición energética. Todo mientras la situación de la demanda y las posibilidades de reabrir un ciclo inversor en nueva potencia en la energía en España están en duda.

Por otra parte, desde las elecciones anteriores se vienen produciendo una serie de acontecimientos que se pueden esquematizar en una legislatura llena de reclamaciones y pronunciamientos políticos referidos a la energía (del fracking a las interpretaciones sobre la pobreza energética), además de la salida del ministro Soria por los motivos ya conocidos y el embarramiento del terreno de juego en lo que se refiere a la central deSanta María de Garoña, cuestión extraída de los motivos puramente técnicos o jurídicos, para entrar en lo político e ideológicos por la poca pericia de Marti Scharfhausen.

Asimismo, continúa la energía gestionada por Nadal y provisionalmente ubicada en el Ministerio de Economía con Luis de Guindos. En el aire siguen los conflictos y arbitrajes internacionales que el futuro Gobierno, el que surja, deberá afrontar. Gas Natural reclama al Estado daño patrimonial por el efecto de las renovables en la infrautilización de sus ciclos cobminados. La guerra de las tecnologías sigue soterrada y alimentada por la acción política.

Finalmente, nota y apunte de interés: el representante del Partido Popular convocado para el encuentro político, Guillermo Mariscal, heredero in pectore de la insularidad canaria de Soria en lo referente a la energía, no apareció en el debate. El PPxit.

1.608 familias recibieron ayudas de la Comunidad de Madrid para no pagar el gas y la luz durante el invierno

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EFE.- Un total de 1.608 familias sin recursos se han acogido desde febrero a las ayudas para pagar las facturas de gas y electricidad de la Comunidad de Madrid, que suavizó recientemente los requisitos para acceder a las mismas para poder atender todas las peticiones recibidas.

El consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, hizo balance de esta medida en una comparecencia en el pleno de la Asamblea, donde ha explicado cómo se ha desarrollado el convenio que firmó el pasado mes de diciembre la Comunidad con Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa para impedir que las personas sin recursos sufrieran cortes de electricidad y gas. Durante estos meses han sido 1.608 las personas o familias que han solicitado adherirse a esta ayuda y se han atendido todas las peticiones recibidas, de manera que no han tenido que pagar las facturas energéticas durante el invierno y las empresas energéticas no les han cortado el suministro.

Izquierdo explicó que para no denegar las solicitudes que se habían rechazado inicialmente y poder abarcar todos los hogares vulnerables, el Gobierno tramitó una modificación urgente de las normas reguladoras del acuerdo para, entre otras cosas, suprimir la limitación de los términos de consumo. Izquierdo detalló que se recibieron 1.608 solicitudes: 166 de ellas relativas sólo a gas, 894 a electricidad, y 497 a ambos suministros. Las empresas recibirán a partir de ahora el importe de las facturas desde la Comunidad de Madrid, que este año presupuestó un millón de euros para esta medida. Para poder acceder a estas ayudas, se debe acreditar una situación de especial necesidad económica con un informe previo emitido por los servicios sociales del ayuntamiento.

La diputada socialista Josefa Navarro, calificó de «paripé y propaganda» la medida porque, a su entender, deja fuera a muchas personas por los requisitos pedidos, de manera que es una «protección excluyente que se transforma en desprotección». Celebró, en este sentido, que el Gobierno haya cambiado los requisitos iniciales, porque «el paraguas de cobertura estaba muy cerrado», pero aún así criticó que se queden fuera familias que lo necesitan y a los que tienen que atender los ayuntamientos, en muchos casos recurriendo a fondos de emergencia. Además, advirtió de que estos cambios «repentinos» desaniman a los ciudadanos a la hora de plantearse solicitar la ayuda.

En este mismo sentido, la diputada de Podemos Olga Abasolo apuntó que la campaña de información ha sido insuficiente e instó al Gobierno a darle más publicidad. Además, Abasolo denunció que la medida deje sin posibilidad de solicitarla a muchas personas en situación de necesidad, como los perceptores de la Renta Mínima de Inserción o que uno de los requisitos sea el impago de las facturas, penalizando así a las personas que hacen un esfuerzo en sus domicilios para consumir menos energía. También ha criticado que las ayudas se limiten a 6 meses (ampliables a 9), tiempo que no ve suficiente para que las familias salgan de la dificultad económica.

Desde Ciudadanos, Alberto Reyero, criticó la cantidad destinada a esta medida, un millón de euros para 2015 y otro para 2016, «claramente insuficiente» y «ridícula» para el problema, que afecta a miles de personas, y por eso también consideró que son pocas las solicitudes recibidas. Reyero señaló que este problema no debe abordarse sólo subvencionando facturas, sino que las familias en situación de necesidad deben ser objeto prioritario de las políticas de eficiencia energética para que su consumo sea prácticamente nulo, erradicando el problema en vez de poniendo soluciones temporales.

De diciembre a junio: continuidad del PP, concreción socialista, baño de realismo al catálogo de Podemos y pragmatismo en Ciudadanos

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A pesar de que los partidos acuden a las urnas de este domingo sabiendo que necesitarán a otro de los contendientes para formar Gobierno, pocos cambios se atisban en sus propuestas, incluidas las energéticas. Al margen de lo estético, tan sólo Ciudadanos ha buscado dar otro enfoque a su programa electoral pensando en el panorama que llegará tras las elecciones:

PP: La noticia sobre el programa electoral es… que no hay noticia más allá de la marcha de José Manuel Soria. Ni un solo punto de su programa electoral se ha modificado cuando ya el anterior programa apostaba por una línea continuista de la gestión realizada al frente del Ministerio de Industria. Únicamente ha cambiado el lema, que ahora es A favor, mientras han retirado la tonalidad azul que servía de fondo a las medidas contempladas, ya repasadas en materia energética en diciembre. Un ejercicio de coherencia en el que se reitera que reducirán los impuestos a la generación eléctrica, impulsarán las interconexiones y la eficiencia energética, y seguirán apostando por las subastas competitivas como medio para introducir más renovables.

PSOE: Los socialistas han añadido un preámbulo de 47 páginas al mismo programa de las pasadas elecciones, del que ya repasamos sus medidas energéticas, para reforzar el compromiso en realizar una transición energética “en toda regla”, en la que la apuesta por las energías renovables “será clave”. Más novedades ofrece en Compromisos para un SÍ por un Medio Ambiente Sostenible: dentro de la aprobación de una ley de transición energética y cambio climático, el PSOE se atreve a concretar objetivos del peso renovable en el sector eléctrico: (40% en 2025, 70% en 2030 y 100% en 2050), “incentivando un equilibrio entre generación distribuida y centralizada”, añaden sobre el autoconsumo y con un suministro 100% para los edificios públicos en 2025.

Asimismo, se comprometen a “facilitar el uso de energía limpia para el transporte y los consumos térmicos”, con un compromiso de “eliminar paulatinamente” el diésel mediante la fijación de un calendario que también marcará una “mejora progresiva” de los estándares de emisión exigidos a los vehículos a motor. Otro calendario planteado es el del cierre paulatino de las centrales nucleares; pero el PSOE sigue sin pronunciarse sobre qué hará para almacenar los residuos, con el ATC cuestionado desde Castilla-La Mancha. Otros puntos importantes del programa ya los presentó en la XI legislatura en el Congreso, como la derogación del decreto de autoconsumo o el apoyo al carbón nacional. No hay referencias ni a Elcogas ni a la indemnización de Castor.

Unidos Podemos: Las novedades en la coalición de izquierdas llegan en la memoria económica que acompaña al programa electoral, que hasta entonces repite las mismas propuestas de diciembre. Al igual que su propuesta de incremento del gasto público se reduce de 96.100 millones de euros a 60.000 millones en el conjunto de la legislatura, ahora disminuye de 10.000 a 4.000 millones de euros la inversión anual en el plan de transición energética, a pesar de que mantiene íntegramente las mismas propuestas que en diciembre. Además, lo que añade Unidos Podemos es que “una parte relevante de la financiación provendrá de la reforma del sector eléctrico; en particular, dela eliminación de las sobrerretribuciones a las compañías eléctricas por diversos conceptos”.

Por otra parte, el acuerdo con Izquierda Unida hace que Podemos incorpore propuestas como el cierre definitivo e inmediato de la central nuclear de Garoña así como de todas las centrales nucleares en 2024, medida que ya presentó en el Congreso después de que el PSOE fijara el cierre del parque nuclear en 2028. También son más contundentes al anunciar que prohibirán el fracking. Asimismo, el acuerdo añade las instalaciones compartidas como una modalidad permitida de autoconsumo energético y se asegura que se adoptarán medidas para la reducción del precio de la energía para la industria, especialmente las electrointensivas, y un mínimo vital básico de suministro eléctrico garantizado al consumidor vulnerable cuya tarifa se fijará en función de la renta.

Al igual que el PSOE, Unidos Podemos marca el objetivo de alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. Para ello traza una senda con 2030 como hito intermedio en el camino en la que se superan los objetivos propuestos por la Comisión Europea para ese año. De este modo, Unidos Podemos propone “objetivos ambiciosos” como una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% como mínimo, una generación con energías renovables al menos del 45% (por debajo del 70% marcado por el PSOE) y de reducción en el consumo de energía del 40% respecto al año 1990.

Ciudadanos: El partido presidido por Albert Rivera ha optado por la vía práctica. Dejando a un lado las 338 páginas que contenía su presentación en diciembre, el programa electoral para estas elecciones se ciñe en 350 medidas contenidas en 46 páginas. Una síntesis que le proporciona mayor flexibilidad a la hora de negociar pactos. En materia energética, Ciudadanos propone reformar la regulación de los mercados para que tengan el mismo nivel de competencia que en el resto de países de Europa. No concreta más pero precisa que ahorrarán a los consumidores españoles 411 euros anuales para no pagar el sobrecoste del “capitalismo de amiguetes”. También ratifica su compromiso con los objetivos pactados en Europa en 2020, sin ir más allá.

El programa mantiene la separación de las empresas de generación, distribución (con la propiedad de las redes) y comercialización, “evitando que dichas empresas continúen formando parte de un mismo grupo empresarial”. Al igual que PSOE y Podemos, Ciudadanos anuncia una auditoría y liquidación definitiva de los costes de transición a la competencia aplicados a las centrales de generación. Asegura que “se garantizarán las inversiones, ya que los plazos de amortización han finalizado y ha existido una tendencia alcista de los precios de la energía en los últimos años”. El programa también incluye medidas para luchar contra la pobreza energética reformando el bono social para asegurar que se ofrece “a todas aquellas familias con dificultades”, así como promoviendo la eficiencia energética.

Por otro lado, al mismo tiempo que se apuesta por dinamizar la economía asociada a la movilidad eléctrica, se anuncia un Plan de Reducción de la Dependencia Energética Exterior, para reducir la factura anual de importación de combustibles fósiles. Los cambios más drásticos llegarían en un Plan Estratégico de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables y el autoconsumo energético, aunque desde un primer momento proponen reformar la regulación del autoconsumo que ha hecho el Gobierno del PP.