La decisión tomada en Consejo de Ministros de aumentar los poderes a Maite Costa puede acarrearle un nuevo y serio revés al Ejecutivo. Los consejeros de la Comisión consideran ilegales las atribuciones concedidas a la presidenta de la CNE y están dispuestas a llevar sus argumentos al Tribunal Supremo si no obtienen una respuesta satisfactoria a sus peticiones en la carta que han remitido a Joan Clos.
El pasado jueves, en la reunión del consejo de administración de la CNE, se decidió por mayoría remitir una carta al ministro de Industria, Turismo y Comercio, para proponer una serie de modificaciones al Real Decreto que amplía los poderes de la presidenta del organismo, María Teresa Costa. En esa mayoría se incluyen los vocales nombrados a propuesta del Partido Popular y también algunos nombrados por el actual Gobierno, Jorge Fabra y Luis Albentosa.
La carta, a la que ha tenido acceso energiadiario, ya ha sido remitida a Joan Clos.
El Real Decreto aprobado el pasado 28 de octubre en Consejo de Ministros no gustó nada a los consejeros de la CNE. Consideran que algunos aspectos del Decreto pueden ser mejorados y por ello han tomado la decisión de remitir a Clos una propuesta de estudio con aspectos formales.
Los consejeros sostienen que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio debería haber informado al consejo de administración de los cambios que se estaban planteando. La Comisión opina que es necesario que las modificaciones que puedan afectar al regulador cuenten con un informe favorable por parte del máximo órgano de gobierno de la CNE.
Adopción de medidas legales
Después de que Maite Costa desechase la propuesta del Consejo de pedir un informe jurídico interno, los consejeros se pusieron en marcha. En total, incluida la propia Costa, son 9 los miembros del Consejo. De los 8 restantes, seis decidieron en octubre pedir asesoramiento jurídico externo contra el aumento de poderes de la presidenta de la CNE, puesto que entienden que algunos de los cambios son ilegales. Como primera medida, los consejeros han decidido remitir a Clos la carta que se le enviará hoy. Pero están dispuestos a llegar al Tribunal Supremo si es necesario.
Implicaciones del Real Decreto
Hasta el momento de su aprobación, Maite Costa era una consejera más. Y hasta ese momento, el organismo regulador había sido un órgano colegiado. Es decir, que las decisiones se tomaban de común acuerdo, por votación, y no de una forma unilateral.
La ampliación de poderes a Costa le ha otorgado facultades superiores a la del resto de consejeros, aparte de que gozaba del voto de calidad en la toma de decisiones. Uno de los puntos del texto consiste en atribuir a Costa la competencia del nombramiento del secretario del consejo de administración.
En su momento, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha los engranajes de esta normativa desde la más absoluta discreción. Ninguno de los consejeros, a excepción de Costa, conocía su existencia. Pero los miembros del consejo no tardaron en manifestar su desacuerdo, y seis de los nueve miembros se negaron a aprobar un reglamento que consideran que puede quebrantar el margen de independencia con el que cada uno de ellos trabaja.
Desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se defendía esta normativa basándose en argumentos como que el nuevo reglamento descarga al consejo del ejercicio de facultades de mera gestión o de marcado carácter ejecutivo, “para que el consejo pueda concentrarse en el ejercicio de sus funciones más relevantes”.
El aumento de poderes de Maite Costa puede terminar por traducirse en un “gobierno en solitario”, pues según fuentes cercanas al consejo, Costa controlaría en primera persona cada paso que se dé dentro del ente. En último término, lo que se compromete es la independencia del organismo frente al Gobierno, ya que si antes las decisiones se tomaban entre 9 personas, ahora es una sola, Maite Costa, quien tiene el control. Todo esto sucede en un momento crítico para el organismo regulador, cuya decisión es vital en la reordenación de todo el mapa eléctrico.
