El Ministerio envió a la CNE para su estudio, antes de final de diciembre pasado mediante el conocido como trámite de urgencia, la propuesta de Orden Ministerial de retribución para la actividad de regasificación. Una de las principales novedades de esta orden se hallaba en que, por primera vez, se empleaba una orden separada para retribuir las actividades de regasificación y almacenamiento subterráneo debido a que se les aplica un procedimiento de cálculo distinto.

Sin embargo, entre la propuesta enviada a la Comisión, que ésta rechazó, y la que finalmente se aprobó en la Orden ITC/3994/2006 de 29 de diciembre, existen algunas diferencias. Entre ellas, una de las más importantes, es el incremento de la retribución financiera en 50 puntos básicos. La tasa de retribución se ha fijado, finalmente, en el bono a 10 años más 350 puntos básicos, lo que supone una rentabilidad del 7,21 %, frente a la propuesta inicial del Ministerio que situaba esta retribución en el bono a diez años más 300 puntos básicos.

Entre las principales novedades de la Orden está, el que, a partir del 1 de enero, se retribuye en base a inmovilizados netos, en lugar de inmovilizados brutos como ocurría con anterioridad. Respecto a la tasa de retribución, del 7,21 %, ésta se mantendrá fija para toda la vida de las instalaciones. Por último, se elimina el vínculo al crecimiento de la retribución financiera ligado a un índice de precios.

La decisión de la Comisión

La Comisión Nacional de Energía (CNE) informó negativamente sobre la propuesta de Orden de retribución de las actividades de regasificación. En su informe sobre la propuesta, la Comisión indicó, en primer lugar, que no consideraba adecuado el carácter de informe por procedimiento de urgencia, dada la importancia del texto que se pretendía aprobar. En segundo lugar, dado que la propuesta de retribución abarca varios periodos –la tasas retributivas se mantendrán fija para todos los periodos- se recomendaba dar a la Orden un «carácter de norma de rango superior», es decir un real decreto. En línea con ello, indica que, debido a su trascendencia, debería haberse consultado con los agentes del sector debido al posible impacto en la rentabilidad de las instalaciones. Por ello, en sus conclusiones, la Comisión recomienda mantener la metodología y retribución vigentes.

La oposición de la Presidenta

Sin embargo, aunque la Comisión informó en contra de la propuesta del Ministerio, lo hizó con la oposición de la Presidenta y los consejeros Jorge Fabra, Jaime González y Sebastiá Ruscalleda que entendían que la orden debería haber sido «informada favorablemente» y realizaron un voto particular en contra. Lo más curioso es que en el voto particular, realizado por todos ellos, tan sólo aparece la firma de la Presidenta.

El Grupo de Coordinación del Gas, formado por expertos de los gobiernos de la UE, de la Comisión y del sector energético, valoró hoy positivamente el acuerdo entre Rusia y Bielorrusia sobre suministro de gas ruso, y las medidas adoptadas por los Estados miembros para asegurar las reservas este invierno.

En una reunión convocada por el comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, los expertos consideraron que el acuerdo logrado el pasado 31 de diciembre entre Gazprom y Bielorrusia sobre los nuevos precios del gas ruso «no afecta a los suministros de la UE», según el portavoz europeo de energía, Ferran Tarradellas, que afirmó que tanto Rusia como Bielorrusia han garantizado a la UE que los suministros de gas a Europa se mantendrán sin problemas.

El acuerdo, por el que Bielorrusia aceptó pagar 100 dólares por cada mil metros cúbicos de gas, evitó una nueva crisis como la desatada en enero pasado por los precios entre Ucrania y Rusia, que llevó a Moscú a cortar el gas a ese país, por donde pasa el 80% del gas ruso que se exporta a Europa. Bielorrusia es un país de tránsito para el 20% del combustible ruso que se exporta a la Unión. Además, Tarradellas declaró que «no hay nada de qué preocuparse este invierno», ya que las reservas de gas son las «adecuadas» gracias a las medidas adoptadas por los Estados miembros y a las elevadas temperaturas que se registran esta temporada.

Tras la crisis de enero pasado, la UE, que depende del exterior para más del 56 por ciento de su consumo de energía, ha convertido la política energética en una de sus prioridades. Dentro de ese contexto, el Ejecutivo comunitario presentará el próximo 10 de enero una nueva estrategia a largo plazo en esta materia, que incluye medidas de solidaridad entre los Estados miembros y para garantizar la seguridad energética. «Un suministro de energía seguro y predecible es un imperativo para la economía europea y un derecho de los ciudadanos europeos», declaró hoy en una nota el comisario Piebalgs, quien afirmó que «la seguridad en el suministro es uno de los elementos clave» del paquete de medidas que será presentado el próximo miércoles. Por otra parte, Tarradellas calificó hoy como «un cuestión bilateral» la decisión de Bielorrusia de imponer aranceles al petróleo ruso que pasa por su territorio. «Estamos siguiendo la situación de cerca pero no esperamos que tenga un impacto sobre la seguridad de los suministros de petróleo a la UE», indicó.

Rusia exporta a través de los oleoductos bielorrusos unos 70 millones de toneladas anuales de petróleo, en su mayoría con destino a Polonia y Alemania.

A la reunión de hoy asistió el embajador de Bielorrusia ante la UE, Vladimir Senko, pero aunque habían sido invitados, los rusos no acudieron, en lo que podría indicar su malestar con la medida adoptada por Minsk. Esta era la primera vez que Bielorrusia asistía a una reunión del Grupo de Coordinación del Gas.

La UE ha reducido al máximo sus contactos oficiales con ese país y ha impuesto sanciones contra sus autoridades, incluyendo el presidente Alexandr Lukashenko, calificado como «el último dictador de Europa», por su falta de respeto a los derechos humanos y de la libertad de expresión, y por fraude en las últimas elecciones legislativas y presidenciales. Sin embargo, Tarradellas recalcó hoy que la reunión sobre el gas es de carácter «técnico» y no supone un cambio de política hacia Bielorrusia.