Ribera confía en que el regreso del impuesto a la generación eléctrica no tenga «efecto real» en el recibo

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confiado en que el fin de la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica no tenga «un efecto real» en el recibo de la luz de los consumidores domésticos.

En este sentido, Ribera señaló que habrá que esperar que «los señores que generan electricidad lo hagan de manera eficiente» y que haya sol y viento ya que la hidraulicidad «no apunta bien», para que el impacto en la subida de precios del mercado mayorista «se comporte razonablemente y no haya un efecto real en la economía doméstica». «Pero todo esto está por ver», añadió.

El pasado mes de octubre, entre las medidas de choque ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley que incorporaba la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Gobierno del PP, así como la introducción de una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos al gas para desactivar el mal llamado denominado céntimo verde. Entonces, el Ejecutivo estimó que la adopción de estas medidas para contener la subida en el precio de la luz tendrían un impacto en el recibo de alrededor del 4%.

La ministra explicó que cuando llegó al Gobierno existían medidas «puntuales» para facilitar el acceso al bono social, pero subrayó que no existía «un análisis concreto» respecto a la pobreza energética. «Hay un espacio importante en el que hemos trabajado los últimos meses, en el que se pretende hacer un diagnóstico y una propuesta de introducir un enfoque profesional a medio y largo plazo«, matizó.

La ministra subrayó que el Gobierno ha hecho «todo lo posible» para que no haya una subida de la luz pero defendió que, en plena campaña electoral, no se puede abordar una reforma fiscal «de este calado, y no parece que sea convincente ampliar una suspensión del impuesto«. Así, aseguró que ampliar la prórroga aprobada de 6 meses de la suspensión de este impuesto requería un decreto-ley y una partida presupuestaria y podría considerarse «una medida electoralista». «¿Qué dirían si por decreto se prorrogara una ampliación de la suspensión más allá de lo acordado en su momento, con una aportación presupuestaria muy notable? Los titulares serían: El Gobierno electoralista«, afirmó.

Ribera indicó que su objetivo hubiera sido haber podido abordar una reforma fiscal de la energía, ya que «forma parte de la convicción y el programa» del Gobierno, al ser algo «determinante». La ministra para la Transición Ecológica, que mostró su deseo de poder repetir en el cargo en el caso de volver a formar Gobierno Pedro Sánchez tras las elecciones del próximo 28 de abril, señaló que se han quedado por desarrollar «3 o 4 reformas de gran calado», entre las que figura, además de la fiscal, la revisión del mercado eléctrico en general.

Ribera calcula que el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos que elabora la empresa estatal Enresa estará listo en junio

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calcula que el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos «estará listo» el próximo junio. En este sentido, la ministra ha indicado que le pidió al presidente de ENRESA (la empresa estatal de residuos), José Luis Navarro, que presentara un borrador de proyecto «serio, solvente» y con todas las «variables» que exige el contexto comunitario. «Calculo que en junio eso estará listo», concretó.

Respecto a la gestión futura de los residuos nucleares asociados a la actividad de las centrales nucleares, la ministra considera necesario ser «responsable» y gestionar «de forma segura» los residuos en las condiciones que permitan «tener la tranquilidad» de que no va a haber «ningún problema», primero de forma temporal y después de manera definitiva. En cuanto al plazo pactado con los titulares de las centrales nucleares para atrasar el cierre hasta 2030 a 2035 en vez de al plazo previsto en el programa electoral socialista, que fijaba el cierre a no más tardar en 2028, la ministra reivindicó el cierre «ordenado» planificado que supone un «ligero desplazamiento hacia arriba» de la fecha de cierre.

De un día para otro

A ese respecto ha defendido que, en una «combinación de prioridades» de posicionamiento desde lo laboral a lo emocional, se cruzaban «muchas variables» y lo que ha pretendido su Ministerio ha sido «clarificar» y dar a conocer las previsiones en el «tiempo que está por venir» para asegurar el desmantelamiento nuclear con seguridad financiera y con seguridad de mantenimiento. Ribera ha recalcado que no aboga por nada en particular pero sí por «entender y anticipar» de forma transparente el tiempo que está por venir en un contexto de programa socialista que se plantea ir abandonando la energía nuclear en pro de la renovable, pero admite que «las cosas no ocurren de un día para otro«.

En cuanto al nuevo horizonte del final nuclear, de casi una década, asegura que se trata del «reconocimiento» de las propias «mochilas» del mix eléctrico español, que cuenta con centrales térmicas de carbón, «mucho» ciclo combinado, termosolares que «lo han pasado muy mal», plantas fotovoltaicas. Por ello, insistió en que con «tantas cosas» es preciso «ir ordenando la salida» y la transición con «mucho cuidado» para los titulares de las plantas, como para la red eléctrica, con los reguladores del funcionamiento del mercado y de manera «compatible» con ese estado social, democrático y de derecho.

Huelga climática de los jóvenes

Por otro lado, Ribera animó a los jóvenes españoles a sumarse y participar en la huelga climática convocada en casi un centenar de ciudades por la adolescente sueca Greta Thunberg, porque en las movilizaciones «se aprende mucho» tomando «parte activa» en los debates actuales. En este sentido, la ministra destacó que una parte de la educación y la formación tiene que ver «no con oír lecciones magistrales» sino con la reflexión en la calle, tomando «parte activa» de los debates actuales como el cambio climático.

Así, ha calificado de acción «educativa» que los chicos con capacidad de pensamiento propio se manifiesten y considera que el movimiento juvenil y estudiantil por el clima tiene una «gran trascendencia» que se hace «cada vez más presente en las calles» de Europa y España. “Los responsables políticos, empresariales e institucionales recibimos una vez más una lección en voz alta, de aquellos que están reclamando, de qué es lo que deberíamos hacer en término de cambio de nuestras agendas, cómo reordenar prioridades, cómo entender por qué importa esa agenda que no acepta más retrasos«, recalcó.

La ministra ha recalcado que se trata de la manera actual de consumir y vivir, el modo de relacionarse, la manera de repartir hipotecas y oportunidades. «Creo que es por tanto un debate de fondo que explica por qué los jóvenes salen a la calle a pedirnos cordura, inteligencia, habilidad, conciencia, acción y ética», ha enfatizado para añadir que sus reclamaciones coinciden con algunos de los ejes más importantes del Gobierno en estos 8 meses.

En definitiva, ha calificado de «esperanzador» y de «sobrecogedor» el movimiento juvenil que ha inspirado la joven sueca y le parecía «sorprendente» que un asunto como el cambio climático que «transforma tan profundamente» los elementos que se conocen como sociedad no hubieran alcanzado el «nivel de rebelión» y que los jóvenes no hubieran reaccionado «con acritud». Asimismo, ha recordado que Greta Thunberg asegura a sus mayores que son tan cobardes que no son capaces de decir a los jóvenes la dimensión real del problema que dejan. En este contexto, califica a la sociedad de «contradictorio» porque ve «sencillo» acogerse al titular de que es necesario actuar contra el cambio climático, pero cuando se entra en detalle todo es más complejo.

Bruselas adopta las nuevas etiquetas de eficiencia energética de electrodomésticos, que vuelven al sistema A-G y estarán operativas en 2021

Europa Press.- La Comisión Europea ratificó las nuevas etiquetas de eficiencia energética para electrodomésticos, que serán visibles en las tiendas físicas y digitales a partir del 1 de marzo de 2021 y que introducen una escala única (de la A a la G) que reemplaza la actual clasificación para los productos más eficientes (A+, A++ y A+++).

La reforma, pactada en 2017 por las instituciones europeas, tiene el objetivo de conseguir que los consumidores europeos tengan una información más clara y comprensible, de forma que facilite la toma de decisiones al adquirir los aparatos. En concreto, las nuevas etiquetas energéticas europeas se utilizarán para electrodomésticos como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, lámparas y productos electrónicos como monitores de televisión, pero también a las máquinas de venta directa que refrigeran, por ejemplo, productos alimenticios. Bruselas ha destacado que la introducción de las primeras etiquetas energéticas de la Unión Europea ha impulsado el desarrollo de productos cada vez más eficientes, pero también ha resultado en un sistema de etiquetado» demasiado complejo».

El nuevo sistema elimina las escalas intermedias en la parte superior de la clasificación (A+, A++, A+++) y recupera un sistema más simple que irá desde la letra A hasta la G. La Comisión Europea considera que esta simplificación facilitará la comprensión por parte de los consumidores. Según Bruselas, el 85% de los ciudadanos se fija en las etiquetas de eficiencia energética para comprar electrodomésticos, pero las categorías actuales del etiquetado resultan «confusas» y ocultan las diferencias reales en eficiencia. Además, estima que entre el 10% y el 25% de los productos no cumplen con los requisitos de etiquetado y eficiencia energética. En parte se debe al «escaso» control por parte de las autoridades nacionales.

Podemos promete un plan para reducir en un 50% la factura eléctrica y el 90% de las emisiones en 2040

Europa Press.- Podemos ha anunciado un Plan Horizonte Verde, que forma parte de su programa electoral para las elecciones del 28 de abril, y con el que pretenden reducir la factura de la luz al 50%, una media de 400 euros por hogar, y disminuir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2040.

En este sentido, los portavoces de la formación morada, Noelia Vera y Pablo Echenique, han señalado que este Plan se basa en la proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el grupo parlamentario de Unidos Podemos presentó en el Congreso en julio de 2018. Su propuesta, según han indicado, tiene como objetivo fundamental «una transformación masiva» del sistema productivo. Echenique ha indicado, en este sentido, que quieren «reducir la producción eléctrica basada en combustibles fósiles a la mitad en una década y alcanzar el 100% de producción de energías renovables en 2040». Además, esta iniciativa incluye también un plan de rehabilitación de edificios para la eficiencia energética.

Inversión del 2,5% del PIB

Otro de los objetivos es reducir las emisiones en un 50% en 2030 y lograr llegar al 90% en 2040, respecto a las emisiones actuales. «Un ritmo que está incluso por encima de lo que en este momento está pidiendo el IPCC para estabilizar la temperatura del planeta, lo cual situaría a España en el lugar que se merece a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y las tecnologías renovables», expone Echenique.

Para la puesta en marcha de estas medidas, explica la formación, se requerirá de una «movilización sin precedentes» de todas las energías productivas e intelectuales del país mediante una inversión público-privada anual en el entorno del 2,5% del PIB español. Según reivindicó Echenique, «este nuevo modelo creará cientos de empleos de calidad, aumentará innovación, recuperará el talento migrado e iniciará una senda para competir por arriba en industria de valor añadido para competir con países como Alemania o Japón y no competir en precariedad laboral».

Ribera admite que prolongar la vida de las centrales nucleares es necesario para garantizar la seguridad de suministro eléctrico

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha descartado prorrogar la suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica en esta legislatura y ha admitido que la ampliación del calendario para el cierre de las centrales nucleares suma a la hora de garantizar la seguridad del suministro pues supone tener «un horizonte que se conoce de antemano» y saber «cuáles son las impresiones, prioridades y organización de las cosas, la estabilidad de la red y la estabilidad financiera del sistema».

Así lo ha puesto de manifiesto tras la presentación del informe Legislando para una transición baja en carbono y resiliente al clima: aprendiendo de las experiencias internacionales, elaborado con la colaboración del Real Instituto Elcano y Acciona, que ha tenido lugar en la Fundación Botín, en Madrid. Según ha indicado la ministra, está «muy satisfecha» con el calendario nuevo de cierre de las centrales, que el Gobierno ha acordado con sus titulares para un periodo entre 2030 y 2035, en lugar de entre 2024 y 2028, fecha que tenía previsto el PSOE en su programa.

«Hemos hecho cosas que son muy significativas de cara a plantear esa reforma de algo tan importante como es nuestra estructura energética, eso incluye el protagonismo devuelto y, a veces, todavía sin culminar de las energías renovables, la recuperación de la confianza de los inversores y sociedad, pensando que hay un horizonte que se conoce de antemano, cuáles son las impresiones, prioridades y organización de las cosas, la estabilidad de la red, la estabilidad financiera del sistema, y la búsqueda de un calendario anticipado de aquello que sabemos que está llamado a desaparecer», ha relatado.

Así, ha puesto de ejemplo la minería del carbón, las centrales térmicas y las centrales nucleares. «Otro asunto que resultaba clave es que, a la seguridad de suministro, hay que sumar la seguridad nuclear y, dentro de la seguridad nuclear, la seguridad financiera de la seguridad nuclear«, sostiene. En este sentido, explica que las empresas titulares de las centrales tenían que tomar la decisión de si seguir operando esas centrales o «facilitar un cierre ordenado». Sobre esto último, Ribera asegura que es «bueno» poder trabajar con «suficiente anticipación», con un calendario de cierre previsible en el que se tenga en cuenta la incidencia que puede tener en el sistema eléctrico.

Para Ribera, las empresas titulares de las centrales han sido «responsables» a la hora de llegar a un acuerdo con el Gobierno para establecer ese escenario futuro de cierre, pues el debate no era «fácil», al haber «diferentes preferencias y prioridades» según la empresa y según el territorio. Por último, aseguró que será la siguiente legislatura la que tenga que resolver cuestiones «críticas» como la reforma fiscal de la energía, la reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y la integración de esa nueva perspectiva en un sistema energético más digitalizado.

Impuesto a la generación eléctrica

Por otro lado, la ministra ha descartado prorrogar la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación de energía eléctrica a partir de abril, ya que el actual Gobierno «no tiene capacidad de maniobra en lo que queda de legislatura» para ello. El pasado octubre, entre las medidas de choque ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley que incorporaba la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica.

Entonces, el Gobierno estimó que la adopción de estas medidas para contener la subida en el precio de la luz tendrían un impacto en el recibo de alrededor del 4%. La ministra considera que esta medida forma parte de «esa cesta» de la actualización de la fiscalidad del sistema energético, que consideró que es una de las «cuestiones críticas» que quedan como tareas por realizar para una posible siguiente legislatura.

Ribera ha indicado que el Gobierno está trabajando en esta reforma fiscal, aunque señaló que «es muy complejo, ya que hay una fiscalidad cruzada, que no manda señales claras y que requiere una revisión en profundidad de qué es lo que se pretende, qué es lo que se puede hacer y cómo se acompasa en el tiempo». Junto a esta reforma fiscal, cree que será necesario abordar en el futuro una reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y la integración de esa nueva perspectiva de un sistema energético mucho más digitalizado, «en el que el almacenamiento va a ser crítico».

La Comisión Europea autoriza a España a destinar 200 millones de euros en ayudas a las empresas electrointensivas hasta 2020

Europa Press.- La Comisión Europea autorizó el esquema de ayudas de España a las empresas con un consumo intensivo de electricidad, que contará con un presupuesto de 200 millones de euros hasta 2020, al concluir que cumple con las normas europeas en materia de ayudas de Estado.

Este esquema, aprobado originalmente por la Unión Europea en 2013, está dirigido a compañías que se enfrentan a costes «significativos» relacionados con el consumo eléctrico y que cuentan con una exposición «particular» a la competencia internacional. La compensación tiene forma de reembolso parcial de los costes de electricidad bajo el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas).

«El incremento del presupuesto está justificado por los mayores precios de la electricidad resultantes de los costes indirectos de emisión bajo el sistema europeo de comercio de emisiones», argumenta Bruselas, que ha evaluado la adecuación del plan a las normas europeas sobre ayudas de Estado, en particular con las directrices sobre ayudas relativas a la energía y la protección medioambiental. Los servicios comunitarios de Competencia han concluido que dicho esquema cumple con las reglas comunitarias.

La Comisión Europea lleva a España al TUE por no aplicar las normas sobre contadores de calefacción y agua caliente

Europa Press.- La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por no aplicar correctamente todos los requisitos establecidos en la directiva sobre eficiencia energética, en concreto en relación con los contadores individuales de consumo en edificios de apartamentos.

Se trata del último paso de un procedimiento de infracción que la Comisión abrió en octubre de 2017 con una carta de emplazamiento advirtiendo de la posibilidad de acudir a la Justicia europea. La normativa europea exige la instalación de contadores individuales de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en todos los edificios de apartamentos y edificios polivalentes cuyos ocupantes reciban estos servicios de una instalación colectiva, como una caldera común. Además, establece que este requisito es aplicable, siempre que sea técnicamente viable y rentable, a todos los edificios existentes.

La Comisión Europea ha denunciado a España porque la transposición de la directiva a la legislación nacional sólo impone este requisito a los edificios nuevos, es decir, aquellos construidos después de 2007. Pero, además, la directiva establece que deben utilizarse calorímetros instalados en cada radiador en aquellos edificios en los que no se pueden instalar los contadores de consumo. «Este requisito tampoco ha sido correctamente transpuesto por España», recrimina Bruselas, que ha recordado que las normas europeas debían incorporarse al marco legislativo nacional como muy tarde en junio de 2014.

Los requisitos de medición y facturación de la calefacción, la refrigeración y el agua caliente incluidos en la directiva sobre eficiencia energética de 2012 tienen el objetivo ofrecer a los consumidores incentivos para regular eficazmente su consumo de energía y la posibilidad de reducir su factura energética. En general, esta normativa establece un conjunto de medidas vinculantes para ayudar al bloque comunitario a alcanzar su objetivo de eficiencia energética del 20% para 2020. Bruselas ha aprobado ya su meta para 2030, del 32,5%, aunque se trata de un porcentaje indicativo.

El director general de la empresa especializada en medición, reparto y ahorro de consumos de calefacción Ista, Ignacio Abati, ha explicado que ya existe un borrador de real decreto que todavía está pendiente de ser enviado al Consejo de Ministros, el cual espera que sea aprobado en las próximas semanas, antes de las próximas elecciones del 28-A. En el caso de que finalmente el Gobierno no lo lleve adelante, España se enfrentaría a una sanción.

Además, según destaca Abati, la trasposición de esta directiva conllevaría un ahorro de más de 200 euros al año para más de un millón de familias españolas, unido a la reducción de una tonelada métrica de dióxido de carbono (CO2) en emisiones y la creación de 3.000 nuevos empleos. En Europa ya hay más de 30 millones de viviendas dotadas de este tipo de sistemas de medición individual, lo que supone un total de 150 millones de dispositivos instalados, mientras que en España solo 150.000 viviendas cuentan con esta tecnología.

La CNMC pide ampliar a 8 años el proceso de sustitución de los contadores de gas que tienen 20 años

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha respaldado la propuesta presentada por el Gobierno que regula el control metrológico del Estado de instrumentos de medida como contadores de gas y electricidad, así como su vida útil, pero recomienda una serie de mejoras, como ampliar de 5 a 8 años el calendario de sustitución de los 1,7 millones de contadores de gas con más de 20 años.

La CNMC considera que va a permitir «un marco adecuado» para la implantación de los cambios, pero sugiere diversas mejoras. Concretamente, se fija una vida útil de 20 años para los contadores de gas de caudal igual o inferior a 25 m3/h (contadores hasta tipo G-16 inclusive), así como unos plazos de sustitución de 3 años ampliables a 5 años, unos plazos que, advierte, «podrían no ser viables». En este sentido, la CNMC, que recuerda que el 90% de los contadores de gas está en régimen de alquiler y con precios de alquiler regulados, considera que una sustitución rápida de los contadores podría ocasionar «importantes problemas logísticos, de fabricación y de elevación de los precios».

A 1 de enero existen 1,7 millones de contadores con una antigüedad superior a 20 años, lo que implica que se tendrían que fabricar e instalar en los próximos 3 años unos 766.000 contadores nuevos al año. Dado que el promedio de instalación de nuevos contadores, por nuevos puntos de suministro y sustituciones, es de unos 200.000 contadores al año, ocasionaría un incremento de la actividad fabricación e instalación de contadores en un 280%. Ante estas cifras, la CNMC propone un calendario de sustitución de contadores de gas, según el cual antes del final del tercer año deberá sustituirse un 30% del total del parque de contadores, antes del 5º deberá sustituirse un 60% y antes del 8º, el 100%.

Por otro lado, la orden ministerial también regula la verificación periódica y la prohibición de reparación o modificación, que afectaría a unos 7,8 millones de contadores doméstico-comerciales. La CNMC considera adecuado eximir a estos contadores de la verificación periódica, pues simplificaría las obligaciones metrológicas, que se valora de manera positiva para el sector de consumo de gas doméstico-comercial al que aplica. Asimismo, considera adecuada la prohibición de reparación o modificación, pues lo habitual es que cuando un contador está estropeado, se achatarre, dado que la reparación es normalmente más costosa que instalar un nuevo contador.

En cuanto a la vida útil establecida, quedaría justificada en función de la información obtenida que la vida útil de los contadores de gas sería de al menos 20 años. Por lo que respecta a los contadores de consumo de electricidad, el 1 de enero finalizó el plazo para la sustitución de contadores tele-gestionados. Cada una de las empresas distribuidoras de energía eléctrica solo puede mantener un máximo de un 2% sin sustituir por causas no imputables a la misma.

Ribera y el economista Nicholas Stern piden «acelerar» las medidas contra el cambio climático porque estamos en «una carrera contrarreloj»

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el economista Nicholas Stern, presidente del Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente, advirtieron de que hay que «acelerar» las actuaciones para hacer frente al cambio climático, porque estamos en «una carrera contrarreloj».

En su intervención, la ministra ha señalado que «no es suficiente» lo que se ha realizado hasta ahora y hay que «activar los mecanismos» para «avanzar» en la «eficacia» del Acuerdo de París sobre el cambio climático suscrito en 2015, que presenta un plan de actuación para limitar el calentamiento del planeta por debajo de 2 grados. Además, se ha referido a la «ambiciosa, transformadora y eficiente» propuesta del Gobierno central en su Marco estratégico de energía y clima, que «requiere del esfuerzo de todos».

También ha hecho alusión al «impacto» que la revolución digital ha tenido más allá del sector. «Está transformando la humanidad», ha subrayado, para añadir que «la siguiente revolución es la ecológica», que tiene que permitir «reconciliar nuestras expectativas de patrón de bienestar con los límites de la naturaleza». Además, ha advertido de que «esa transformación no puede hacerse trampa a la hora de hacer las cuentas», porque «lo que conservemos será el patrimonio en el que podremos seguir construyendo el tiempo que queda por venir«.

Por su parte, Stern considera que «hemos entendido lo que hay que hacer» para enfrentarnos al cambio climático, pero «tenemos que acelerar mucho». En este contexto, ha urgido un «cambio radical» de la manera de innovar y «tomar decisiones ya, porque las inversiones para dentro de 20 años se están decidiendo ahora«. Además, ha lamentado que «no estamos siendo consistentes» con ese objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados, como contempla el Acuerdo de París, “sabiendo lo que nos jugamos».

Por otro lado, Stern ha abogado por «descarbonizar todos los nichos de la economía, lo que implica encontrar sumideros de carbono». A su juicio, hay una «buena base» para ello, pero necesitamos «capital humano, físico, natural y social y unirlos», así como «políticas diferentes» y «gestionar mejor nuestros mercados de capital», así como crear «redes de electricidad, de transporte, que no funcionarán sin la Administración», aunque ello no significa que «todo tenga que ser público«.

También ha abogado por «compartir rápidamente la información» sobre cómo afectan ambientalmente nuestras acciones y ha recordado que en Reino Unido anualmente mueren «más de 30.000 personas por contaminación atmosférica, más del 20% de las que lo hacen por accidentes de tráfico, y no hay un clamor público al respecto«. Stern también ha reflexionado sobre el hecho de que hay que ser «productivamente flexibles» y «proteger los ingresos de la gente pobre y a los países pobres y utilizar el mercado del carbono para ello».

Europa debe unirse a Asia

Por otra parte ha destacado que «las grandes instituciones financieras deberían decir donde están canalizando sus fondos desde el punto de vista del riesgo climático, en tecnologías antiguas y peligrosas o en nuevas tecnologías». «Todos deberíamos ser capaces de saber eso no solo desde el punto de vista jurídico, sino político, para ir más rápido«, añadió. Finalmente, se mostró convencido de que «desde las finanzas y las políticas públicas se puede hacer mucho» frente al cambio climático pero «es el momento de que Europa se alce con una voz y se sume a China e India en una voz mundial».

Por su parte, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, también ha insistido en que hay que «correr» y «usar todas las tecnologías en nuestra mano» para afrontar el cambio climático, una tarea en la cual las energías limpias «pueden ser un aliado». Para ello ha apuntado que se requiere «de un marco claro que aporte estabilidad» al sector energético.

Tras subrayar la «apuesta» de Iberdrola por las renovables, Galán ha instado a «aprender de los logros y errores», como los «bloqueos» a su implantación por parte de los legisladores, para «avanzar en la transición energética«, algo que va a requerir también la movilización de «cuantiosísimas inversiones en los próximos años para acometer este cambio a un modelo plenamente descarbonizado».

En este sentido, ha opinado que también se necesitan «ejercicios de previsión, no improvisación», porque las empresas energéticas deben tomar «decisiones a 60 años», que requieren de «políticas que aporten claridad y certidumbre», con marcos normativos «conforme a objetivos ambiciosos a corto, medio y largo plazo», que sean «fruto de un consenso», estén basados en «principios de mercado» y sean acordes con las normativas europeas.

Sánchez Galán ha puesto en valor el «modelo basado en contratos bilaterales de compra venta de energías renovables» y ha aplaudido que, en estos momentos, España «está emitiendo una señal clara para ir a un modelo energético más sostenible y competitivo», a través del Plan Nacional de energía y Clima, que contempla «una participación del 70% de las renovables para 2030», entre otras medidas. «Empezamos a tener una foto bastante clara de qué hay que hacer en España para tener un suministro energético seguro», se felicitó, para añadir que «cuando hay claridad y predicibilidad se estimula la inversión» y así Iberdrola contempla «una inversión en España de más de 8.000 millones de euros para 2030».

Sánchez Galán se ha referido a las «grandes ventajas» que conllevará la transición energética, «ambientales y en otros ámbitos», ya que, a su juicio, por ejemplo, «evitará graves problemas de salud, reforzará la seguridad de suministro, la balanza de pagos con enormes ahorros«, además de «dinamizar el crecimiento y la competitividad» y crear empleo «en sectores de futuro». «El cambio de modelo es técnica y económicamente viable pero hay que aunar esfuerzos con todos los agentes para seguir avanzando», afirmó.

También ha advertido de que en ese camino hay que «evaluar los resultados reales», evitando el greenwashing, de manera que «las memorias se publiquen con datos reales de lo que hace cada sociedad en esta dirección». Finalmente destacó que Iberdrola ha suscrito un acuerdo con el Ente Vasco de la Energía (EVE) para el desarrollo conjunto de proyectos renovables, tanto eólicos como fotovoltaicos, en el País Vasco y «hacer cientos de megavatios» limpios en la comunidad autónoma vasca, algo que ha calificado de «oportunidad única».

Sánchez cree que la transición ecológica no supone «una amenaza» sino «una oportunidad sin precedentes» para la economía

Europa Press.- El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, asegura que la transición ecológica no supone «una amenaza» sino «una oportunidad sin precedentes» para mejorar el sistema económico y crear empleo, al tiempo que ha defendido que en la lucha contra el cambio climático hay que actuar «juntos», porque la respuesta debe ser «global» y las instituciones deben «actuar al dictado de la ciencia».

A su juicio, «hay que cambiar la percepción que tenemos del cambio climático». «Es preciso cambiar nuestra mirada y acentuar el precio que podemos pagar si no lo hacemos como la ciencia dice que lo hagamos», ha asegurado, al tiempo que ha advertido de que «ésta no es una batalla ideológica», sino a favor de la ciencia. Sánchez ha puesto en valor la labor realizada por su Ejecutivo en esta materia con la creación de un Ministerio para la Transición Ecológica o el marco estratégico de energía y clima, porque el cambio climático es «una de nuestras prioridades más inamovibles».

Además, ha destacado que España está «a la vanguardia de lo que supone luchar contra el cambio climático». En este contexto, apuntó que la transición ecológica no es «una amenaza», sino que «todos ganamos si nos adelantamos» y supone «una oportunidad sin precedentes» para mejorar nuestro sistema económico y crear empleo. Sánchez ha abogado por la reducción de las emisiones y por huir del «negacionismo» del cambio climático como han hecho los «ignorantes», así como de «la vuelta de las arcadias felices». «Ninguna de las dos respuestas es tolerable», afirmó.

También ha señalado que, si se actúa contra el cambio climático, «tendremos riqueza, más salud pública y preservaremos la belleza del planeta». Por otro lado, Sánchez ha advertido de que el cambio climático «nos desafía y nos obliga a cambiar y actuar juntos para buscar «una solución global», que es «la única posible». «Todos estamos en esa tarea», ha aseverado.

«Los poderes públicos concertados tienen que actuar al dictado de la ciencia», incidió, al tiempo que exigió reflexionar sobre el modelo de sociedad y productivo que queremos, así como «hacer mucha pedagogía» para «explicar lo que supone el consumo irresponsable, el efecto de un modelo productivo que se ha mostrado depredador» e incluso sobre «un concepto de felicidad, ahora ligada al consumo y sin valores».

Vascos contra el cambio climático

Por su parte, el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, ha destacado el «alcance mundial» de los efectos del cambio climático y ha puesto en valor la Estrategia de Cambio Climático Klima 2050 del Gobierno Vasco con el «reto» de avanzar hacia la «neutralidad en carbono», es decir, «reducir las emisiones a la cantidad que pueda ser reabsorbida y proponer actuaciones para aumentar la resiliencia del territorio«.

También ha manifestado la apuesta de su Ejecutivo por reducir un 20% las emisiones invernadero para 2020. «La apuesta de Euskadi es firme y se concreta en la colaboración público-privada entre los distintos agentes sociales y económicos y entre todos los territorios», ha afirmado. Además, ha subrayado el «compromiso que crece de abajo a arriba» en la acción municipal a favor del medio ambiente y contra el cambio climático, a través de iniciativas como la Red Vasca de Municipios Sostenibles Udalsarea 2030, a la que ya se han sumado 75 municipios que han realizado inventarios de emisiones y 50 localidades con programas específicos de mitigación y adaptación al cambio climático.

A su juicio, hay que «avanzar en la conciencia social» ante el reto «global» del cambio climático, de manera que todas las personas sepan que «pueden hacer su propia actuación local para frenar el cambio climático y favorecer la sostenibilidad global». «Nuestra misión es cambiar el cambio», apuntó Urkullu, para el que supone dar «un paso al frente con el deseo de legar a las nuevas generaciones un futuro mejor».

Finalmente, el consejero vasco de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, ha afirmado que el Gobierno Vasco quiere «sumarse a la tarea que tiene la humanidad» para hacer frente al cambio climático “porque se nos acaba el tiempo«. El consejero de Medio Ambiente ha asegurado que el cambio climático «ha dejado de ser una hipótesis formulada por científicos y naturalistas para convertirse en una evidencia», y ha abogado por «cambiar las conductas» que lo producen en vez de «limitarnos a ser testigos» de este fenómeno. Finalmente, ha advertido de que «seríamos unos irresponsables si no hacemos nada para dar esta batalla por el futuro de la humanidad».