Nedgia destaca ante Dominique Ristori, director general de Energía de la Unión Europea, el papel del gas natural y renovable

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Europa Press.- La consejera delegada de Nedgia, Nuria Rodríguez, participó en una reunión con el director general de Energía de la Unión Europea, Dominique Ristori, junto a los consejeros delegados de las principales compañías distribuidoras de gas de Europa, Italgas, Distrigaz Sud Retele, Galp Gás Natural Distribuiçao y GRDF, para discutir cómo el gas natural y el gas renovable pueden contribuir a la descarbonización de la economía europea, según indicó la compañía.

Las empresas constituyen la asociación Gas Distributors for Sustainability (GD4S), que trabaja para tener más en cuenta las soluciones técnicas innovadoras que ofrece el gas natural y las infraestructuras de distribución existentes para alcanzar los compromisos europeos para la descarbonización de la economía. Los consejeros delegados de GD4S elogiaron la estrategia de reducción de emisiones a largo plazo de la Unión Europea y recordaron que para garantizar el equilibrio y la resiliencia, la combinación energética futura deberá basarse en un mix que incluya al gas.

Asimismo, pusieron en valor las infraestructuras y las redes de distribución existentes y pidieron a la Comisión Europea que «coloque el gas en el centro de su estrategia, junto con la electricidad, para combinar efectivamente sus beneficios». En relación con la revisión de la directiva sobre el mercado interno del gas que se espera para 2020, los consejeros delegados realizaron algunas peticiones para permitir que los operadores de sistemas de distribución participen en la construcción de una red de infraestructuras más sostenible, descentralizada y digitalizada.

Así, pidieron crear un organismo específico de la Unión Europea que represente a los distribuidores gasistas para garantizar una consideración justa de los sectores del gas y de la electricidad en la construcción del sistema de normas europeas. Además, plantearon la necesidad de establecer unos objetivos de gas renovable a 2030, vinculantes para la Unión Europea e indicativos para los estados miembros, asociados con otros objetivos específicos para el uso en calefacción, refrigeración y transporte, con vistas a acelerar su desarrollo y transformar la red de gas en más sostenible.

Ribera defiende la neutralidad tecnológica, pero advierte que eso no significa «que valga todo» en el camino hacia la descarbonización

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Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defiende que en el proceso de transición energética hacia la descarbonización debe haber neutralidad tecnológica aunque advierte de que eso no debe significar «que valga todo» y que se deba permitir «hacer trampas en el solitario«. Ribera, tras señalar que la transición energética debe hacerse «con honestidad», afirmó que es «fundamental» estar abiertos» a la innovación, por lo que consideró que sí es necesaria la neutralidad tecnológica.

No obstante, aseguró que debe siempre primar el objetivo principal, que es la descarbonización, por lo que hay que tener claro que hay una obligación de llegar a unos resultados en materia de emisiones de CO2 de «cero». Ribera confirmó que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima recoge «las oportunidades de inversión, de empleo y de mejora de la balanza comercial» que representa esta transición energética, integrando los elementos «que nos hagan más fácil la toma de decisiones».

«El objetivo último es facilitar y demostrar que aquello que ponemos sobre la mesa es congruente con el objetivo marcado a 2050», afirmó, añadiendo que el texto, que es «complejo y sólido», suscitará «interés y debate», aunque pidió no caer en «la demagogia, el paternalismo y la política de avestruz». Así, afirmó que no es posible resolver «una ecuación tan compleja» como la de la hoja de ruta hacia la descarbonización «con una hoja Excel» y aseguró que el Gobierno propondrá «la senda más coste-eficiente«.

Ribera indicó que el paquete de energía y clima del Gobierno socialista es la base de una propuesta «congruente» para alcanzar ese objetivo de la descarbonización que es una obligación «aceptada y ratificada por unanimidad por el Parlamento». De todas maneras, la ministra se mostró flexible y subrayó que en esa transición energética «no hay nada escrito en piedra» y añadió que por el camino deberán «aprender todos». Por otra parte, la ministra valoró el papel que deben jugar las energías renovables en esta transición energética y destacó que, muestra de ello, es que las inversiones de este sector en España se han multiplicado por 7 en 2018, hasta alcanzar los 6.600 millones de euros.

El Club Español de la Energía (Enerclub), celebró sus XXIX Premios de la Energía, en los que fueron premiados los periodistas José María Camarero (Colpisa), Carmen Monforte (Cinco Días), Miguel Ángel Patiño (Expansión), Juan Cruz Peña (El Confidencial) , Laura Ojea (El Periódico de la Energía) y Stephen Dunne (ReNews). Además, se reconoció la trayectoria profesional de Maite Costa, expresidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y actual consejera de Red Eléctrica (REE).

Elvira Romera, Pilar Lucio, Francisco Castejón y José María Serena, propuestos como consejeros del CSN con el rechazo del PP

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Europa Press.- El PP se ha desmarcado de los candidatos propuestos por el Gobierno para renovar 4 plazas del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuya negociación se achaca a PSOE, Unidos Podemos y PDeCAT, y ha acusado al presidente Pedro Sánchez de «abusar de su posición» en el poder hasta «el último minuto«. En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de nombramientos de Elvira Romera Gutiérrez, Mª Pilar Lucio Carrasco, Francisco Castejón Magaña y Josep Mª Serena i Sender.

La propuesta responde a la voluntad del Gobierno de reflejar en la composición del pleno del regulador nuclear el actual reparto parlamentario. El Gobierno podrá nombrar a los candidatos mediante un decreto aprobado en el Consejo de Ministros. De acuerdo con el artículo 5 del Estatuto del CSN, el presidente y los consejeros serán designados entre personas «de conocida solvencia en las materias encomendadas al Consejo, como las especialidades de seguridad nuclear, tecnología, protección radiológica y del medio ambiente, medicina, legislación o cualquier otra conexa con las anteriores, así como en energía en general o seguridad industrial, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio».

Según refleja el Gobierno, Elvira Romera es catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Granada. Tiene una amplia trayectoria docente, investigadora y de gestión desarrollada desde 1992. Desde 2014, es directora del Instituto Universitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional. Pertenece, entre otros, al Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, a su Comisión de Investigación y al Consejo Asesor del PAIDI de la Junta de Andalucía.

Por su parte, María Pilar Lucio es diputada y portavoz de Energía del PSOE en el Congreso de los Diputados. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y master en Consultoría Estratégica de las Organizaciones y Estudios de postgrado en Gobierno y Administración Pública por la misma Universidad. Desde 2014 ocupa la Secretaria Federal de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE y se especializó en regulación energética y en la regulación de la seguridad nuclear y de la protección radiactiva.

Por su parte, Francisco Castejón, es propuesto por el grupo de Unidos Podemos. Es doctor en Física por la Universidad Complutense de Madrid. En CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) fue científico titular desde 2004 hasta 2015, año en que pasó a ocupar la posición de investigador titular. Actualmente es director de la Unidad de Teoría de Fusión y líder del proyecto Stellarator Optimization: theory, development and Engineering, dentro de EUROFUSION. Además, es el portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción.

En cuarto lugar, se propone a Josep Mª Serena, doctor Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) y diplomado en Ingeniería y Gestión Ambiental por la Universitat Politècnica de Catalunya. Entre 1993 y 2018 fue presidente y consejero delegado de Auma Consultores en Medio Ambiente y Energía, y anteriormente ostentó diversos cargos en el Área Metropolitana de Barcelona y en la Corporació Metropolitana de Barcelona. Actualmente, preside la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña.

Los nuevos consejeros podrán permanecer en el cargo 6 años y podrán optar, mediante el mismo procedimiento, a un segundo periodo de igual duración. Los cargos de presidente y consejeros no pueden ser ostentados por personas mayores de 70 años. Precisamente, por edad cesó el 2 de febrero Jorge Fabra, quien sustituyó a Cristina Narbona cuando fue elegida presidenta del PSOE, y que desde finales de diciembre estaba en situación de prórroga. En la actualidad el presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, está también en situación de prórroga desde diciembre y otros dos consejeros desde finales de febrero. Se trata de la vicepresidenta, Rosario Velasco, y el consejero Fernando Castelló.

El PP contra el PSOE

Por su parte, el portavoz parlamentario popular en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ha explicado que su formación «no ha participado» en la negociación de estos nombres y que el Gobierno de Sánchez ha preferido apoyarse en Podemos. Como resultado de estos acuerdos, según denuncia, la propuesta aprobada está formada por un grupo «claramente sesgado» y «prejuicioso» en materia de energía nuclear. En concreto, el diputado pone en duda la apuesta de los morados, el miembro de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, un antinuclear declarado. Mariscal ha recordado que en los 6 años que dura el mandato de los miembros del CSN, éstos deberán enfrentarse a la posibilidad de cierre o renovación de la vida activa de varias centrales nucleares.

El portavoz popular cree que esta decisión entra en la «línea habitual del PSOE» de «politizar las tecnologías«. Además, ha criticado que estas propuestas lleguen ante la “inmediata disolución» de las cámaras. «Sánchez está abusando de su posición hasta el último minuto», ha insistido. «Así que los candidatos serían elegidos con un Gobierno en funciones», ha lamentado Mariscal, que alerta de que con esta medida el PSOE ha «garantizado su presencia mayoritaria» en esta institución durante «los próximos 6 años».

El Gobierno destina 60 millones a la movilidad sostenible y da 5.000 euros para comprar un coche eléctrico

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Europa Press.- El Gobierno ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, dos planes, con un importe conjunto de 60 millones de euros, que se destinarán a favorecer la movilidad sostenible, mediante el incentivo a la compra de vehículos alternativos y de infraestructuras y también a apoyar proyectos singulares en ciudades patrimonio de la Humanidad o islas.

La primera línea, denominada Programa de Incentivos de Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves), cuenta con una dotación presupuestaria de 45 millones de euros que irá a parar a ayudas a la compra de vehículos alternativos, así como a la instalación de infraestructuras de recarga de modelos eléctricos. Estos 45 millones de euros también servirán para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y para la puesta en marcha de medidas recogidas en planes de transporte a los centros de trabajo.

Esta partida fue consignada al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, presentados por el PP, y cuyos fondos no se habían activado. Los Presupuestos de 2018, que se encuentran prorrogados, contemplaban que el IDAE gestionaría 50 millones de euros para financiar ayudas orientadas a financiar las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, así como 16,6 millones de euros adicionales para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible gestionadas por el Ministerio de Industria,, que tampoco han sido aplicados.

Al mismo tiempo, se aprobó una línea adicional, con un importe de 15 millones de euros, que se orientará a proyectos singulares de movilidad sostenible en ciudades Patrimonio de la Humanidad, así como en municipios con un alto índice de contaminación o ubicados en islas o a iniciativas de innovación en electromovilidad. Esta línea con 15 millones de euros proviene de una partida finalista, de 10 millones de euros asignada al IDAE en los Presupuestos de 2017 y que no fue ejecutada en su momento, y una segunda dotación de 5 millones de euros prevista en los Presupuestos de 2018.

A través del plan de ayudas aprobado por el Gobierno se subvencionará con 5.000 euros la adquisición de turismos eléctricos, mientras que los importes de los incentivos oscilarán entre los 700 y los 15.000 euros en función del tipo de vehículo y de sistema de propulsión. Además, se exige a las marcas automovilísticas o a los puntos de venta que realicen un descuento mínimo adicional de 1.000 euros a los clientes, excepto para las compras de cuadriciclos y motocicletas, mientras que las ayudas a los vehículos de gas se reservan para camiones y furgones, «dado que las alternativas eléctricas no cuentan con el suficiente desarrollo».

Por otro lado, la puesta en marcha de puntos de recarga para vehículos y bicicletas eléctricas contarán con ayudas de entre un 30% o un 40% subvencionable, dependiendo del beneficiario, con un límite máximo de 100.000 euros. Además, la implantación de los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas puede suponer entre el 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo puede contar con hasta un 10%. Estas subvenciones podrán cofinanciarse con fondos Feder, pero no son compatibles con otras subvenciones que tengan la misma finalidad.

Naturgy inaugura en Plasencia el primer parque eólico de Extremadura, que ahorrará 120.000 toneladas de emisiones

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Europa Press.- La localidad cacereña de Plasencia ha inaugurado el primer parque eólico de Extremadura, que contribuirá a reducir en torno a 120.000 toneladas al año de emisiones efecto invernadero. Se trata del parque eólico El Merengue, que está compuesto por 15 aerogeneradores, y en el que Naturgy ha invertido 40 millones de euros y ha creado 250 empleos durante su construcción. Una vez que ha echado a andar, la planta producirá 155 GWh al año, lo que equivale al consumo eléctrico anual de 44.000 viviendas.

El director general de Gas y Electricidad de Naturgy, Manuel Fernández, ha destacado que esta infraestructura «permitirá desplazar el uso de otras fuentes de generación eléctrica convencional», contribuyendo a reducir en torno a 120.000 toneladas al año las emisiones contaminantes y de efecto invernadero, y en 3 millones de toneladas las emisiones de CO2 durante toda su vida útil. Un proyecto que, según Manuel Fernández, demuestra el «compromiso» de la compañía por Extremadura, así como su «fuerte apuesta» por el incremento en generación renovable, contemplado en el Plan Estratégico 2018-2022″.

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que la región extremeña será la «punta de lanza» de las energías renovables en España durante el siglo XXI, ya que según ha indicado, en la región hay prevista en los próximos 5 años la instalación de 5.000 MW de renovables, que supondrá una inversión privada que rondará los 4.000 millones de euros. «Una inversión que contribuirá no solo a generar empleo y riqueza, sino a subir el Producto Interior Bruto en nuestra región, que convergerá de manera más rápida con el del resto de España», aseveró el presidente extremeño.

Todo ello posibilitará que «Extremadura sea una parte importante de las decisiones que se tomen para el mantenimiento del planeta», ha señalado Vara, quien ha reafirmado que la comunidad «va a aportar las energías renovables para el cumplimiento del Reino de España con la Unión Europea y con los compromisos internacionales en esta materia». Por ello, ha insistido en que las administraciones tienen la «obligación de facilitar la inversión honesta» de tantos empresarios que quieren invertir en la región y contribuir al desarrollo del presente y, sobre todo, del futuro.

Reducir los plazos y trámites

En este punto, ha recordado que desde el inicio de la legislatura el Gobierno que preside ha puesto en marcha procedimientos legislativos y organizativos diferentes para dar el salto hacia el impulso futuro de Extremadura que, según ha indicado, «tiene que venir de la mano de lo que es el futuro del mundo que son las energías renovables.» Así, Fernández Vara ha abogado por que las instituciones autonómicas sean capaces de ganar la batalla del tiempo en la obtención de los permisos para la instalación de empresas con el objetivo de que Extremadura «sea el lugar de España donde más fácil sea instalar una empresa».

Para ello ha animado a las administraciones públicas a «trabajar de manera conjunta y consensuada», por encima de intereses partidarios, para facilitar el trabajo y el desarrollo de cada una de las empresas que quieran venir a invertir a Extremadura. Guillermo Fernández Vara concluyó asegurando que es «un día histórico» para Extremadura y para Plasencia, y que será recordado como el día que se puso en marcha el primer parque eólico «que sirvió de punta de lanza para el futuro».

Por su parte, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha explicado que la tramitación del parque eólico «ha sido un trabajo de mucho tiempo que ha exigido una gran coordinación entre la Junta y el Ayuntamiento» de la localidad ya que, al ser el primer parque extremeño, los procesos eran nuevos para las dos administraciones«. Pizarro ha aseverado que «es un día de agradecimientos y de esperanza de continuar trabajando juntos por las energías renovables».

El parque eólico Merengue tiene una potencia de 40 megavatios (MW), según Naturgy. El parque eólico cuenta con un total de 15 aerogeneradores, todos ellos de Siemens Gamesa del modelo SG 2.6-126, con una potencia unitaria de 2,625 MW y un diámetro de rotor de 126 metros. Además del parque eólico Merengue, la compañía está desarrollando en la actualidad otros proyectos en Extremadura, como la planta fotovoltaica Las Jaras, ubicada entre La Albuera y Badajoz con una potencia de 50 MW, o la planta fotovoltaica Miraflores, en el término municipal de Castuera, que tendrá una potencia instalada de 20 MW.

El Gobierno aprueba la DIA del proyecto de investigación de hidrocarburos que conllevará pruebas sísmicas en Murcia

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable al proyecto Leo, que prevé prospecciones sísmicas 2D en el marco del permiso para investigar hidrocarburos en Murcia. La DIA concluye que no se esperan efectos adversos «significativos» para el medio ambiente relacionados con practicar pruebas sísmicas en Murcia, una zona con actividad sísmica donde en 2011 tuvo lugar un terremoto de magnitud 5,1 en Lorca que provocó la muerte a 9 personas y dejó cuantiosos daños materiales.

La Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental considera que no es necesario someter el proyecto a evaluación ambiental ordinaria porque no se esperan efectos adversos significativos si se cumplen ciertas condiciones. Cerca del lugar donde se realizarán las pruebas sísmicas, a 500 metros, se sitúan la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán; la ZEC Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla y la ZEPA Sierra de la Pila.

La DIA contempla medidas preventivas y correctoras para minimizar los impactos como la retirada de residuos que puedan quedar en el medio natural tras los trabajos, camiones vibradores y retirada de geófonos. También se contempla la restauración de los suelos que hayan sido compactados por el tránsito de los vibrocamiones y por la presión de la placa vibradora que portan para generar las ondas sísmicas.

En cuanto a los acuíferos, no se prevén potenciales afecciones porque no se emite ninguna sustancia química y para paliar la posible afección de hábitats de interés se colocarán puntos de emisión de las ondas sísmicas y se pondrán geófonos en las zonas sin representaciones importantes de los hábitats o, en su caso, en las zonas más degradadas, y siempre se evitarán los hábitats prioritarios.

De cara a la avifauna, la Subdirección General del Medio Natural no prevé que puedan producirse impactos de «entidad importante» siempre que las actividades no se acometan en épocas críticas y señala que el promotor del proyecto se compromete a realizar los trabajos entre septiembre y enero, una época que no supondrá un «incremento apreciable de presión sobre la fauna«. El proyecto Leo abarca poco más de 30.000 hectáreas en Cieza, Calasparra y Jumilla, en Murcia y en Hellín (Albacete).

En esta zona se acometerá sísmica de reflexión 2D, que consiste en generar vibraciones en el subsuelo a intervalos regulares y a lo largo de una línea más o menos recta mediante el empleo de uno o dos camiones. Las ondas sísmicas generadas son captadas por geófonos que se entierran superficialmente y que trasmiten los datos a un registrador instalado en otro vehículo. Los vibrocamiones realizarán registros durante 2 o 3 semanas de entre 1 y 5 minutos de duración.

Por su parte, Ecologistas en Acción presentó alegaciones al proyecto que, a su juicio, debería evaluarse de forma conjunta la suma de impacto de las actividades previstas en el Proyecto Leo junto a los proyectos Aries II, Escorpio y Acuario, en vez de manera fragmentada, ya que estos 4 proyectos están próximos a varios espacios de la Red Natura 2000.

La ONG advierte de que los sondeos exploratorios que se realizarían después de la campaña sísmica requieren perforaciones del terreno y denuncia que esto podría afectar a las aguas subterráneas y superficiales. Es más, añade que es de especial relevancia que el proyecto Leo se asienta sobre un acuífero, el sinclinal de Calasparra, conectado con el río Segura, de modo que alerta de que existe un riesgo de contaminación de las aguas de este cauce.

Asimismo, insiste en que la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking supondría «graves riesgos» para el medio ambiente, la salud y la economía de las poblaciones de la cuenca del Segura. Asimismo, recuerda el potencial riesgo sísmico que conlleva la técnica de la fracturación hidráulica «especialmente en un territorio donde la actividad símica es frecuente de por sí», con terremotos de magnitudes comprendidas entre 3,5 y 5,2. Por ello, pide la denegación «rotunda» del permiso del proyecto Leo así como del resto de proyectos de fracking en la comarca.

La CNMC prepara una batería de nuevas regulaciones para el sector energético para que entren en vigor en 2020

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prepara una batería de nuevas regulaciones para el sector energético, con el objetivo de que entren en vigor a partir del 2020. En concreto, la CNMC prevé aprobar un total de 13 circulares, que tienen rango de vinculantes, que afectarán a la regulación del sector eléctrico y gasista. La intención del organismo es someter al trámite de audiencia pública esta batería de circulares antes del verano.

En el sector eléctrico, las circulares que prevé sacar adelante el regulador se refieren a cómo se establecen las metodologías de retribución del operador del sistema eléctrico, así como a los cálculos de los peajes y retribución del transporte y distribución de electricidad. También se incluyen la metodología relativa al funcionamiento del mercado mayorista de producción de energía eléctrica y la que establece las condiciones del acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones eléctricas.

En lo que respecta al sector gasista, se abordará una circular por la que se establece la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de gas y regasificación, transporte y distribución de gas natural y otra por la que se establece la metodología de retribución del gestor técnico del sistema gasista.

Además, también figura una circular por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de regasificación, transporte y distribución de gas natural, así como otras para las retribuciones de las actividades reguladas de transporte y de regasificación de gas; de la actividad regulada de distribución de gas natural; o las normas de balance de gas natural y los mecanismos de acceso y asignación de capacidad a aplicar en el sistema gasista.

Con la convalidación por el Congreso de los Diputados del real decreto de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC a las exigencias del derecho comunitario, el regulador consigue nuevas competencias en el ámbito económico, en materia de acceso y conexión, supervisión de los mercados organizados y de planes de inversión, inspección y sanciones. En concreto, le corresponderá a la CNMC aprobar la metodología de peajes, los valores de los peajes, los parámetros retributivos del transporte y la distribución, salvo los almacenamientos subterráneos de gas natural, y la remuneración anual de estas actividades.

Asimismo, se le atribuye la competencia para aprobar la retribución, y su correspondiente metodología, del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista. Con carácter transitorio, la aprobación de los peajes se realizará por la CNMC una vez que se aprueben sus metodologías, que no serán de aplicación antes del 1 de enero de 2020. En el caso de las metodologías de retribución serán aplicables una vez finalice el primer periodo regulatorio previsto respectivamente para gas y electricidad, mientras que la fijación de la retribución la realizará a partir del próximo enero.

Bruselas aplicará sus reglas energéticas también a los gasoductos procedentes de terceros países como el ruso Nord Stream

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Europa Press.- Las normas energéticas de la Unión Europea se aplicarán también a todos aquellos gasoductos que procedan o salgan hacia terceros países, como el polémico Nord Stream 2, según el acuerdo alcanzado por las instituciones comunitarias, que recoge también los criterios para poder aplicar excepciones a dichas reglas.

Los gobiernos europeos acababan de fijar su posición negociadora. «El acuerdo cierra la brecha en el marco legislativo de la Unión Europea en el sector de la energía y asegurará que la Unión Energética se aplica de forma coherente«, expresó el ministro de Energía de Rumanía, Anton Anton, que este semestre ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea.

La revisión de la directiva europea de gas establecerá, una vez aprobada formalmente, que la Comisión Europea tendrá la competencia de autorizar la apertura de negociaciones entre un Estado miembro y un tercer país, salvo que considere que el futuro acuerdo entre ambas partes puede contravenir las normas energéticas europeas o poner en riesgo el suministro. Bruselas ha señalado además que la futura directiva recoge el enfoque pactado entre Francia y Alemania y que da la competencia de supervisar la aplicación de las normas europeas al país comunitario en el que tiene lugar la primera conexión de un determinado gaseoducto.

Alemania seguirá negociando con Rusia

Estas dos cuestiones significan, por ejemplo, que Alemania seguirá negociando con Rusia los detalles del polémico gaseoducto Nord Stream 2, así como que Berlín se encargará de garantizar que esta conexión gasística con Moscú cumple con las reglas energéticas europeas. Además, también se aplicará a gaseoductos procedentes de terceros países la norma europea que establece que la infraestructura debe ser propiedad de una persona física o jurídica distinta de los gestores de redes, aunque se recogen una serie de derogaciones para los gaseoductos que ya existen y excepciones para los futuros. Sin embargo, la Comisión Europea tendrá la competencia de tomar una decisión sobre si conceder o no dicha excepción.

Bruselas ha subrayado que la revisión de la directiva de gas aumentará la competencia entre proveedores de gas e incrementará la seguridad energética en toda la Unión Europea. Asimismo, remarca que garantizará que todos los gasoductos importantes hacia y desde terceros países son operados «de forma eficiente» y «bajo un régimen de supervisión transparente» que «reducirá los conflictos de interés».

El Gobierno garantiza que el borrador del estatuto de la industria electrointensiva estará listo en la primera quincena de marzo

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Europa Press.- La Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha trasladado al comité de empresa de la planta de Alcoa en Avilés que el Gobierno central presentará el borrador del estatuto de la industria electrointensiva en la primera quincena de marzo.

Losa trasladó la «firmeza absoluta» del Ministerio de Industria para el mantenimiento de Alcoa. También explicó que el Gobierno ha garantizado que continúa adelante el proceso de elaboración del Estatuto del Consumidor Electrointensivo. «Todas las medidas que dependan exclusivamente del Ministerio serán aprobadas por decreto lo antes posible para que ninguna circunstancia política pueda alterar el proceso», avanzó. «Un porcentaje muy grande de las materias que recoge el Estatuto se aprueban por decreto, y el Gobierno tiene la firme decisión de terminar su mandato avanzando el mayor número posible para que sea útil y no se revierta ese mantenimiento de la industria aluminera», añadió Losa.

Adelante aún con las elecciones

Precisamente los miembros del comité de la planta avilesina quisieron aprovechar la reunión para despejar dudas acerca de las consecuencias del adelanto electoral. Salieron satisfechos y agradecieron a Losa que se hubiese puesto en contacto con el Gobierno sobre la marcha. «Nos ha dejado claro que el borrador estará encima de la mesa a mediados de marzo y que la ejecución del mismo se realizará», ha afirmado el presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz (CC.OO.).

El Congreso convalida el real decreto del Gobierno que devuelve a la CNMC con total independencia las competencias en Energía

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Europa Press.- El Congreso de los Diputados ha aprobado la convalidación del real decreto ley que el Gobierno aprobó en enero para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa europea, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes.

La Cámara Baja ha convalidado así el decreto ley de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC a las exigencias de derecho comunitario sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que este decreto «pone fin a un periodo marcado en este ámbito por la litigiosidad de incertidumbre jurídica y la mala relación entre instituciones», en alusión al cambio de criterio, aprobado por el PP en 2014, por el cual arrebataba a Competencia la fijación de los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifas eléctrica y de gas.

Por ello, la Comisión Europea llevaba desde el año 2016 amenazando con interponer una sanción al Reino de España por no trasponer correctamente las directivas europeas en el ámbito de la regulación energética. De esta forma, Ribera, quien se comprometió a devolver estas competencias a la CNMC nada más ser nombrada ministra, ha señalado que el Gobierno «ha cumplido con su obligación y con el compromiso adquirido ante la Comisión«. Momentos previos a la votación, la ministra dio un ultimátum a la Cámara para que se convalide finalmente un decreto que pondría fin «al incumplimiento arrastrado durante años» o, por el contrario, «daría por buena la que sería una inevitable sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Esta convalidación confirma las funciones que, con arreglo al derecho comunitario, corresponden al regulador, como la aprobación de la estructura, metodología y valores concretos de los peajes de acceso de gas natural, electricidad y GNL, la retribución del operador, las reglas de funcionamiento en mercados regulados o el control de los planes de inversión, pudiendo Competencia hacer recomendaciones. En ese sentido, Ribera ha destacado que esta nueva norma «facilita la estabilidad y la confianza de los inversores y los consumidores».

Por el contrario, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha manifestado que esta medida «reduce la competencia y por tanto la competitividad de la economía española y perjudica gravemente al crecimiento industrial«. Mariscal ha atribuido los recientes anuncios de cierre en España por parte de varias multinacionales de la Industria, como los de Alcoa, Vestas o Cemex, a la «incertidumbre continua» que el Gobierno estaría ejerciendo sobre los precios de la energía en el país.

En concreto, ha aludido al recorte del 78% de las ayudas a la industria electrointensiva incluido en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estados (PGE), que finalmente fue tumbado por la mayoría del Congreso. El diputado del PP también ha arremetido contra el Ejecutivo de Sánchez por haber mantenido «reuniones secretas» con las compañías eléctricas con el fin de alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 44 o 48 años, desde los 40 años que defendía el PSOE con anterioridad. «Se dieron cuenta que era imposible cumplir con los objetivos si eso ocurría», ha afirmado Mariscal.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha criticado que este decreto «se ha hecho evitando la consulta pública y sin haber hablado nada con nadie», añadiendo que «no es excesivamente ambicioso«. Por último, la diputada del grupo Unidos Podemos, Rosa Martínez, ha incidido en la importancia de que estas competencias vuelvan a la CNMC, debido a que ayudará a la transparencia del sistema, aunque ha urgido a buscar un procedimiento de nombramientos que ahonde en esta transparencia e independencia y ha señalado que sigue faltando atribuirle también la gestión del espacio radioeléctrico.