Ribera ve “muy lejos de la realidad” que Bruselas pida la devolución de las ayudas a Alcoa por la interrumpibilidad

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que la posibilidad de que la Comisión Europea vaya a reclamar a España que recupere las ayudas concedidas a plantas electrointensivas como las de Alcoa en las subastas de interrumpibilidad es «prejuzgar enormemente» el resultado final de las conversaciones entre Bruselas y el Gobierno y «está muy lejos todavía de la realidad«. «Pensar que esto pueda acabar en una devolución de ayudas está muy lejos todavía de la realidad», insistió Ribera.

El Ejecutivo comunitario y las autoridades españolas llevan un tiempo manteniendo contactos para «reorientar» estos mecanismos de capacidad a las normas europeas sobre ayudas de Estado. El dossier se remonta incluso a la etapa de Álvaro Nadal. Desde el Ministerio de Transición Ecológica, además, se recuerda que el Gobierno «está trabajando con cómo combinar opciones para el sector electrointensivo» que sean «compatibles» con las normas comunitarias sobre ayudas de Estado.

Alcoa era el principal actor de las subastas de interrumpibilidad que ahora evalúan las autoridades europeas, puesto que abarcaba aproximadamente el 30% de ellas. En concreto, recibió unos 1.000 millones de euros para rebajar los costes de la factura de la luz en los últimos 10 años a través de dichas subastas. El Ejecutivo comunitario anunció en abril de 2015 una investigación sobre los mecanismos de capacidad que aplicaban algunos socios europeos. Concretamente, este análisis se centró en 11 Estados miembros, entre los que se encuentra España, que con 4 es el país con mayor número de mecanismos de capacidad.

En aquella investigación, cuyo informe final se publicó en 2016, la Comisión Europea identificó 28 mecanismos de capacidad existentes o previstos por estos 11 países, que se enmarcaban en 6 categorías (licitaciones de adjudicación de nuevas capacidades, reservas estratégicas, pagos de capacidad específica, modelos de comprador central, obligaciones descentralizadas y pagos de capacidad para todo el mercado). Los mecanismos de capacidad son remuneraciones que los Estados conceden a operadores de electricidad y otros proveedores para que estén disponibles en caso de necesidad, con el objetivo de garantizar el suministro. Al ser ayudas de Estado que pueden afectar a la competencia en el mercado único necesitan el visto bueno de Bruselas.

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro que podría afectar a todo el país. Desde el inicio de su investigación, Bruselas ha aprobado ya mecanismos de capacidad en Bélgica, Alemania, Polonia, Grecia y Francia, mientras que ha abierto recientemente una investigación sobre un mecanismo de capacidad de Reino Unido.

Impuesto propuesto a la aviación

Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que el impuesto europeo sobre el sector de la aviación que han propuesto Bélgica y Países Bajos es «interesante«, pero al mismo tiempo pidió ser «prudentes» y hacer una evaluación para saber si es la mejor opción para incorporar la fiscalidad medioambiental en los regímenes fiscales nacionales.

«Con carácter general me parece que no solamente es legítimo, sino que es interesante que se planteen propuestas así. Pero a la hora de la verdad habrá que ser prudente al reflexionar sobre si ese es el mejor mecanismo, si hay otros y, si es el mejor mecanismo, hasta dónde y cómo se puede aplicar», ha expresado. La ministra ha afirmado que «todos somos conscientes» de que la fiscalidad medioambiental «tiene que tener más peso» en los sistemas fiscales, aunque ha recordado que «siempre ha sido muy complicado» que los países del bloque comunitario se pongan de acuerdo para incorporar nuevos impuestos a nivel europeo.

En cualquier caso, ha asegurado que es «interesante» que los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) debatieran en febrero a propuesta de Países Bajos un gravamen sobre el sector de la aviación y ha explicado que los responsables de Medio Ambiente mantuvieron un «intercambio» sobre la base de la propuesta de Bélgica. El Gobierno belga defiende que son necesarios «esfuerzos adicionales» para atajar el «continuado crecimiento de las emisiones» de gases de efecto invernadero de este sector y para evitar que otros sectores tengan que compensar este incremento.

«Un elemento importante de estos esfuerzos sería una tarifa justa y correcta al transporte aéreo», señala el documento, que añade a continuación que «en actualidad no están gravados ni el queroseno ni los billetes de avión a través del IVA». Además, Bélgica cree que en un futuro impuesto a la aviación debería tener en cuenta los costes externos, a través del principio de que «el que contamina, paga» y serviría para «restaurar una competencia justa con otros modos de transporte».

La CNMC considera «adecuado» el decreto que regula el autoconsumo de electricidad pero sugiere mejoras antes de su aprobación

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que el real decreto ley que regula el autoconsumo de energía eléctrica constituye un marco «adecuado» para su desarrollo, aunque propone la mejora de la definición de qué se entiende por instalaciones próximas y clarificar el mecanismo de compensación simplificada.

El regulador ha emitido un informe sobre la propuesta del Gobierno para regular las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo energético, considerando que «en líneas generales» crea un marco normativo que permite «el impulso definitivo» al autoconsumo. La CNMC cree que simplifica las modalidades de autoconsumo y los trámites administrativos y de registro, que define el concepto de instalación próxima a los efectos de regular el autoconsumo colectivo o que confirma la eliminación del cargo a la energía autoconsumida.

También destaca que la propuesta crea un mecanismo de compensación simplificada para retribuir al autoconsumidor con excedentes los vertidos de energía a la red, y facilita la instalación de elementos de acumulación sin más requisitos que cumplir las normativas de seguridad y calidad industrial, al mismo tiempo que ha tenido en cuenta elementos «de gradualidad y prudencia» a la hora de regular los aspectos más novedosos introducidos por el decreto.

No obstante, y sin perjuicio de esta valoración positiva, la CNMC matiza que, respecto a la definición de instalación de producción próxima a las de consumo y asociada a las mismas, se debería detallar mejor cómo medir los 500 metros, así como relajar el criterio de referencia catastral para las fincas rústicas (además de aludir al sistema catastral foral). En relación con el mecanismo simplificado de compensación de excedentes, cree que se debería clarificar su aplicación para los consumidores que realicen autoconsumo colectivo sin excedentes.

Con carácter transitorio y para las instalaciones preexistentes a la entrada en vigor de la propuesta, el regulador sugiere relajar la limitación de permanencia de un año como mínimo, desde el alta o modificación del contrato de acceso, en la modalidad de autoconsumo elegida, sin perjuicio de que los sujetos deban cumplir con todas las obligaciones y requisitos que conlleve la nueva modalidad. También recomienda incluir una habilitación normativa expresa que permita al Gobierno establecer y revisar modelos de contrato (en particular, el relativo al mecanismo de compensación simplificada) y de comunicación que deban utilizarse en los intercambios de información entre los distintos agentes (autoconsumidor, distribuidor, comercializador, comunidades autónomas) en el procedimiento administrativo del autoconsumo.

En cuanto a la eliminación de las limitaciones a la representación del autoconsumo en el mercado, propone la eliminación de la limitación prevista en el artículo 53.5 del mismo real decreto, siempre y cuando dicha representación se limite a las energías renovables ligadas al autoconsumo. Por último, considera «en exceso restrictivo» descartar como ubicaciones no válidas para los equipos de medida todas las cubiertas donde se ubiquen las instalaciones de producción, ya que algunas de dichas cubiertas podrían ser transitables.

El Gobierno socialista aprobará antes de las elecciones la Estrategia de Pobreza Energética y el decreto de autoconsumo de electricidad

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Europa Press.- El Gobierno aprobará antes de que expire la legislatura la Estrategia de Pobreza Energética y el real decreto por el que se regularán las condiciones para el autoconsumo de electricidad, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que indicó que estas dos materias deben estar «en el frontispicio de un final raro de legislatura corta y enriquecedora».

La ministra explicó que cuando llegó al Gobierno existían medidas «puntuales» para facilitar el acceso al bono eléctrico pero subrayó que no existía «un análisis concreto» respecto a la pobreza energética. «Hay un espacio importante en el que hemos trabajado los últimos meses, en el que se pretende hacer un diagnóstico y una propuesta de introducir un enfoque más profesional a medio y largo plazo«, señaló. En el caso del autoconsumo, el pasado mes de octubre el Ejecutivo ya aprobó el real-decreto ley que, entre otros aspectos, eliminaba el conocido como impuesto al sol del PP para la energía autoconsumida.

La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 contempla un diagnóstico de la situación, establece una definición de pobreza energética y de consumidor vulnerable y objetivos de reducción a 2024. Además, el documento realiza un diagnóstico de la situación en España, determina ejes de actuación y fija objetivos de reducción de este problema social que afecta a entre 3,5 y 8 millones de personas, según el indicador que se analice. Asimismo, Ribera destacó que la transición ecológica es «una oportunidad» para el empleo en el mundo rural a través del impulso a las renovables y al turismo sostenible. De esta manera, afirmó que los convenios de transición justa son proyectos integrados de desarrollo territorial que deben ser «negociados y pactados».

La Estrategia, que se construye con un enfoque integral, con medidas paliativas y estructurales, y con actuaciones a corto, medio y largo plazo, parte de la necesidad de mantener y mejorar los sistemas prestacionales, compuestos en la actualidad por los bonos sociales de electricidad y térmico, que se conciben como «instrumentos de transición» que dejarán paulatinamente mayor protagonismo a «medidas estructurales que busquen afrontar el problema de raíz y a largo plazo». Así, el documento define la pobreza energética como «la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y/o de una vivienda ineficiente en energía».

También enumera manifestaciones de esta pobreza, como son la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar, el retraso en el pago de las facturas, un gasto energético excesivamente bajo o un gasto en suministros energéticos desproporcionado sobre el nivel de ingresos, conforme a los indicadores oficiales del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV). Asimismo, analiza las implicaciones de este fenómeno sobre la salud, el desarrollo personal, social y de igualdad de oportunidades. La definición de consumidor vulnerable se concreta en aquel «consumidor de energía eléctrica o de usos térmicos que se encuentra en situación de pobreza energética y cumple con las condiciones para percibir las medidas de apoyo establecidas por las administraciones».

El documento plantea objetivos de reducción en el periodo 2019-2024 que permiten evaluar el grado de efectividad y eficiencia de las políticas públicas. El marco de actuación de la Estrategia se organiza en torno a cuatro ejes. En el primero, se establecen medidas para mejorar el conocimiento sobre la pobreza energética a través de la puesta en marcha de un sistema robusto que permite el cálculo periódico de los indicadores de pobreza energética, mientras que el segundo está dedicado a mejorar la respuesta frente a esta situación, a través del análisis de los actuales bono social eléctrico y térmico e, incluso, articulando respuestas extraordinarias para situaciones meteorológicas extremas como la prohibición del corte de suministro.

El tercer eje se centra en el impulso de cambios estructurales para reducir la pobreza energética a partir del análisis del parque de viviendas y el cuarto plantea medidas de protección a los consumidores y conciencia social. El marco temporal de aplicación de la Estrategia será de 5 años, en el periodo 2019-2014, y para su ejecución se prevé el desarrollo de planes operativos. Se designa al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) como órgano encargado del seguimiento de esta estrategia, que estará regida por los principios de cooperación interadministrativa y la alineación de acciones.

Vara y Montilla apuestan porque el PSOE sea capaz de «buscar alternativas» frente a las centrales nucleares

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Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que hay que aprovechar «la ampliación de vida» de la central nuclear de Almaraz para buscar «alternativas», después de que la Comisión para la Transición Ecológica del Senado haya instado al Gobierno a rechazar el cierre de esta instalación de Cáceres.

«Si España quiere cerrar las centrales nucleares tiene que buscar ya las alternativas energéticas e industriales», señaló Vara, que considera que se puede llegar a 2030 con renovables. También se pronunció el expresidente de la Generalitat y ex ministro de Industria, José Montilla, que ha apoyado la búsqueda de alternativas que defiende Vara y ha destacado que hay que trabajar en «una política destinada al desarrollo de las renovables, que sea creíble y responsable del cierre de las centrales nucleares».

Barcelona espera «trabajar mejor» la movilidad sostenible promocionando el transporte eléctrico en las próximas ediciones del Mobile World Congress (MWC)

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Europa Press.- La teniente de alcalde de Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, espera que la movilidad sostenible sea un elemento a trabajar mejor en próximas ediciones del Mobile World Congress (MWC) y apela al compromiso de los promotores: «Nosotros podemos promover o instar, pero depende de los organizadores y forma parte de su compromiso con la ciudad».

Sanz ha asegurado que las consecuencias del congreso en el aire se notó en esos días, en los que además hubo más contaminación en la ciudad a causa de un anticiclón: «Tantos coches no sostenibles han impactado sobre la contaminación». La edil ha reconocido que no ha hablado con la GSMA, pero quieren trabajar con los promotores para poner en marcha «medidas más innovadoras que promocionen el transporte eléctrico o el uso de la bicicleta».

Ribera se muestra «satisfecha» con su gestión al frente del Ministerio para la Transición Ecológica aunque critica la herencia recibida

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha mostrado «moderadamente satisfecha» con su gestión al frente del departamento que ha dirigido durante los últimos 8 meses, aunque recriminó que le hubiese gustado encontrarse «con las cosas mejor hechas«.

Así lo expresó la ministra, que ha manifestado que ha sido «una pena haberse encontrado con el terreno tan embarrado y con problemas de litigiosidad tremendos que habrá que pagar». La ministra hacía mención al retraso que España ha ido acumulando en los últimos años en la transposición de las leyes en materia medioambiental en el marco de los compromisos adquiridos con la Unión Europea y cuyo incumplimiento podría derivar en futuras multas por parte de las instituciones comunitarias. En concreto, ha resaltado el problema del cierre de las centrales de carbón aún presentes en España, que tendrían que echar el cierre en 2020 salvo que contasen con «cuantiosas inversiones».

Por ello, Ribera ha defendido que la estrategia es ahora seguir el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) para el periodo 2021-2030, que pretende contar con un marco estable para la plena descarbonización de la economía en 2050, en línea con los objetivos a nivel mundial. La ministra ha recordado que este plan prevé que la factura de la luz alcance una rebaja de hasta el 12% antes de impuestos en 2030, en alusión a las críticas vertidas por el diputado del PP, Guillermo Mariscal, quien ha culpado al PSOE de la subida de la factura de la luz.

«El PSOE ha vuelto y ha vuelto a subir la factura eléctrica», ha recriminado Mariscal a la ministra, al mismo tiempo que ha reprochado al Gobierno que sus políticas energéticas «nunca piensan en los costes y en la sostenibilidad del sistema, por lo que crece la factura«. Sin embargo, Ribera ha defendido que entre marzo y mayo del 2018, antes de que el PSOE llegara al Gobierno, el precio del mercado mayorista de electricidad se incrementó en casi un 40%.

El PP presentará un recurso en el Tribunal Constitucional si la renovación del CSN se completa con el Congreso disuelto

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Europa Press.- El portavoz del PP en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ha anunciado que su formación presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional si la propuesta del Gobierno para renovar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pactada con Unidos Podemos y PDeCAT, se completa con las cámaras disueltas y sin conseguir el aval del Congreso para sus nombramientos. La propuesta necesitaba el apoyo de tres quintos, pero el PP votó en contra mientras que Ciudadanos decidió renunciar a la votación.

«Al ser una institución el CSN con control directo por parte del Parlamento, creemos que se están violando los derechos de los diputados a elegir esos miembros», denunció el diputado popular. «Si como todo parece indicar la renovación se completara, entendemos que el Gobierno continúa con el asalto a las instituciones al nombrar estos cargos con las cámaras disueltas», insistió Mariscal. Lo cierto es que los candidatos propuestos por el Gobierno para renovar el CSN no han conseguido el aval del Congreso para sus nombramientos.

Los 4 nombres propuestos para el regulador, Elvira Romera y Pilar Lucio, por parte del PSOE, José María Serena, candidato de PDecAT y Francisco Castejón de Unidos Podemos, comparecieron ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso que debía votar su idoneidad para el cargo. Tanto PSOE, como Unidos Podemos, PNV, ERC y Compromís ha votado a favor de esta propuesta, mientras que PP ha votado en contra y Ciudadanos abandonó la sesión antes de que se produjera la votación en protesta por el proceso de elección de este Consejo.

El PP ha explicado, a través de su portavoz Juan Juncal, que Romera y Serena sí tienen un perfil profesional. Sin embargo dudan de la «independencia» y del posible conflicto de intereses de Lucio, exportavoz socialista en esa misma comisión hace unos meses, y Castejón, portavoz de política antinuclear de Ecologistas en Acción. Los populares también reiteraron que se está «vulnerando su derecho» a la elección porque este proceso de nombramiento se va a completar con las Cortes ya disueltas.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Melisa Rodríguez, ha explicado que no ha venido a hacer política para «participar en estas cacicadas» y, aunque ha señalado que los perfiles presentados eran técnicos, cree que el nombramiento de estas personas «siempre estarán manchadas por estar puestas a dedo«. La diputada recordó que esta ha sido siempre la postura de su partido en este tipo de procesos. Así, los naranjas no participaron en la votación para el Consejo de RTVE, ni en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Unidos Podemos reprocha al PSOE su tardanza con la Ley de Cambio Climático y los socialistas apelan a su «calidad»

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Europa Press.- Unidos Podemos ha reprochado al Gobierno su tardanza a la hora de elaborar su Ley de Cambio climático. «Se ha perdido una legislatura», ha señalado su portavoz de Medio Ambiente, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, a quien el PSOE ha respondido apelando a la «calidad» del texto.

El grupo confederal ha llevado al Pleno del Congreso una moción en la que reclama al Gobierno objetivos más ambiciosos en su norma de cambio climático, tanto en lo que respecta a la reducción de emisiones de CO2, como en la implantación de energías renovables. La iniciativa ha sido rechazada con el voto en contra del PP y la abstención de PSOE, Ciudadanos y PNV.

López de Uralde criticó que los socialistas hayan presentado su paquete energético, en el que se incluye su ley, al acabar la legislatura. A su juicio, es «demasiado poco y demasiado tarde» para los compromisos que el Ejecutivo adquirió cuando llegó a la Moncloa. El diputado ha recordado que los impactos por este fenómeno son ya «brutales» y que la ciencia ha pedido de forma «clara y contundente» reducir las emisiones de aquí a 2030.

Evitar la celeridad al regular

Su homólogo socialista, Marc Lamuà, ha respondido a López de Uralde explicando que cuando el PSOE llegó al Gobierno se encontró con «cajones vacíos» de iniciativas del anterior Ejecutivo y decidió «arremangarse», creando las leyes que hacían falta de manera «inminente», pero «con responsabilidad» y «con la calidad que un Estado como España debe tener«. Lamuà ha denunciado que, en estos casos, es necesario evitar la «celeridad chapucera» que pueda llevar a «un resultado mediocre».

Por su parte, el PP se mostró crítico con los morados. La diputada de los populares, María Valentina Martínez, ha criticado que la moción de Unidos Podemos no plantea «alternativas» para que España «siga funcionando» con el nuevo modelo energético y sin emisiones que plantean. Así, le señala que no hay propuestas, por ejemplo, de empleo para las zonas afectadas.

Para Ciudadanos, la moción que ha presentado López de Uralde «no es de fiar» por la actitud que ha tenido el grupo confederal en otros asuntos medioambientales como el agua, en donde, según ha señalado, han actuado con «sectarismos y demagogia». Su portavoz, José Luis Martínez, se ha dirigido además a PP y PSOE para denunciar su actitud en los últimos años, que ha llevado a España a afrontar varias sanciones relacionadas con el medio ambiente en el marco internacional.

Unidos Podemos sí ha contado con el voto a favor de ERC, que se ha unido a las críticas sobre la tardanza del Gobierno y les ha reprochado que esta ley haya quedado en una «mera declaración de intenciones». También ha votado a favor de la moción PDeCAT, después de que el grupo confederal haya incluido en su texto unas enmiendas del partido independentista con medidas relacionadas con el transporte.

Bruselas invertirá 10.000 millones de euros en impulsar las tecnologías verdes entre 2020 y 2030

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Europa Press.– La Comisión Europea ha anunciado que invertirá más de 10.000 millones de euros entre 2020 y 2030 para impulsar el desarrollo de tecnologías verdes en varios sectores económicos con el objetivo de impulsar su competitividad global y asegurar que la Unión Europea está «en lo más alto de la liga» de patentes ecológicas. «Este liderazgo da una ventaja competitiva global que permite a Europa recoger los primeros beneficios incrementando las exportaciones de productos y tecnología sostenibles y modelos de negocio», ha destacado el Ejecutivo comunitario.

Estas inversiones estarán gestionadas por el Fondo de Innovación y Bruselas tienen la intención de convocar las primeras ayudas en 2020. El Fondo de Innovación será la continuación del programa NER 300, que actualmente apoya el desarrollo de tecnologías para la captura y almacenamiento de carbono, así como de energías renovables. Su sucesor ampliará sus inversiones para cubrir también el almacenamiento de energía y las industrias de energía intensiva. Concretamente, concederá subvenciones que cubran hasta el 69% del capital adicional y los costes operacionales. Los fondos se desembolsarán de forma flexible sobre la base de las necesidades de cada proyecto.

Su presupuesto se alimentará, principalmente, de la venta derechos en el marco del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés). Bruselas calcula que entre 2020 y 2030 se venderán unos 450 millones de permisos de emisiones, cuyo precio actual ronda los 20 euros. A esta suma se añadirá el dinero no reembolsado del programa NER 300. El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que el objetivo de la UE es «seguir construyendo una economía moderna, competitiva y socialmente justa», que al mismo tiempo esté «alineada» con el Acuerdo de París.

El Senado pide al Gobierno medidas para evitar la llegada de especies invasoras mediante plataformas petrolíferas que atracan en España

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Europa Press.- La Comisión para la Transición Ecológica del Senado acordó por unanimidad instar al Gobierno a adoptar un protocolo de actuación y medidas concretas para evitar la llegada de especies invasoras asociadas a las plataformas petrolíferas que atracan en puertos españoles.

La moción presentada por el grupo parlamentario socialista solicita al Gobierno que establezca y desarrolle protocolos para controlar y vigilar las especies exóticas asociadas a su llegada y así, reducir la amenaza que estas suponen para la biodiversidad de las aguas españolas. En su defensa, el senador Manuel Guerra ha destacado que desde 2011 aumentó el tráfico de plataformas petrolíferas en Canarias, la mayoría procedentes de zonas tropicales del Atlántico, como Brasil, el Caribe, el Golfo de Guinea, pero también del Indo-Pacífico y del Mediterráneo.

Estas plataformas, según explicó, funcionan como un arrecife artificial donde se instalan, normalmente en lugares donde no suele haber este tipo de elementos naturales, por lo que proliferan a su alrededor peces e invertebrados. En su desplazamiento, a menos de 15 kilómetros por hora, la fauna marina que crece a su alrededor se desplaza con ella y estas plataformas se convierten en una especie de hábitat que se desplaza lentamente por el océano. Esto, unido a que las aguas de Canarias han aumentado su temperatura media, podría acarrear graves consecuencias.

La propuesta, aceptada por todos los grupos, advierte al Gobierno de la «preocupante situación» que hace «necesario» establecer un protocolo de control ante la llegada de estas plataformas que favorecen el transporte de una «gran cantidad de especies invasoras», con lo que supone para la biodiversidad del medio marino y, por extensión, por su impacto negativo sobre el turismo, por lo que pide implantar medidas.