Las organizaciones ecologistas ven con «estupor» la «extralimitación» de Martí Scharfhausen por pedir paralizar la renovación del CSN al Congreso

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Europa Press.- Ecologistas en Acción y Greenpeace han calificado de «peculiar» e «inédita» la carta remitida por el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, en la que le pide aplazar la elección de los nuevos miembros del pleno del organismo regulador para evitar el nombramiento del candidato propuesto por Unidos Podemos, el portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón.

A Ecologistas en Acción le ha causado «estupor» leer la misiva porque no considera que ser «crítico con las nucleares» inhabilite a Castejón para garantizar la seguridad nuclear y se plantea más bien lo contrario, si los españoles pueden estar «más tranquilos» porque la mayor parte de los consejeros sean «abiertamente pronucleares, especialmente tolerantes y poco críticos» con ciertas situaciones. Además, acusa a los miembros del pleno de en ocasiones poner «aparentemente» los intereses de las grandes compañías eléctricas frente a la seguridad del sistema.

En este contexto, ve en la propia carta una «prueba más» de la urgencia de la renovación del CSN porque considera «de suma gravedad» sus acusaciones. «Asistimos nuevamente al intento de aplicar una doble vara de medir en la que los intereses empresariales copan los órganos de representación mientras la representación de la sociedad civil resulta excluida», lamenta. Para la ONG, la «insinuación» realizada por Scharfhaussen de que Castejón está «en litigio contra el CSN no se sostiene», porque sus declaraciones representan a la organización Ecologistas en Acción y no a una «persona concreta». Además, considera que no se puede poner en cuestión la «cualificación y solvencia técnica» de Castejón.

Por ello, considera que su incorporación al CSN por su «visión» debería ser «casi obligada» en un órgano «asesor» que debe buscar «equilibrios y proteger adecuadamente» la seguridad de una población que se declara mayoritariamente antinuclear. Ecologistas agradece a Castejón sus años de trabajo altruista porque nunca ha mantenido una relación «remunerada, laboral o profesional» sino que su participación fue un «ejercicio activo» de sus derechos civiles y políticos y de su libertad de asociación.

Greenpeace va más allá y denuncia el «grave intento» de Martí Scharfhaussen de «usurpar las funciones del Parlamento» y ha anunciado si esta actuación de «extralimitarse» en sus competencias es constitutiva de delito porque no considera que sea función de Scharfhaussen asesorar al Congreso o a su Presidencia sobre los nombramientos de miembros del regulador. La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, miembro también del Comité Asesor del regulador nuclear, cree que Fernando Martí ha mostrado «de principio a fin de su mandato su falta de escrúpulos».

Así, recuerda que desde hace año y medio está reprobado por el Congreso de los Diputados y que la idoneidad del nombramiento de los miembros del pleno del CSN corresponde al Congreso de los Diputados, según la ley de creación del CSN. Finalmente, acusa al presidente de usar su cargo «por encima de las funciones» que tiene atribuidas y le acusa de falta de independencia.

Equo pide una nueva reprobación

Por su parte, Equo, formación que pertenece al grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos, pidió en el Congreso la reprobación del presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, por «interferencias» en la renovación del regulador, en referencia a la polémica carta. Equo considera que la actitud de Scharfhausen es «una maniobra para interferir en las decisiones» y una «extralimitación de las funciones que debe tener la presidencia del organismo». Asimismo, recuerdan que el presidente del regulador ya fue reprobado «por su mala gestión del organismo» en 2016 y 2017 pero, a su juicio, esta actuación «tratando de frenar la renovación del CSN supera su nefasta gestión”.

«Se da la circunstancia de que Martí fue Secretario de Estado con el PP, partido que lo nombró. A diferencia de Francisco Castejón, que es doctor en física nuclear, Martí no tenía ninguna experiencia previa en materia nuclear», ha apuntado el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos y diputado de Equo, Juan López de Uralde. En su opinión, el nombramiento de Martí Scharfhausen fue «estrictamente político», por ello, le preocupa que esté utilizando argumentos «puramente ideológicos» contra una persona que es «técnicamente solvente», para tratar de frenar la renovación del CSN. «Está interfiriendo gravemente en la actividad del Congreso, tratando de sustituirlo. Su actuación es disparatada» ha concluido Uralde.

Ciudadanos pide un informe jurídico

Por otro lado, Ciudadanos ha presentado un escrito en el Congreso solicitando a los servicios jurídicos de la Comisión para la Transición Ecológica un informe sobre la legalidad del procedimiento de renovación del CSN y, en concreto, por un posible conflicto de intereses del candidato ecologista promovido por Unidos Podemos. Según fuentes de la formación naranja, esta iniciativa es también consecuencia de la polémica carta de Martí Scharfhausen. Las mismas fuentes han explicado que esta propuesta no tiene que ver con los perfiles presentados y pactados por el Gobierno, sino con el sistema de renovación del Consejo, basado en el nombramiento «a dedo» del organismo.

El Gobierno lanzará un plan de incentivos para mejorar la eficiencia energética en empresas dotado con 307 millones de euros

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Europa Press.- El Gobierno lanzará un nuevo programa de incentivos para actuaciones de eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas (pyme) y la gran empresa industrial, dotado con 307,6 millones de euros provenientes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética de 2018 y de remanentes de años anteriores.

El Ministerio para la Transición Ecológica lo comunicó en la Conferencia Sectorial de Energía, principal órgano de colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia de energía. El presupuesto de las ayudas cuenta, además, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Hasta el momento, el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial 2014-2020, que gestiona el IDAE, ha realizado dos convocatorias, dotadas respectivamente con 115 y 168 millones de euros.

Asimismo, la Conferencia acordó la propuesta de reparto de las ayudas del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves), dotado con 45 millones de euros para 2019. En el encuentro también se informó de la próxima convocatoria de un programa de ayudas para proyectos singulares en materia de movilidad sostenible, que cuenta con 15 millones de euros, con lo que se eleva a 60 millones de euros la dotación para movilidad sostenible.

En concreto, el programa Moves está dirigido a incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centro de trabajo. Pueden ser beneficiarios de las ayudas profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y las entidades públicas, las administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas de la Administración General del Estado.

Las comunidades y ciudades autónomas deberán ahora realizar la correspondiente convocatoria de ayuda en sus respectivos territorios. El presupuesto asignado deberá repartirse de acuerdo a los criterios establecidos. Así, entre un 20% y un 50% de la partida asignada irá a la adquisición de vehículos alternativos; y entre un 30% y un 60% a la implantación de infraestructuras de recarga. De este último porcentaje, un mínimo del 50% ha de dirigirse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida. Por otro lado, la implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas puede suponer ente un 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo pueden contar entre un 0% y un 10%.

El decreto también fija los importes de las ayudas para la adquisición de vehículos, que oscilan entre los 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en torno a los 5.000 euros. En paralelo, como incentivo adicional para apostar por la movilidad sostenible, se exigirá a fabricantes, importadores de vehículos o puntos de venta un descuento mínimo de 1.000 euros en la factura, excepto para cuadriciclos y motos.

En lo que respecta a los incentivos para vehículos de gas, se reservan para camiones y furgones. En cuanto a los puntos de recarga eléctrica de vehículos eléctricos (públicos y privados) y a los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, las ayudas serán de un 30% o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario, estableciéndose un límite de 100.000 euros. Finalmente, se fija un límite de 200.000 euros de ayuda por beneficiario para la implantación de Planes de Transporte a los Centros de Trabajo con una ayuda del 50% del coste subvencionable.

En lo que se refiere a los 15 millones adicionales que el programa Moves dirige a proyectos singulares de movilidad sostenible en Ciudades Patrimonio de la Humanidad, municipios con alto índice de contaminación, municipios ubicados en islas o iniciativas de innovación en electromovilidad, el gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que en estos momentos se están preparando las bases del programa, que será gestionado por el IDAE en concurrencia competitiva a fin de poder incentivar proyectos piloto ambiciosos en las áreas descritas en la convocatoria.

Unidos Podemos exige objetivos más ambiciosos en la Ley de Cambio Climático y hace propuestas para reformar el sector eléctrico

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Europa Press.– Unidos Podemos defiende la necesidad de abordar una reforma del mercado eléctrico, así como otra serie de medidas para abaratar la tarifa de la luz, entre las que destaca el recorte retributivo a las empresas eléctricas y un gravamen en las centrales ya amortizadas como las hidráulicas. Asimismo, Unidos Podemos reclama al Gobierno objetivos más ambiciosos en su Ley de Cambio Climático, tanto en reducción de emisiones de CO2, como en la implantación de renovables.

El diputado de Equo, Juan López de Uralde, destaca la necesidad de establecer un objetivo de reducción de emisiones de CO2 para 2030 del 35% respecto a 1990 y un objetivo del 45% del consumo de energía final mediante fuentes de energía renovables, y sin centrales nucleares. El objetivo es llegar a un escenario en 2050, con un 95% de reducción de emisiones de CO2 respecto a 1990 y un 100% del consumo de renovables, así como un 50% para el objetivo de eficiencia energética.

Equo ha calificado de «tomadura de pelo» el proyecto de ley aprobado y ha lamentado que el equipo de Ribera no avanzara lo suficiente para haber llevado una norma a tramitación al Congreso cuando, a su juicio, había tiempo. «Esperamos que la próxima legislatura podamos aprobar definitivamente una ley ambiciosa contra el cambio climático. Los ejes de nuestra propuesta los hemos recogido en esta moción», ha indicado López de Uralde. «Esperamos que cuente con un apoyo parlamentario amplio que siente las bases de un acuerdo para que salga adelante esa ley imprescindible y urgente en la próxima legislatura», ha concluido.

Propuestas para el sector eléctrico

Con una iniciativa, registrada en septiembre por los diputados Jorge Luis Bail (Podemos) y Josep Vendrell (En Comú), en plena escalada de los precios del recibo eléctrico, Unidos Podemos aboga por reformar la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, los pagos por capacidad que reciben algunas centrales por su disponibilidad y modificar el servicio de interrumpibilidad para asemejarlo a otros modelos europeos.

Otra de las propuestas pasa por una reforma del bono social para que su solicitud sea automática, que el único criterio para acceder a él sea la renta del hogar, garantice que cualquier hogar tenga acceso a un suministro esencial, se reduzca el IVA eléctrico a consumidores vulnerables y las empresas asuman su coste, de forma proporcional a su facturación. Unidos Podemos también reclama auditar los costes de todo el sistema eléctrico para determinar cuánto cuesta producir a cada tecnología, los costes asociados al transporte y la distribución y examinar también el déficit de tarifa.

Asimismo, pide cambios legales para impedir las puertas giratorias desde la gestión pública hacía las empresas energéticas, para las que también pide nuevas obligaciones con el fin de facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de las personas consumidoras. Por otro lado, exige «una reforma de calado» de la carga fiscal en el sistema eléctrico «que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética», con el fin de aumentar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental «en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con Europa, al mismo tiempo que incremente la progresividad fiscal».

Martí Schafhausen, presidente saliente del CSN, pide al Congreso parar los nuevos nombramientos y alerta contra el ecologista Francisco Castejón

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Europa Press.- El presidente saliente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, envió una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que demandaba bloquear la renovación del regulador impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y pactada con Unidos Podemos y PDeCAT, a la vez que alertaba contra el candidato de los morados, el ecologista Francisco Castejón.

En el escrito, Martí Scharfhausen enumera algunos de los puntos del currículum de Castejón, destacando su labor como portavoz de política antinuclear en Ecologistas en Acción y sus declaraciones «reiteradas» y «públicas» en contra de la energía nuclear y a favor del cierre de las centrales. También señala que Castejón ha asistido como representante legal de la organización ecologista a reuniones del Comité Asesor para la Información y Participación Pública sobre seguridad nuclear, en cuyas intervenciones ha «descalificado actuaciones del CSN» y algunos estudios técnicos. De hecho, explica Martí Scharfhausen, «la asociación en la que milita ha presentado demandas y denuncias» contra el regulador, «interponiendo recursos en varios ámbitos jurisdiccionales”.

Es este episodio concreto el que Martí Scharfhausen utiliza para poner en duda la legalidad de su nombramiento. Así, alude a la definición de conflicto de intereses que consta en la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración y que cita nominativamente como supuesto en el que incurre en una incompatibilidad «las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente«. «Para favorecer el máximo en las decisiones que adopte la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, considero oportuno informar de la propuesta realizada para el nombramiento de Francisco Castejón», apunta Martí Scharfhausen.

Para Martí Scharfhausen, no es entendible «la necesidad de cursar con urgencia esas propuestas de nombramiento en las actuales circunstancias», es decir, «cuando es más que previsible que en un horizonte próximo» se produzca «una coyuntura adecuada para llevarlos a cabo con todas las garantías, que eviten posibles impugnaciones o la nulidad de actuaciones respecto de los Acuerdos del Consejo».

El portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, ha calificado la carta de «inaceptable» y ha acusado a Martí Scharfhausen de «tratar de influir sobre quiénes serán sus sucesores, cuestionando el derecho de una persona a ocupar un puesto sólo por ser ecologista«. En este sentido, Uralde ha recordado que Castejón tiene «sobrados conocimientos» para acceder al Consejo, ya que es doctor en física nuclear. Para el diputado, Martí Scharfhausen no está defendiendo ningún interés para el organismo o la industria, sino sólo «el interés político del PP» que es, según ha indicado, «quien le puso ahí».

La Fundación Renovables aplaude «el paso adelante» del Gobierno a favor de las renovables en su plan de transición energética

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Europa Press.– La Fundación Renovables aplaude «el paso adelante» dado por el Gobierno a favor de las renovables al fijar un objetivo del 42% para 2030 en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 remitido a Bruselas.

La Fundación valora que el documento reconoce que es posible alcanzar en 2050 un modelo energético 100% renovable y destaca que marca que para 2030 un 74% de la generación de electricidad será con energías verdes. Asimismo, valora la propuesta en movilidad de alcanzar los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, así como la delimitación de acceso a los vehículos más emisores y contaminantes a las zonas centrales en las ciudades de más de 50.000 habitantes a partir de 2023. No obstante, la Fundación lamenta que el objetivo del 20% de reducción de emisiones sobre 1990 «es claramente insuficiente«.

Además, subraya que el PNIEC mantiene la estructura de consumo en origen y no apuesta por cambiar el modelo de demanda. «Actuar prioritariamente por el lado de la demanda y por su electrificación supone democratizar el sistema energético», añade la Fundación Renovables, que añora también «objetivos concretos» de generación a través de autoconsumo. La Fundación también lamenta que el documento no ponga una fecha de cierre para las centrales térmicas de carbón y que posponga 10 años el apagón nuclear, «que debería producirse cuando caduque la última licencia de explotación».

Aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para que España alcance su completa descarbonización en 2050

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Europa Press.- El Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que contempla la descarbonización al 100% de la economía española en 2050. El proyecto normativo es uno de los tres pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima, del que también forman parte el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa.

En este sentido, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha indicado que el paquete normativo es la «combinación de anhelo y realidad que quiere poner en marcha el Gobierno con este proyecto que está en línea con los objetivos de la Unión Europea». La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó el conjunto normativo para «facilitar y orientar» la descarbonización de la economía en 2050, de acuerdo con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático.

«Hemos visto el marco estratégico de energía y clima que mejora la calidad de vida de los ciudadanos y es una apuesta para facilitar la modernización de la economía, el empleo en sectores y campos en los que tenemos gran potencial y que nos colocará en el porvenir», ha subrayado Ribera. Así, defiende que este es un marco «ambicioso, equilibrado, modernizador y plenamente factible» que permitirá la creación y «reposicionamiento» de la industria, las energías limpias y generará efectos positivos para el desarrollo del medio rural, el medio ambiente, la salud y la justicia social.

El anteproyecto de Ley plantea dos fases, a 2030 y a 2050. El primero de ellos, 2030, marca el objetivo de reducir al menos un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los niveles de 1990; generar al menos el 70% de electricidad con energías de origen renovable; asegurar al menos el 35% del consumo final de energía procedente de renovables y mejorar la eficiencia energética en, al menos, un 35%.

Por tanto, Ribera ha indicado que reducir las emisiones un 20% respecto a 1990 en 2030 supondrá eliminar «una de cada tres toneladas de dióxido de carbono» y para llegar a una neutralidad de carbono en 2050 se deberán reducir las emisiones de CO2 en un 90% con respecto a 1990. Para alcanzar estas metas el Gobierno prevé aprobar subastas de por lo menos 3.000 megavatios renovables cada año y desarrollar un nuevo marco de retribución para la generación renovable que se base en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada y que se otorgarán mediante procedimiento de concurrencia competitiva y se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación.

Otras de las medidas contempladas en el anteproyecto es que solo se podrán dar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil si están «debidamente» justificados por motivos de «interés social o económico» o por la «inexistencia de alternativas tecnológicas». Además, se deberá elaborar un informe sobre el régimen fiscal que se apliquen a los productos energéticos de origen fósil, que incluirá un calendario para revisar estas ayudas. La Administración General del Estado y los organismos o entidades que forman el sector público estatal deberán desprenderse en dos años de todas las participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil esté ligada a la extracción, refinado o procesado de productos energéticos.

También se fomentarán los combustibles alternativos, como el gas renovable, el biometano y el hidrógeno y en la aviación se promoverá el uso de biocarburantes avanzados y otros renovables de origen no biológico. Una vez que entre en vigor la ley no se darán nuevas autorizaciones para explorar, investigar hidrocarburos o nuevas concesiones ni en tierra ni en aguas territoriales, ni tampoco se podrán desarrollar proyectos de fractura hidráulica (fracking). Las prórrogas vigentes no podrán extenderse más allá de 2042.

Por otro lado, el anteproyecto contempla que para incentivar la economía baja en carbono, al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener un impacto positivo en el cambio climático y este objetivo se revisará al alza antes de 2025. A partir de 2020 los ingresos de las subastas de derechos de emisión de GEI se destinarán los objetivos de cambio climático y los Presupuestos podrán destinar, hasta el 30% de estos, a medidas de transición justa.

En general, la Administración General del Estado no podrá construir o licitar obras que no sean de consumo de energía casi nulo o de materiales no sostenibles y más allá de 2030 no podrá tener alquilados inmuebles que no dispongan de la consideración de «casi nulo» que establece el Código Técnico de Edificación. Otras de las medidas será desarrollada por el Ministerio de Educación, que deberá revisar los itinerarios de formación y habilitación profesional y elaborará un plan para impulsar en el empleo en los sectores «motor» del crecimiento en la transición hacia un desarrollo bajo en carbono. El anteproyecto está sometido a información pública hasta el 22 de marzo.

AEE valora «positivamente» la «ambición»

Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) valora «positivamente» los planes climáticos del Gobierno por su «visibilidad a largo plazo» y su «ambición» en los objetivos medioambientales. La organización ve «necesario» que se aporten las herramientas regulatorias que permitan avanzar «de forma óptima», con un ritmo de crecimiento lineal de las tecnologías en los próximos años «que atraigan y aseguren las inversiones que se precisan para acometer la transición».

La AEE considera «coherente» el objetivo planteado de alcanzar una potencia instalada de 50.258 megavatios (MW) eólicos en 2030, frente a la actual potencia instalada de 23.484 MW, mientras avisa de que para cumplir con el objetivo de 50 gigavatios (GW) de aportación eólica al sistema en 2030 «es necesario instalar una media de 2.200 MW al año, lo que considera «factible«. Además, califica este hecho como una «oportunidad» para el sector, ya que «sabrá aprovechar y responder con éxito porque tiene la capacidad y tecnología que se requieren», además de una «enorme oportunidad» para el país desde el punto de vista de la competitividad, ambición ambiental, desarrollo industrial especializado, I+D+i, aportación a la economía española y creación de empleo.

La contaminación de los edificios

Por su parte, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) lamenta que el Plan no incida en la contaminación que generan los edificios, que «causan hasta un 40% de la contaminación que se registra en las grandes ciudades«. Según ha recordado al Gobierno, la contaminación y el volumen de emisiones nocivas para la atmósfera no se provocan solo por el crecimiento exponencial del tráfico rodado, sino que también influye «el elevado número de viviendas en las que se derrocha energía».

En España, según Andimac, más de la mitad de los inmuebles superan los 40 años de antigüedad y la mayoría de las edificaciones son «antiguas y no se ajustan a los nuevos estándares de la edificación sobre condiciones térmicas y energéticas». De hecho, según ha apuntado, los edificios españoles representan casi un tercio del consumo de energía total del país. El secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, ha resaltado la importancia de “apostar por la descarbonización de los edificios e invertir en su rehabilitación energética».

PP y Ciudadanos acusan al Gobierno socialista de politizar las instituciones ante los nombramientos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)

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Europa Press.- El PP y Ciudadanos rechazan la propuesta del Gobierno del PSOE, pactada con Unidos Podemos y PDeCAT, para la renovación de 4 de los 5 consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Ambas formaciones han mostrado su rechazo a esta actitud del Ejecutivo alegando que busca politizar las instituciones con sus afines antes de terminar su mandato en esta legislatura.

El portavoz parlamentario adjunto del PP, Guillermo Mariscal, ha denunciado que esta propuesta para renovar al regulador «va más allá de la política energética» y se basa en «la ocupación del espacio público, apoderándose de las instituciones». «El hecho de que el Gobierno tenga que nombrar a estas personas con las cámaras disueltas es, además de absolutamente irresponsable, una demostración más de que el único objetivo de este cambio es llenar todas las instituciones posibles de miembros de su formación política o adeptos», ha denunciado.

El portavoz del PP ha señalado que organismos tan importantes como estos «necesitan el consenso y la concordia» de las formaciones políticas y que los partidos lleguen juntos «a buscar a quienes son los mejores candidatos». Según ha señalado, el PSOE está haciendo un «ejercicio de sectarismo» que el PP no practicará «a partir del 28 de abril cuando Pablo Casado sea presidente del Gobierno».

Por su parte, la portavoz adjunta de los naranjas en la Cámara, Melisa Rodríguez, ha explicado que es contraria a «seguir manipulando y poniendo a dedo» los órganos de regulación y que los diputados de su grupo se mantendrán en esa convicción. En este sentido, Rodríguez ha defendido reguladores independientes del poder político y ha mostrado su sorpresa ante la actitud de un PSOE que, en la oposición, se mostraba favorable a las propuestas de Ciudadanos para cambiar el sistema de elección de estos órganos.

«Propusimos que las negociaciones no fueran a puerta cerrada y a dedo y que las personas que tienen que formar parte del regulador se eligiesen de manera independiente y meritocrática», ha señalado, para apuntar que los socialistas quieren «a toda prisa» y «saltándose el reglamento» nombrar para el CSN «a los suyos». En este sentido, indicó que este «nerviosismo» por «repartirse los cromos» llega ante el miedo de que después de las elecciones “pierdan la cuota» en el organismo sin poder «nombrar a los suyos».

El PP ve en el plan climático de Ribera un futuro con más paro, menos crecimiento y energía más cara

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Europa Press.- Mientras la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno garantizará que los turismos y vehículos comerciales nuevos que se vendan en 2040 serán 0 emisiones, aunque el Ejecutivo evita hablar de prohibiciones, el PP entiende que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) elaborado por el Ministerio supone «un paso claro a la ralentización económica, a la futura generación de desempleo y, sin lugar a dudas, a un incremento de la factura eléctrica».

Así lo auguró el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, quien denuncia la ausencia de «negociación» para un plan «que afecta a más de una legislatura y, probablemente, a más de una generación». El dirigente popular cree que el Gobierno es «víctima de la politización de las tecnologías» y que, por ello, plantea «la desaparición» de una energía libre de emisiones, como la nuclear, lo que, a su juicio, «contraviene» lo defendido por la Unión Europea o la Agencia Internacional de la Energía, que «abogan por su mantenimiento como energía de respaldo«.

Asimismo, ha criticado que Ribera anticipe un abaratamiento de la energía y un fortalecimiento de la industria, cuando el Gobierno «ha colaborado activamente a la salida de Alcoa y que ha propiciado un ERE en Ferroatlántica«. «Hemos escuchado ensoñaciones y cantos de sirena. Tenemos una ministra que practica una suerte de realismo mágico, que obvia y olvida los números, las cifras y las propuestas creíbles. Nos encontramos humo», señaló, acusando a Ribera de «lanzar soflamas o propaganda electoral para conseguir votos» en las próximas elecciones.

«Un ejemplo más es lo que ocurre con el diésel. Siguen sin responder qué piensan hacer en 2040, si es cierto que deben de circular los coches diésel o de gasolina, o no. Ha cambiado de opinión ya dos veces«, indicó, subrayando que el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, «la obligó a rectificar porque en Europa está prohibido prohibir tecnologías».

Ribera evita la palabra “prohibir”

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética recoge que el Gobierno adoptará las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos y destinados a usos no comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones de modo que «no más tarde de 2040 sean vehículos con emisiones de 0 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro». Así, a partir de esa fecha no se podrán vender vehículos que emitan CO2.

«En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, los objetivos de penetración de sistemas de movilidad descarbonizada, y parte electrificada, son importantes para 2030, pero no se incluye ningún tipo de prohibición», ha afirmado Ribera, que reivindicó que el borrador del PNIEC 2021-2030 recoge «palabra por palabra» lo que Arias Cañete propuso al Colegio de Comisarios. «Debemos garantizar que los vehículos ligeros sean 0 gramos de CO2 por kilómetro recorrido en 2040. Es muy difícil imaginar escenarios de descarbonización del sistema energético si no se presenta atención a la movilidad y creo que es importante acompañar a este proceso de transformación», ha defendido la titular para la Transición Ecológica.

Con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Ejecutivo pretende renovar «paulatinamente» el parque automovilístico con modelos de menores emisiones para «culminar» en 2050 con vehículos sin emisiones de CO2, así como definir un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático. El Gobierno lanzará un plan de impulso a la movilidad eléctrica con un importe total de 1.000 millones de euros entre 2021 y 2025, según las cifras recogidas en el borrador del PNIEC, que contempla que el parque español de vehículos eléctricos alcanzará 5 millones de unidades en 2030.

El gas reclama su papel

Por su parte, la Asociación Española del Gas (Sedigas) ha destacado que el gas «es una energía de presente y futuro» que ayuda a conseguir las metas fijadas por el Gobierno en su PNIEC. Sedigas reclama así que el gas renovable «debe tener un papel prominente» en la matriz energética, ya que supone un sumidero de dióxido de carbono (CO2) que sirve para restar emisiones. Por ello, Sedigas valora «positivamente» la inclusión del gas renovable en el plan, por suponer una solución «realista y técnicamente viable» para lograr una mayor eficiencia energética en la edificación.

Por otra parte, el sector gasista sí echa en falta «un gran impulso sobre la movilidad a gas», al considerar que con el gas natural vehicular se pueden reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno en un 80% y casi la totalidad de las partículas sólidas y el azufre, además de disminuir los gases de efecto invernadero en un 20%.

Endesa ve bien que el Gobierno contemple como mínimo 3 GW de energía nuclear operativos más allá del 2030

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Europa Press.- Endesa afirma que, en principio, le «suena bien» el Paquete de Energía y Clima anunciado por el Gobierno. Fuentes de la compañía indicaron que el programa de descarbonización de la economía española «está en el ADN» del plan estratégico presentado por Endesa, en el que prevé elevar sus inversiones hasta los 5.500 millones de euros, aumentando así su gasto de capital neto (capex) entre los años 2019 y 2021 un 10% respecto a su anterior plan.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno prevé que en 2030 todavía haya operativos en el mix eléctrico algo más de 3 gigavatios (GW) de energía nuclear y un cierre ordenado de estas plantas. El plan del Gobierno pasa por ir cerrando las plantas nucleares, los 7 reactores actualmente existentes, que suman más de 7 gigavatios (GW), por orden de antigüedad. De esta manera, entre el periodo 2025 y 2030 se producirían los cierres de los reactores de Almaraz, Ascó I y Cofrentes, llegando al periodo 2030-2035 abiertas las centrales de Asco II, Vandellós y Trillo.

Endesa ha apostado por mantener la operación de las centrales nucleares a largo plazo, en adecuadas condiciones de rentabilidad y asegurando siempre que estas instalaciones cumplan los más elevados estándares de seguridad establecidos en la regulación nacional e internacional. La compañía controlada por Enel defiende alargar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años para garantizar la transición energética a 2050, al considerar que no hay otra alternativa y garantizar la seguridad de suministro, un precio competitivo de la electricidad y ayuda a reducir las emisiones.

En el caso del carbón, el plan estima una horquilla de su presencia en el mix eléctrico de entre 0 y 1,3 GW en 2030. No obstante, el Ejecutivo no prevé que las centrales térmicas de carbón, de las que a partir de 2020 quedarán 5 (Litoral, As Pontes (Endesa), Los Barrios (Viesgo), Soto de Ribera y Aboño (EDP), de las 14 existentes, alarguen su vida en el mix más allá de ese horizonte ya que irán cerrando «de una manera natural» al no ser competitivas por razones de mercado.

La hoja de ruta también apuesta por el impulso de las energías renovables en la próxima década como uno de sus principales vectores. Para el año 2030, se prevé una potencia total instalada en el sector eléctrico de 157 GW, de los que 50 GW serán energía eólica; 37 GW solar fotovoltaica; 27 GW ciclos combinados de gas; 16 GW hidráulica; 8 GW bombeo; 7 GW termosolares, y los 3 GW de nuclear. En lo que respecta al almacenamiento, destaca el alza de las tecnologías de bombeo y baterías, con una potencia adicional de 6 GW, aportando una mayor capacidad de gestión a la generación.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que estos objetivos, pese a ser «ambiciosos», son «plenamente factibles» y se encuentran en línea con los compromisos adquiridos en 2015. Según Ribera, este impulso a las renovables supondrá una reducción de entre el 20% y el 21% de las emisiones respecto a 1990 (España está 18 puntos porcentuales por encima de esa referencia). Asimismo, se prevé alcanzar un 42% de energías renovables sobre el uso de energía final del país, un objetivo 10 puntos porcentuales más ambicioso que el 32% de la Unión Europea, mientras el porcentaje de renovables en el mix eléctrico de 2030 será del 74%. También supondrá un aumento de casi el 39% de la eficiencia energética.

Las medidas contempladas en el PNIEC permiten pasar de los 340 millones de toneladas de CO2 equivalente emitidos en 2017 a 226 millones de toneladas de CO2 en 2030, por lo que al término de la década dejará de emitirse una de cada tres toneladas. En el caso de los denominados sectores difusos (residencia, transporte, agricultura, gases fluorados e industria no sujeta al comercio de emisiones), la reducción de emisiones será del 38% respecto al año de referencia para los objetivos europeos, el de 2005. Por su parte, los sectores sujetos al comercio de emisión verán reducidas sus emisiones en un 60% respecto a 2005.

La generación eléctrica será la que más reduzca su nivel de emisiones, con 44 millones de toneladas de emisiones de CO2 entre 2021 y 2030. Le sigue el transporte, responsable en 2017 del 26% de las emisiones. Reducirá sus emisiones en 28 millones de toneladas entre 2021 y 2030. La ministra considera que la materialización de esta propuesta «permitirá a España alcanzar los objetivos comprometidos» con la Unión Europea, ya que se trata de un borrador «sólido, solvente y denso», cuya tramitación supone «la reforma estructural más importante para el país en las próximas décadas».

Por otro lado, Ribera confía en que el Marco Estratégico de Energía y Clima contará en su tramitación legislativa con un «respaldo mayoritario» del Parlamento «esté quien esté» así como de los ciudadanos porque, a pesar de la disolución de las cámaras, «no es un brindis al sol». Así, en el caso particular de España, no encuentra «ningún motivo» por el que se deba retrasar el debate cuando hay propuestas «detalladas, congruentes, solventes» y se priven de ese debate público.

El Marco Estratégico de Energía y Clima se encuentra ahora en consulta pública, hasta el 22 de marzo, de modo que será el próximo Ejecutivo, elegido tras las elecciones del 28 de abril, a quien le corresponderá su tramitación. Fuentes del Gobierno han precisado que la voluntad de Ribera ha sido dejar todo preparado como base para el próximo Gobierno.

«Este es un tema capital para los ciudadanos europeos», ha apostillado la ministra, que define la agenda de cambio climático como «modernizadora, llena de oportunidades y compleja» porque requiere deshacer aquellas cuestiones del modelo de desarrollo que generaban externalidades negativas y que no se quieren mantener. Por eso, explica que «tomarse en serio» esta propuesta no puede ser solamente puntual, sino sectorial, y expone una iniciativa «seria, bien trabajada» y que identifica “las medidas que pueden acompañar a este cambio».

A nivel global, la ministra cree que esta es «probablemente la única agenda» que se ha movido en Europa «sin ningún tipo de marcha atrás» y del mismo modo se está moviendo en las sociedades, los estudiantes y los jóvenes. «Esto no tiene vuelta atrás», ha sentenciado. Asimismo, ha garantizado que el paquete aprobado es un borrador «muy sólido» que incluye más de mil variables contrastadas y que permitirá iniciar una tramitación «muy importante» en España, por lo que ve «fundamental» el debate público después de que haya estado «silenciado».

Ahora la ministra cree que es «capital» que participen todos los actores en el debate y discusión de la redacción definitiva de esta senda que es la más coste-eficiente. Para ello, ha indicado que la debatirá y explicará «con tranquilidad» a todos los diputados, consejeros de comunidades autónomas, con los que ya ha empezado a fijar citas, y que se celebrarán distintos foros para «mejorar y enriquecer» la propuesta que permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones de España pero aprovechar para el país las oportunidades que este proceso tiene.

Escal UGS comunica al Gobierno que el MIT y Harvard no realizaron un informe oficial sobre el almacén gasista Castor

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Europa Press.- Escal UGS presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica un escrito en el que comunican que el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard reconocen que el informe Castor «no es un informe oficial producido o perteneciente al MIT o Harvard».

Según la empresa participada por ACS, dicho escrito «contradice» las conclusiones alcanzadas por todos los grupos de científicos que han emitido estudios al respecto, calificándolo de «erróneo y descuidado» y sus resultados de «inconscientes, contradictorios e incompatibles». Para Escal, el informe Juanes et al, en alusión a los profesores del MIT y de Harvard que habrían realizado el estudio a título personal y no en representación de sus respectivas escuelas, dice que la sismicidad ocurrió en la falla Amposta, lo que contradice las observaciones instrumentales.

Por ello, Escal UGS considera que las conclusiones de este informe «deberían haber sido sometidas a revisión independiente por parte del Ministerio antes de hacerse públicas». «A la vista de los errores, imprecisiones y de las dudas que suscita su contenido, Escal UGS considera preciso someter el mismo a un debate riguroso con participación de expertos que puedan aportar una visión más completa», señala Escal.

En mayo de 2017, el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, señaló que el almacenamiento Castor no se reabriría y que su desmantelamiento se produciría tras la elaboración de «muchos estudios» que permitan descartar “ningún problema». El ministro adelantó algunos datos que se desprenden del informe que supuestamente habría sido encargado al MIT y a Harvard, el mismo que ahora Escal UGS desmiente que fuera oficial. Según explicó Nadal, este estudio relacionaba la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de terremotos.