El director del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, exigió hoy al Gobierno que resuelva a corto plazo el «problema energético» existente en España «por el alto porcentaje de dependencia exterior, un 81 por ciento, y por la alta emisión de dióxido de carbono». Iranzo abogó por un mayor fomento de las políticas de desarrollo y uso de energías tanto renovables como nucleares.

En este sentido, el responsable de esta entidad económica, quien mantuvo una reunión de trabajo con responsables de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA), mostró su rechazo al cierre de plantas nucleares, como la de Zorita, y destacó la importancia de estudiar nuevas centrales.
Además defendió la idea de «mantener emplazamientos nucleares, como es el caso de Valdecaballeros, de cara al futuro».

A lo largo de su intervención, Iranzo advirtió de que «la enorme dependencia energética de España» de recursos procedentes de otros países «no garantizará el suministro en todo momento».

En materia hídrica instó a las Administraciones «a resolver el problema del agua», al tiempo que se mostró sorprendido «que en pleno siglo XXI el agua sea un cuello de botella». Para ello, puso como ejemplo el trasvase Tajo-Segura, que consideró imprescindible para el desarrollo de la provincia de Alicante.

Respecto de los términos económicos, Iranzo expuso que actualmente «existe un escenario favorable» para el crecimiento de la economía española, que, según agregó, «seguirá creciendo», si bien «a un menor ritmo» que el registrado durante el pasado año. «Será del orden del 3,3 por ciento, con una creación prevista de empleos de unos 450.000 puestos de trabajo», apuntó.

El director del Instituto de Estudios Económicos justificó este crecimiento «por la subida de los tipos de interés, que ha significado un encarecimiento de la servidumbre hipotecaria».

En cuanto al sector de la construcción y los precios de la vivienda, Iranzo manifestó que aumentar la oferta de viviendas de alquiler «no se resuelve ni con oficinas públicas ni sancionando las viviendas vacías». A su juicio, la solución radica en agilizar los procesos judiciales de desahucio. En líneas generales, consideró que la economía mundial registra «una de sus épocas de mayor esplendor», principalmente «por la aparición de nuevos actores como China o India, países que no sólo son exportadores, sino también importadores».

Sobre los tipos de interés, argumentó que «difícilmente se verán tipos por encima del 4 por ciento». «Me atrevo a decir que en los próximos meses pueden mantenerse por la fuerza del euro sobre el dólar y el estancamiento del precio del petróleo», agregó el economista.

El presidente del Foro Atómico Europeo (Foratom), Eduardo González, defendió hoy la necesidad de construir diez nuevas centrales en España entre 2008 y 2025, para cubrir, junto a las ya existentes, el incremento previsto del 3 por ciento anual en la demanda eléctrica.

En un desayuno informativo organizado en la sede en Bruselas de Foratom, el también presidente del foro de la Industria Nuclear Española explicó que la idea sería emplazar estas centrales donde ya hay instalaciones, dado que «tienen todos los aspectos técnicos y de opinión pública cubierta».

En la actualidad funcionan ocho centrales nucleares en todo el país -que producen el 20 por ciento de la energía eléctrica- y finalizan su autorización de explotación entre 2009 y 2014: Santa María de Garoña (Burgos), Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II y Valdellós II (Tarragona), Confrentes (Valencia) y Trillo (Guadalajara).

A juicio de González, la energía nuclear en España es «necesaria» debido a la escasez de recursos propios (se importa un 80 por ciento de la energía primaria consumida), la incertidumbre en el mercado, la insuficiente conexión con la UE, el déficit de la tarifa eléctrica y el incumplimiento de los objetivos del protocolo de Kioto.

En este escenario, aseguró que la construcción de las diez nuevas centrales (que producirían 10.000 megavatios) supondría un apoyo del sector industrial, desarrollaría el sector de la alta tecnología, y mejoraría la balanza pagos, además de ahorrar la emisiones de CO2.

En cuanto a la opinión pública, el presidente de Foratom consideró que «a mayor información, menor rechazo de lo nuclear», y señaló que países como Finlandia, Suecia e Inglaterra han experimentado una evolución hacia posiciones menos radicales, según los últimos eurobarómetros, en paralelo a decisiones favorables a esta energía de sus gobiernos.

En España, donde se expresa una postura similar a la del conjunto de la UE, hay un 23 por ciento de oposición a las nucleares, un 6 por ciento de apoyo, y una mayoría que se sitúa en posiciones críticas intermedias. Por su parte, el director del foro de la Industria nuclear española, Santiago San Antonio, también presente en el encuentro, se refirió al último paquete de energía aprobado por la UE. Afirmó que resulta positivo para la industria nuclear, dado que reconoce su papel a la hora de mejorar la competitividad, apoyar el desarrollo sostenible, combatir el cambio climático y contribuir a la garantía del suministro energético en la UE. Por contra, resaltó que no es la hoja de ruta estratégica para el desarrollo futuro de esta energía, y que debería estimular acciones y coordinar el desarrollo de nuevas inversiones. Para ello, abogó por la creación de un Foro de alto nivel, y por potenciar que en la «cesta energética» se analicen juntas todas las energías con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, sin discriminar la nuclear.

En toda Europa hay 150 reactores -de los que 59 se ubican en Francia, 19 en Reino Unido y 17 en Alemania– y hay otros cinco en construcción (dos en Bulgaria, y uno en Francia, Rumanía y Finlandia).

La Comisión Europea tratará mañana en su reunión semanal la propuesta de la responsable de Competencia, Neelie Kroes, para extender el proceso de infracción abierto a España por las condiciones de la CNE a la opa de E.ON sobre Endesa a las medidas modificadas por el Ministerio de Industria.

Fuentes de la Comisión Europea indicaron que la intención de Kroes es enviar al Gobierno español una carta de emplazamiento (el primer paso del procedimiento de infracción comunitario) complementaria a la que le envió en octubre por el primer paquete de medidas y que supuso la apertura del procedimiento. De esta manera, Bruselas unificará en un solo expediente sus dos decisiones de declarar «ilegales» tanto el primer conjunto de medidas establecidas por la CNE (18 de las 19) como varias de las que adoptó Industria posteriormente, que rebajaban considerablemente las exigencias a E.ON y que fueron aceptadas por el grupo alemán.

A pesar de que las autoridades españolas han dejado ya claro que no están dispuestas a retirar las medidas que Bruselas considera incompatibles con la legislación comunitaria, la Comisión no va a avanzar por el momento en este proceso sancionador, aunque puede hacerlo en el futuro, recalcaron las fuentes.

El expediente que tramita la autoridad europea de competencia contra España persigue una infracción del artículo 21 del Reglamento de concentraciones de la UE, según el cual las fusiones de dimensión comunitaria -como la de E.ON y Endesa– son competencia exclusiva de la Comisión, que es la única que puede imponerles condiciones.

Las exigencias que suscitan más preocupación al Ejecutivo comunitario son: la obligación de mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español.

Las autoridades españolas creen que el problema es de interpretación del derecho comunitario e insisten en que esas condiciones son clave para garantizar la seguridad del aprovisionamiento. Madrid ya tiene abierto otro procedimiento de infracción en Bruselas por el caso E.ON, en el ámbito de Mercado Interior, por la ampliación de las competencias de la CNE que le permitió pronunciarse sobre la opa e imponerle condiciones.

La semana pasada, el Ejecutivo comunitario presentó una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE por este motivo, el último paso del procedimiento, pues considera que determinadas disposiciones del decreto que extendió las funciones del regulador energético español constituyen «restricciones injustificadas» de la libre circulación de capitales y del derecho de establecimiento.